El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abordará este jueves un proyecto impulsado por su presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, para buscar fiscalizaciones externas y una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

El proyecto de acuerdo solicitará “medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización”.

En esas medidas de “restauración de integridad”, según fuentes del instituto, como ya lo había anunciado Blanca Cruz la semana pasada los 10 consejeros acordaron solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el grupo Taddei.

El mismo acuerdo solicitará a las autoridades competentes su intervención en caso de detectar irregularidades en la gestión administrativa que se dio en el periodo de Guadalupe Taddei al frente del instituto, desde 2023 hasta hace un par de semanas.

El acuerdo es el último punto del orden del día de la sesión ordinaria de hoy, que se llevará a cabo con partidos políticos y de manera presencial en la Herradura de la Democracia.

“Realmente lo que estamos analizando es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No sólo ese delineado de cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el OIC, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva.

“Insisto, nosotros no somos autoridad fiscalizadora. Lo que sí podemos realizar, de manera preventiva, es poner en conocimiento que tenemos tal o cual situación y que se deslinden responsabilidades, es lo que se está analizando. Puede ser ante el Órgano Interno de Control o ante la Autoría Superior de la Federación”, dijo la semana pasada.

Apenas el martes, Blanca Cruz especificó que los 10 consejeros en activo analizan con sus equipos jurídicos dar una vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por las posibles irregularidades que se puedan encontrar y algunas que ya se han encontrado.

Sumado a eso, el Consejo General del INE solicitó varias renuncias a funcionarios del organismo que fueron nombrados y se reconocían como cercanos a la exconsejera presidenta. En total, suman ya 30 renuncias que han presentado trabajadores de alto y mediano rango.

Hasta el pasado martes sumaban ya 30 las bajas de personal cercano a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, según lo informó el propio INE.

Por medio de un comunicado, los 10 consejeros del instituto en activo confirmaron que continúan con el análisis de pedir la renuncia de más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, según dijeron, “en un proceso que se realiza de manera colegiada.

“La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados.

“El proceso se desarrolla con criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable”, señalaron los consejeros.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) acerca de desechar una denuncia presentada por el partido político Somos contra la Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Secretaría de Bienestar por el uso de gorras, camisetas y chalecos guinda durante la entrega de programas sociales, al considerar que la autoridad electoral no analizó debidamente los elementos aportados.

A través de un comunicado, dicho partido político afirmó que la Sala Superior de este Tribunal determinó que el Instituto deberá revisar de nueva cuenta si la indumentaria utilizada por funcionarios de la Secretaría de Bienestar puede generar una asociación indebida entre los programas gubernamentales y Morena, con posibles consecuencias para la equidad electoral rumbo a las elecciones de 2027.

Esta resolución, correspondiente al expediente SUP-REP-73/2026, ordena emitir una nueva determinación que examine todos los planteamientos de la denuncia, incluidas las medidas cautelares pedidas por Somos.

Argumentó que la utilización reiterada de gorras, camisetas y chalecos guinda, con características visuales semejantes a la identidad de Movimiento de Regeneración Nacional podría confundir a los beneficiarios de los programas sociales al relacionar los apoyos gubernamentales con el partido en el poder.

En un comienzo, el INE desechó dicha queja bajo el argumento de que ninguna fuerza política tiene exclusividad sobre un color y, por tanto, el uso del guinda no constituía por sí mismo una irregularidad electoral.

Pero el TEPJF consideró que el organismo electoral realizó un análisis de fondo indebido durante una etapa preliminar y omitió valorar de forma integral los elementos presentados por dicho partido político.

Esta resolución no establece que el uso de prendas guinda constituya una infracción electoral ni determina responsabilidad de la Secretaría de Bienestar o de Morena, sino que obliga al INE a examinar nuevamente la denuncia.

Somos sostuvo que los programas sociales constituyen un derecho de la ciudadanía y no deben utilizarse para promover a ninguna fuerza política.

“Celebramos que el TEPJF haya ordenado revisar nuestra denuncia. El INE debe investigar con rigor y garantizar que los recursos públicos no se utilicen para generar ilegales ventajas electorales”, indicó.

Consideró que la sentencia representa un avance en la exigencia de imparcialidad y neutralidad en el ejercicio de los recursos públicos, así como en la prevención del uso de elementos asociados con partidos políticos dentro de las instituciones gubernamentales.

Así, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir una nueva resolución sobre la denuncia y las medidas cautelares solicitadas, sin que el fallo implique, hasta ahora, una prohibición del uso del color guinda por parte de servidores públicos.

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Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), acordó con colectivos de búsqueda y organizaciones sociales de once estados del país promover mesas de seguimiento a las problemáticas que enfrentan.

Lo anterior, informó la FGR, durante un encuentro que la fiscal sostuvo con representantes de organizaciones sociales, pueblos y colectivos en el que coincidieron que la voluntad y el ánimo de trabajo son indispensables para atender problemas sociales derivados del desplazamiento de comunidades, la desaparición de personas y las agresiones a defensores de Derechos Humanos o del medio ambiente.

“Juntos somos más fuertes”, afirmó Godoy Ramos al término del encuentro, señaló la Fiscalía General de la República.

Indicó que la fiscal general destacó la coordinación con la Secretaría de Gobernación, las autoridades estatales y municipales; así como con la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Fiscalías de cada entidad.

Ernestina Godoy se reúne con representantes de organizaciones sociales, pueblos y colectivos (04/11/2026). Foto: FGR

Asimismo, indicó que la titular de la FGR reiteró que la coordinación y el intercambio de información en las mesas de seguridad sirve para atender casos como los expuestos, que afectan pueblos o comunidades completas.

Durante la mesa de diálogo, los asistentes abordaron casos particulares que recibieron atención por parte de Carlos Frausto Martínez, titular de la Secretaría Técnica; Mariana Díaz Figueroa, Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos; Norma González Jiménez, Fiscal Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Alonso Lara Bravo, Fiscal Especial de Investigación del Delito de Tortura y Ruth Zenteno López, Fiscal Especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, agregó la institución.

En el encuentro participaron representantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, el Frente Unido Popular de la Montaña, de Guerrero; el Frente Unido de Pueblos de La Laguna, de Durango; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, así como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

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aov/bmc