Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligieron este martes al congresista Jim Jordan, de Ohio, como su nuevo líder, al tiempo que los del Senado mantuvieron a John Thune como su máximo representante, decisiones que llegan una semana después de la derrota que sufrieron en las elecciones de medio mandato.

Jordan, de 62 años, fue elegido en una reunión a puerta cerrada y, según publican medios locales, la votación resultó de 106 a 73 en la que venció al representante Steve Scalise, de Luisiana, quien ahora ocupa el segundo puesto en la jerarquía republicana.

Conocido por su carácter combativo y por su cercanía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el nuevo líder de los republicanos tendrá un papel fundamental en la nueva etapa que se abrirá el 3 de enero cuando asuma el nuevo Congreso de mayoría demócrata.

«Cuando los demócratas ofrezcan más gobierno, nosotros ofreceremos más libertad», afirmó Jordan estableciendo una declaración de intenciones de los republicanos para los próximos dos años.

El republicano Mike Johnson, que hasta ahora era el presidente de la Cámara de Representantes, anunció el miércoles pasado que dejaba el liderazgo de su partido tras la derrota en las elecciones de medio mandato.

Paralelamente, el senador John Thune fue reelegido este martes para cumplir otro mandato como líder de la minoría republicana en el Senado tras un duro enfrentamiento con sus críticos conservadores que preferían aplazar la votación.

«El resultado de las elecciones no fue lo que esperábamos, pero creo que es importante que tomemos las lecciones de eso e interioricemos el mensaje que el pueblo estadounidense nos estaba enviando y nos concentremos en las cosas que realmente importan», aseguró Thune en su primera comparecencia tras ser reelegido. EFE

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Las elecciones golpearon a los multimillonarios alineados con los republicanos en todo Estados Unidos. Pero en California, Sergey Brin y algunos de los hombres más ricos del mundo lograron una contundente victoria.

El cofundador de Google, quien apenas semanas antes de las elecciones se sentó junto al presidente Donald Trump en una cena en Mar-a-Lago, financió una exitosa campaña contra la Proposición 40, un impuesto extraordinario de 5 por ciento a los multimillonarios de California. La iniciativa no consiguió los votos necesarios para ser aprobada, según las últimas proyecciones de Decision Desk HQ y Associated Press.

“Esquivamos una bala con este impuesto a la confiscación de activos”, dijo Garry Tan, director ejecutivo de la influyente aceleradora de startups Y Combinator, en una publicación en X. “Muchísimas gracias a Sergey Brin por esto”.

Brin aportó más de 130 millones de dólares a una organización política dedicada en gran medida a derrotar la medida. Building a Better California también recibió dinero del ex-CEO de Google Eric Schmidt, del inversionista de capital de riesgo John Doerr y del multimillonario de las criptomonedas Chris Larsen, entre otros. El grupo gastó más de 395 millones de dólares hasta el día de las elecciones, según registros de financiamiento de campañas.

impuesto a la riqueza. El presidente de la empresa de computación en la nube Snowflake Inc. aportó 5 millones de dólares a Building a Better California.

“Esto ni siquiera me parece política; es mucho más importante que eso”, dijo. “Se siente como algo existencial, porque puede trastornar nuestra forma de vida y obligarnos a mudarnos a otro lugar”.

Brin planteó su oposición en términos aún más personales y evocó la huida de su familia de la Unión Soviética en la década de 1970 al criticar la propuesta de California. Su portavoz no respondió a una solicitud de comentarios.

Brin, cuya fortuna asciende a 233.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, ayudó a financiar una inusualmente amplia coalición contra el impuesto a la riqueza. La alianza reunió a multimillonarios tecnológicos, el gobernador Gavin Newsom y su sucesor, Xavier Becerra, además de sindicatos, grupos progresistas y Steve Hilton, rival republicano de Becerra.

Esa coalición transversal diferenció esta batalla de otros intentos de multimillonarios por influir en las elecciones de medio término. Los grandes donantes alineados con los republicanos, principalmente Elon Musk, sufrieron reveses ante una ola demócrata que también golpeó a candidatos respaldados por multimillonarios de la inteligencia artificial y las criptomonedas en todo Estados Unidos.

“Resultó ser dinero bien gastado”, dijo Dan Schnur, profesor de la Universidad de California en Berkeley. “Parece probable que aprovechen esto como una oportunidad para elaborar una agenda más proactiva”.

Antes de la batalla por el impuesto a los multimillonarios, Brin había estado prácticamente ausente de la política de California. Su última contribución en un ciclo electoral estatal fue en 2010, cuando Arnold Schwarzenegger era gobernador, y estuvo dirigida principalmente a causas climáticas.

Su postura política también ha cambiado desde entonces. Brin, quien alguna vez fue un abierto crítico de Trump y participó en una protesta contra sus políticas migratorias, ha cultivado vínculos con el presidente durante su segundo mandato.

Después de que un sindicato de trabajadores de la salud propusiera el impuesto a los multimillonarios, Brin se mudó a Nevada y lanzó una ofensiva política contra la iniciativa. Reclutó a Ned Wigglesworth, un veterano estratega que ayudó a diseñar el plan para derrotarla. La campaña logró incluir en la papeleta dos medidas rivales, cualquiera de las cuales podía bloquear el gravamen si era aprobada.

Aunque una de las medidas contra el impuesto a la riqueza se encaminaba al fracaso, la otra, la Proposición 42, estaba cerca de ser aprobada a última hora del lunes, según el conteo más reciente. Eso le daría a Brin una doble victoria, ya que la iniciativa también ayudaría a impedir que los legisladores de California graven la propiedad personal.

En total, los opositores al gravamen gastaron más de 11 veces lo desembolsado por sus partidarios. “Creo que el factor principal fue simplemente la enorme cantidad de recursos financieros que respaldaron la oposición a esta propuesta”, dijo John Clausen, socio tributario de EisnerAmper.

Los partidarios del impuesto ya prometieron volver a someterlo a votación en 2028. El gravamen buscaba compensar recortes federales por miles de millones de dólares a la atención médica, que podrían provocar el cierre de hospitales y dejar a millones de californianos sin seguro. La iniciativa recibió el respaldo de políticos progresistas, entre ellos el senador por Vermont Bernie Sanders y el representante Ro Khanna, cuyo distrito incluye Silicon Valley.

Pero el impuesto a los multimillonarios terminó dividiendo a los demócratas, al sector empresarial e incluso al movimiento sindical de California. Algunos lo consideraban una medida de emergencia necesaria para salvar vidas, mientras otros advertían que terminaría causando más daño económico que beneficios.

“Volverán a intentarlo dentro de dos años”, dijo Slootman, presidente de Snowflake. “Lo que esto hizo fue darles tiempo a las personas para prepararse”.

Don Hankey se sumó a multimillonarios como Brin, Peter Thiel y David Sacks que abandonaron California después de que se propusiera el gravamen. El fundador de Hankey Group, una firma de préstamos automotrices de alto riesgo y seguros, se mudó a Las Vegas a fines de 2025, apenas semanas antes de la fecha límite de residencia prevista para el impuesto.

No piensa regresar ahora que la iniciativa fracasó.

“Sigo considerando que la situación política en California es insostenible”, dijo. “El estado simplemente no está administrado tan bien como debería”.

Pero Building a Better California, el grupo que Brin ayudó a financiar, dijo que seguirá activo tras la derrota del impuesto.

“De cara al futuro, Building a Better California mantiene su compromiso de promover políticas de sentido común”, dijo la portavoz del grupo en un comunicado, “que mejoren la asequibilidad y la calidad de vida para todos, garanticen una mayor rendición de cuentas y transparencia del gobierno estatal y aseguren que el estado siga siendo un centro de innovación, empleos bien remunerados y oportunidades económicas para las generaciones futuras”.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este martes por unanimidad, luego de tres aplazamientos del debate definitivo, una reforma parcial de la ley eléctrica para propiciar la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda y en medio de la apertura petrolera.

La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se suma a otras modificaciones del marco legal venezolano para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación «será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente».

Las concesiones a empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un plazo máximo de 25 años, según la norma.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, dijo durante la discusión que la ley «no promueve en modo alguno la privatización» del sector pero sí «la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad».

Las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica para una generación que supere los 50 megavatios (MW) o que involucre o afecte «bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional», reza el texto.

Una vez concluida la habilitación, la empresa operadora deberá restituir y transferir a la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) o a «quien se designe, libres de gravámenes, todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia».

La norma también señala que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes podrán ser decididas por los tribunales venezolanos o «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje».

Sobre las empresas petroleras, la ley establece que deben «asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa».

Las compañías petroleras y las sociedades de generación eléctrica independiente no requieren autorización del Estado «para generar energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten» a la red nacional.

Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado, lo que ha generado protestas en distintos estados del país.

La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema se deben a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, fenómenos climáticos y supuestos sabotajes.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió recientemente que «pronto» llegará el alivio a la crisis.

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