La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, defendió las restricciones que aplica a los comentarios en su cuenta de X y sostuvo que la libertad de expresión no ampara insultos ni vejaciones.

Batres defendió su postura luego de que trascendiera que varios usuarios promovieron juicios de amparo al considerar que los bloqueos para comentar sus publicaciones vulneran sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

En un comunicado, la ministra de la Corte informó que desde enero de 2024, un total de 17 usuarios de X han presentado el mismo número de demandas de amparo en su contra por presuntas violaciones a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información. Los recursos fueron presentados en juzgados de distrito de la Ciudad de México, Guerrero, Puebla y Jalisco.

De acuerdo con la ministra, 16 de los juicios ya cuentan con sentencia definitiva: en 14 casos fueron sobreseídos porque no se acreditó una afectación a los derechos de las personas quejosas, mientras que en los dos restantes los órganos jurisdiccionales se pronunciaron sobre los límites de la libertad de expresión.

publicaciones de Batres. De acuerdo con la información publicada este 22 de octubre, un juez federal concedió un amparo para que la ministra permita al promovente comentar en su cuenta.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puede restringir mediante un acuerdo administrativo el derecho de los trabajadores a inscribirse en la Modalidad 40 con un salario superior al último que tenían registrado, ya que para hacerlo tendría que modificar la ley, advirtió Rodolfo Servín.

El vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) explicó que la Ley del Seguro Social reconoce el derecho de los trabajadores que causan baja a continuar cotizando voluntariamente en el régimen obligatorio, con el mismo salario o uno superior.

“Ese ajuste o precisión, desde nuestro punto de vista, no pudiera ser mediante un acuerdo del Consejo Técnico; tendría que ser modificándose la ley en el Congreso”, subrayó.

Servín consideró que la decisión del IMSS de suspender temporalmente las inscripciones con un salario superior al último registrado busca frenar abusos y posibles fraudes en el uso de esta modalidad, pero advirtió que la autoridad debe respetar los derechos establecidos en la legislación vigente.

Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo afecta el cambio a tu pensión?

El especialista aclaró que la medida no afecta a quienes ya están inscritos en la Modalidad 40, pues el propio acuerdo establece que se respetarán las condiciones bajo las cuales se incorporaron. La restricción impacta directamente a quienes pretendan ingresar ahora con un salario de cotización más alto.

La modalidad permite a los trabajadores que cumplen los requisitos legales continuar aportando por su cuenta al Seguro Social. Para quienes pertenecen al régimen de la Ley de 1973, el salario de cotización y las semanas acumuladas son factores relevantes para calcular la pensión.

Servín explicó que antes del acuerdos del Consejo Técnico del IMSS quienes podían pagar las cuotas correspondientes al salario máximo permitido lo hacían para elevar el promedio salarial de sus últimas 250 semanas cotizadas, lo que puede traducirse en una pensión mayor, dependiendo de los demás factores aplicables.

El vicepresidente del IMCP consideró responsable que el IMSS revise posibles irregularidades, debido a que los abusos pueden perjudicar las finanzas de la institución y a los trabajadores que sí cumplen con los requisitos. Sin embargo, insistió en que el resultado debe respetar la ley.

“Debe prevalecer el derecho de los asegurados y el respeto a la ley, porque la ley sigue vigente”, afirmó.

Servín añadió que el análisis que realizará el IMSS durante los próximos seis meses será determinante para definir el futuro de las inscripciones y establecer si se requieren cambios legales que permitan combatir los abusos sin vulnerar los derechos de los trabajadores.

Norfolk, Virginia. La senadora estatal de Virginia L. Louise Lucas, una de las demócratas más poderosas del estado, fue acusada el jueves de desempeñar una función de liderazgo en una amplia empresa criminal que adquiría y distribuía grandes cantidades de marihuana y lavaba las ganancias, según las autoridades federales.

Lucas, que ha ocupado cargos electos durante décadas, utilizó su poder político para blindar la operación del escrutinio, de acuerdo con una acusación formal que la imputa a ella y a otros seis acusados, entre ellos, varios de sus familiares. Ella “puso sus propios intereses financieros por encima de la gente a la que fue elegida para servir”, afirmó el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien habló en una conferencia de prensa junto con el director del FBI, Kash Patel.

Los cargos, entre los que se encuentran tráfico de drogas y lavado de dinero, se produjeron después de que el FBI registrara en mayo la oficina de Lucas en su ciudad natal y una tienda de cannabis en la que tiene participación. En el momento del registro, la senadora —quien ha sido una crítica abierta del gobierno del presidente republicano Donald Trump— caracterizó el hecho como un intento de intimidación.

“Este es el circo que siempre esperábamos que fuera, y aguardaremos más detalles para tener una respuesta más específica”, señaló Brian Woolfolk, principal asesor jurídico del Fondo de Defensa Legal de L. Louise Lucas.

En un comunicado atribuido a Lucas y publicado en su cuenta de redes sociales no se abordó directamente el fondo de las acusaciones, pero se indica que las acciones del jueves equivalían a que el gobierno federal ejerciera “todo su peso” contra una bisabuela.

“No me intimidarán. No me amedrentarán. Y no daré marcha atrás”, expresó Lucas en el comunicado.

La impetuosa legisladora, de 82 años, ha pasado décadas ascendiendo en la política de Virginia y sirve desde 1992 en el Senado estatal, donde es presidenta pro tempore, y dirige la cámara en ausencia del vicegobernador. Más importante aún, encabeza el poderoso comité de finanzas del Senado, por el que debe pasar toda legislación con algún impacto presupuestario. Ha utilizado el cargo para frenar y, en última instancia, hacer naufragar proyectos de ley a los que se opone.

La acusación formal se produce en un momento en que el Departamento de Justicia de Trump enfrenta un intenso escrutinio por investigaciones y procesos contra adversarios del presidente que, según los críticos, tienen motivaciones políticas.

Blanche rechazó cualquier insinuación de que la política influyera en el caso de Lucas, y señaló que la investigación comenzó mucho antes de que iniciara el segundo mandato de Trump en enero de 2025.

“No tomamos represalias políticas”, dijo Blanche a los periodistas.

Una persona familiarizada con el registro de mayo comentó entonces a The Associated Press que la investigación se abrió durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

Se trata de una “empresa criminal de marihuana”, dice el FBI

Patel indicó en la conferencia que, en los últimos cinco años, Lucas “acumuló casi 5 millones de dólares en ganancias ilícitas mediante su red criminal. Ocupó un puesto de gran confianza por casi cuatro décadas y fue presidenta pro tempore del Senado estatal de Virginia los últimos seis años. Durante ese tiempo, según la acusación, ella y sus seis cómplices, en lugar de servir al público, como debían, crearon una organización criminal para enriquecerse, con ventas a través del negocio de la marihuana y cbd”.

Calificó la actuación de Lucas como el “verdadero epítome de la hipocresía para un funcionario público”.

En un comunicado, Patel dijo que Lucas y sus cómplices enriquecieron “su propia empresa criminal de marihuana, «la Empresa Lucas», utilizando el cargo de Lucas como presidenta del Comité de Finanzas y Asignaciones del Senado para aislar a la empresa del escrutinio penal e influir en la legislación para beneficiarse económicamente”.

“Nadie está por encima de la ley”, se indica en el comunicado, “y este FBI seguirá los hechos junto con nuestro Departamento de Justicia y se asegurará de que los responsables de conducta delictiva rindan cuentas”.

Firme defensora de la legalización de la marihuana, Lucas se asoció para abrir la tienda The Cannabis Outlet en 2021, donde se venden productos de cáñamo y CBD. Aunque en Virginia es legal poseer marihuana, las ventas minoristas recreativas de la droga aún no han comenzado, si bien tiendas en todo el estado sí venden otros productos derivados del cannabis.

Lucas también dirige una red de empresas que brindan servicios residenciales, de transporte y de otro tipo a adultos con discapacidades intelectuales.

Los expedientes judiciales relacionados con el caso han permanecido sellados durante meses, aunque a principios de este año, el Departamento de Justicia envió al menos dos series de cartas para notificar a periodistas, políticos y otras personas del entorno de Lucas que sus comunicaciones con ella habían sido interceptadas como parte de una intervención telefónica autorizada por un tribunal que se extendió durante dos periodos de un mes.

En el momento del registro, muchos demócratas salieron a defender a la senadora y expresaron su escepticismo sobre los fundamentos del operativo, dadas las iniciativas del Departamento de Justicia para establecer conducta delictiva por parte de personas percibidas como opositoras a Trump.

Lucas habló públicamente de su participación en la tienda de cannabis apenas en junio, aunque en sus formularios más recientes de divulgación financiera no se menciona el negocio por su nombre.

Lucas, que representa a un distrito que incluye su ciudad natal costera de Portsmouth, actúa con un estilo a veces soez y sin reparos que ha suscitado comparaciones con Trump.

Reunió una audiencia de seis cifras en X y atrajo la atención nacional, utilizando la red social para defender con fuerza sus prioridades y arremeter contra sus críticos, entre ellos, el exgobernador republicano Glenn Youngkin. También ha atacado en ocasiones a miembros de su propio partido, como la gobernadora Abigail Spanberger, con quien ha tenido diferencias.

A principios de este año, Lucas ayudó a encabezar el plan de los demócratas —que finalmente fracasó— para manipular los distritos parlamentarios del estado, de tendencia demócrata, y convertirlos en un mapa destinado a elegir a 10 demócratas y solo a un republicano. En el proceso, publicó pullas sobre cuatro miembros republicanos a los que el mapa pretendía desalojar, bromeando con que pronto estarían trabajando en McDonald’s. Ella y otros demócratas defendieron los mapas como una respuesta razonable a los esfuerzos respaldados por Trump para aumentar la ventaja republicana en las elecciones de mitad de mandato en otros estados.

Lucas ha acumulado varios hitos históricos en su carrera. Según una biografía de la biblioteca estatal, en 1971 se convirtió en la primera mujer ajustadora de cascos del Astillero Naval de Norfolk, un trabajo físicamente exigente que implica trabajar en ensamblajes metálicos para embarcaciones.

Inició su carrera política en 1984, cuando, según la biografía, se convirtió en la primera mujer negra elegida para el concejo municipal de Portsmouth.

En sus décadas en el Senado estatal, Lucas ha sido una firme defensora del derecho al aborto y del aumento de la financiación de las escuelas públicas, y una voz destacada en asuntos de justicia racial y derechos civiles.

En 2019, después de que los demócratas tomaran el control de la cámara, sus colegas la eligieron presidenta pro tempore. Y en 2024, fue designada para encabezar el comité presupuestario de la cámara, con lo que obtuvo una enorme influencia sobre cualquier legislación vinculada al presupuesto estatal. En ese cargo, desempeñó una función clave para frenar la propuesta de Youngkin de llevar los equipos de la NBA y la NHL de Washington a un desarrollo propuesto de 2.000 millones de dólares en Virginia.

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