La sustitución de Prospera por las becas Benito Juárez redujo en 12 puntos porcentuales la matriculación de varones en edad de cursar el bachillerato en localidades con alta cobertura del programa anterior, según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 de la UNESCO.

“Se ha estimado que la matriculación de los varones en educación media superior disminuyó en 12 puntos porcentuales como resultado de la transición de un pago condicionado a uno incondicional”, señala el documento.

El informe recupera una investigación de Fernanda Márquez-Padilla, Susan W. Parker y Tom S. Vogl sobre el retiro de Prospera en 2019. También destaca que las evaluaciones del programa documentaron mejoras en asistencia escolar y avance de grado, además de beneficios posteriores en escolaridad, resultados laborales y movilidad económica.

Un comparativo elaborado por el exsubsecretario de Educación Pública Carlos Mancera revela, además, que las becas actuales de bachillerato entregan entre 25.8% y 42.1% menos recursos en términos reales que Prospera en 2018, dependiendo del grado y sexo del estudiante.

“Los programas actuales amplían mucho el universo de beneficiarios, pero en primaria alta, en los estudiantes adicionales de secundaria y en media superior el apoyo por estudiante puede ser sustancialmente menor que el que otorgaba Prospera en términos reales”, precisa el comparativo.

La entrega de recursos económicos no garantiza por sí misma la permanencia escolar, señaló exsecretario de Educación. Foto: ARCHIVO CUARTOSCURO

El ejercicio contrasta los apoyos de Prospera en 2018 con las becas Rita Cetina y Benito Juárez de 2026. Actualiza los montos del programa anterior a pesos de este año e incluye 10 mensualidades y los recursos para útiles escolares. Examina las diferencias en montos y diseño de los programas.

En bachillerato, la beca Benito Juárez da 9 mil 500 pesos anuales por estudiante. Los apoyos de Prospera equivalen, según el comparativo, a entre 12 mil 808 y 14 mil 428 pesos para hombres, y entre 14 mil 569 y 16 mil 401 pesos para mujeres, dependiendo del grado.

La mayor diferencia afecta a las alumnas de tercero: el apoyo actual es 6 mil 901 pesos inferior al valor actualizado de Prospera, una reducción de 42.1%. El programa anterior aumentaba las becas conforme avanzaba el grado y, desde secundaria, otorgaba montos superiores a las mujeres.

Mancera explica que Prospera concentraba los apoyos económicos en las familias de menores ingresos, a diferencia del esquema actual, que amplía la cobertura sin distinguir las condiciones económicas de los beneficiarios.

“Prospera daba becas a 20% de la población más pobre y sabían quiénes eran los más pobres porque había un censo superriguroso”, señala.

En primaria, la Rita Cetina entrega 2 mil 500 pesos anuales por alumno para útiles y uniformes. Frente al valor actualizado de Prospera, la diferencia es de 15.5% de primero a tercero, 26.1% en cuarto, 40.9% en quinto y 53.9% en sexto. Para este último grado, el apoyo anterior equivale a 5 mil 425 pesos anuales.

En secundaria, depende del número de estudiantes de la familia. Rita Cetina da mil 900 pesos bimestrales como componente base y 700 pesos por cada estudiante adicional de ese nivel, durante cinco bimestres.

Con un solo estudiante, los 9 mil 500 pesos anuales actuales superan a Prospera en casi todos los casos. La excepción es una alumna de tercero, cuyo apoyo anterior equivale a 9 mil 919 pesos, 4.2% más respecto de la base utilizada para comparar.

La desventaja se concentra en el componente por cada estudiante adicional: los 3 mil 500 pesos anuales son entre 55.6% y 64.7% inferiores a la beca individual de Prospera. Esa reducción no corresponde al apoyo total del hogar.

Una familia con dos estudiantes de secundaria recibe 13 mil pesos al año, un promedio de 6 mil 500 por alumno; con tres, obtiene 16 mil 500 pesos, equivalentes a 5 mil 500 por cada uno.

Mancera advierte que la entrega de recursos económicos no garantiza por sí misma la permanencia escolar, especialmente cuando los estudiantes arrastran rezagos de aprendizaje desde la educación básica.

Sobre un adolescente que llega al bachillerato sin dominar las tablas de multiplicar, plantea: “Ese niño, no importa qué beca reciba, difícilmente va a poder continuar el bachillerato; cuánto tiempo va a pasar antes de que se frustre y abandone”.

Para el exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño, la eliminación de Prospera tuvo consecuencias más allá del ámbito educativo, al debilitar los incentivos para que los adolescentes de las familias más pobres continuaran estudiando y favorecer su incorporación al mercado laboral informal.

El exfuncionario cuestiona la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de sustituir un programa de transferencias condicionadas, dirigido a los hogares de menores ingresos, por un esquema de apoyos de mayor cobertura, pero sin las mismas exigencias de asistencia escolar.

“Hay un conjunto de economistas que acaba de publicar un artículo muy robusto en donde demuestran que, en el momento en que el gobierno de López Obrador quitó Prospera y puso sus becas, vino la caída en las coberturas educativas y un aumento en el empleo informal juvenil”, afirma.

Considera que el cambio dejó a numerosas familias sin recursos suficientes para sostener los estudios de sus hijos, particularmente en comunidades marginadas, donde los adolescentes enfrentan mayores presiones económicas para incorporarse al trabajo.

“Es decir, por no dar becas sustantivas a los más pobres, muchos tuvieron que abandonar la escuela e irse a trabajar”, subraya.

También cuestiona que el incremento del presupuesto destinado a becas no estuviera acompañado de mayores inversiones en infraestructura escolar, formación docente y otros servicios necesarios para garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas y concluyan sus estudios.

Mancera asegura que las becas otorgadas a los estudiantes por parte del gobierno federal perdieron uno de los principales mecanismos para garantizar su permanencia en las aulas: la obligación de asistir regularmente a clases, requisito que sí contemplaba Prospera y cuyo cumplimiento verificaban los docentes.

“Había una condicionante de asistencia, pero no de calificaciones. A diferencia de las Becas para el Bienestar, que se otorgan sólo por el hecho de estar registrado el primer día de clases. No importa si después el alumno asiste o no asiste”, menciona.

Explica que Prospera no se limitaba a entregar dinero a las familias, sino que integraba apoyos para salud, nutrición y educación. Además, destinaba recursos adicionales a las escuelas donde estudiaban los niños de menores ingresos, mediante programas compensatorios destinados a mejorar la calidad de la enseñanza.

Cuestiona que las becas actuales, cuyo presupuesto estima en alrededor de 200 mil millones de pesos, se distribuyan sin priorizar a los hogares más necesitados. “Esas becas en realidad no tienen un fin compensatorio, porque no otorgan más recursos a los que más lo necesitan”, sostiene.

Alerta que la falta de mecanismos para verificar la asistencia podría provocar una sobreestimación de la matrícula, debido a que los apoyos continúan entregándose mientras el alumno permanezca inscrito, independientemente de si acude regularmente a clases.

Para Mancera, el problema de fondo es que las becas dejaron de funcionar como un instrumento para favorecer la permanencia escolar y se convirtieron principalmente en transferencias económicas a las familias.

Sobre el futuro de estos programas, considera que el gobierno federal mantendrá su entrega, pese a las deficiencias que identifica en su diseño y a la ausencia de mecanismos para evaluar su impacto en la asistencia escolar.

El pasado 19 de octubre, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, reportó 19 millones 593 mil 156 estudiantes beneficiarios y beneficiarias del sistema de becas, con más de 136 mil 902 millones de pesos en este 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario refirió que se prevé alcanzar los 22 millones de estudiantes beneficiarios con el sistema de becas. León subrayó que con la Rita Cetina hay 14 millones 960 mil 755 beneficiarios, con una inversión de 84 mil 800 millones de pesos.

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A un año del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de este municipio, Grecia Quiroz, asegura que la guerra sucia, los ataques a su vida privada y los señalamientos provenientes incluso de familiares del exedil no la intimidan ni frenarán sus aspiraciones políticas.

A sus 36 años, Grecia lidera el Movimiento del Sombrero, que ya tiene presencia en 27 estados del país, y no descarta buscar otro cargo de elección popular en 2027.

“Hay un dicho que dice: ‘lo que no te mata, te fortalece’, y eso es lo que ha venido sucediendo conmigo”, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL, al rechazar que las acusaciones sobre su relación personal con Manzo y los intentos de desprestigiarla puedan apartarla de la vida política.

La conversación se desarrolla en la Casa de Cultura, ubicada cerca de la Plaza Morelos; a un costado del inmueble se instaló un altar con flores de cempasúchil y el rostro de Carlos Manzo, elaborado con ramas y hojas de árboles.

Ofrenda a Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan que fue asesinado en 2025. Plaza Morelos en el centro de Uruapan (31/10/26) Fotos: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

En los últimos meses, las declaraciones sobre su vida personal y la relación que mantuvo con el exalcalde han llegado incluso desde el entorno familiar. La presidenta municipal considera que esos señalamientos desvían la atención de lo verdaderamente importante: esclarecer el homicidio.

“Se me hace muy bajo lo que hacen, porque realmente se desvirtúa el verdadero objetivo de lo que es la carpeta de investigación”, señala; además, rechaza las insinuaciones que buscan involucrarla con el crimen. Considera que detrás de algunos ataques existe la intención de impedir que alcance otras posiciones políticas.

“Me queda claro que van a hacer muchas cosas para que yo no pueda llegar a hacer algo más, políticamente, eso me queda muy claro”, advierte la alcaldesa.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan en entrevista a un año del asesinato de su esposo Carlos Manzo. FOTO: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Recuerda una frase que Manzo repetía sobre los riesgos de enfrentar intereses políticos y criminales: “quien decide emprender una lucha de esa naturaleza puede encontrar tres destinos: el éxito, la muerte o la cárcel”.

“A Carlos le tocó la muerte, yo espero que a mí no me toque ese camino”, reflexiona.

Detrás de la confrontación política, Quiroz enfrenta la ausencia de su esposo. Cuenta que los últimos 12 meses han sido especialmente difíciles para ella y sus hijos, quienes siguen preguntando por su padre.

“Personal y familiarmente ha sido algo muy complicado. Carlos siempre me va a hacer falta. No hay día en que no lo extrañemos, que no se sienta su ausencia”, admite.

La cercanía con los habitantes, tan característica de Manzo, continúa siendo una de sus prioridades, aunque reconoce que los protocolos de seguridad con los que cuenta modificaron la manera en que puede relacionarse con ellos.

“El miedo es natural de cualquier persona, sería imposible que yo te dijera que no le tengo miedo a nada”, reconoce.

Ofrenda a Carlos Manzo, expresidente municipal que fue asesinado en 2025 en la Plaza Morelos, ubicada en el centro de Uruapan, Michoacán (31/10/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Piensa especialmente en sus tres hijos y en lo que sucedería con ellos si llegara a sufrir un atentado. Sin embargo, considera que su responsabilidad como madre y presidenta municipal le impide renunciar a los compromisos asumidos.

Destaca que el Movimiento del Sombrero traspasó a este municipio. Tanto así, que ya tiene presencia en 27 estados del país, entre ellos Colima, Nayarit, Tabasco, Jalisco, Baja California y Puebla. Y aunque el proyecto ya tiene alcance nacional, explica que por ahora su prioridad política se encuentra en Michoacán.

Recuerda que el movimiento nació mucho antes de que Manzo llegara a la alcaldía, cuando recorría colonias y comunidades para ayudar a personas con problemas de salud y gestionar apoyos.

“Nace en las calles, nace con un joven que desde niño soñó con ser presidente de la República, que nadie creía en él, que muy pocos lo acompañaron”.

Respecto a la posibilidad de convertir al Movimiento del Sombrero en partido político, afirma que no existe una decisión en ese sentido. Recuerda que Manzo reconocía las ventajas de contar con financiamiento y estructuras partidistas, pero también advertía del riesgo de reproducir los vicios de las organizaciones tradicionales.

En cuanto a sus propias aspiraciones, no descarta buscar otro cargo en 2027, aunque tampoco confirma si intentará reelegirse o competir por la gubernatura de Michoacán.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan en entrevista a un año del asesinato de su esposo Carlos Manzo. FOTO: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Explica que dispone de aproximadamente mes y medio para tomar una decisión, la cual pretende consultar con los integrantes del movimiento y con la ciudadanía.

Quiroz admite que nunca imaginó ocupar el lugar de su esposo. Su proyecto personal, recuerda, era acompañar a Manzo y respaldar sus decisiones.

Sin embargo, él le había planteado la posibilidad de contender por una diputación y asumir mayores responsabilidades políticas.

“Él [Carlos] supo verdaderamente la persona, el ser humano que yo soy, y creo que por algo me eligió también para ser su compañera de vida, la madre de sus hijos, y que no lo voy a defraudar”, enfatiza.

A un año del asesinato de Carlos Manzo, también cuestiona que la Fiscalía General de la República (FGR) no haya atraído la investigación, pese a las solicitudes que asegura haber presentado.

Considera inexplicable que, ante la presunta participación de la delincuencia organizada, las autoridades federales no hayan asumido el caso, y exige que expliquen por qué, después de 12 meses, la carpeta de investigación sigue sin ser atraída por la FGR.

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bmc

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo llegar ya a los institutos y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) requerimientos de información sobre contratos de licitación de material electoral vinculados con empresas señaladas a raíz del caso de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Los organismos que están bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación respondieron, por separado, que atenderán las solicitudes del órgano fiscalizador y señalaron que mantendrán —por el momento— los procesos de contratación y licitación de materiales electorales y otros servicios en curso.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora indicó que continuará con los procesos de licitación para la adquisición de material electoral y la impresión de boletas rumbo al próximo proceso electoral, pese a los cuestionamientos surgidos sobre contrataciones realizadas en años anteriores.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del organismo, aseguró que los procedimientos son inminentes debido al calendario electoral, por lo que no pueden detenerse.

Sin embargo, reconoció la necesidad de incorporar medidas adicionales que fortalezcan la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Ruiz Arvizu advirtió que uno de los principales problemas es el reducido número de empresas especializadas que participan en las licitaciones de material y documentación electoral, lo que provoca que los mismos proveedores aparezcan en procedimientos de distintas entidades del país.

En el mismo sentido, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz [OPLE Veracruz] informó que ninguna empresa requerida por la Auditoría Superior de la Federación ha sido contratada en los últimos cuatro años.

El OPLE de Veracruz negó haber contratado a las empresas requeridas por la ASF en cuatro años. Foto: Especial

La consejera presidenta de dicho organismo, Marisol Alicia Delgadillo Morales, reveló que recibieron un requerimiento de la ASF para brindar información de contratos vinculados a ocho empresas, de las cuales, expuso, ninguna ha sido contratada de 2022 a la fecha.

El reporte solicitado, el cual, dijo, será atendido, forma parte de la fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales.

En tanto, en el estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral de esa entidad (IETAM) indicó que las licitaciones bajo su responsabilidad se realizaron de forma normal y no se han detenido.

El consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, afirmó que el instituto no tiene proveedores preferidos y las contrataciones se realizan conforme a los procedimientos establecidos para ello.

“No existe un solo proveedor consentido o preferido”, expresó el consejero Ramos Charre.

Al referirse a las próximas compras de materiales y equipo, el consejero presidente mencionó que se prevén convocatorias abiertas y las empresas interesadas deberán acreditar experiencia, cumplir sus obligaciones fiscales y no estar inhabilitadas.

En tanto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) inició una revisión sobre la documentación y material electoral licitado o adjudicado desde 2014. De forma preliminar, encontró que entre esas adjudicaciones figura Cajas Graf, que recibió casi 15.9 millones de pesos para el proceso electoral de 2025.

La consejera presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, informó que solicitó a la Dirección de Administración localizar los contratos y expedientes de las empresas proveedoras, ante la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Entre las compañías que aparecen en los registros del instituto se encuentra Cajas Graf, relacionada con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, señalado como parte de una presunta red de empresas proveedoras de material electoral que habría simulado competencia en procedimientos de contratación.

De acuerdo con Pacheco, Cajas Graf recibió al menos tres contratos del IEQROO, incluido el correspondiente a 2025, cuando obtuvo mediante licitación pública nacional una adjudicación por 15 millones 897 mil pesos para suministrar material electoral.

Mientras que en Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado (IEEZ) admitió que sus contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores; justifica que no tiene opción porque en México existen “prácticas monopólicas que han sido toleradas por el gobierno mexicano” desde hace más de dos décadas.

A través de un posicionamiento emitido por la presidencia del Consejo General, el IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales terminan recurriendo a “una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas que acaparan las licitaciones públicas”.

Este órgano electoral también refiere que las denuncias por estas prácticas monopólicas “deben ser atendidas por las autoridades competentes” y aseguró que sus procesos de contratación para las elecciones de 2024 y la del Poder Judicial en 2025 se apegaron a la normatividad.

En el caso de Oaxaca, la vocería del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que no se ha iniciado ningún proceso en el que se plantee la suspensión de procesos de contratación, como ha ocurrido en otros Organismos Públicos Locales Electorales, como en el Estado de México.

Sin embargo, durante la sesión ordinaria del viernes, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, aseguró que aún no inician los procesos de licitación para la elección del próximo año. Y manifestó su “preocupación” de cuál empresa van a contratar si sólo cinco empresas en el país se dedican y cumplen con los requisitos para ofrecer la documentación y material electoral.

Cabe recordar que el pasado viernes en la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que los OPLE que han signado contratos con un grupo de empresas dedicadas a la elaboración de material electoral y señaladas de conseguir contratos a modo y de simular competencia son el de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones; Nuevo León, con 253.9; Baja California, con 223.3; Aguascalientes 211 millones; Estado de México, con 163.7 millones; Jalisco, con 159.5 millones; y Yucatán, con 151.1. Corresponsales

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