En casi ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T), México ha vivido al menos 15 episodios de escándalo en los que se vieron envueltos integrantes de ese movimiento. Se trata de investigaciones, auditorías y denuncias penales por corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones a modo que han puesto bajo escrutinio a funcionarios y personas cercanas al poder.

Algunos de los casos derivaron en órdenes de aprehensión o separación de funcionarios de medio nivel, pero ninguno de ellos se tradujo en una sentencia firme ni alcanzó a los responsables políticos de mayor jerarquía.

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) constituye el episodio más reciente de la revisión realizada por EL UNIVERSAL. A pesar de las revelaciones sobre contratos a modo, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, hasta el momento no existen responsabilidades penales.

Con otros expedientes pasa lo mismo. Destaca el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle. Las investigaciones sobre corrupción involucraron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión. Pese a ello, el caso sigue sin sentencias.

Lo mismo sucedió con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donde —tras detectarse presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos— la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la separación de seis funcionarios en abril del año pasado. Se reportó la existencia de al menos 13 investigaciones, pero nunca hubo declaraciones de culpabilidad.

El huachicol fiscal también alcanzó a políticos de la 4T.

En marzo de 2025 se aseguraron alrededor de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. Entre los mandos detenidos destaca la captura de los hermanos y exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna; sin embargo, no hay una investigación contra el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien también es su tío político.

El asunto ha cobrado relevancia debido a que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán ha sido mencionado directamente en los expedientes. Testigos protegidos y declaraciones de marinos procesados afirman que se utilizaba el nombre del hijo del expresidente para “destrabar” la entrada de combustible ilegal. A pesar de ello, la FGR emitió un deslinde oficial afirmando que no cuenta con elementos suficientes para indagar al hijo del expresidente.

Un escándalo más ocurrió entre los años 2019 y 2024, con la exmedallista Ana Gabriela Guevara como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso cinco denuncias penales ante la FGR por irregularidades en las cuentas públicas 2019 a 2022. Hasta la fecha no ha habido detenciones.

El Tren Maya también se mantuvo en el ojo público, luego de que la ASF identificó pagos a sobreprecio, pagos anticipados, conceptos sin documentación suficiente, diferencias de volúmenes de obra y deficiencias en la supervisión y el control contractual. Hay al menos cinco denuncias penales contra Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectores de Fonatur. Hasta el momento, la FGR mantiene congeladas las indagatorias bajo el argumento de que están en fase de “integración técnica”, por lo que no existen procesos penales.

El caso de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, se ha convertido en uno de los proyectos más controvertidos de la administración pasada. Los sobrecostos de la megaobra de la 4T, estimada en 8 mil millones de dólares, pero que terminó costando más de 20 mil millones de dólares, derivaron en denuncias contra la exsecretaria de Energía Rocío Nahle. Existen al menos 35 denuncias, pero no se ha judicializado ninguna.

En 2022, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams fueron protagonistas de un escándalo por ocupar una residencia en Houston propiedad de Keith Schilling, entonces ejecutivo de Baker Hughes, empresa que mantenía contratos con Pemex. La Secretaría Anticorrupción sostuvo que no hubo conflicto de interés.

Destacan, además, los escándalos del denominado “clan”, integrado por Jorge Amílcar Olán Aparicio y Alejandro Castro Jiménez Labora, ambos amigos de Andy López Beltrán, quienes cuentan con diversas denuncias penales sin que haya ocurrido algo.

Un escándalo más es el de Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo de Marcelo Ebrard Casaubon, quien estuvo alojado en la residencia de la Embajada de México en Londres. En abril de 2026, Ebrard Casaubon reconoció que su hijo se hospedó cerca de seis meses en la residencia diplomática a cargo de Josefa González Blanco, entonces embajadora de México en el Reino Unido.

El funcionario dijo que no hubo uso indebido de recursos públicos.

Otro escándalo relacionado con la 4T son los videos de Pío López Obrador, hermano del expresidente, y los sobres con dinero destinados para presuntas aportaciones políticas. El INE de Taddei Zavala resolvió en agosto de 2025 que no había elementos suficientes para acreditar que el efectivo hubiera beneficiado a Morena.

Se suman las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalaron al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por vínculos con Los Chapitos. A pesar de que el país vecino del norte envió una solicitud de detención con fines de extradición, el gobierno mexicano argumentó falta de pruebas para proceder penalmente, capturar o extraditar a Rocha Moya.

En el estado de Tabasco, la 4T enfrentó otro escándalo tras la captura de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo La Barredora y quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Por ese caso hay 37 denuncias penales contra Adán Augusto, que fueron archivadas bajo el argumento de que no hay evidencias que lo incriminen.

Entre los años 2018 a 2024 se interpusieron un total de 209 denuncias contra delegados del gobierno federal por manejo indebido de programas sociales. Las indagatorias derivaron en 181 expedientes que fueron archivados por la Secretaría Anticorrupción.

A la lista se suma el escándalo por conflicto de interés que involucra directamente a María Elena Álvarez-Buylla Roces, exdirectora del Conahcyt, por la presunta adjudicación directa de un contrato por más de 4 millones de pesos al mismo despacho de arquitectos que diseñó la casa de su hija, Jimena García Álvarez-Buylla.

Derivado de la investigación hecha por este diario se interpusieron tres denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y una penal ante la FGR; sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna consecuencia ni jurídica.

La excomisionada del Instituto Nacional Electoral Jacqueline Peschard considera que tanto la FGR, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se encuentran “cooptados” y alineados con Morena, lo que ha provocado “una parálisis en las investigaciones y la falta de sanciones contra funcionarios de alta jerarquía vinculados a presuntos actos de corrupción.

“Existe un fenómeno donde un caso más grave oculta el caso anterior y ya nadie le da seguimiento. Como ejemplo, el reciente escándalo dentro del INE ha acaparado la atención pública debido a su impacto en el próximo proceso electoral, sepultando mediáticamente otros desfalcos financieros. Me parece que, ante el debilitamiento de los contrapesos del Estado y la falta de autonomía real de la fiscalía y los jueces, la única vía para romper el cerco de impunidad es el periodismo independiente y la sociedad civil organizada”, enfatizó.

Por su parte, la excomisionada del extinto Inai Norma Julieta del Río Venegas alertó sobre un intento de “normalizar” los escándalos de corrupción en el país y cuestionó la inacción de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“Están jugando con la legalidad, haciendo trampa. ¿Dónde están las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción?”, cuestionó.

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abordará este jueves un proyecto impulsado por su presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, para buscar fiscalizaciones externas y una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

El proyecto de acuerdo solicitará “medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización”.

En esas medidas de “restauración de integridad”, según fuentes del instituto, como ya lo había anunciado Blanca Cruz la semana pasada los 10 consejeros acordaron solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el grupo Taddei.

El mismo acuerdo solicitará a las autoridades competentes su intervención en caso de detectar irregularidades en la gestión administrativa que se dio en el periodo de Guadalupe Taddei al frente del instituto, desde 2023 hasta hace un par de semanas.

El acuerdo es el último punto del orden del día de la sesión ordinaria de hoy, que se llevará a cabo con partidos políticos y de manera presencial en la Herradura de la Democracia.

“Realmente lo que estamos analizando es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No sólo ese delineado de cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el OIC, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva.

“Insisto, nosotros no somos autoridad fiscalizadora. Lo que sí podemos realizar, de manera preventiva, es poner en conocimiento que tenemos tal o cual situación y que se deslinden responsabilidades, es lo que se está analizando. Puede ser ante el Órgano Interno de Control o ante la Autoría Superior de la Federación”, dijo la semana pasada.

Apenas el martes, Blanca Cruz especificó que los 10 consejeros en activo analizan con sus equipos jurídicos dar una vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por las posibles irregularidades que se puedan encontrar y algunas que ya se han encontrado.

Sumado a eso, el Consejo General del INE solicitó varias renuncias a funcionarios del organismo que fueron nombrados y se reconocían como cercanos a la exconsejera presidenta. En total, suman ya 30 renuncias que han presentado trabajadores de alto y mediano rango.

Hasta el pasado martes sumaban ya 30 las bajas de personal cercano a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, según lo informó el propio INE.

Por medio de un comunicado, los 10 consejeros del instituto en activo confirmaron que continúan con el análisis de pedir la renuncia de más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, según dijeron, “en un proceso que se realiza de manera colegiada.

“La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados.

“El proceso se desarrolla con criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable”, señalaron los consejeros.

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La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V., que fue contratada por la Cámara de Diputados para la distribución de monederos electrónicos, ha sido sujeta de múltiples denuncias e investigaciones por presunto conflicto de intereses, evasión y opacidad en contrataciones gubernamentales.

En diciembre de 2025, la Fintech fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por obtener asignación de contratos sin licitación. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la apertura de una indagatoria de oficio a la Secretaría Anticorrupción. Pese a ello, la Cámara de Diputados eligió a la compañía Broxel como dispersora de los fondos del Poder Legislativo.

Las tarjetas de esa empresa no sólo son utilizadas para pagar los vales de despensa de los empleados del recinto legislativo de San Lázaro, sino que también se entregan como vales de gasolina a diputados y, en los últimos meses, como una prerrogativa a los 254 congresistas de Morena, quienes han recibido monederos electrónicos precargados con 10 mil pesos.

Broxel ha sido objeto de múltiples investigaciones. En el año 2020 fue amonestada por incumplir las disposiciones de prevención de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), al no entregar a tiempo sus reportes a la Secretaría de Hacienda del ejercicio 2018.

La sanción fue interpuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el año 2022 recibió una sanción económica, también por la CNBV, “por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta de manera dolosa a la autoridad regulatoria”.

También en 2022, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras en Liconsa que sumaron un total de mil 583.9 millones de pesos, principalmente por falta de comprobación de padrones, facturas e inventarios ficticios. Broxel fue la empresa financiera contratada por la administración de Segalmex-Liconsa para dispersar y administrar recursos públicos a través de tarjetas de prepago (como las tarjetas Abasto Social de Leche).

Para el año 2025, comisiones legislativas y autoridades fiscales recibieron un expediente formal que exigía una auditoría profunda a los contratos de Broxel por presuntas triangulaciones financieras y conflictos de intereses. Las quejas interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaban un modus operandi basado en la asignación masiva de contratos sin licitación. Un ejemplo de ello ocurrió en el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 la empresa obtuvo convenios millonarios, de los cuales 80% le fueron otorgados por adjudicación directa.

De igual forma, se expuso que Servicios Broxel había ganado una multimillonaria licitación federal por más de 10 mil millones de pesos tras haber ofrecido una atractiva bonificación total de casi 6% al gobierno. No obstante, la Presidenta reveló que, tras ganar el fallo del 8 de diciembre, la empresa argumentó que ese porcentaje no era viable como modelo de negocio y pretendía modificar las condiciones para aplicar únicamente 3%.

El caso escaló a tal nivel que en diciembre de 2025 la entonces recién reestructurada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente en contra de la empresa, y lo hizo por orden expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda revisar de inmediato e informar sobre el avance y estatus de esta licitación”, declaró la Titular del Ejecutivo en una de sus conferencias matutinas.

Horas más tarde, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la existencia de un procedimiento de inconformidad en contra de Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.: “La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que continúa con el seguimiento puntual y realiza las investigaciones correspondientes para, en su caso, determinar las posibles responsabilidades que resulten derivado de las medidas que se establecen conforme a la ley”.

Pese al cúmulo de denuncias e investigaciones, Broxel sigue operando como proveedora del gobierno y otros poderes.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer la entrega de tarjetas de la marca Broxel, en su modalidad corporativa “Tengo Negocios”, precargadas con un saldo de 10 mil pesos a cada legislador morenista.

La coordinación administrativa del grupo parlamentario sostuvo que se trató de un “adelanto de 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año” distribuidas en tres plásticos.

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