El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abordará este jueves un proyecto impulsado por su presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, para buscar fiscalizaciones externas y una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ejercicio de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

El proyecto de acuerdo solicitará “medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización”.

En esas medidas de “restauración de integridad”, según fuentes del instituto, como ya lo había anunciado Blanca Cruz la semana pasada los 10 consejeros acordaron solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el grupo Taddei.

El mismo acuerdo solicitará a las autoridades competentes su intervención en caso de detectar irregularidades en la gestión administrativa que se dio en el periodo de Guadalupe Taddei al frente del instituto, desde 2023 hasta hace un par de semanas.

El acuerdo es el último punto del orden del día de la sesión ordinaria de hoy, que se llevará a cabo con partidos políticos y de manera presencial en la Herradura de la Democracia.

“Realmente lo que estamos analizando es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No sólo ese delineado de cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el OIC, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva.

“Insisto, nosotros no somos autoridad fiscalizadora. Lo que sí podemos realizar, de manera preventiva, es poner en conocimiento que tenemos tal o cual situación y que se deslinden responsabilidades, es lo que se está analizando. Puede ser ante el Órgano Interno de Control o ante la Autoría Superior de la Federación”, dijo la semana pasada.

Apenas el martes, Blanca Cruz especificó que los 10 consejeros en activo analizan con sus equipos jurídicos dar una vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por las posibles irregularidades que se puedan encontrar y algunas que ya se han encontrado.

Sumado a eso, el Consejo General del INE solicitó varias renuncias a funcionarios del organismo que fueron nombrados y se reconocían como cercanos a la exconsejera presidenta. En total, suman ya 30 renuncias que han presentado trabajadores de alto y mediano rango.

Hasta el pasado martes sumaban ya 30 las bajas de personal cercano a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, según lo informó el propio INE.

Por medio de un comunicado, los 10 consejeros del instituto en activo confirmaron que continúan con el análisis de pedir la renuncia de más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, según dijeron, “en un proceso que se realiza de manera colegiada.

“La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados.

“El proceso se desarrolla con criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable”, señalaron los consejeros.

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La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V., que fue contratada por la Cámara de Diputados para la distribución de monederos electrónicos, ha sido sujeta de múltiples denuncias e investigaciones por presunto conflicto de intereses, evasión y opacidad en contrataciones gubernamentales.

En diciembre de 2025, la Fintech fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por obtener asignación de contratos sin licitación. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la apertura de una indagatoria de oficio a la Secretaría Anticorrupción. Pese a ello, la Cámara de Diputados eligió a la compañía Broxel como dispersora de los fondos del Poder Legislativo.

Las tarjetas de esa empresa no sólo son utilizadas para pagar los vales de despensa de los empleados del recinto legislativo de San Lázaro, sino que también se entregan como vales de gasolina a diputados y, en los últimos meses, como una prerrogativa a los 254 congresistas de Morena, quienes han recibido monederos electrónicos precargados con 10 mil pesos.

Broxel ha sido objeto de múltiples investigaciones. En el año 2020 fue amonestada por incumplir las disposiciones de prevención de lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), al no entregar a tiempo sus reportes a la Secretaría de Hacienda del ejercicio 2018.

La sanción fue interpuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el año 2022 recibió una sanción económica, también por la CNBV, “por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta de manera dolosa a la autoridad regulatoria”.

También en 2022, durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras en Liconsa que sumaron un total de mil 583.9 millones de pesos, principalmente por falta de comprobación de padrones, facturas e inventarios ficticios. Broxel fue la empresa financiera contratada por la administración de Segalmex-Liconsa para dispersar y administrar recursos públicos a través de tarjetas de prepago (como las tarjetas Abasto Social de Leche).

Para el año 2025, comisiones legislativas y autoridades fiscales recibieron un expediente formal que exigía una auditoría profunda a los contratos de Broxel por presuntas triangulaciones financieras y conflictos de intereses. Las quejas interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaban un modus operandi basado en la asignación masiva de contratos sin licitación. Un ejemplo de ello ocurrió en el Infonavit, donde entre 2016 y 2024 la empresa obtuvo convenios millonarios, de los cuales 80% le fueron otorgados por adjudicación directa.

De igual forma, se expuso que Servicios Broxel había ganado una multimillonaria licitación federal por más de 10 mil millones de pesos tras haber ofrecido una atractiva bonificación total de casi 6% al gobierno. No obstante, la Presidenta reveló que, tras ganar el fallo del 8 de diciembre, la empresa argumentó que ese porcentaje no era viable como modelo de negocio y pretendía modificar las condiciones para aplicar únicamente 3%.

El caso escaló a tal nivel que en diciembre de 2025 la entonces recién reestructurada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente en contra de la empresa, y lo hizo por orden expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda revisar de inmediato e informar sobre el avance y estatus de esta licitación”, declaró la Titular del Ejecutivo en una de sus conferencias matutinas.

Horas más tarde, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la existencia de un procedimiento de inconformidad en contra de Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.: “La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que continúa con el seguimiento puntual y realiza las investigaciones correspondientes para, en su caso, determinar las posibles responsabilidades que resulten derivado de las medidas que se establecen conforme a la ley”.

Pese al cúmulo de denuncias e investigaciones, Broxel sigue operando como proveedora del gobierno y otros poderes.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer la entrega de tarjetas de la marca Broxel, en su modalidad corporativa “Tengo Negocios”, precargadas con un saldo de 10 mil pesos a cada legislador morenista.

La coordinación administrativa del grupo parlamentario sostuvo que se trató de un “adelanto de 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año” distribuidas en tres plásticos.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) acerca de desechar una denuncia presentada por el partido político Somos contra la Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Secretaría de Bienestar por el uso de gorras, camisetas y chalecos guinda durante la entrega de programas sociales, al considerar que la autoridad electoral no analizó debidamente los elementos aportados.

A través de un comunicado, dicho partido político afirmó que la Sala Superior de este Tribunal determinó que el Instituto deberá revisar de nueva cuenta si la indumentaria utilizada por funcionarios de la Secretaría de Bienestar puede generar una asociación indebida entre los programas gubernamentales y Morena, con posibles consecuencias para la equidad electoral rumbo a las elecciones de 2027.

Esta resolución, correspondiente al expediente SUP-REP-73/2026, ordena emitir una nueva determinación que examine todos los planteamientos de la denuncia, incluidas las medidas cautelares pedidas por Somos.

Argumentó que la utilización reiterada de gorras, camisetas y chalecos guinda, con características visuales semejantes a la identidad de Movimiento de Regeneración Nacional podría confundir a los beneficiarios de los programas sociales al relacionar los apoyos gubernamentales con el partido en el poder.

En un comienzo, el INE desechó dicha queja bajo el argumento de que ninguna fuerza política tiene exclusividad sobre un color y, por tanto, el uso del guinda no constituía por sí mismo una irregularidad electoral.

Pero el TEPJF consideró que el organismo electoral realizó un análisis de fondo indebido durante una etapa preliminar y omitió valorar de forma integral los elementos presentados por dicho partido político.

Esta resolución no establece que el uso de prendas guinda constituya una infracción electoral ni determina responsabilidad de la Secretaría de Bienestar o de Morena, sino que obliga al INE a examinar nuevamente la denuncia.

Somos sostuvo que los programas sociales constituyen un derecho de la ciudadanía y no deben utilizarse para promover a ninguna fuerza política.

“Celebramos que el TEPJF haya ordenado revisar nuestra denuncia. El INE debe investigar con rigor y garantizar que los recursos públicos no se utilicen para generar ilegales ventajas electorales”, indicó.

Consideró que la sentencia representa un avance en la exigencia de imparcialidad y neutralidad en el ejercicio de los recursos públicos, así como en la prevención del uso de elementos asociados con partidos políticos dentro de las instituciones gubernamentales.

Así, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir una nueva resolución sobre la denuncia y las medidas cautelares solicitadas, sin que el fallo implique, hasta ahora, una prohibición del uso del color guinda por parte de servidores públicos.

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