El juicio del joven estadounidense acusado de asesinar al influencer de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, comenzará en junio de 2028, informó el lunes un juez de Utah, oeste de Estados Unidos, donde tendrá lugar el proceso.

Tyler Robinson, de 23 años, se enfrenta a la pena de muerte por presuntamente matar a Kirk de un disparo en el cuello durante una concentración en un campus universitario de Utah, el 10 de septiembre de 2025.

«La selección del jurado comenzará el 21 de junio de 2028», anunció el juez Tony Graf, y señaló que se han reservado 105 días para el juicio.

Kirk, una figura destacada de la derecha de Estados Unidos cuya organización Turning Point USA fue clave para movilizar a jóvenes a votar por Trump, sacudió la política estadounidense.

Al fijar el juicio para junio de 2028, el juez Graf tomó una decisión equilibrada ante los desacuerdos entre las partes. La acusación reclamaba un juicio para enero de 2028, mientras que los abogados de Robinson pedían hasta finales de 2029 para preparar su defensa.

Eso había provocado la indignación de Trump a finales de octubre.

«Este caso debería juzgarse en un mes», sostuvo entonces el mandatario en su plataforma Truth Social, al considerar que el juez «se toma una eternidad para plantear preguntas cuya respuesta todo el mundo conoce ya».

Criado en una familia republicana y mormona, Kirk era un cristiano nacionalista que se presentaba como férreo defensor de la familia tradicional y era muy crítico con la comunidad LGBT+ y las personas transgénero.

Su asesinato dio lugar a una cacería humana de 33 horas, al término de la cual Robinson se entregó por voluntad propia a las autoridades.

La defensa del joven mantiene por ahora la declaración de no culpable, pese a los elementos abrumadores en su contra.

La acusación dispone de mensajes de texto en los que confiesa a su compañero de piso, una persona transgénero con la que mantenía una relación amorosa, que preparaba el asesinato. En ellos explicaba que estaba «harto» del «odio» que difundía Kirk.

Desde su muerte, el influencer ha sido enarbolado por los republicanos como un «mártir» de la libertad de expresión.

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El equilibrio de fuerzas en el Congreso de Nuevo León volvió a modificarse con la conformación de Recuperemos Nuevo León, un nuevo grupo legislativo integrado inicialmente por 17 diputados provenientes del PRI y PAN, que busca consolidar un bloque de oposición frente al gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano (MC).

La agrupación será coordinada por la priista Lorena de la Garza Venecia y surge después de semanas de reacomodos entre las bancadas, marcadas por la incorporación de legisladores a Movimiento Ciudadano y las diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal por asuntos como el presupuesto, el juicio político y la autonomía del Congreso.

Los integrantes del nuevo bloque aseguraron que, aunque conservarán sus militancias y agendas partidistas, trabajarán bajo una coordinación común para defender los intereses del estado. “Cada uno de nosotros conserva su agenda y sus causas, pero hoy nos une una agenda común: defender a Nuevo León y a sus familias”, expresó De la Garza.

La diputada sostuvo que la alianza busca recuperar el equilibrio legislativo y evitar que el Gobierno estatal concentre influencia en las decisiones del Congreso. También acusó a Samuel García de intentar modificar la correlación de fuerzas para incidir en asuntos como el juicio político y la discusión del Paquete Fiscal. Estas declaraciones corresponden a los señalamientos de la oposición.

La respuesta del gobernador llegó durante una gira educativa por Salinas Victoria, donde criticó la creación del grupo y defendió la coordinación interna de Movimiento Ciudadano. “Los naranjas de Nuevo León estamos trabajando siempre coordinados, no ocupamos mezclarnos con ‘pelusa’. Como hoy, ahorita me enteré que hubo cambio en el Congreso, ya se hizo un nuevo partido y se mezclaron”, declaró.

García también calificó el reacomodo como una decisión de la “vieja política”, en referencia a la alianza entre legisladores priistas y panistas. Sus comentarios evidencian el nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo estatal y el bloque opositor, cuya capacidad de actuación conjunta podría influir en las próximas negociaciones legislativas.

Uno de los primeros desafíos será la discusión del Paquete Fiscal de 2027. De la Garza pidió al Gobierno estatal entregar la propuesta el próximo 20 de noviembre y cuestionó los desacuerdos que persisten sobre la aplicación del presupuesto de 2026. También señaló que continúa pendiente la propuesta para designar a la persona titular de la Tesorería estatal.

A las diferencias presupuestales se suman los señalamientos del coordinador panista, Carlos de la Fuente, quien afirmó que algunos legisladores habrían enfrentado presiones para cambiar de bancada. El diputado anunció que preparan denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía de Delitos Electorales por presuntos hechos de violencia política y extorsión contra la legisladora Rocío Montalvo. Hasta ahora, se trata de acusaciones que deberán ser investigadas por las autoridades.

Con la integración de Recuperemos Nuevo León, el Congreso estatal enfrenta una nueva configuración política en vísperas de decisiones presupuestales y de cara al proceso electoral de 2027. El bloque opositor buscará actuar de manera coordinada, mientras el gobernador mantiene su rechazo a la alianza y Movimiento Ciudadano defiende su propia estrategia legislativa.

Este lunes 9 de noviembre se vivió un nuevo encontronazo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protagonizado por la ministra Lenia Batres, quien de plano advirtió una animadversión a sus proyectos.

“A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la Presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”, advirtió Batres.

La pugna inició a partir de un proyecto de discusión que presentó Batres, relacionado con un caso de propiedad intelectual presentado ante el IMPI, el cual fue calificado como “contradictorio” por algunas y algunos de los ministros.

“Yo sostengo el proyecto en los términos en los que lo hemos planteado, no hay ninguna contradicción, es absolutamente congruente y no tiene contradicción alguna”, se defendió la ministra Batres.

Lenia Batres se molestó con dos intervenciones, una del ministro Arístides Guerrero, que fue insistente en que se incluyera en el engrose del asunto algunas consideraciones que envió a la ponente y que ésta aceptó; y la otra del ministro Giovanni Figueroa, quien pidió aclarar los efectos de la decisión que proponía la ponente.

Entonces empezó el jaloneo. Batres y Figueroa prácticamente se arrebataron la palabra, e incluso Batres confrontó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a quien exigía le diera la palabra pero no lo dejaba hablar por la interrupción constante.

Fue entonces que Batres se cruzó de brazos y dijo en tono de reclamo “usted me dice ministro, si quiere darme la palabra el día que usted guste”. Aguilar Ortiz rogó a Batres que tomara la palabra, que su intención no era dar prioridad al ministro sino pedirle que fuera ella quien expusiera sus motivos.

El tono de la discusión siguió en los mismos términos y Batres explotó una vez más cuando la ministra Yasmín Esquivel insistió en que el proyecto era contradictorio. “Parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña”, dijo Batres.