Rosario Robles, la exsecretaria de Sedesol, señaló que su hija Mariana Moguel Robles fue bajada de su auto de manera violenta cuando circulaba por la autopista a Puebla. Aunque apuntó este martes que ella se encuentra bien, Robles pidió que la presidenta Claudia Sheinbaum tome atención al caso.

“Presidenta deje de estar defendiendo a su partido y dedíquese a gobernar. Acaban de bajar con violencia a mi hija Mariana de su auto en la autopista a Puebla por personas que incendiario vehículos y exigían temas relacionados con un penal. Se le cae el país a pedazos”, acusó en su cuenta oficial de X.

En otra publicación hecha a las 15:52 horas, Robles destacó que su hija “Mariana está bien”, pero señaló que este tipo de incidentes violentos ocurren de manera constante en las carreteras.

Rosario Robles Berlanga fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y estuvo en prisión por tres años, acusada por ser presuntamente responsable del caos conocido como “La estafa maestra”. Fue parte de los y las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, al que renunció en 2004.

Mariana Moguel Robles, aún no ha hecho comentarios públicos en sus redes sociales al respecto de la situación que vivió en la autopista este martes.

Más temprano este martes, familias de internos del penal de San Miguel bloquearon la autopista México-Puebla en varios puntos, para denunciar presuntas extorsiones para evitar golpizas a internos y otras situaciones irregulares en el centro penitenciario, por lo que piden la destitución del director del reclusorio.

Al frente del centro penitenciario se encuentra actualmente Jorge Ortiz Delgadillo, quien asumió dicho cargo el 1 de septiembre de 2025, quien antes se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Veracruz y como jefe del Departamento Jurídico de Tránsito Municipal.

Con información de Quadratín.

Información “sensible” y “confidencial” del Instituto Nacional Electoral (INE) y el IFE están en poder del partido Somos, afirmó Ariadna Montiel, presidenta de Morena, este martes 10 de noviembre.

Sin mostrar pruebas, la exsecretaria del Bienestar dijo que el partido tiene esos datos porque al menos 16 de sus asesores y operadores fueron parte de la “burocracia dorada” del INE y el IFE.

Montiel advirtió que es “delicado” que quienes ocuparon los más altos cargos de dirección, operación, estrategias electorales, de padrones electorales, credenciales de elector y conteos rápidos en el ‘árbitro’ electoral encabecen ahora un nuevo partido político.

La presidenta de Morena señaló a los siguientes personajes:

Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del partido Somos y exconsejero presidente.

Partido Somos demanda a Sheinbaum por daño moral: ¿Qué respondió la presidenta?

La denuncia vino por los señalamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que ligaron al partido Somos con un presunto esquema de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum aseguró que sus declaraciones sobre ese partido están respaldadas por información presentada públicamente. “Solo dijimos hechos. No tengo ningún problema, defiendo mis dichos, lo sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo”, contestó en la ‘mañanera’ del 6 de noviembre.

El Gobierno de México exhibió presuntas irregularidades en contratos otorgados a empresas relacionadas con Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales que obtuvo contratos millonarios con el INE y organismos públicos locales electorales (OPLE).

El partido Somos rechazó que sus integrantes tuvieran participación en las empresas señaladas o puestos de poder dentro del INE relacionados con las contrataciones cuestionadas.

La mandataria sostuvo que las irregularidades no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, sino que los contratos cuestionados se remontan a administraciones anteriores.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este martes por unanimidad, luego de tres aplazamientos del debate definitivo, una reforma parcial de la ley eléctrica para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.

La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación «será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente».

Las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años, según la norma.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, dijo durante la discusión que la ley «no promueve en modo alguno la privatización» del sector pero sí «la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad».

Las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica para una generación que supere los 50 megavatios (MW) o que involucre o afecte «bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional», reza el texto.

Una vez concluida la habilitación, la empresa operadora deberá restituir y transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o a «quien se designe, libres de gravámenes, todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia».

La norma también señala que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes podrán ser decididas por los tribunales venezolanos o «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje».

Sobre las empresas petroleras, la ley establece que deben «asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa».

Las compañías petroleras y las sociedades de generación eléctrica independiente no requieren autorización del Estado «para generar energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten» a la red nacional.

Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.

La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió recientemente que «pronto» llegará el alivio a la crisis.

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desa/aosr