Las entrevistas ministeriales integradas en el expediente de la causa penal 408/2026 de la Fiscalía General de la República (FGR), radicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, permitieron librar orden de aprehensión por el delito de traición a la patria en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, y del exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.

De acuerdo con las constancias ministeriales e informes periciales forenses contenidas en el documento, y a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la estructura de justicia de Chihuahua sí operó un campamento táctico con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos al margen de la ley federal.

Bajo juramento, elementos que operaron en el rancho El Pinal confirmaron la participación de agentes extranjeros.

Los testimonios de los agentes que operaron en el rancho El Pinal confirman que los agentes extranjeros Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black no fungieron como observadores pasivos, sino como partícipes de la célula táctica armada.

El agente Ricardo Faustino Campos Ocón testificó bajo juramento que, al ser instruido para guiar dos unidades de escoltas para documentar la escena del narcolaboratorio, observó a las personas que acompañaban al jefe Oseguera y que “hablaban en un idioma extranjero, el cual identificó como inglés”.

Señaló, además, que los extranjeros salieron integrados en el convoy desde la cochera de la fiscalía en Chihuahua capital. No pidieron un ride en la sierra, como lo señaló la fiscalía local inicialmente.

Por su parte, el policía adscrito al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Martín Abad Leal Tapia, sostuvo que los agentes norteamericanos participaron activamente en las caminatas tácticas, portaban armas largas, usaban pasamontañas, consultaban coordenadas en tabletas electrónicas y coordinaban directamente con el director de la AEI.

“Había dos personas que siempre estaban encapuchadas y no hablaban para nada, ninguna palabra decían y estaban en un lugar apartado del campamento de los demás. Nosotros no teníamos acercamiento con Oseguera y su equipo, ni nos permitían acercarnos…”

Respecto del operativo, el dictamen de la Policía Federal Ministerial en materia de Criminalística de Campo, signado por la licenciada Araceli Bravo González, el 11 de septiembre de 2026, concluye de forma tajante que el operativo carecía de cualquier formalidad legal.

Textualmente asentó que el despliegue de las fuerzas estatales y los agentes de la CIA “no contaban con fundamento alguno que justificara su actuación, ya que no hay dato que refiera que existía carpeta de investigación iniciada, y/o alguna diligencia que facultara o explicara la necesidad de la actuación del personal para el citado operativo”. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) encuadró estas acciones formalmente en el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.

El documento señala que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó de la planeación táctica a través del oficio R.J.I-11529/2. En dicho oficio, el coronel de Infantería Agustín Velasco Sánchez informó por escrito que su participación se limitó estrictamente a proveer “seguridad periférica” o “seguridad externa” a petición expresa de la fiscalía local realizada en la Mesa de Seguridad Estatal.

El expediente incluye información con respecto de la extracción forense de datos de geolocalización satelital y el análisis de circuitos cerrados de videovigilancia.

El peritaje informático forense, oficio FGR/AIC/PFM/UINP/DIDES/IT/06946/2026, puntualiza que los agentes federales se presentaron en la empresa Promotora Caribeña S.A. de C.V. (Europcar) y, mediante el sistema VPN FortiClient, ingresaron al software de rastreo de rutas denominado Cuadro de Control.

El rastreo arrojó que el automóvil Volkswagen Jetta color plata, placas EKN199B, rentado por el agente de la CIA Richard Leiter Johnston III, ingresó al Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) el 16 de abril de 2026 a las 9:54 horas, y permaneció estático e inmóvil en ese patio oficial de la fiscalía hasta las 21:40 horas del 19 de abril de 2026: “Esto comprueba que el vehículo de la CIA estuvo bajo resguardo de la dependencia antes, durante y después del despliegue en la sierra”, señala el expediente.

El dictamen en materia de audio y video forense (folio 67974) analizó la cámara identificada como CH_AS_ENTRADA_TRASERA. El desglose técnico señala que el jueves 16 de abril de 2026, exactamente a las 11:13:51 horas, se observó en el inmueble a “dos elementos masculinos, uno de ellos que cumple con las características propias de nuestro interés, (…) los cuales observan que llevan cada uno una mochila pegada a la espalda, segundos después estos avanzan hacia la puerta de salida y abandonan el lugar”.

Segundos después, a las 11:15:09 horas, las cámaras grabaron a un tercer sujeto de tez blanca y estatura alta que coincide con los rasgos de la célula extranjera.

El expediente documenta que en el instante en que el convoy descubrió la volcadura de la Pick-Up Ford F150, del director de la AEI, y constató que el vehículo explotaba debido a que transportaba bidones de gasolina extra, se emitió una orden estricta para ocultar la presencia de la CIA.

El agente Martín Abad Leal Tapia testificó el momento en que se intentó silenciar la escena de los hechos a las 2:00 horas del 19 de abril de 2026:

“Llegué al lugar del accidente con los demás, y como unos 20 minutos después, cuando los compañeros lograron conectarse a la red para tener comunicación, el escolta del jefe Oseguera, Isaías López, se hace cargo de la situación de momento y nos dijo a todos que, ‘de parte del jefe Zuany’, no tomen fotos, ni difundan información, que no informen nada de lo que pasó”, relató.

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