Asunción.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

Peña anunció su dimisión en un video publicado en X en el que afirmó que deja el cargo para «preservar la estabilidad del país» y sus instituciones democráticas.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a al presidencia de la república”, declaró Peña. “Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, agregó.

Peña ofreció disculpas, pero evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”.

La renuncia se conoció cuando la Cámara de Diputados debatía someter a juicio político al presidente por presunto conflicto de intereses relacionado con Ueno Bank, una entidad bancaria digital con estrechos vínculos con el mandatario intervenida esta semana por el Banco Central por problemas de solvencia.

El martes el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank y desde entonces todas las sucursales físicas permanecen cerradas y las operaciones congeladas, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de millones de dólares.

Santiago Peña dimite como presidente de Paraguay. Foto: Tomada de video Vía @SantiPenap

Peña, un economista de 47 años que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, quedó envuelto en la crisis por sus vínculos con el banco y con los organismos encargados de supervisarlo.

Ocho ejecutivos y altos cargos de Ueno Bank han sido detenidos, entre ellos el presidente del banco Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez, CEO de la entidad y socio comercial hasta recientemente de Peña.

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La corrupción en el INE no comenzó con Guadalupe Taddei, insistió la presidenta Claudia Sheinbaum. Como parte de los antecedentes del caso, presentó una investigación sobre los propietarios de las empresas involucradas en el reciente escándalo: los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas.

Antes de convertirse en empresarios y principales proveedores de materiales electorales, ambos trabajaron en 1983 en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con los datos recabados por Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

José Alfredo Hernández Casillas era secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Registro.

Posteriormente, en 1989, cuando Padilla Aguilar fue designado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), los hermanos Hernández Casillas se incorporaron a esa institución. José Alfredo se mantuvo cercano al funcionario, mientras que su hermano Raymundo ingresó al área de investigaciones.

(IFE) se convirtió en un órgano autónomo.

El primer registro de Cartonera Plástica como proveedora, empresa vinculada a Alfredo Hernández Casillas, data de 1999. Más tarde, en 2005, recibió un contrato del Instituto Electoral del Estado de México por 63.7 millones de pesos.

Sin embargo, la contratación de Cartonera Plástica derivó en un escándalo, pues se detectaron irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación. El caso provocó la renuncia de siete consejeros electorales.

Explosión como proveedores electorales

En los años siguientes, los hermanos Hernández Casillas diversificaron sus empresas y consiguieron más contratos con organismos públicos locales electorales (Oples).

Fue hasta 2014 cuando el negocio de los hermanos Hernández Casillas tuvo un ‘boom’, tras la reforma que otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de nombrar a los consejeros electorales de los Oples.

En medio de omisiones en la supervisión y de la falta de lineamientos claros para las licitaciones de material electoral, entre 2015 y 2023 las empresas de Raymundo y Alfredo Hernández Casillas recibieron más de 2 mil millones de pesos en contratos de 23 Oples, reveló Raquel Buenrostro Sánchez.

Esquema para ganar licitaciones en el INE

En total, seis empresas estarían vinculadas a los hermanos Hernández Casillas: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo Zeg. Todas participan en licitaciones públicas del INE o de los Oples para simular competencia.

Una vez que obtienen los contratos, las empresas subcontratan a otras compañías para que entreguen los materiales requeridos.

Actualmente, ninguna de las empresas está inhabilitada para participar en licitaciones del gobierno federal. Sin embargo, continúan con modificaciones en sus estructuras, pues Alfredo Hernández Casillas ya no aparece como socio en algunas de ellas y sus hijos ocupan esos lugares.

La marcha de París, la más numerosa entre las más de 200 convocadas en toda Francia, comenzó a desfilar este jueves desde la Plaza de la República hacia la de Nation con la asistencia de decenas de miles de manifestantes en favor del poder adquisitivo y en defensa de los servicios públicos.

A la protesta en la emblemática plaza de République, asistieron las dos líderes sindicales de las principales organizaciones de trabajadores de Francia, la CFDT, Marylise Léon; y la CGT, Sophie Binet, en medio de un robusto dispositivo de seguridad desplegado por las fuerzas del orden francesas.

En declaraciones a la prensa, Binet aseguró que, hasta las 13 horas locales (11.00 GMT), ya se había registrado 250 mil manifestantes en 70 ciudades, una cifra no confirmada por las autoridades francesas.

Por su parte, Léon, que encabeza el gran sindicato considerado el más moderado de Francia, denunció que «nunca habían tenido tantas dificultades para organizar una manifestación», en alusión al veto que el Ministerio del Interior puso al recorrido inicial deseado por los organizadores, de la plaza de Bastilla a la de la Concordia, que pasaba por zonas próximas a sedes de poder en Francia, como El Elíseo o la Asamblea Nacional francesa.

«Es un signo de libertad muy malo», consideró la secretaria general de CFDT, el sindicato mayoritario en Francia en número de afiliados.

Las autoridades francesas han restringido los recorridos de protestas y aumentado los efectivos policiales para evitar un nuevo 17 de octubre, una jornada de extrema violencia urbana en la que resultaron saqueados al menos 3 mil comercios en Francia y quemados edificios como la sede del Ayuntamiento de Limoges.

Tanto Léon como Binet coincidieron en la necesidad de aumentar el salario mínimo interprofesional. En el caso de la CGT ese aumentó debería superar ampliamente el de la inflación hasta el 10%.

En la jornada de este jueves convergen de nuevo numerosas reivindicaciones, que van desde las de los estudiantes de secundaria -detonadores de la serie de movilizaciones hace ya casi dos meses-, hasta los funcionarios públicos, especialmente los del sector de la Educación y la Sanidad.

De hecho, la jornada de movilización ha afectado especialmente a las universidades -cerca de un 30% han resultado impactadas- y a las escuelas de primaria, donde cerca de un 20% de los maestros han secundado la huelga, según datos del Gobierno francés.

El Ministerio de Enseñanza Superior cifró en 51 de los 184 centros universitarios los afectados por la jornada de protesta contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de la educación y la sanidad.

Datos rebatidos por la asociación de la Unión Estudiantil, que, en un comunicado, aseguró que resultaron afectadas «una de cada dos universidades» y hubo «más de 50 campus bloqueados».

Dentro del personal docente, el ministerio de Educación anunció que en las escuelas pre-escolares y de primaria un 19.14% de los maestros hicieron huelga, mientras que en secundaria fueron el 13.53%.

Según los datos de Educación, 80 institutos estuvieron bloqueados este jueves por las convocatorias de movilización y huelga, es decir, solo el 2.2% de los centros de este tipo, aunque los sindicatos cifran los centros afectados en un millar de los 3 mil 700 existentes.

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