La economía mexicana registrará un mejor desempeño al cierre de este año. Incluso, este dinamismo se prolongará hasta 2027, de acuerdo con estimaciones de la más reciente Encuesta Citi de Expectativas.

Tras darse a conocer que la economía creció 3.2 por ciento a tasa anual en el tercer trimestre de este año, la proyección de los analistas para el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a 1.8 por ciento para este año, desde 1.4 por ciento previsto en la última encuesta.

El rango para dicha estimación va de 0.9 por ciento a 2.1 por ciento, en el que la institución financiera más pesimista es Bx+ y la más optimista es GBM. “Para 2027, los participantes esperan un crecimiento del PIB de 1.9 por ciento, superior al 1.8 por ciento anterior, con un rango de estimados de 1.2 a 2.3 por ciento”.

¿Cuál es la proyección para el peso?

La Encuesta Citi de Expectativas también reveló que las proyecciones para el peso se debilitaron, ya que los analistas esperan que el tipo de cambio se ubique en 18.50 pesos por dólar al cierre de 2026, desde las 18.20 unidades que se esperaban en la edición previa del documento.

19 pesos por dólar, desde las 18.60 unidades que se esperaban hace una quincena, con un rango de 17.00 a 19.90 pesos por dólar.

Sobre la inflación, la perspectiva es que cierre este año en 3.90 por ciento, sin cambio respecto a la última publicación. Del mismo modo, la estimación para el componente subyacente se mantuvo en 3.80 por ciento.

“Para el cierre de 2027, la expectativa de inflación general descendió a 3.85 por ciento, desde 3.86 por ciento. Para el componente subyacente, aumentó marginalmente a 3.81 por ciento, desde 3.80 por ciento. La expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2028–32 es de 3.70 por ciento, cinco puntos base menor respecto a la encuesta anterior”, expuso.

¿Qué pasará con las decisiones de Banxico?

Finalmente, de los 36 encuestados en la encuesta, un total de 20 no esperan ningún movimiento en la próxima reunión de decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), por lo que el nivel de 6.50 por ciento que está actualmente permanecería por cuarta ocasión consecutiva.

Otros seis sí anticipan un recorte para la reunión del jueves 5 de noviembre, entre ellos Bankaool, Barclays, Bradesco BBI, Finamex, Itau BBA y UBS. El nivel del ajuste a la baja sería de 25 puntos base; mientras que 10 esperan un movimiento durante 2027.

“Para el cierre de 2027, la expectativa es de 6.50 por ciento, con estimados que van de 7.25 por ciento a 6.0 por ciento”, concluyó.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan ser investigadas por las autoridades competentes. Entre esas personas estaría Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, como resultado de sus análisis financieros, incorporó a estas 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.

La dependencia precisó que el bloqueo es una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad sobre las personas involucradas, donde estaría incluida la propia Guadalupe Taddei, que renunció a su cargo en el INE tras las polémicas relacionadas con la entrega de contratos.

Asimismo, señaló que los afectados cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación, en respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

irregularidades del INE vienen luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hallara “irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público del instituto.

La autoridad explicó en un comunicado que está en proceso de una auditoría integral al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), luego de reportes relacionados con presuntos conflictos de interés en licitaciones y contratos, como pasó con el caso del empresario José Alfredo Hernández, ligado a la familia de Guadalupe Taddei.

Los trabajos de inteligencia y el análisis de información requerida a las entidades federativas “advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público”, explicó la ASF.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto con el que se expide la “Ley de Economía Digital”, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará con 15 días para definir los sectores cero efectivo.

Mediante una publicación en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalló que la nueva Ley busca: 

“Las autoridades que sean competentes conforme a la normatividad aplicable de cada sector estratégico o actividad relevante, emitirán las disposiciones administrativas de carácter general”, se lee en el documento.

“De acuerdo con la presente Ley, para establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y de operación para la recepción de los Medios de Pago Digitales y Electrónicos en dichos sectores o actividades, como única forma de pago”, precisó.

Además, se estipula que el artículo 14 de la normativa ordena a las autoridades de cada sector emitir disposiciones que fijen condiciones y requisitos, por lo que permite establecer plazos para una transición gradual del efectivo a medios de pago digitales.

Facultades de Banxico

En el marco del decreto, se indicó que el Banco de México (Banxico) podrá:

Además, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), podrá emitir reglas para que quienes prestan el servicio de terminales punto de venta acepten pagos por código QR conforme a las especificaciones técnicas de Banxico.

Las entidades financieras como bancos, Sofipos, Sofomes, cooperativas, uniones de crédito, ITF y quienes otorguen crédito de forma habitual deberán promover la inclusión financiera y facilitar el crédito por medios digitales.

“Para tal efecto, las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones de carácter general necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, que eliminen las barreras a la inclusión financiera para el otorgamiento de créditos y financiamientos”, se apuntó en el DOF.

¿Qué busca la ley?

El principal objetivo de esta nueva Ley es cerrar la brecha entre la infraestructura tecnológica disponible y su utilización.

México ya cuenta con sistemas como SPEI, así como herramientas como CoDi y DiMo, pero una parte importante de las operaciones cotidianas todavía se realiza en efectivo.

La iniciativa plantea que el siguiente paso no sea solamente desarrollar tecnología, sino obligar a que exista infraestructura para aceptar pagos digitales y facilitar que las personas puedan utilizarlos.

Además, busca favorecer la inclusión financiera, facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas, así como generar un historial de operaciones que pueda ayudar a ampliar el acceso al crédito formal, además de ayudar a la fiscalización.

¿Qué cambiará para los negocios?

La normativa establece que los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir medios de pago electrónicos y digitales, además de informar a sus clientes cuáles tienen disponibles.

Esto significa que el cambio no recaería únicamente en bancos o instituciones financieras. También alcanzaría a comercios, prestadores de servicios y otros negocios que cobren directamente a los consumidores.

La legislación contempla que, ante una contingencia que impida utilizar los medios digitales, se pueda recurrir al efectivo o al cheque.

Es decir, el efectivo no desaparecerá de manera general, ni de un día para otro, pero sí se abre la posibilidad de limitar su utilización en actividades determinadas.

“Cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de Medios de Pago Digitales y Electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque, las Contingencias en sectores estratégicos o actividades relevantes no podrán justificar de manera permanente o recurrente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley”, finaliza.

KL