La sustitución de Prospera por las becas Benito Juárez redujo en 12 puntos porcentuales la matriculación de varones en edad de cursar el bachillerato en localidades con alta cobertura del programa anterior, según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 de la UNESCO.

“Se ha estimado que la matriculación de los varones en educación media superior disminuyó en 12 puntos porcentuales como resultado de la transición de un pago condicionado a uno incondicional”, señala el documento.

El informe recupera una investigación de Fernanda Márquez-Padilla, Susan W. Parker y Tom S. Vogl sobre el retiro de Prospera en 2019. También destaca que las evaluaciones del programa documentaron mejoras en asistencia escolar y avance de grado, además de beneficios posteriores en escolaridad, resultados laborales y movilidad económica.

Un comparativo elaborado por el exsubsecretario de Educación Pública Carlos Mancera revela, además, que las becas actuales de bachillerato entregan entre 25.8% y 42.1% menos recursos en términos reales que Prospera en 2018, dependiendo del grado y sexo del estudiante.

“Los programas actuales amplían mucho el universo de beneficiarios, pero en primaria alta, en los estudiantes adicionales de secundaria y en media superior el apoyo por estudiante puede ser sustancialmente menor que el que otorgaba Prospera en términos reales”, precisa el comparativo.

La entrega de recursos económicos no garantiza por sí misma la permanencia escolar, señaló exsecretario de Educación. Foto: ARCHIVO CUARTOSCURO

El ejercicio contrasta los apoyos de Prospera en 2018 con las becas Rita Cetina y Benito Juárez de 2026. Actualiza los montos del programa anterior a pesos de este año e incluye 10 mensualidades y los recursos para útiles escolares. Examina las diferencias en montos y diseño de los programas.

En bachillerato, la beca Benito Juárez da 9 mil 500 pesos anuales por estudiante. Los apoyos de Prospera equivalen, según el comparativo, a entre 12 mil 808 y 14 mil 428 pesos para hombres, y entre 14 mil 569 y 16 mil 401 pesos para mujeres, dependiendo del grado.

La mayor diferencia afecta a las alumnas de tercero: el apoyo actual es 6 mil 901 pesos inferior al valor actualizado de Prospera, una reducción de 42.1%. El programa anterior aumentaba las becas conforme avanzaba el grado y, desde secundaria, otorgaba montos superiores a las mujeres.

Mancera explica que Prospera concentraba los apoyos económicos en las familias de menores ingresos, a diferencia del esquema actual, que amplía la cobertura sin distinguir las condiciones económicas de los beneficiarios.

“Prospera daba becas a 20% de la población más pobre y sabían quiénes eran los más pobres porque había un censo superriguroso”, señala.

En primaria, la Rita Cetina entrega 2 mil 500 pesos anuales por alumno para útiles y uniformes. Frente al valor actualizado de Prospera, la diferencia es de 15.5% de primero a tercero, 26.1% en cuarto, 40.9% en quinto y 53.9% en sexto. Para este último grado, el apoyo anterior equivale a 5 mil 425 pesos anuales.

En secundaria, depende del número de estudiantes de la familia. Rita Cetina da mil 900 pesos bimestrales como componente base y 700 pesos por cada estudiante adicional de ese nivel, durante cinco bimestres.

Con un solo estudiante, los 9 mil 500 pesos anuales actuales superan a Prospera en casi todos los casos. La excepción es una alumna de tercero, cuyo apoyo anterior equivale a 9 mil 919 pesos, 4.2% más respecto de la base utilizada para comparar.

La desventaja se concentra en el componente por cada estudiante adicional: los 3 mil 500 pesos anuales son entre 55.6% y 64.7% inferiores a la beca individual de Prospera. Esa reducción no corresponde al apoyo total del hogar.

Una familia con dos estudiantes de secundaria recibe 13 mil pesos al año, un promedio de 6 mil 500 por alumno; con tres, obtiene 16 mil 500 pesos, equivalentes a 5 mil 500 por cada uno.

Mancera advierte que la entrega de recursos económicos no garantiza por sí misma la permanencia escolar, especialmente cuando los estudiantes arrastran rezagos de aprendizaje desde la educación básica.

Sobre un adolescente que llega al bachillerato sin dominar las tablas de multiplicar, plantea: “Ese niño, no importa qué beca reciba, difícilmente va a poder continuar el bachillerato; cuánto tiempo va a pasar antes de que se frustre y abandone”.

Para el exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño, la eliminación de Prospera tuvo consecuencias más allá del ámbito educativo, al debilitar los incentivos para que los adolescentes de las familias más pobres continuaran estudiando y favorecer su incorporación al mercado laboral informal.

El exfuncionario cuestiona la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de sustituir un programa de transferencias condicionadas, dirigido a los hogares de menores ingresos, por un esquema de apoyos de mayor cobertura, pero sin las mismas exigencias de asistencia escolar.

“Hay un conjunto de economistas que acaba de publicar un artículo muy robusto en donde demuestran que, en el momento en que el gobierno de López Obrador quitó Prospera y puso sus becas, vino la caída en las coberturas educativas y un aumento en el empleo informal juvenil”, afirma.

Considera que el cambio dejó a numerosas familias sin recursos suficientes para sostener los estudios de sus hijos, particularmente en comunidades marginadas, donde los adolescentes enfrentan mayores presiones económicas para incorporarse al trabajo.

“Es decir, por no dar becas sustantivas a los más pobres, muchos tuvieron que abandonar la escuela e irse a trabajar”, subraya.

También cuestiona que el incremento del presupuesto destinado a becas no estuviera acompañado de mayores inversiones en infraestructura escolar, formación docente y otros servicios necesarios para garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas y concluyan sus estudios.

Mancera asegura que las becas otorgadas a los estudiantes por parte del gobierno federal perdieron uno de los principales mecanismos para garantizar su permanencia en las aulas: la obligación de asistir regularmente a clases, requisito que sí contemplaba Prospera y cuyo cumplimiento verificaban los docentes.

“Había una condicionante de asistencia, pero no de calificaciones. A diferencia de las Becas para el Bienestar, que se otorgan sólo por el hecho de estar registrado el primer día de clases. No importa si después el alumno asiste o no asiste”, menciona.

Explica que Prospera no se limitaba a entregar dinero a las familias, sino que integraba apoyos para salud, nutrición y educación. Además, destinaba recursos adicionales a las escuelas donde estudiaban los niños de menores ingresos, mediante programas compensatorios destinados a mejorar la calidad de la enseñanza.

Cuestiona que las becas actuales, cuyo presupuesto estima en alrededor de 200 mil millones de pesos, se distribuyan sin priorizar a los hogares más necesitados. “Esas becas en realidad no tienen un fin compensatorio, porque no otorgan más recursos a los que más lo necesitan”, sostiene.

Alerta que la falta de mecanismos para verificar la asistencia podría provocar una sobreestimación de la matrícula, debido a que los apoyos continúan entregándose mientras el alumno permanezca inscrito, independientemente de si acude regularmente a clases.

Para Mancera, el problema de fondo es que las becas dejaron de funcionar como un instrumento para favorecer la permanencia escolar y se convirtieron principalmente en transferencias económicas a las familias.

Sobre el futuro de estos programas, considera que el gobierno federal mantendrá su entrega, pese a las deficiencias que identifica en su diseño y a la ausencia de mecanismos para evaluar su impacto en la asistencia escolar.

El pasado 19 de octubre, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, reportó 19 millones 593 mil 156 estudiantes beneficiarios y beneficiarias del sistema de becas, con más de 136 mil 902 millones de pesos en este 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario refirió que se prevé alcanzar los 22 millones de estudiantes beneficiarios con el sistema de becas. León subrayó que con la Rita Cetina hay 14 millones 960 mil 755 beneficiarios, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo llegar ya a los institutos y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) requerimientos de información sobre contratos de licitación de material electoral vinculados con empresas señaladas a raíz del caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Los organismos que están bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación respondieron, por separado, que atenderán las solicitudes del órgano fiscalizador y señalaron que mantendrán —por el momento— los procesos de contratación y licitación de materiales electorales y otros servicios en curso.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora indicó que continuará con los procesos de licitación para la adquisición de material electoral y la impresión de boletas rumbo al próximo proceso electoral, pese a los cuestionamientos surgidos sobre contrataciones realizadas en años anteriores.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del organismo, aseguró que los procedimientos son inminentes debido al calendario electoral, por lo que no pueden detenerse.

Sin embargo, reconoció la necesidad de incorporar medidas adicionales que fortalezcan la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Ruiz Arvizu advirtió que uno de los principales problemas es el reducido número de empresas especializadas que participan en las licitaciones de material y documentación electoral, lo que provoca que los mismos proveedores aparezcan en procedimientos de distintas entidades del país.

En el mismo sentido, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz [OPLE Veracruz] informó que ninguna empresa requerida por la Auditoría Superior de la Federación ha sido contratada en los últimos cuatro años.

El OPLE de Veracruz negó haber contratado a las empresas requeridas por la ASF en cuatro años. Foto: Especial

La consejera presidenta de dicho organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales, reveló que recibieron un requerimiento de la ASF para brindar información de contratos vinculados a ocho empresas, de las cuales, expuso, ninguna ha sido contratada de 2022 a la fecha.

El reporte solicitado, el cual, dijo, será atendido, forma parte de la fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales.

En tanto, en el estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral de esa entidad (IETAM) indicó que las licitaciones bajo su responsabilidad se realizaron de forma normal y no se han detenido.

El consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, afirmó que el instituto no tiene proveedores preferidos y las contrataciones se realizan conforme a los procedimientos establecidos para ello.

“No existe un solo proveedor consentido o preferido”, expresó el consejero Ramos Charre.

Al referirse a las próximas compras de materiales y equipo, el consejero presidente mencionó que se prevén convocatorias abiertas y las empresas interesadas deberán acreditar experiencia, cumplir sus obligaciones fiscales y no estar inhabilitadas.

En tanto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) inició una revisión sobre la documentación y material electoral licitado o adjudicado desde 2014. De forma preliminar, encontró que entre esas adjudicaciones figura Cajas Graf, que recibió casi 15.9 millones de pesos para el proceso electoral de 2025.

La consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, informó que solicitó a la Dirección de Administración localizar los contratos y expedientes de las empresas proveedoras, ante la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Entre las compañías que aparecen en los registros del instituto se encuentra Cajas Graf, relacionada con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, señalado como parte de una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría simulado competencia en procedimientos de contratación.

De acuerdo con Pacheco, Cajas Graf recibió al menos tres contratos del IEQROO, incluido el correspondiente a 2025, cuando obtuvo mediante licitación pública nacional una adjudicación por 15 millones 897 mil pesos para suministrar material electoral.

Mientras que en Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado (IEEZ) admitió que sus contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores; justifica que no tiene opción porque en México existen “prácticas monopólicas que han sido toleradas por el gobierno mexicano” desde hace más de dos décadas.

A través de un posicionamiento emitido por la presidencia del Consejo General, el IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales terminan recurriendo a “una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas que acaparan las licitaciones públicas”.

Este órgano electoral también refiere que las denuncias por estas prácticas monopólicas “deben ser atendidas por las autoridades competentes” y aseguró que sus procesos de contratación para las elecciones de 2024 y la del Poder Judicial en 2025 se apegaron a la normatividad.

En el caso de Oaxaca, la vocería del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que no se ha iniciado ningún proceso en el que se plantee la suspensión de procesos de contratación, como ha ocurrido en otros Organismos Públicos Locales Electorales, como en el Estado de México.

Sin embargo, durante la sesión ordinaria del viernes, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, aseguró que aún no inician los procesos de licitación para la elección del próximo año. Y manifestó su “preocupación” de cuál empresa van a contratar si sólo cinco empresas en el país se dedican y cumplen con los requisitos para ofrecer la documentación y material electoral.

Cabe recordar que el pasado viernes en la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que los OPLE que han signado contratos con un grupo de empresas dedicadas a la elaboración de material electoral y señaladas de conseguir contratos a modo y de simular competencia son el de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones; Nuevo León, con 253.9; Baja California, con 223.3; Aguascalientes 211 millones; Estado de México, con 163.7 millones; Jalisco, con 159.5 millones; y Yucatán, con 151.1. Corresponsales

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El apellido Taddei se ha extendido durante los últimos años por distintas áreas del poder público en México. Del Instituto Nacional Electoral (INE) al gobierno de Sonora; de los programas federales del Bienestar a la empresa estatal encargada del litio, integrantes de esta familia originaria de Cananea, Sonora, han ocupado cargos en instituciones federales, estatales y organismos públicos.

La historia tiene dos figuras centrales: Guadalupe Taddei Zavala, quien llegó a la presidencia del INE en abril de 2023 después de una larga carrera electoral, y su primo Jorge Luis Taddei Bringas, académico universitario que acompañó durante años el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador antes de que se conformara el partido Morena.

A partir de esas dos ramas, el apellido comenzó a aparecer en diferentes espacios de la administración pública.

La presencia de familiares en cargos gubernamentales no constituye por sí misma una irregularidad, pero su número, los niveles de responsabilidad alcanzados y la cercanía política de algunos de sus integrantes con los gobiernos de Morena han colocado a los Taddei bajo el escrutinio público.

Guadalupe Taddei construyó su trayectoria principalmente dentro de los organismos electorales. Es pionera en los trabajos de creación del padrón electoral y lista nominal con fotografía en México.

Acumuló casi tres décadas de experiencia en la materia, ocupó la presidencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora entre 2014-2021 y, posteriormente, encabezó el Instituto Sonorense de Transparencia Informativa (Istai).

En abril de 2023 alcanzó la posición de mayor relevancia de su carrera: la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Su designación no surgió de un acuerdo entre las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados. Ante la falta de consenso, el procedimiento concluyó mediante insaculación, mecanismo contemplado para renovar el Consejo General.

Su llegada estuvo acompañada desde el principio por cuestionamientos sobre los vínculos políticos de algunos integrantes de su familia con Morena y con Andrés Manuel López Obrador.

Especialmente con Jorge Luis Taddei Bringas, quien fue nombrado delegado de los Programas para el Desarrollo (Secretaría de Bienestar) en Sonora a partir de diciembre de 2018, desempeñando el cargo hasta su renuncia el 3 de noviembre de 2023 para buscar una candidatura al Senado.

El entonces presidente López Obrador respondió públicamente a la controversia. Aseguró que no conocía personalmente a Guadalupe Taddei, pero reconoció una relación previa con su familia.

“Yo dije que no conocía a la señora Taddei, pero que sí conocía a la familia Taddei”, declaró en una conferencia matutina, al responder a publicaciones que difundieron una foto en la que supuestamente aparecía acompañado por la nueva presidenta del INE.

Explicó que la mujer que aparecía en aquella imagen no era Guadalupe Taddei, sino la esposa de Jorge Luis Taddei. La aclaración terminó confirmando un dato políticamente relevante: la relación de López Obrador con otra rama de los Taddei venía de años atrás.

Jorge Luis Taddei Bringas, primo de Guadalupe, fue profesor e investigador de la Universidad de Sonora y participó en el movimiento político encabezado por López Obrador antes de que Morena llegara a la Presidencia.

Tras las elecciones de 2018 fue nombrado delegado de los programas de la Secretaría de Bienestar en Sonora, posición estratégica desde la cual se coordinaban los principales apoyos sociales federales en la entidad.

Su hijo Pablo Daniel Taddei Arriola fue nombrado en 2022 director general de Litio para México (LitioMx), empresa estatal creada después de que el gobierno de López Obrador impulsara la nacionalización de la explotación del litio.

Aunque persiste en el cargo, no ha logrado extraer un solo gramo de litio.

Otra hija de Jorge Luis, Ivana Celeste Taddei Arriola, llegó al Congreso de Sonora como diputada local de Morena durante la Legislatura 2021-2024.

Jorge Carlos Taddei Arriola, también integrante de esa rama familiar, ocupó responsabilidades en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre ellas puestos relacionados con la operación regional.

La familia directa de Guadalupe Taddei también registra presencia dentro de instituciones públicas.

Luis Rogelio Piñeda Taddei, uno de sus hijos, se incorporó al gobierno de Sonora encabezado por Alfonso Durazo. En enero de 2025 fue anunciado en un puesto dentro de la Consejería Jurídica estatal y, meses después, pasó a desempeñarse como secretario particular del gobernador.

La cercanía administrativa del cargo resulta significativa: la secretaría particular forma parte del entorno inmediato del titular del Poder Ejecutivo.

Otro de sus hijos, Jorge Francisco Piñeda Taddei, ha ocupado responsabilidades administrativas en instituciones sonorenses, entre ellas el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, donde ha sido relacionado con el manejo de nómina. Previamente estuvo vinculado con el área de investigaciones del Congreso estatal.

León Fernando Piñeda Taddei, también hijo de Guadalupe, aparece en la trayectoria pública familiar por su paso como secretario escribiente del Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora y, posteriormente, por responsabilidades dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

De esta manera, mientras Guadalupe Taddei ocupaba responsabilidades electorales y llegaba al máximo órgano electoral del país, sus hijos desarrollaban carreras dentro de diferentes instituciones gubernamentales.

El mapa no termina ahí. Luis Alonso Taddei Torres aparece entre los familiares que han desempeñado cargos públicos, como exdirector de Estudios y Proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud.

Isabel Cristina Taddei Bringas desarrolla una trayectoria distinta: es investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, institución pública dedicada a la investigación científica.

También aparece Álvaro Bracamonte Sierra, vinculado familiarmente con los Taddei —cuñado de Jorge Luis—, quien ocupó la Secretaría de Gobierno durante la administración de Durazo.

En la estructura del gobierno de Sonora aparece además Paloma Bracamonte Taddei, arquitecta egresada de la Universidad de Sonora, quien se desempeña en un área de edificación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

Así, el árbol familiar toca áreas electorales, programas sociales, infraestructura, administración estatal, justicia administrativa, deporte, medio ambiente, investigación, actividad legislativa y explotación de recursos estratégicos.

La expansión de los Taddei coincide temporalmente con dos acontecimientos que transformaron el mapa político de Sonora y del país: la llegada de López Obrador a la Presidencia en 2018 y el triunfo de Alfonso Durazo en Sonora en 2021.

Jorge Luis Taddei ya tenía una relación política con el movimiento obradorista antes de esos triunfos. Guadalupe Taddei, por su parte, había construido desde décadas atrás una carrera dentro de las instituciones electorales, circunstancia que impide reducir su trayectoria únicamente a la llegada de Morena al poder.

Son caminos distintos que terminaron convergiendo en un mismo periodo político. Mientras uno coordinaba los programas sociales federales en Sonora, otro integrante de la familia asumía la conducción de LitioMx; una más ocupaba una curul por Morena y otros familiares se incorporaban a dependencias federales y estatales.

Y, en el punto más alto de esa estructura institucional, Guadalupe Taddei encabezaba el organismo responsable de organizar las elecciones federales mexicanas. La dimensión de esa presencia explica por qué el apellido se convirtió en materia de discusión pública.

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bmc