El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con una multa acumulada de más de 55 millones de pesos al Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por afiliaciones indebidas y uso no autorizado de datos personales, al no acreditar que las afiliaciones denunciadas se hicieron con el consentimiento de las personas involucradas.

A través de un comunicado, explicó que en tres asuntos relacionados con personas aspirantes a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), que presuntamente proporcionaron información falsa a dicho Institico acerca de su afiliación partidista, se determinó que esta infracción quedó acreditada, por lo que se aprobó imponer amonestaciones públicas a las personas involucradas y dar vista a la Secretaría Ejecutiva del INE para analizar las irregularidades detectadas.

Asimismo, detalló que se aprobó dar vista a los Órganos de Control Interno (OIC) de la alcaldía Iztapalapa y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objeto de que determinen, lo que en derecho corresponda en el ámbito de sus atribuciones, debido a que autoridades municipales no atendieron requerimientos de información llevados a cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) con referencia a permisos para colocar propaganda electoral en la vía pública.

También precisó que se aprobó sancionar con amonestación pública a la agrupación política nacional “Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo”, por informar a la autoridad electoral sobre cambios en sus órganos de dirección fuera de los plazos legales, con cuatro días hábiles de retraso.

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad pedir auditorías externas y una una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

El acuerdo pedirá “medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización”.

En esas medidas de “restauración de integridad”, de acuerdo con fuentes del Instituto, como ya lo había anunciado Blanca Cruz la semana pasada, los 10 consejeros acordaron solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el grupo Taddei.

A eso se suma la vista que los 10 consejeros electorales en activo darán a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de cinco delitos por parte de la exfuncionaria.

Estos serían enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones, derivados de la relación de negocios que tejió con los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

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Luego que, Morena pidió la rendición de cuentas de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos contratos a modo por 2 mil 461 millones de pesos, el exconsejero presidente respaldó la iniciativa «justiciera», pero pidió que si sale algún morenista involucrado no sea protegido.

«¡X2!… Nomás que si sale involucrado algún morenista… no vayan a tender, como siempre lo hacen, un manto de impunidad. ¿Les parece?», dijo.

A través de un comunicado, Morena retomó el nombre que le puso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los negocios en el INE y la llamó: «La mafia electoral» y señaló que durante 27 años se hicieron negocios bajo el amparo de las instituciones electorales.

Exigió a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo «dar la cara» y explicar qué hicieron durante sus gestiones es para impedir la concentración de contratos.

«Limpiar la corrupción no es atacar la democracia, es defenderla. Las elecciones las hace el pueblo con millones de ciudadanos que reciben y cuentan los votos, junto con los trabajadores honestos del INE», agregó.

En medio del escándalo por el clan Taddei y el congelamiento de sus cuentas que dio a conocer, apenas ayer EL UNIVERSAL, el partido oficialista respaldó la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes determinarán si tienen pruebas suficientes para dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la investigación que resumió Morena en una infografía y colgó en redes sociales, la red operó entre 2014 y hasta 2025, con cinco empresas que simularon competencia.

Además, hay 18 expedientes del Órgano Interno de Control y 5 funcionarios públicos imputados por faltas graves. Los contratos y el dinero está dividido así:

• Cajas Graf recibió mil millones 72 pesos
• Formas Finas y Materiales recibió 815.9 millones
• Corporativo ZEG recibió 278.7 millones de pesos
• Comercializadora JVLY recibió 208.3 millones de pesos
• Seriplast de México recibió 85.1 millones de pesos

Durante la mañanera de este 5 de noviembre, Raquel Buenrostro, secretaria del Buen Gobierno y Anticorrupción, aclaró que los primeros montos que se han dado a conocer han sido obtenidos de fuentes abiertas y a través de la plataforma de Transparencia, sin embargo, el daño al erario podría variar al revisar las auditorías que no se han hecho públicas.

Por su parte, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, lo cuestionó por no haber hecho nada si ya se había hecho público el duopolio de los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas.

“¿Por qué no hizo nada? Él puede decir ‘no no me tocaba’, no, cómo no, si tú nombraste a esos consejeros. Tú tenías la capacidad de hacer la revisión. Si sabías que había problemas con los organismos locales por qué no se definieron lineamientos”, dijo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

La consejera presidenta INE, Blanca Yassahara Cruz García, anunció el pasado 3 de noviembre, que las 10 consejerías están de acuerdo en presentar una denuncia contra Taddei ante la FGR por las irregularidades que se han hallado.

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