Asunción. La fiscalía de Paraguay allanó este lunes la vivienda del presidente destituido Santiago Peña en Asunción y anunció gestiones con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear posibles fondos desviados del colapsado banco digital Ueno Bank.

El allanamiento a la residencia de Peña en la capital paraguaya se prolongó por casi cinco horas. Se incautó documentación, celulares, filmaciones de circuito cerrado, tablets y computadoras.

«Fue bastante importante este procedimiento y creemos que es positivo por la cantidad de documentación que encontramos», señaló la fiscal Elena Fiore a periodistas, incluida la AFP.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia. Peña fue destituido tres días más tarde en un juicio político en el Senado y quedó en detención preventiva. El que era su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió como nuevo mandatario.

La fiscalía allanó también el lunes una sede de Ueno Bank e incautó documentos sobre inversiones de Peña con base en los cuales solicitó la cooperación para el congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo, informó el ministerio público.

Fotografía cedida por la Fiscalía de Paraguay donde se observa autoridades realizando el registro de la vivienda del extitular del Banco Central de Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, en prisión preventiva por el caso Ueno Bank, en Asunción. FOTO: EFE

Más temprano, la fiscalía señaló que «se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas», de la caída de Ueno Bank que afectó a unos tres millones de ahorristas, la mitad de la población de Paraguay.

«Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración», añadió.

Desde el jueves y hasta este lunes, 93.1% de los clientes de Ueno Bank amparados por la garantía del Estado han recibido la devolución de sus recursos tras la intervención de esa entidad por problemas de solvencia, informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

En total, detalló la entidad, se trata de un millón 738 mil 804 de cuentas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), con un desembolso global que asciende a unos 340.4 millones de dólares.

Este lunes comenzaron a recibir anticipos de hasta 20 mil dólares clientes con depósitos superiores a ese monto y también aquellos que mantienen deudas con el banco, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas.

Sin embargo, el fondo de garantías no cubrirá reintegros mayores a los 36 mil dólares por cuenta, lo que genera incertidumbre respecto al destino de fondos públicos que se encontraban en Ueno, que incluyen aportes previsionales.

«Santi Peña se fue, quedó Alliana, tenemos confianza de que tome cartas en el asunto y saque a todos los delincuentes que robaron nuestros aportes jubilatorios», dijo a la AFP María Fernandez, de 62 años, durante una protesta de docentes en Asunción.

Aunque el nuevo presidente fue denunciado en la misma causa que Peña por supuestos vínculos con Ueno, no fue imputado y el Congreso desistió de realizarle un juicio político.

La fiscalía acusa a Peña de haber usado su influencia para favorecer a Ueno, un banco digital de apenas tres años de vida, ya que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.

Se le señala de engordar el banco con millones en fondos públicos, y de ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a ser alertado de préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

La fiscalía también allanó el lunes la residencia del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, en prisión preventiva e imputado en la causa.

En otro operativo incautó autos de lujo presuntamente pertenecientes a directivos de Ueno.

Fotografía cedida por la Fiscalía de Paraguay de un vehículo Lamborghini incautado como parte de las investigaciones contra Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, en Asunción. FOTO: EFE

La Justicia lleva dos causas en paralelo: la que investiga a Peña y Carvallo por sus vínculos con el banco y la que avanza sobre sus directivos, ocho de los cuales están detenidos.

La fiscalía tiene pendiente abrir una bóveda descubierta el domingo durante un allanamiento a otra residencia de Peña, a unos 50 km de Asunción.

Los investigadores evalúan pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, para desbloquearla, explicó el fiscal Christian Benítez al diario ABC. También podrán realizar una detonación controlada.

La mansión fue financiada parcialmente con préstamos de Ueno, cuyas cuotas mensuales, según la investigación, equivalían a seis veces el salario presidencial de Peña.

Manifestantes exigen en Asunción la devolución de sus ahorros, tras la crisis en el Ueno Bank que derivó en la destitución del presidente Santiago Peña. FORO: RODRIGO BUENDIA. AFP

Trabajadores de las numerosas empresas del grupo Vázquez, propietario de Ueno, que emplea alrededor de 6 mil personas, reclamaron el lunes el descongelamiento de sus cuentas y para que los habiliten a buscar nuevos empleos.

«Me preocupa llegar a fin de mes, no tener para pagar mis cuentitas, mis cuotas», comentó a la AFP Larisa Koenig, que hasta la semana pasada trabajaba en la tecnológica ITTI digital, propiedad del grupo.

En paralelo, docentes se movilizaron para reclamar la recuperación de fondos jubilatorios atrapados en Ueno, en una protesta que provocó la suspensión de clases.

Alliana se reunió con los sindicatos y se mostró «bastante colaborativo y seguro de que es posible la devolución de los montos» de la seguridad social, dijo a la AFP Rafael Resquín, Presidente de la Unión Nacional de Educadores.

Resquín señaló que buscarán darle un «voto de confianza» al nuevo gobierno, aunque advirtió: «Si se rompe esa confianza nosotros vamos a salir a la calle».

Alliana pidió este lunes a todos sus ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en una reorganización del gobierno tras la destitución de Peña por un escándalo bancario, informó el mandatario en X.

«He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición», anunció Alliana en un comunicado.

El mandatario informó que «el funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad».

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Nueva York. La defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, pidió este lunes nuevamente a un tribunal de Nueva York que desestime su caso al amparo de la inmunidad soberana tras las nuevas acusaciones de narcoterrorismo y torturas en su contra.

Flores, igual que Maduro, invocó inicialmente la figura de la inmunidad soberana el 2 de septiembre, pero hoy renovó su moción después de que el 15 de octubre la Fiscalía de Estados Unidos los imputara a ambos por torturas y le sumara a ella el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

El abogado de Flores, Andrés Sánchez, entregó al tribunal la moción junto a una declaración y un memorando, en los que argumenta que Washington reconoce el gobierno de Delcy Rodríguez, y las autoridades venezolanas han defendido la legitimidad e inmunidad de Maduro y Flores.

Además, el abogado cita una declaración del 26 de octubre en la que un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que Rodríguez «tendrá que declarar» una «vacante permanente» de la presidencia de Venezuela, pero aún no lo ha hecho, por lo que argumenta que Maduro conserva el cargo.

«Se declara vacante un cargo que alguien ocupa. Por tanto, según el propio relato del Ejecutivo, el cargo cuya inmunidad invoca Venezuela pertenecía al Sr. Maduro el 3 de enero de 2026, y su titular está hoy ausente de él por una única razón: se encuentra bajo custodia de Estados Unidos», indica.

«La condición de la que deriva la inmunidad no ha terminado: Venezuela no ha renunciado a nada, su orden constitucional considera forzada la ausencia del señor Maduro y que su vicepresidenta sigue actuando en su lugar», reafirma el abogado de Flores.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York a la espera de un juicio previsto para el 14 de junio de 2027.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con Terrance Cole, director de la DEA, para revisar los temas prioritarios de colaboración entre ambos países en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que en el encuentro, programado desde finales de octubre, se revisaron las prioridades de intercambio de información de las estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes.

Harfuch también reiteró que el encuentro se realizó bajo los cuatro principios que guían la cooperación con Estados Unidos: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, escribió el secretario de Seguridad.

El funcionario señaló que ambos coincidieron en la importancia de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia y avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambas naciones.

También abordaron acciones para frenar el tráfico ilícito de armas hacia México, impedir el flujo de recursos provenientes de la venta de drogas hacia las organizaciones criminales y combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En ese sentido, subrayó que las acciones conjuntas se realizan conforme a la legislación de ambos países y que las operaciones dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades nacionales.

¿Qué dijo la DEA sobre la reunión con García Harfuch?

La DEA detalló que la reunión entre Terrance Cole y García Harfuch ocurrió la semana pasada, y que se realizó con el propósito de conversar sobre los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones criminales que la agencia estadounidense califica como narcoterroristas y combatir la corrupción que las facilita.

“Las organizaciones criminales no reconocen fronteras. Tampoco lo hace nuestro compromiso compartido de llevarlas ante la justicia”, dijo la agencia estadounidense en su publicación.