La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) señalada por presunta corrupción, no es de Morena y vinculó la creación de la “mafia electoral” con el partido Somos, de Guadalupe Acosta Naranjo, ya que uno de sus integrantes, Juan Carlos Padilla Aguilar, “creó” no sólo a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, sino a sus empresas.

En la conferencia matutina, señaló que los Hernández Casillas trabajaron en el gobierno federal durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, primero en el Registro Nacional de Población (Renapo) y luego en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), contratados por Padilla Aguilar, quien fue director de Renapo y secretario general del Cisen.

Destacó que José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular en el Cisen de Padilla Aguilar, y cuando salió de esa agencia de inteligencia se volvió empresario con contratos con el Instituto Electoral del Estado de México.

Con base en una investigación realizada por la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, Sheinbaum refirió que Padilla Aguilar después trabajó en el Estado de México, justo en 1999, cuando se dio el escándalo de corrupción en el Instituto Electoral del Estado de México, cuando los Hernández Casillas ya no eran miembros del gobierno, sino eran empresarios.

“Juan Carlos Padilla Aguilar, que trabaja en los gobiernos del PRI, ¡oh sorpresa!, en 2022 sale en la organización de Acosta Naranjo como su representante en el Estado de México, y hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo”, dijo.

Las irregularidades en contratos

La titular del Ejecutivo federal cuestionó por qué todos los contratos electorales fueron adjudicados a “las mismas personas desde 1989” y por qué se fortalecen en la época del consejo general del INE presidido por Lorenzo Córdova.

“Él (Lorenzo Córdova) dice ‘no, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE de 2014 a 2023. ¿Por qué no se hizo nada?”, soltó.

Sheinbaum informó, además, que se investigan posibles operaciones de lavado de dinero de los hermanos Hernández Casillas.

Adelantó que la siguiente semana presentará un decreto para fortalecer los equipos y la gobernanza de Talleres Gráficos de México, con el objetivo de que en su consejo de administración participen, además de las secretarías de su gobierno y la ASF como observador, instituciones académicas como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tec de Monterrey.

La inquilina de Palacio Nacional admitió que el Gabinete de Seguridad no ha informado si Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en México o ya se encuentran en el extranjero.

Cuando Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, en 2014, los hermanos Hernández Casillas ya tenían el monopolio de coyotaje entre organismos electorales locales del país y su ambición los había llevado a pactar negocios con funcionarios más visibles. Fue el inicio del imperio que ahora cae.

“Ellos estaban atentos, pescando a ver qué OPLE cambiaba de presidente y se acercaban a los funcionarios a ofrecerles el negocio: que les dieran los contratos a cambio de una comisión bastante considerable, o casas o coches”, mencionaron fuentes cercanas a la investigación consultadas por EL UNIVERSAL.

Añadieron que siempre fueron funcionarios de mediano rango quienes pactaron con los Hernández Casillas, hasta que Guadalupe Taddei llegó al IEE de Sonora.

“Ella quiso tomar las riendas del negocio, ahí estuvo el error”, dijeron. La historia posterior es conocida: ella se los lleva al Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023.

Uno de estos funcionarios de mediano rango que pactaban contratos a nivel local con los Hernández Casillas fue Jesús Octavio García González, coordinador de asesores en el OPLE de Veracruz y quien conoció a Taddei en la trayectoria que ambos tienen en el Servicio Profesional Electoral.

En 1997, la familia Carranza Sordo funda su empresa Formas Finas y Materiales. Junto a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas forman una mancuerna para pactar con organismos locales electorales precios bajos de impresión de los materiales para las elecciones y ceder una comisión “considerable” a funcionarios de mediano rango en dichos institutos.

Los intermediarios eran los Hernández Casillas y luego ambas familias. A eso se sumó la práctica de subcontratar empresas que tuvieran la capacidad que ellos no tenían para la impresión de documentos oficiales y material electoral, a quienes les pedían inflar un tanto las facturas a cambio de que el trabajo fuera constante.

Al negocio se suma Cajas Graf, creada en 1993 y cedida años más tarde a Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Fuentes ligadas a la investigación de estas empresas, consultadas por este diario, confirmaron que ambas firmas decían tener “la patente” de los materiales electorales y fueron, hasta 2011, el monopolio del negocio.

“La ambición” de los Hernández Casillas, explicaron las fuentes, los llevó a enemistarse con los Carranza y, a partir de 2011-2012, ambas familias comenzaron a ampliar su red de empresas que les llevaran a cabo los trabajos de impresión, ya que tanto Formas Finas y Materiales como Cajas Graf sólo eran coyotes, es decir, intermediarias entre los organismos locales y quienes realmente imprimían.

Durante esos años varios empresarios de imprenta cedieron, otros no. La familia Carranza seguía con el esquema de comisiones, pero los Hernández Casillas fueron más allá: cedían propiedades, ofrecían coches y crearon otras dos empresas con prestanombres: Corporativo Zeg, constituida por Alejandro Olaya Ortiz, y Comercializadora JVLY, por Luz María Yáñez Pimentel.

La creación de estas dos empresas fue con el fin de comenzar la simulación de competencia en las licitaciones, cuando los controles de transparencia y rendición de cuentas se endurecieron en todos los institutos locales ya que, con la reforma de 2014, varios nuevos funcionarios no cedían al esquema de corrupción.

Una manera de asegurar el contrato era hacer competir a las empresas que les pertenecían ofreciendo precios más bajos que aquellas que no eran coyotes, es decir, compañías bien constituidas que pagaban sueldos, seguridad social e impuestos, dan mantenimiento a sus equipos e invierten en nueva tecnología.

Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY se crearon en 2015, después de la reforma electoral que provocó un trabajo más amalgamado de los organismos electorales locales. En esa época y al frente del OPLE de Sonora, Taddei comenzó a fortalecer sus redes institucionales y profesionales con funcionarios en otras entidades.

Es ahí donde conoce a Jesús Octavio García González, quien ya estaba involucrado en la trama del monopolio de material electoral. Algunas fuentes han referido que él presenta a José Alfredo Hernández Casillas con Guadalupe Taddei en 2015, sin que esta versión haya podido comprobarse.

Es en esa época cuando varios organismos locales contratan los servicios de Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY.

A este esquema se suma una empresa más, la ligada a Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo Hernández Casillas: Seriplast de México.

Seriplast de México fue creada en 2008 en Tonalá, Chiapas, y cedida en 2013 a Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Cambiaron su domicilio fiscal para que registrara operaciones en la Ciudad de México. También se convirtió en parte del monopolio y posterior imperio.

Para la elección de 2021 el monopolio se volvió imperio: más de mil millones de pesos ganaron estas compañías mediante el esquema de corrupción a través de moches, simulación de competencia y, después, amedrentamiento.

“Ahora, en lugar de pedir 5% [para inflar una factura], estos cuates llegaban a decirle a los impresores: ‘quiero el 20, el 30 en la factura’. Eso no es ni razonable, es un robo descarado, deja muy poco margen de ganancia. Se convirtieron en un cártel”, dijeron las fuentes a EL UNIVERSAL.

Para la elección de 2024, Talleres Gráficos de México (TGM) y otras empresas mexicanas y extranjeras comenzaron a levantar la voz ante este “secreto a voces” en el gremio de los impresores, que llega a abarcar la industria editorial y otras en el país, revelaron las fuentes consultadas.

Pero el negocio no hizo más que crecer en la elección judicial de 2025: casi 200 millones de pesos otorgados entre el Instituto Nacional Electoral y varios OPLE con la influencia del clan Taddei a estas empresas fantasma.

Varias gotas derramaron el vaso: una fue la llegada de Jesús Octavio García González a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, donde descaradamente se adjudicaban los contratos, reduciendo las licitaciones de 90% en la administración de Lorenzo Córdova a menos de la mitad con Guadalupe Taddei.

Una más fueron las denuncias que a nivel interno recibió Arturo Chávez como director de Talleres Gráficos de México.

Las fuentes de este diario no revelaron si el hoy consejero electoral sabía exactamente el esquema de corrupción, pero aseguraron que él fue promotor para que el esquema de “comisiones” y gratificaciones terminara en Talleres Gráficos de México .

“Yo me entero que tú le das dinero a mis colaboradores y me encargo de sancionar a tu empresa”, fue una de las frases que Arturo Chávez decía a los proveedores que subcontrataba Talleres Gráficos ante la capacidad limitada que tiene la empresa del Estado para sacar adelante las licitaciones que ganaba.

“Todo esto que ha salido: los audios, los videos, los concursos simulados, los contratos millonarios no eran más que un secreto a voces en el gremio, que se convirtieron en denuncias formales y cartas enviadas a Palacio Nacional. De ahí vino el caballo de Troya”, concluyeron las fuentes consultadas.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) apretó las tuercas para deslindarse de responsabilidades de la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

Una de las medidas que los 10 consejeros en activo darán a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de cinco delitos por parte de la exconsejera presidenta, los cuales son enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones, derivados de la relación de negocios que tejió con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Aunque la presidenta interina del instituto, Blanca Cruz García, dijo que no pasaría de este jueves que presentaran las vistas al Ministerio Público Federal, hasta el cierre de esta edición EL UNIVERSAL no confirmó que se haya presentado dicho documento.

Fuentes dentro del INE comentaron a este diario que seguía resolviéndose el documento que las 10 consejerías presentarán ante la FGR, pero la sesión ordinaria de ayer en el Consejo General se alargó y hubo dos sesiones extraordinarias más.

Ayer, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad solicitar auditorías externas y una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

El acuerdo solicitará “medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización”.

En esas medidas de “restauración de integridad”, de acuerdo con fuentes del instituto, como ya lo había anunciado Blanca Cruz la semana pasada, los 10 consejeros acordaron solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el clan Taddei.

El mismo acuerdo solicitará a las autoridades competentes su intervención en caso de detectar irregularidades en la gestión administrativa que se dio en el periodo de Taddei Zavala al frente del Instituto, desde 2023 hasta hace un par de semanas.

Este jueves también fue una exigencia de los consejeros electorales que se formalice la entrega-recepción de la Oficina de la Presidencia del INE, pues por reglamento tienen únicamente cinco días para realizarlo.

Sobre la entrega de la oficina, la presidenta interina del organismo, Blanca Cruz, refirió que podía hacerse a través de un apoderado y no necesariamente tendrían que citar a la expresidenta.

La semana pasada ya había informado que era probable que la entrega-recepción corriera a cargo del actual secretario Ejecutivo, Roberto Félix, quien es cercano a ella, pero el Consejo General valora su perfil para mantenerlo o no en el cargo.

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