El equilibrio de fuerzas en el Congreso de Nuevo León volvió a modificarse con la conformación de Recuperemos Nuevo León, un nuevo grupo legislativo integrado inicialmente por 17 diputados provenientes del PRI y PAN, que busca consolidar un bloque de oposición frente al gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano (MC).

La agrupación será coordinada por la priista Lorena de la Garza Venecia y surge después de semanas de reacomodos entre las bancadas, marcadas por la incorporación de legisladores a Movimiento Ciudadano y las diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal por asuntos como el presupuesto, el juicio político y la autonomía del Congreso.

Los integrantes del nuevo bloque aseguraron que, aunque conservarán sus militancias y agendas partidistas, trabajarán bajo una coordinación común para defender los intereses del estado. “Cada uno de nosotros conserva su agenda y sus causas, pero hoy nos une una agenda común: defender a Nuevo León y a sus familias”, expresó De la Garza.

La diputada sostuvo que la alianza busca recuperar el equilibrio legislativo y evitar que el Gobierno estatal concentre influencia en las decisiones del Congreso. También acusó a Samuel García de intentar modificar la correlación de fuerzas para incidir en asuntos como el juicio político y la discusión del Paquete Fiscal. Estas declaraciones corresponden a los señalamientos de la oposición.

La respuesta del gobernador llegó durante una gira educativa por Salinas Victoria, donde criticó la creación del grupo y defendió la coordinación interna de Movimiento Ciudadano. “Los naranjas de Nuevo León estamos trabajando siempre coordinados, no ocupamos mezclarnos con ‘pelusa’. Como hoy, ahorita me enteré que hubo cambio en el Congreso, ya se hizo un nuevo partido y se mezclaron”, declaró.

García también calificó el reacomodo como una decisión de la “vieja política”, en referencia a la alianza entre legisladores priistas y panistas. Sus comentarios evidencian el nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo estatal y el bloque opositor, cuya capacidad de actuación conjunta podría influir en las próximas negociaciones legislativas.

Uno de los primeros desafíos será la discusión del Paquete Fiscal de 2027. De la Garza pidió al Gobierno estatal entregar la propuesta el próximo 20 de noviembre y cuestionó los desacuerdos que persisten sobre la aplicación del presupuesto de 2026. También señaló que continúa pendiente la propuesta para designar a la persona titular de la Tesorería estatal.

A las diferencias presupuestales se suman los señalamientos del coordinador panista, Carlos de la Fuente, quien afirmó que algunos legisladores habrían enfrentado presiones para cambiar de bancada. El diputado anunció que preparan denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía de Delitos Electorales por presuntos hechos de violencia política y extorsión contra la legisladora Rocío Montalvo. Hasta ahora, se trata de acusaciones que deberán ser investigadas por las autoridades.

Con la integración de Recuperemos Nuevo León, el Congreso estatal enfrenta una nueva configuración política en vísperas de decisiones presupuestales y de cara al proceso electoral de 2027. El bloque opositor buscará actuar de manera coordinada, mientras el gobernador mantiene su rechazo a la alianza y Movimiento Ciudadano defiende su propia estrategia legislativa.

Este lunes 9 de noviembre se vivió un nuevo encontronazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protagonizado por la ministra Lenia Batres, quien de plano advirtió una animadversión a sus proyectos.

“A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la Presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”, advirtió Batres.

La pugna inició a partir de un proyecto de discusión que presentó Batres, relacionado con un caso de propiedad intelectual presentado ante el IMPI, el cual fue calificado como “contradictorio” por algunas y algunos de los ministros.

“Yo sostengo el proyecto en los términos en los que lo hemos planteado, no hay ninguna contradicción, es absolutamente congruente y no tiene contradicción alguna”, se defendió la ministra Batres.

Lenia Batres se molestó con dos intervenciones, una del ministro Arístides Guerrero, que fue insistente en que se incluyera en el engrose del asunto algunas consideraciones que envió a la ponente y que ésta aceptó; y la otra del ministro Giovanni Figueroa, quien pidió aclarar los efectos de la decisión que proponía la ponente.

Entonces empezó el jaloneo. Batres y Figueroa prácticamente se arrebataron la palabra, e incluso Batres confrontó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a quien exigía le diera la palabra pero no lo dejaba hablar por la interrupción constante.

Fue entonces que Batres se cruzó de brazos y dijo en tono de reclamo “usted me dice ministro, si quiere darme la palabra el día que usted guste”. Aguilar Ortiz rogó a Batres que tomara la palabra, que su intención no era dar prioridad al ministro sino pedirle que fuera ella quien expusiera sus motivos.

El tono de la discusión siguió en los mismos términos y Batres explotó una vez más cuando la ministra Yasmín Esquivel insistió en que el proyecto era contradictorio. “Parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña”, dijo Batres.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que fiscaliza el uso de dinero público, confirmó este lunes distintas irregularidades en contrataciones públicas durante varios años dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), algo que investigará con la colaboración de “informantes”.

En un comunicado, la ASF indicó que los datos fueron aportados por informantes que se acogieron al programa para reducir sanciones, dentro de la investigación abierta sobre el uso indebido de recursos públicos tras publicaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, un escándalo que provocó su renuncia.

En el texto, la ASF indica que por primera vez el órgano “desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes”.

“Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”, expuso la ASF.

contratos otorgados en el INE, que provocaron la renuncia de Taddei, el pasado 26 de octubre.

De acuerdo con las versiones periodísticas publicadas, una red integrada por al menos siete proveedores del INE habrían simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.

La crisis en el INE llega en el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancó el pasado 10 de septiembre, en el que se renovarán diecisiete gubernaturas estatales, quinientas diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos.