La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo llegar ya a los institutos y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) requerimientos de información sobre contratos de licitación de material electoral vinculados con empresas señaladas a raíz del caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Los organismos que están bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación respondieron, por separado, que atenderán las solicitudes del órgano fiscalizador y señalaron que mantendrán —por el momento— los procesos de contratación y licitación de materiales electorales y otros servicios en curso.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora indicó que continuará con los procesos de licitación para la adquisición de material electoral y la impresión de boletas rumbo al próximo proceso electoral, pese a los cuestionamientos surgidos sobre contrataciones realizadas en años anteriores.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del organismo, aseguró que los procedimientos son inminentes debido al calendario electoral, por lo que no pueden detenerse.

Sin embargo, reconoció la necesidad de incorporar medidas adicionales que fortalezcan la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Ruiz Arvizu advirtió que uno de los principales problemas es el reducido número de empresas especializadas que participan en las licitaciones de material y documentación electoral, lo que provoca que los mismos proveedores aparezcan en procedimientos de distintas entidades del país.

En el mismo sentido, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz [OPLE Veracruz] informó que ninguna empresa requerida por la Auditoría Superior de la Federación ha sido contratada en los últimos cuatro años.

El OPLE de Veracruz negó haber contratado a las empresas requeridas por la ASF en cuatro años. Foto: Especial

La consejera presidenta de dicho organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales, reveló que recibieron un requerimiento de la ASF para brindar información de contratos vinculados a ocho empresas, de las cuales, expuso, ninguna ha sido contratada de 2022 a la fecha.

El reporte solicitado, el cual, dijo, será atendido, forma parte de la fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales.

En tanto, en el estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral de esa entidad (IETAM) indicó que las licitaciones bajo su responsabilidad se realizaron de forma normal y no se han detenido.

El consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, afirmó que el instituto no tiene proveedores preferidos y las contrataciones se realizan conforme a los procedimientos establecidos para ello.

“No existe un solo proveedor consentido o preferido”, expresó el consejero Ramos Charre.

Al referirse a las próximas compras de materiales y equipo, el consejero presidente mencionó que se prevén convocatorias abiertas y las empresas interesadas deberán acreditar experiencia, cumplir sus obligaciones fiscales y no estar inhabilitadas.

En tanto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) inició una revisión sobre la documentación y material electoral licitado o adjudicado desde 2014. De forma preliminar, encontró que entre esas adjudicaciones figura Cajas Graf, que recibió casi 15.9 millones de pesos para el proceso electoral de 2025.

La consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, informó que solicitó a la Dirección de Administración localizar los contratos y expedientes de las empresas proveedoras, ante la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Entre las compañías que aparecen en los registros del instituto se encuentra Cajas Graf, relacionada con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, señalado como parte de una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría simulado competencia en procedimientos de contratación.

De acuerdo con Pacheco, Cajas Graf recibió al menos tres contratos del IEQROO, incluido el correspondiente a 2025, cuando obtuvo mediante licitación pública nacional una adjudicación por 15 millones 897 mil pesos para suministrar material electoral.

Mientras que en Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado (IEEZ) admitió que sus contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores; justifica que no tiene opción porque en México existen “prácticas monopólicas que han sido toleradas por el gobierno mexicano” desde hace más de dos décadas.

A través de un posicionamiento emitido por la presidencia del Consejo General, el IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales terminan recurriendo a “una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas que acaparan las licitaciones públicas”.

Este órgano electoral también refiere que las denuncias por estas prácticas monopólicas “deben ser atendidas por las autoridades competentes” y aseguró que sus procesos de contratación para las elecciones de 2024 y la del Poder Judicial en 2025 se apegaron a la normatividad.

En el caso de Oaxaca, la vocería del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que no se ha iniciado ningún proceso en el que se plantee la suspensión de procesos de contratación, como ha ocurrido en otros Organismos Públicos Locales Electorales, como en el Estado de México.

Sin embargo, durante la sesión ordinaria del viernes, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, aseguró que aún no inician los procesos de licitación para la elección del próximo año. Y manifestó su “preocupación” de cuál empresa van a contratar si sólo cinco empresas en el país se dedican y cumplen con los requisitos para ofrecer la documentación y material electoral.

Cabe recordar que el pasado viernes en la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que los OPLE que han signado contratos con un grupo de empresas dedicadas a la elaboración de material electoral y señaladas de conseguir contratos a modo y de simular competencia son el de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones; Nuevo León, con 253.9; Baja California, con 223.3; Aguascalientes 211 millones; Estado de México, con 163.7 millones; Jalisco, con 159.5 millones; y Yucatán, con 151.1. Corresponsales

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Senado analiza nueva Ley de Topografía y Geodesia; busca dar a México marco normativo para medir el territorio

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La senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lilia Margarita Valdez Martínez, adelantó que la Comisión de Gobernación del Senado de la República prevé analizar y debatir en noviembre el dictamen para expedir la nueva Ley de Topografía y Geodesia, con la finalidad de de dotar a México de un marco normativo eficaz, legítimo y sostenible en materia de medición del territorio.

Durante el foro “Nueva Ley de Topografía y Geodesia: conociendo el territorio, construyendo el futuro”, la legisladora morenista destacó que dicho encuentro permitirá generar propuestas para construir un marco legislativo que regule integralmente la medición del territorio.

Consideró que el contenido de este proyecto debe garantizar mayor apertura a las universidades, con la intención de que formen más especialistas en estas materias.

Clemencia Santos Cerquera, catedrática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el dictamen debe reconocer la evolución y el respaldo que tienen las disciplinas responsables de medir, representar y analizar el territorio.

Dijo que es necesario distinguir entre quién cuenta sólo con la capacidad de operar tecnología y quién con la competencia profesional para garantizar la calidad técnica y validez de sus resultados.

Por su parte, la senadora de Movimiento de Regeneración Nacional Luisa Cortés García expresó que la iniciativa, la cual se encuentra en la Comisión de Gobernación y en la de Estudios Legislativos Primera, busca establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales acerca de los principios, lineamientos y estándares técnicos para la medición del territorio nacional.

Refirió que después de más de un año de trabajo, siete foros de análisis y más de 25 conferencias, “los esfuerzos lograron colocar en la agenda legislativa nacional un proyecto y una discusión que no había recibido la atención que merece”.

Dicho encuentro, indicó, tiene el objetivo de escuchar las aportaciones finales que permitirán enriquecer el análisis legislativo y contribuir a la elaboración de una propuesta de dictamen responsable y comprometida con el país.

Además de Morena, la senadora Blanca Elizabeth Fiesco Díaz expresó que la nueva legislación garantizará certeza jurídica y orden para estados, municipios y Federación a la hora de establecer mediciones sobre las delimitaciones del territorio.

Desde la Cámara Alta, agregó, se realizará una recopilación de las propuestas, observaciones y conocimientos, para integrar un documento que permita impulsar un sistema normativo que genere mayor coordinación en esta última materia.

En tanto, Francisco Javier Medina Parra, director general adjunto de Información Geográfica Básica, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisó que la nueva legislación debe evitar vacíos interpretativos, sobre todo, a la hora de implementar la normatividad técnica geodésica y catastral vigente emitida por el Instituto.

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Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, aplican el Plan DN-III-E en Sonora, tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical “Vance” que dejaron dos personas fallecidas en el municipio a causa del arrastre de un vehículo provocado por la fuerza de la corriente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que su personal militar realiza labores de retiro de vehículos afectados e inmovilizados por las inundaciones y labores de desazolve y limpieza de lodo y escombros en viviendas y vialidades, para recuperar la movilidad y las condiciones de seguridad.

Así como el retiro de árboles y escombros generados por las fuertes ráfagas de viento.

“Se mantiene en situación de alerta un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana listo para desplegar como ambulancia aérea y realizar evacuaciones aeromédicas en caso de ser necesario, así como células de sanidad integradas con personal profesional de la salud para brindar la atención médica que se requiera”, indicó la dependencia.

Ejército aplica plan DN-III tras lluvias por tormenta tropical «Vance» en Sonora. Foto: Cortesía Defensa

De igual forma, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó 249 viviendas afectadas con ingreso de agua en el municipio de Guaymas. Así como 16 vialidades con inundaciones severas, desbordamiento o crecida de dos arroyos, 10 vehículos varados o arrastrados por la corriente, y afectaciones directas a la infraestructura eléctrica y urbana.

“Se confirmó el deceso de dos personas en el municipio de Guaymas a causa del arrastre de un vehículo provocado por la fuerza de la corriente”, lamentó la oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como medida inmediata de resguardo, se habilitaron dos refugios temporales, uno en Guaymas y otro en Empalme. Estos espacios brindaron albergue inicial a 10 personas; al último corte, permanecen tres personas recibiendo atención integral y asistencia médica en dichas instalaciones.

Ejército aplica plan DN-III tras lluvias por tormenta tropical «Vance» en Sonora. Foto: Cortesía Defensa

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