La Cámara de Diputados de Paraguay votó por unanimidad a favor de iniciar un juicio político al presidente Santiago Peña apenas minutos después de que este anunciara su renuncia, en medio del colapso de un importante banco digital vinculado a su gobierno (lo que dejó bloqueados los ahorros de millones de personas), una oleada de protestas en las calles y que su propio partido le diera la espalda.

La votación, por 78 votos a favor y ninguno en contra, representó un contundente rechazo a Peña por parte de los legisladores de su propia formación, el Partido Colorado (que ha gobernado el país durante décadas), quienes se unieron a la oposición para respaldar el juicio político luego de tres días de manifestaciones que sacudieron la capital, Asunción. El proceso pasa ahora al Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios para condenar al presidente y destituirlo formalmente.

El vicepresidente Pedro Alliana es el siguiente en la línea de sucesión para ocupar el cargo y completar el mandato hasta agosto de 2028.

Peña, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump y quien hasta el año pasado poseía una participación en una empresa vinculada a Ueno Bank, había anunciado su dimisión poco antes en un video publicado en X en el que afirmó que dejaba el cargo para preservar la estabilidad del país y sus instituciones democráticas.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república”, declaró Peña. “Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, agregó.

Pedro Alliana, vicepresidente de la República del Paraguay. Foto: X @AllianaPedro

Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, sostuvo.

La renuncia se conoció cuando la Cámara de Diputados debatía someterlo a juicio político por presunto conflicto de intereses relacionado con Ueno Bank, intervenido esta semana por el Banco Central por problemas de solvencia.

Peña, un economista de 47 años que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, quedó envuelto en la crisis por sus vínculos con el banco y con los organismos encargados de supervisarlo.

Ocho ejecutivos y altos cargos de Ueno Bank han sido detenidos, entre ellos el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, y Federico Miguel Vázquez, CEO de la entidad y socio comercial hasta recientemente de Peña.

Hasta septiembre, dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, que además contaba con depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social, el fondo estatal de pensiones y salud de Paraguay.

El cese de las funciones de Ueno Bank generó una ola de pánico entre los paraguayos, que salieron a las calles de Asunción en diversas manifestaciones espontáneas. En algunas protestas se registraron incidentes entre los manifestantes y la policía.

En la carta de renuncia enviada al titular del Congreso, Peña sostuvo que “la prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares. Por ello, expreso a este Honorable Congreso mi más firme deseo de que se garantice la devolución de esos recursos”.

Santiago Peña, candidato presidencial del gobernante Partido Colorado, el expresidente de Paraguay Horacio Cartes y el compañero de binomio de Peña Pedro Alliana, festejan tras el cierre de votaciones en Paraguay. Foto: AP

La agitación política dejó sin respuesta un interrogante mayor: ¿Cómo es posible que un banco vinculado al presidente (quien hasta el año pasado poseía una participación en su sociedad matriz) haya crecido tan rápidamente en tamaño e importancia a pesar de las reiteradas advertencias sobre sus dudosas prácticas crediticias?

Para muchos paraguayos, la respuesta reside en la incómoda cercanía entre el Partido Colorado (que ha gobernado durante décadas), los organismos reguladores y la élite empresarial; una debilidad que ha persistido incluso mientras una gestión económica estable y un rápido crecimiento convirtieron en los últimos años a Paraguay en un destino elegido por inversores internacionales.

“Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros”, afirmó Luis Pineda, uno de los manifestantes que marchó hacia el Congreso el miércoles. “Estamos hartos de 70 años de saqueo”.

Poco después de obtener su licencia bancaria en 2023, Ueno Bank se expandió rápidamente. La entidad financiera digital atrajo a clientes con generosas ofertas de reembolso en compras de supermercado, abrió más de 70 sucursales, patrocinó a la selección nacional de fútbol y colocó su nombre en el estadio principal del país.

Bajo el mandato de Peña, fondos públicos fluyeron hacia las arcas de Ueno Bank. Además, Peña nombró a Carlos Carvallo —presidente de Financiera Ueno, la predecesora de Ueno Bank— al frente del Banco Central, el organismo encargado de supervisar a dicha entidad digital.

Mientras los ahorros de los jubilados y otros fondos públicos se acumulaban en Ueno Bank, dentro del Banco Central crecía la preocupación. En junio, los inspectores detectaron un patrón de concesión de créditos de alto riesgo a personas vinculadas a la entidad, informó ABC Color, uno de los principales periódicos de Paraguay. Ueno Bank había otorgado grandes sumas a empresas relacionadas con sus propietarios, superando los límites legales y sin contar con garantías suficientes para cubrir las deudas en caso de impago. Tan solo en un día de septiembre de 2025, cerca de 39 millones de dólares fueron destinados a tres de estas empresas.

Peña restó importancia a las advertencias en repetidas ocasiones. El mes pasado salió en defensa de Ueno Bank y de la labor de supervisión del Banco Central y calificó las preocupaciones como una campaña de desprestigio destinada a alarmar a la opinión pública.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, habla durante un encuentro con su homólogo chileno, Gabriel Boric (fuera de plano), en el Palacio Presidencial de La Moneda, en Santiago, el 7 de noviembre de 2023. El 5 de noviembre de 2026, el presidente paraguayo, Santiago Peña, renunció en medio de una crisis bancaria. Foto: AFP

Cientos de empleados del banco y de otras empresas pertenecientes al Grupo Vázquez se manifestaron el jueves frente al Ministerio de Trabajo exigiendo el pago de sus indemnizaciones y salarios que quedaron atrapados en el banco intervenido. Un día antes, cientos de jubilados, depositantes, estudiantes universitarios y trabajadores habían tomado las calles de Asunción.

“¡Santi, sinvergüenza, queremos tu cabeza!», gritaban en alusión a Peña y exigían su destitución con pancartas. La policía antidisturbios utilizó gas pimienta y balas de goma para hacer retroceder a la multitud.

Muchos manifestantes no consideraron el colapso de Ueno Bank como el simple resultado de una gestión arriesgada, sino como un ejemplo de corrupción estatal. En Sudamérica, solo Venezuela ocupa una peor posición que Paraguay en el último índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

“Este es un atropello nuevamente a la ciudadanía honesta, trabajadora, que tiene (en Ueno Bank) sus pequeños fondos, fruto de su trabajo de años”, señaló el manifestante Belarmino Balbuena.

En el Estadio Nacional, que en su momento llevó el nombre de Ueno Bank, el logotipo del banco ya había sido borrado. Mientras tanto, por toda la capital, aparecieron pintadas que acusaban a los políticos de ladrones.

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El senador republicano por Texas, Ted Cruz, calificó de «repudio a la altura del Watergate» la derrota de su partido en las elecciones intermedias del martes, en referencia al escándalo de espionaje político que llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974 y que provocó un duro castigo electoral para los republicanos en los comicios de ese año.

«No fue simplemente una ola azul, fue un tsunami azul”, dijo Cruz en un episodio de su pódcast «Verdict», en el que también describió el resultado como una auténtica «paliza» para su partido.

Cada estado de EU elige a dos senadores, y los republicanos ocupaban los dos escaños de Texas desde 1993. En estas elecciones, el demócrata James Talarico rompió esa racha al ganar la contienda frente al republicano Ken Paxton, fiscal general del estado, que contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

Talarico, legislador estatal con una agenda anticorrupción y de populismo económico, será a partir de enero el compañero de Cruz en el Senado, cuando los legisladores electos tomen posesión.

El martes, los demócratas arrasaron en todo el país en las elecciones de medio mandato y enviaron un mensaje de rechazo a la agenda de Trump. FOTO: AFP

Cruz, cuyo mandato termina en 2031, atribuyó el resultado al descontento de los votantes con la gestión económica de los republicanos, especialmente por el aumento del costo de vida.

«Demasiados políticos republicanos parecían no entender o no preocuparse» por las dificultades económicas de los ciudadanos, señaló.

El senador mencionó el encarecimiento de los alimentos, la gasolina, el diésel y los seguros. También criticó los aranceles, que a su juicio han contribuido a elevar los precios, y la prolongada e impopular guerra contra Irán.

“Texas es azul. Es una frase difícil de pronunciar”, reconoció Cruz, quien confirmó que llamó a Talarico para felicitarlo por su victoria.

El martes, los demócratas arrasaron en todo el país en las elecciones de medio mandato y enviaron un mensaje de rechazo a la agenda de Trump.

El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes, con 244 escaños, y en el Senado, con 54 hasta el momento, a la espera de que se decidan las contiendas en Alaska y Misisipi.

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Luis Benítez Alcántara, juez federal mexicano, fue detenido en Colombia por presuntamente recibir un soborno millonario de Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding, ‘El Chapo canadiense’.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención de Benítez Alcántara el domingo 1 de noviembre, en un operativo de cooperación con las autoridades colombianas.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala que Benítez Alcántara, en su cargo como juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, recibió 2 millones de dólares a cambio de otorgar una fianza y ordenar la liberación de Andrew Clark, segundo al mando de la organización de Ryan James Wedding.

“El FBI y nuestros socios han arrestado a Luis Benítez Alcántara, un juez mexicano que presuntamente aceptó sobornos y usó su cargo para ayudar al exfugitivo más buscado del FBI, Ryan James Wedding, y a sus asociados”, declaró Kash Patel, director del FBI.

Ryan James Wedding, fue detenido en octubre de 2024 en México. Después compareció ante el juez Luis Benítez Alcántara, quien estaba a cargo de supervisar el proceso de extradición.

Sin embargo, en los días siguientes, intermediarios de Clark transfirieron 2.75 millones de dólares al juez en pequeñas cantidades para conseguir su liberación, de acuerdo con la investigación estadounidense.

Para febrero de 2025, el juez ya había recibido la cantidad acordada. Posteriormente, solicitó el cambio de la medida cautelar de Clark y ordenó su liberación. Sin embargo, esta duró poco tiempo, pues días después el segundo al mando de la organización fue arrestado y extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato.

De ser declarado culpable, Benítez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.

La trayectoria del juez Luis Benítez Alcántara

Luis Benítez Alcántara ejerce como juzgador federal desde octubre de 2018. Se desempeña como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. También cuenta con una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial y especialidades en Derecho de Amparo y Justicia para Adolescentes.

Además, ejerció como instructor e impartió cátedra en materias relacionadas con el Derecho Penal y la formación judicial, de acuerdo con su currículum disponible en la página del Consejo de la Judicatura Federal.