Norfolk, Virginia. La senadora estatal de Virginia L. Louise Lucas, una de las demócratas más poderosas del estado, fue acusada el jueves de desempeñar una función de liderazgo en una amplia empresa criminal que adquiría y distribuía grandes cantidades de marihuana y lavaba las ganancias, según las autoridades federales.

Lucas, que ha ocupado cargos electos durante décadas, utilizó su poder político para blindar la operación del escrutinio, de acuerdo con una acusación formal que la imputa a ella y a otros seis acusados, entre ellos, varios de sus familiares. Ella “puso sus propios intereses financieros por encima de la gente a la que fue elegida para servir”, afirmó el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien habló en una conferencia de prensa junto con el director del FBI, Kash Patel.

Los cargos, entre los que se encuentran tráfico de drogas y lavado de dinero, se produjeron después de que el FBI registrara en mayo la oficina de Lucas en su ciudad natal y una tienda de cannabis en la que tiene participación. En el momento del registro, la senadora —quien ha sido una crítica abierta del gobierno del presidente republicano Donald Trump— caracterizó el hecho como un intento de intimidación.

“Este es el circo que siempre esperábamos que fuera, y aguardaremos más detalles para tener una respuesta más específica”, señaló Brian Woolfolk, principal asesor jurídico del Fondo de Defensa Legal de L. Louise Lucas.

En un comunicado atribuido a Lucas y publicado en su cuenta de redes sociales no se abordó directamente el fondo de las acusaciones, pero se indica que las acciones del jueves equivalían a que el gobierno federal ejerciera “todo su peso” contra una bisabuela.

“No me intimidarán. No me amedrentarán. Y no daré marcha atrás”, expresó Lucas en el comunicado.

La impetuosa legisladora, de 82 años, ha pasado décadas ascendiendo en la política de Virginia y sirve desde 1992 en el Senado estatal, donde es presidenta pro tempore, y dirige la cámara en ausencia del vicegobernador. Más importante aún, encabeza el poderoso comité de finanzas del Senado, por el que debe pasar toda legislación con algún impacto presupuestario. Ha utilizado el cargo para frenar y, en última instancia, hacer naufragar proyectos de ley a los que se opone.

La acusación formal se produce en un momento en que el Departamento de Justicia de Trump enfrenta un intenso escrutinio por investigaciones y procesos contra adversarios del presidente que, según los críticos, tienen motivaciones políticas.

Blanche rechazó cualquier insinuación de que la política influyera en el caso de Lucas, y señaló que la investigación comenzó mucho antes de que iniciara el segundo mandato de Trump en enero de 2025.

“No tomamos represalias políticas”, dijo Blanche a los periodistas.

Una persona familiarizada con el registro de mayo comentó entonces a The Associated Press que la investigación se abrió durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

Se trata de una “empresa criminal de marihuana”, dice el FBI

Patel indicó en la conferencia que, en los últimos cinco años, Lucas “acumuló casi 5 millones de dólares en ganancias ilícitas mediante su red criminal. Ocupó un puesto de gran confianza por casi cuatro décadas y fue presidenta pro tempore del Senado estatal de Virginia los últimos seis años. Durante ese tiempo, según la acusación, ella y sus seis cómplices, en lugar de servir al público, como debían, crearon una organización criminal para enriquecerse, con ventas a través del negocio de la marihuana y cbd”.

Calificó la actuación de Lucas como el “verdadero epítome de la hipocresía para un funcionario público”.

En un comunicado, Patel dijo que Lucas y sus cómplices enriquecieron “su propia empresa criminal de marihuana, «la Empresa Lucas», utilizando el cargo de Lucas como presidenta del Comité de Finanzas y Asignaciones del Senado para aislar a la empresa del escrutinio penal e influir en la legislación para beneficiarse económicamente”.

“Nadie está por encima de la ley”, se indica en el comunicado, “y este FBI seguirá los hechos junto con nuestro Departamento de Justicia y se asegurará de que los responsables de conducta delictiva rindan cuentas”.

Firme defensora de la legalización de la marihuana, Lucas se asoció para abrir la tienda The Cannabis Outlet en 2021, donde se venden productos de cáñamo y CBD. Aunque en Virginia es legal poseer marihuana, las ventas minoristas recreativas de la droga aún no han comenzado, si bien tiendas en todo el estado sí venden otros productos derivados del cannabis.

Lucas también dirige una red de empresas que brindan servicios residenciales, de transporte y de otro tipo a adultos con discapacidades intelectuales.

Los expedientes judiciales relacionados con el caso han permanecido sellados durante meses, aunque a principios de este año, el Departamento de Justicia envió al menos dos series de cartas para notificar a periodistas, políticos y otras personas del entorno de Lucas que sus comunicaciones con ella habían sido interceptadas como parte de una intervención telefónica autorizada por un tribunal que se extendió durante dos periodos de un mes.

En el momento del registro, muchos demócratas salieron a defender a la senadora y expresaron su escepticismo sobre los fundamentos del operativo, dadas las iniciativas del Departamento de Justicia para establecer conducta delictiva por parte de personas percibidas como opositoras a Trump.

Lucas habló públicamente de su participación en la tienda de cannabis apenas en junio, aunque en sus formularios más recientes de divulgación financiera no se menciona el negocio por su nombre.

Lucas, que representa a un distrito que incluye su ciudad natal costera de Portsmouth, actúa con un estilo a veces soez y sin reparos que ha suscitado comparaciones con Trump.

Reunió una audiencia de seis cifras en X y atrajo la atención nacional, utilizando la red social para defender con fuerza sus prioridades y arremeter contra sus críticos, entre ellos, el exgobernador republicano Glenn Youngkin. También ha atacado en ocasiones a miembros de su propio partido, como la gobernadora Abigail Spanberger, con quien ha tenido diferencias.

A principios de este año, Lucas ayudó a encabezar el plan de los demócratas —que finalmente fracasó— para manipular los distritos parlamentarios del estado, de tendencia demócrata, y convertirlos en un mapa destinado a elegir a 10 demócratas y solo a un republicano. En el proceso, publicó pullas sobre cuatro miembros republicanos a los que el mapa pretendía desalojar, bromeando con que pronto estarían trabajando en McDonald’s. Ella y otros demócratas defendieron los mapas como una respuesta razonable a los esfuerzos respaldados por Trump para aumentar la ventaja republicana en las elecciones de mitad de mandato en otros estados.

Lucas ha acumulado varios hitos históricos en su carrera. Según una biografía de la biblioteca estatal, en 1971 se convirtió en la primera mujer ajustadora de cascos del Astillero Naval de Norfolk, un trabajo físicamente exigente que implica trabajar en ensamblajes metálicos para embarcaciones.

Inició su carrera política en 1984, cuando, según la biografía, se convirtió en la primera mujer negra elegida para el concejo municipal de Portsmouth.

En sus décadas en el Senado estatal, Lucas ha sido una firme defensora del derecho al aborto y del aumento de la financiación de las escuelas públicas, y una voz destacada en asuntos de justicia racial y derechos civiles.

En 2019, después de que los demócratas tomaran el control de la cámara, sus colegas la eligieron presidenta pro tempore. Y en 2024, fue designada para encabezar el comité presupuestario de la cámara, con lo que obtuvo una enorme influencia sobre cualquier legislación vinculada al presupuesto estatal. En ese cargo, desempeñó una función clave para frenar la propuesta de Youngkin de llevar los equipos de la NBA y la NHL de Washington a un desarrollo propuesto de 2.000 millones de dólares en Virginia.

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El Salvador desplegó el jueves a 100 elementos de sus fuerzas especiales hacia Haití para ayudar a rescatar a cuatro soldados salvadoreños que continúan desaparecidos luego de un reciente ataque por parte de pandillas, informaron dos funcionarios a The Associated Press.

Las fuerzas especiales llegaron un día después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció una operación militar para rescatar a los cuatro técnicos de aviación y amenazó con una respuesta más contundente si no son liberados con vida y sin daños.

Un funcionario del gobierno de El Salvador informó que otros 100 soldados serán desplegados hacia Haití la noche del jueves. El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir el tema públicamente, añadió que las autoridades salvadoreñas operan bajo el supuesto de que los cuatro salvadoreños siguen con vida.

En sus primeros comentarios desde el ataque del domingo en Croix-des-Bouquets, el gobierno de Haití informó la noche del miércoles que los cuatro desaparecidos fueron secuestrados. Las autoridades han dicho que los soldados viajaban a bordo de un vehículo blindado que fue atacado por pandillas, las cuales también utilizaron explosivos.

presidencia de El Salvador no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La zona donde ocurrió el ataque se encuentra bajo el control de pandillas como Chèn Méchan; Kraze Barye, la cual es liderada por Vitel’homme Innocent; y 400 Mawozo, encabezada por Lanmo Sanjou. Ambos líderes enfrentan sanciones de la ONU y Estados Unidos.

Nadie se ha atribuido públicamente la responsabilidad del ataque.

La Fiscalía Electoral de Brasil denunció este jueves que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, incumplió «algunas determinaciones» judiciales que buscaban garantizar un trato igualitario a los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

El Ministerio Público envió un escrito al Tribunal Superior Electoral (TSE) en el que defendió aplicar a Meta una multa diaria de 500 mil reales (100 mil dólares / 90 mil euros) por cada orden incumplida mientras persistan las irregularidades.

La campaña del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha denunciado que Meta, a través de su herramienta de inteligencia artificial o sus servicios de publicidad, ha favorecido al hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro y restringido el alcance y la creación de contenidos afines al dirigente progresista.

La plataforma estadounidense, por su parte, afirmó que ambas campañas son tratadas de forma «igual y no discriminatoria» en una respuesta enviada estos días al TSE.

Con todo, el jueves de la semana pasada, uno de los jueces del tribunal electoral ordenó a Meta adoptar 17 medidas para garantizar que ambas candidaturas, que se medirán el domingo en las urnas, reciban el mismo trato.

Sin embargo, el subprocurador general electoral, Alexandre Espinosa, manifestó este jueves que Meta «no ha cumplido algunas de las exigencias impuestas por el TSE dentro del plazo determinado por la corte».

Entre esas exigencias citó la presentación de un informe sobre el tratamiento de las denuncias electorales formuladas por ambas campañas.

También señaló que el gigante tecnológico no envió «información individualizada sobre anuncios electorales suspendidos, con alcance, importes y la identificación de los responsables de los pagos».

Ni mandó «estadísticas sobre la generación y el rechazo de contenidos generados por la herramienta de inteligencia artificial de Meta, además de datos sobre los filtros de seguridad utilizados», según la Fiscalía.

Espinosa resaltó que, aunque Meta «no se haya negado formalmente» a cumplir tales determinaciones, estas no se han adoptado dentro del plazo establecido por la Justicia por lo que se considera que las ha incumplido.

Lula y Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia brasileña este domingo 25 de octubre en una segunda vuelta electoral para la que los sondeos prevén un desenlace muy ajustado, ya que ambos candidatos aparecen empatados técnicamente en intención de voto.

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