Nacionales
No somos un problema de seguridad nacional: musulmanas
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“¡Estoy muy feliz y agradezco de antemano a Allah por todas las bendiciones y por todo lo que nos ha dado!”, expresó Ana María García al haber obtenido recientemente el primer pasaporte con hiyab, después de que desde 2023 batalló con este trámite en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y le negaban el documento por portar su velo en la cabeza.
Así como Ana María, Michelle logró hace unas semanas, por medio de un amparo y mucho trabajo de activismo, tramitar uno de los dos primeros pasaportes portando su hiyab, lo que abrió a las mujeres musulmanas en México la puerta para obtener este documento.
Bibiana Cruz, integrante de Marea Hiyab México, expresó a EL UNIVERSAL que “no somos un problema de seguridad nacional”, pues esta ha sido una razón que les han dado las autoridades para negarles el pasaporte con hiyab.
Contó que, de acuerdo con su experiencia, cuando una mujer musulmana realiza los trámites para sacar su pasaporte, hay dos frases que les dicen las personas funcionarias de Relaciones Exteriores: “Por seguridad nacional no pueden usar esta prenda” y “México es un país laico”.
La activista rechazó que una prenda las haga ser un “foco rojo” de seguridad, además de que no se pide “algo imposible”, porque ya se acepta en varias partes del mundo.
La Corte emitió cinco jurisprudencias a favor de la libertad religiosa que nos favorece, pero todavía hay muchas barreras, reconocieron. Foto: Especial
“Para nosotras es un símbolo, es un acto de adoración, es un símbolo identitario, es una manera de vestir modestamente, es una manera de que se nos reconozca, porque nosotras no usamos ningún símbolo religioso. Entonces, el poder presentarnos con un hiyab dice quiénes somos. Tiene muchos significados y va más allá de una simple prenda.
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“Para nosotras es muy importante poderlo portar porque lo estamos haciendo por convicción (…). Es una lucha que estamos teniendo porque no nada más queremos que abarque a las mujeres musulmanas, sino a otras personas que profesan otra fe y necesitan tener este derecho a la libertad de conciencia”, dijo.
Para obtener un pasaporte ordinario, las personas mayores de edad deben cumplir con ciertos requisitos, como presentar dos fotografías tamaño pasaporte sin lentes, cabeza descubierta, de frente, a color con fondo blanco y que haya sido tomada hasta 30 días antes de presentar la solicitud de expedición, de acuerdo con el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje en su artículo 14.
Bibiana Cruz señaló, además, que el Reglamento de Pasaportes no está armonizado con la Constitución ni con los tratados internacionales, ya que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) permite el uso de prendas religiosas en estos documentos.
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Tras la obtención de los pasaportes de Ana María y Michelle, reconoció que el proceso ha sido largo y cansado, mientras se espera la expedición en los próximos días de otro que lleva un trámite de cuatro años.
“Es muy fuerte y la verdad es que muchas mujeres no se animan a meter amparos porque el proceso es bastante largo, pero es la única manera de poder hacer como ruido y poder generar más jurisprudencias que nos favorezcan”, dijo.
Para nosotras es muy importante poder portar el hiyab, porque lo estamos haciendo por convicción, dijeron las mujeres musulmanas. Foto: Especial
Mencionó que la comunidad musulmana en nuestro país es de alrededor de 30 mil personas, de las cuales 70% son mujeres: “Sí somos muchas las que queremos pasaporte, somos muchas las que queremos salir al extranjero”.
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En diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos asuntos promovidos por mujeres de Chihuahua y Ciudad de México que reclamaron que personal de las oficinas de pasaportes condicionaron la expedición de los documentos de identidad al retiro del velo islámico, a pesar de que esta prenda cubre únicamente la cabeza y no el rostro.
Las mujeres señalaron en ambos casos que el uso del hiyab constituye una obligación religiosa por la que se les impide descubrir su cabeza en público. Esto derivó en la negativa de completar el trámite y en la presentación de diversos recursos.
El pleno de la SCJN determinó que la vulneración a su libertad religiosa y el derecho a no ser discriminadas no provino directamente del artículo del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, sino de la interpretación rígida que realizó la autoridad al exigir, sin excepción, que toda persona aparezca con la cabeza descubierta, pese a que el uso del hiyab permite la plena identificación de las mujeres.
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La SCJN concluyó que es posible armonizar la finalidad legítima de seguridad e identificación, prevista en el reglamento, con la protección de la libertad religiosa.
“Bajo este criterio, la regla general de fotografía con la cabeza descubierta sigue vigente, pero debe aplicarse de manera tal que, excepcionalmente, cuando una persona manifieste que debe portar una prenda o indumentaria religiosa que no impida su adecuada identificación —como el hiyab—, se le permita aparecer con ella en la fotografía del pasaporte.
“En consecuencia, se protegió a ambas mujeres y se ordenó expedir el documento de identidad, siempre que cumplan con los demás requisitos legales, permitiéndoles conservar el velo que exige su religión”, destacó la Corte.
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Bibiana Cruz aceptó que las mujeres musulmanas en territorio mexicano aún tienen retos pese a la aprobación de estos pasaportes: “Todavía falta que la Secretaría de Relaciones Exteriores concientice a todos sus empleados. La realidad es que ya que la Suprema Corte de Justicia emitió cinco jurisprudencias a favor de la libertad religiosa que nos viene favoreciendo a nosotras, aún hay muchas barreras”.
A pesar de esta aprobación de la Suprema Corte, la integrante de Marea Hiyab México señaló que han comenzado a probar otras estrategias legales para que pueda ampliarse a más mujeres musulmanas.
Confió en que haya una armonización del Reglamento de Pasaportes con la Constitución y que el gobierno resuelva ante la política exterior feminista que se promueve desde la SRE.
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“Falta esta interseccionalidad, sobre todo en la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo.
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Nacionales
Senado borra de su portal 10 años de gastos por 10 mil 200 mdp; Artículo 19 exige sanciones
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El Senado de la República retiró de su página de internet 10 años de información sobre el manejo de recursos públicos, correspondientes al periodo 2014-2024, incluidos datos sobre el destino de 10 mil 200 millones de pesos, denunció Artículo 19, que acusó a la Cámara alta de incumplir sus obligaciones legales de transparencia.
La organización señaló en un comunicado que la información fue eliminada la semana pasada del portal de datos administrativos del Senado y sustituida por un aviso que remite a los ciudadanos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo el argumento de cumplir con el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, sostuvo que esa disposición únicamente obliga a las instituciones públicas a colocar en sus portales un enlace directo a la PNT y un buscador, sin autorizar la eliminación de los archivos administrativos que ya estaban disponibles para consulta.
La documentación retirada incluía información sobre el ejercicio presupuestal del Senado durante una década. Su eliminación, advirtió la organización, impide consultar directamente los antecedentes del gasto legislativo y dificulta conocer el destino de los recursos públicos.
Además, denunció que el Senado ya mantenía sin publicar información desglosada de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, relacionada con contratos de licitaciones públicas, compras, inversiones, recursos entregados a los grupos parlamentarios, nóminas completas y gastos mensuales en salarios, materiales y servicios.
Señaló que estas omisiones impiden comparar el ejercicio presupuestal entre distintos años, conocer las modificaciones en la administración de los recursos e identificar posibles irregularidades.
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Explicó que los lineamientos de transparencia obligan a las instituciones a actualizar la información cada tres meses y conservar determinados registros, como los relacionados con salarios, prestaciones, subsidios y programas públicos, durante el ejercicio fiscal vigente y los dos anteriores, como mínimo.
También recordó que cuando un documento contiene información reservada o confidencial, las autoridades deben elaborar versiones públicas en lugar de retirarlo por completo.
Sostuvo que la antigüedad de los archivos no justifica su eliminación, pues la información histórica permite vigilar el manejo del presupuesto y exigir cuentas a las autoridades.
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Advirtió que este caso se suma a otras prácticas de opacidad documentadas recientemente, entre ellas la filtración de datos personales de solicitantes de información, la ausencia de algunas autoridades en la Plataforma Nacional de Transparencia y el aumento de respuestas incompletas a solicitudes ciudadanas.
También cuestionó las consecuencias de la reforma de transparencia de 2025, mediante la cual desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información.
Según Artículo 19, el nuevo esquema coloca a las instituciones públicas en una situación de conflicto de interés, debido a que las autoridades garantes forman parte de las propias estructuras gubernamentales.
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En el caso del Senado, explicó, las denuncias ciudadanas por incumplimientos de transparencia deben ser atendidas por una autoridad garante perteneciente a la propia Cámara Alta.
Recordó que los estándares internacionales de derechos humanos recomiendan contar con órganos especializados y autónomos para garantizar el acceso a la información y supervisar a las autoridades.
Ante la eliminación de los registros administrativos, Artículo 19 exigió a Transparencia para el Pueblo aplicar las medidas de apremio y sanciones previstas en la legislación por incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
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«No se puede eliminar información bajo el argumento de que es antigua, porque la temporalidad de los datos no es condicionante para su publicación y consulta», sostuvo.
Insistió en que el acceso a los archivos públicos resulta indispensable para fiscalizar el gasto gubernamental y prevenir la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
«El derecho a la información pública no tiene fecha de caducidad», dijo.
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aov/bmc
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Alito Moreno exige no dar carpetazo a investigaciones del clan Taddei; «lo que construyeron fue una estructura criminal»
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El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó Morena debe hacerse responsable del desastre en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego que quedó al descubierto el entramado de corrupción encabezado por Guadalupe Taddei, quien se vio obligada a renunciar a la presidencia del Consejo General.
En declaraciones a los medios de comunicación, dijo que Taddei y Morena construyeron una estructura de corrupción y tráfico de influencias dentro del INE con el propósito de intervenir en los comicios de 2027, por lo que exigió investigar las irregularidades durante la gestión de la expresidenta.
“Yo lo he dicho y le he señalado y lo digo desde este Senado de la República, hay que llamar las cosas por su nombre, no son hechos aislados, no es que fue un funcionario de segundo nivel, no, era la presidenta del INE en ese entonces, era todo su equipo cercano.
“Eran el representante de Morena, eran los proveedores, entonces lo que construyeron fue una estructura criminal delictiva ante el hecho más grotesco que se ha dado de tráfico de influencias y de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.
El dirigente priista sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre la asignación de contratos, las relaciones con proveedores y la presunta colocación de funcionarios vinculados con intereses políticos.
“No se le puede dar carpetazo, se tiene que seguir investigando”, advirtió al señalar que existen señalamientos e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación que deben esclarecerse y determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales.
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Afirmó que la presunta estructura de negocios no se limitaba a las oficinas centrales del INE, sino que tendría presencia en más de 20 entidades federativas, mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.
El priista vinculó estas acusaciones con la organización de las elecciones de 2027 y señaló directamente a Morena de intentar controlar áreas estratégicas del organismo electoral.
También cuestionó la relación entre el representante morenista ante el INE y antiguos colaboradores cercanos de Taddei, al considerar que esos vínculos ameritan una investigación.
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Moreno Cárdenas anunció que la próxima semana volverá a viajar a Estados Unidos para denunciar estos hechos ante instancias internacionales para exponer la pérdida de autonomía del árbitro electoral.
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aov
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Con video de IA, PAN acusa a Amílcar, a Andy y a otros morenistas de corrupción; «podrán cambiar de máscara, pero es el mismo rostro»
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A través de un video hecho con inteligencia artificial (IA), el Partido Acción Nacional (PAN) calificó a diferentes figuras de o cercanas a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como corruptas.
En el material, publicado en redes sociales con la descripción «Podrán cambiar de máscara pero Morena tiene un mismo rostro: Corrupción», aparecen diferentes morenistas acusados de corrupción, huachicol, narcotráfico, nexos con el crimen organizado, entre otras.
Quienes salen son:
- Adán Augusto López, senador morenista
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
- Ana Gabriel Guevera, exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)
- Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, exsecretario de organización de Movimiento de Regeneración Nacional
- Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México
- Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE)
- Jorge Amílcar Olán Aparicio
- José Ramón López Beltrán
- Marina del Pilar, gobernadora de Baja California
- Mario Delgado, secretario de educación pública
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
Cabe decir que dicha publicación se da en el contexto de las acusaciones contra el exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral por corrupción y conflicto de interés, mediante los cuales favoreció al contratista José Alfredo Hernández Casillas.
Las mismas derivaron en el anuncio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la apertura de una investigación de oficio al INE, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y contratistas relacionados al caso, la renuncia de Taddei y el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como nueva presidenta consejera interina.
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dft/bmc
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