La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto con el que se expide la “Ley de Economía Digital”, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará con 15 días para definir los sectores cero efectivo.

Mediante una publicación en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalló que la nueva Ley busca: 

“Las autoridades que sean competentes conforme a la normatividad aplicable de cada sector estratégico o actividad relevante, emitirán las disposiciones administrativas de carácter general”, se lee en el documento.

“De acuerdo con la presente Ley, para establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y de operación para la recepción de los Medios de Pago Digitales y Electrónicos en dichos sectores o actividades, como única forma de pago”, precisó.

Además, se estipula que el artículo 14 de la normativa ordena a las autoridades de cada sector emitir disposiciones que fijen condiciones y requisitos, por lo que permite establecer plazos para una transición gradual del efectivo a medios de pago digitales.

Facultades de Banxico

En el marco del decreto, se indicó que el Banco de México (Banxico) podrá:

Además, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), podrá emitir reglas para que quienes prestan el servicio de terminales punto de venta acepten pagos por código QR conforme a las especificaciones técnicas de Banxico.

Las entidades financieras como bancos, Sofipos, Sofomes, cooperativas, uniones de crédito, ITF y quienes otorguen crédito de forma habitual deberán promover la inclusión financiera y facilitar el crédito por medios digitales.

“Para tal efecto, las autoridades competentes deberán emitir las disposiciones de carácter general necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, que eliminen las barreras a la inclusión financiera para el otorgamiento de créditos y financiamientos”, se apuntó en el DOF.

¿Qué busca la ley?

El principal objetivo de esta nueva Ley es cerrar la brecha entre la infraestructura tecnológica disponible y su utilización.

México ya cuenta con sistemas como SPEI, así como herramientas como CoDi y DiMo, pero una parte importante de las operaciones cotidianas todavía se realiza en efectivo.

La iniciativa plantea que el siguiente paso no sea solamente desarrollar tecnología, sino obligar a que exista infraestructura para aceptar pagos digitales y facilitar que las personas puedan utilizarlos.

Además, busca favorecer la inclusión financiera, facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas, así como generar un historial de operaciones que pueda ayudar a ampliar el acceso al crédito formal, además de ayudar a la fiscalización.

¿Qué cambiará para los negocios?

La normativa establece que los proveedores de bienes y servicios deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibir medios de pago electrónicos y digitales, además de informar a sus clientes cuáles tienen disponibles.

Esto significa que el cambio no recaería únicamente en bancos o instituciones financieras. También alcanzaría a comercios, prestadores de servicios y otros negocios que cobren directamente a los consumidores.

La legislación contempla que, ante una contingencia que impida utilizar los medios digitales, se pueda recurrir al efectivo o al cheque.

Es decir, el efectivo no desaparecerá de manera general, ni de un día para otro, pero sí se abre la posibilidad de limitar su utilización en actividades determinadas.

“Cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de Medios de Pago Digitales y Electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque, las Contingencias en sectores estratégicos o actividades relevantes no podrán justificar de manera permanente o recurrente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley”, finaliza.

KL

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la crisis que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE) actualmente, ha debilitado la confianza ciudadana en el organismo.

En consecuencia, planteó ocho acciones para fortalecer su autonomía, independencia y credibilidad, ante los desafíos que representan de cara a las elecciones de 2027.

A través de un posicionamiento sobre la situación del INE, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, señaló que la confianza en los próximos comicios está en juego, luego de que la reforma de 2024 concentrara facultades en la presidencia del instituto y debilitara los contrapesos y controles colegiados, en medio de señalamientos de corrupción y decisiones cuestionadas.

«La crisis del Instituto Nacional Electoral ha debilitado la confianza pública en una institución construida con décadas de lucha y participación ciudadana para garantizar una autoridad autónoma, independiente, plural y confiable», sostuvo.

Sierra Álvarez consideró que la renuncia de una persona y sus colaboradores no es suficiente para resolver la situación que enfrenta el organismo, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles internos y contrapesos que garanticen su autonomía e independencia.

«Sin ella no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad», advirtió al referirse a la confianza ciudadana como el principal respaldo de una autoridad electoral.

Ante este escenario, la Coparmex propuso atender la crisis mediante dos ejes: fortalecer al INE y recuperar la confianza ciudadana, así como garantizar que la persona que encabece el organismo tenga legitimidad e independencia.

1. Investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones: Resolver las investigaciones con oportunidad, independencia, transparencia y apego a la ley. Además, pidió que quienes resulten responsables respondan por sus actos y que los servidores públicos bajo investigación se separen de sus funciones cuando corresponda, a fin de proteger la imparcialidad institucional.
2. Vigilancia y rendición de cuentas: Fortalecer los mecanismos de control, transparencia y supervisión, incluido el Órgano Interno de Control del INE, para prevenir conflictos de interés, vigilar el uso de los recursos públicos y someter las actuaciones institucionales a revisión sin afectar las elecciones de 2027. También pidió al Congreso valorar la designación de una nueva titular de este órgano, avalada por todas las fuerzas políticas y que garantice su autonomía e independencia.
3. Recuperar la colegialidad y los contrapesos del INE: Impulsar reformas a la legislación electoral para restituir la colegialidad del Consejo General y fortalecer los contrapesos en las decisiones administrativas y de dirección. Asimismo, planteó establecer mecanismos de designación colegiada para las personas titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto.
4. Abrir un diálogo permanente con la sociedad: Establecer un diálogo público con las consejerías electorales sobre las medidas para garantizar elecciones íntegras y confiables en 2027, con compromisos verificables de fortalecimiento institucional. También propuso mantener la interlocución entre el INE, organismos empresariales, universidades y sociedad civil.
5. Crear un comité técnico de evaluación independiente: Integrar este órgano para la elección de la nueva presidencia del INE con perfiles de reconocida solvencia profesional, sin conflictos de interés ni vínculos partidistas que comprometan su imparcialidad. La Coparmex pidió que el proceso se base en el consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.
6. Establecer criterios de evaluación transparente: Incorporar en la convocatoria ponderaciones claras sobre experiencia electoral, capacidad técnica, integridad e independencia de criterio, bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso ciudadano a la información.
7. Hacer públicos los expedientes y evaluaciones: Publicar versiones de los expedientes de cada participante, así como las evaluaciones y razones que sustenten la idoneidad de los perfiles seleccionados, con pleno respeto a la protección de datos personales.
8. Garantizar una presidencia del INE autónoma, independiente y profesional: Asegurar que la persona que encabece el organismo cuente con experiencia electoral, capacidad técnica, integridad probada, interlocución e independencia de criterio.

Sierra Álvarez afirmó que la designación de quien estará al frente del instituto será determinante para la democracia mexicana y la confianza en las elecciones de 2027.

Por ello, informó que la Coparmex y sus 71 centros empresariales iniciaron una acción nacional mediante comunicaciones formales dirigidas a diputadas, diputados y coordinadores parlamentarios, con el propósito de exigir un proceso de selección abierto, transparente y basado en el mérito.

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desa/aosr

La victoria de los demócratas en las elecciones en EU no modificará la política arancelaria hacia México, admitió Marcelo Ebrard, secretario de Economía, este miércoles 4 de noviembre.

El funcionario remarcó que las facultades para imponer tarifas recaen principalmente en el presidente Donald Trump, por lo que la nueva composición de la Cámara de Representantes y el Senado no implica un cambio automático en los aranceles.

“Las facultades sobre aranceles corresponden o las tiene en buena medida el presidente, o sea, eso no cambia”, sostuvo.

Ebrard distinguió entre la política arancelaria y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso en el que sí podrían acordarse modificaciones, aunque aclaró que hasta ahora no se ha planteado alguna.

“El tratado puede ser que sí cambie, pero eso es muy pronto para podértelo decir”, comentó.

Ebrard recordó que México y Estados Unidos acordaron prolongar la vigencia del T-MEC hasta 2036 con revisiones anuales, lo que evitó el peor escenario: Que el acuerdo dejará de estar vigente.

La revisión de 2026 todavía no concluye, pues están pendientes de realizar una cuarta ronda de conversaciones, que se pospuso para después de las elecciones del martes 3 de noviembre.

“Es muy caro ponerle un arancel a algo porque le vas a pegar una empresa de ellos”, argumentó, al señalar que las tarifas afectan a compañías estadounidenses que mantienen operaciones y cadenas de suministro integradas con México.

¿Qué significa para la agenda comercial de Trump que los demócratas controlen el Congreso?

Esto también podría dar lugar a acuerdos entre ambas partes que tengan repercusiones de gran alcance en la economía, pues algunas posturas de Trump coinciden con las prioridades de los demócratas; además, los plazos límite para evitar crisis —como un impago de la deuda o un cierre del gobierno— pueden fomentar la búsqueda de compromisos.

Tras los contundentes resultados de las elecciones de mitad de mandato, es muy poco probable que prosperen los intentos de sacar adelante una legislación importante antes de que el actual Congreso —controlado por el Partido Republicano y en su fase final— concluya sus funciones a fin de año. Esto significa que, probablemente, los legisladores optarán por una financiación provisional para evitar el cierre del Gobierno, posponiendo el enfrentamiento hasta la primavera, mientras que la cuestión del techo de deuda quedará para el próximo año.

El duro revés electoral hace aún menos probable que los desmoralizados miembros de la actual mayoría republicana en la Cámara de Representantes —una mayoría escasa y marcada por las divisiones internas— logren unificarse en torno a un proyecto de presupuesto de carácter partidista. Es probable que los demócratas prefieran esperar hasta el próximo año, cuando contarán con una mayor capacidad de negociación.

Los republicanos en el Senado se centrarán en intentar confirmar el mayor número posible de nombramientos judiciales y administrativos antes de perder su mayoría. En Washington existe una gran expectación ante la posible jubilación de algún juez del Tribunal Supremo.

Entre los ámbitos propicios para alcanzar acuerdos en el Congreso del próximo año figuran la eliminación del techo de deuda, el aumento del gasto en defensa y en organismos nacionales, la renovación de los subsidios de Obamacare, la limitación de los precios de los medicamentos y la reducción de los aranceles —que han contribuido a disparar la inflación— mediante una serie de nuevos acuerdos comerciales.

Con información de Bloomberg