Legisladores de Morena y partidos aliados se confrontaron con opositores en la Comisión Permanente por los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para la protección de los derechos de las audiencias.

Panistas y priistas advirtieron que el documento contiene disposiciones ambiguas que podrían derivar en mecanismos de censura y afectar la libertad de expresión, mientras que senadores y diputados oficialistas afirmaron que el proyecto, sometido a consulta, aún puede modificarse y busca fortalecer los derechos de los usuarios de los medios de comunicación.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, se pronunció en favor de que se hagan las modificaciones necesarias para que los lineamientos sean claros y no se presten a interpretaciones sesgadas de la autoridad que limiten la libertad de expresión.

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Dijo que por tratarse de una propuesta no debe emitirse un juicio definitivo, ya que en los próximos días podrán participar concesionarios, especialistas, académicos, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía para enriquecer el documento.

“No es la Biblia lo que se está consultando, es propuesta. Van a ser 20 días en que están invitados todos los que se dedican a los medios de comunicación impresos, los medios electrónicos, las redes sociales, especialistas, quienes tienen conocimiento en materia de radiocomunicación y telecomunicaciones. Entonces, hay que esperar a que termine esta consulta y tener ya un documento; incluso, todavía puede ser debatido”, precisó.

“Yo creo que sí”, respondió al preguntarle sobre la necesidad de hacer mayores precisiones, al tiempo que insistió en que el proceso de consulta demuestra la apertura del gobierno para construir un mejor marco regulatorio.

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En contraste, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó la consulta pública como una “farsa” y aseguró que el verdadero objetivo del proyecto es controlar los contenidos de los medios de comunicación.

Acusó a Morena de pretender decidir “qué vemos, qué escuchamos y qué leemos”, y comparó la propuesta con mecanismos de censura utilizados por regímenes autoritarios en Europa del Este o en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“Ni a Victoriano Huerta se le ocurrían estas cosas, son terribles. Hay que leer la historia y ver que esto sucedió en Europa del Este, cuando una persona estaba revisando absolutamente todo lo que se decía en la radio, en la televisión de aquel tiempo, se escribía en la prensa y para publicar un libro hasta lo tenías que llevar al censor. Esto es lo que nos espera con Morena, son una pandilla de fanáticos estalinistas que quieren traer a nuestro territorio, a México, la supresión de las libertades, y esto también va en las redes sociales. Todos estos noticieros que uno ve en las redes sociales, todos estos espacios de libertad, los quiere controlar Morena”, afirmó.

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La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que existen disposiciones que deben corregirse para impedir que se impongan sanciones que terminen convirtiéndose en actos de censura.

“Existen disposiciones ambiguas que deben corregirse o precisarse para evitar riesgos a la libertad de expresión. Entre estos criterios se encuentran la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, que revise las decisiones de las defensorías de las audiencias e incluso hasta se pretenden imponer sanciones, lo que claramente resultaría en muchas ocasiones en censura”, puntualizó.

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, consideró que la reglamentación sólo desarrolla una legislación ya aprobada por el Congreso y negó que represente una amenaza para la libertad de expresión.

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A su juicio, el verdadero desafío consiste en enfrentar la desinformación y elevar la responsabilidad de los medios de comunicación sin recurrir a prohibiciones.

El senador independiente Iván Jaimes Archundia advirtió que detrás de los lineamientos presentados hay un mecanismo silencioso y muy peligroso de control editorial y censura previa.

Dijo que la trampa es la obligación impuesta a periodistas y comunicadores de hacer una distinción explícita en tiempo real entre lo que es información objetiva y lo que es opinión personal.

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“Suena bien en teoría, pero la práctica periodística es una trampa. El periodismo moderno es análisis, es contexto, es investigación. Exigir que un comunicador le ponga una etiqueta a cada frase que pronuncia rompe el flujo de la comunicación y, peor aun, le da a la autoridad el poder de sancionar al periodista si considera que su opinión se disfrazó de información”, subrayó.

“Cuando el Estado le dice a un medio privado o público cómo debe autorregularse y bajo qué criterios rígidos debe supervisar a sus conductores y reporteros genera un fenómeno llamado ‘efecto inhibidor’. El periodista, ante el temor de infringir un lineamiento ambiguo o ser sancionado por el regulador, opta por no investigar, no criticar y guardar silencio”, concluyó.

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