‘Consigan abogados’: Demócratas alistan ofensiva legal contra Trump tras ganar el Congreso

Horas después de que el martes por la noche se proyectara que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, los demócratas se mostraron entusiasmados con la posibilidad de iniciar investigaciones contra el presidente Donald Trump y las personas y empresas de su entorno.

“CONTRATEN ABOGADOS”, advirtió en una publicación en X el representante de California, Robert Garcia, quien está previsto que encabece el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Por su parte, el senador de Oregón, Ron Wyden, quien se espera que presida el Comité de Finanzas del Senado, resumió su pronóstico en una sola palabra: “Citatorios”. El equipo demócrata del comité respaldó el mensaje de Wyden con una expresión más contundente: “Vamos con todo, carajo”.

Diversos abogados republicanos señalaron en entrevistas y comunicados que llevan tiempo preparándose para este escenario, incluso antes del día de las elecciones. También advirtieron que las personas que sean objeto de estas investigaciones tendrán distintas necesidades legales. Exfuncionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia podrían estar dispuestos a asumir una defensa combativa y alineada ideológicamente con sus clientes. En tanto, socios de prestigiosos despachos jurídicos con amplia trayectoria podrían ofrecer asesoría más tradicional. Algunos abogados republicanos destacan sus vínculos bipartidistas para atraer clientes que busquen una relación más favorable con los demócratas.

defensor personal de Trump. Los abogados republicanos están “leyendo las señales y pensando que este será un sector en crecimiento durante un par de años”.

Al preguntarle si estaría dispuesto a representar nuevamente a Trump, Trusty respondió que “no lo dudaría ni por un momento” si, por ejemplo, los demócratas impulsaran lo que él considera acusaciones de juicio político “frívolas”.

El Departamento de Justicia y la oficina del abogado de la Casa Blanca se encargan de numerosos aspectos de la respuesta a las investigaciones del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Sin embargo, funcionarios y empleados federales pueden contratar abogados externos si consideran que podrían enfrentar responsabilidades legales personales.

De acuerdo con varios abogados republicanos, entre los posibles candidatos para defender a quienes sean objeto de investigaciones encabezadas por los demócratas están Chad Mizelle, exjefe de gabinete del Departamento de Justicia; Jesse Binnall, quien ha representado a Trump y a otras figuras conservadoras destacadas; los abogados especializados en investigaciones gubernamentales en Washington Matthew Martens y Reginald Brown; David Warrington, quien recientemente dejó su cargo como abogado de la Casa Blanca de Trump; así como socios de despachos que llegaron a acuerdos con Trump en medio de su ofensiva contra los grandes bufetes de abogados.

Binnall afirmó que “la supervisión del Congreso es una herramienta fundamental cuando se utiliza con fines legislativos legítimos, pero no es una autorización para acosar a los adversarios políticos”. Añadió que, “si los próximos líderes del Congreso creen lo contrario, se llevarán una desagradable sorpresa”.

Martens, cuyo despacho logró impugnar con éxito una de las órdenes ejecutivas de Trump, mantuvo una postura neutral al señalar que “estos casos requieren un delicado equilibrio entre las consideraciones jurídicas y las realidades políticas, y ambas suelen entrar en conflicto”. Mizelle, Brown y Warrington no respondieron el miércoles a las solicitudes de comentarios.

Desplegarán sus herramientas con firmeza

Los demócratas cuentan con un conjunto previsible de herramientas legales, pero se espera que las utilicen de manera agresiva tras sus amplias victorias en las elecciones intermedias. Pueden solicitar testimonios voluntarios o la entrega de documentos a funcionarios federales, directivos de empresas y otras personas; emitir citatorios obligatorios; celebrar audiencias a puerta cerrada o televisadas; publicar informes e incluso remitir casos a las autoridades para posibles procesos penales.

En un comunicado, Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Trump está “dispuesto a trabajar con cualquiera para seguir ofreciendo victorias a los estadounidenses trabajadores”. Sin embargo, advirtió que “si los demócratas deciden impulsar investigaciones falsas y políticas de izquierda radical, estarán eligiendo trabajar en contra del pueblo estadounidense”.

Las declaraciones públicas y las solicitudes de información que los demócratas han realizado durante los últimos dos años ofrecen una hoja de ruta sobre las investigaciones que podrían emprender en el futuro. Han manifestado interés en examinar si Trump o altos funcionarios han utilizado sus cargos para enriquecerse, así como las actividades de empresas que han cerrado acuerdos con la administración o que tienen vínculos con el presidente y sus familiares. También han señalado otras decisiones controvertidas del gobierno, como la guerra contra Irán, las medidas restrictivas en materia migratoria y los despidos de empleados de agencias federales impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.

“Está muy claro que los demócratas van a ser muy agresivos”, afirmó Abhi Kambli, quien se incorporó este verano al despacho Holtzman Vogel, alineado con los republicanos, después de dejar su puesto como alto funcionario del Departamento de Justicia. “Nos hemos estado preparando para lo que será 2027”.

Entre los clientes de Kambli se encuentra Peter Navarro, asesor comercial de alto nivel de Trump, quien mantiene una larga batalla legal para revertir su condena por desacato al Congreso, dictada durante el gobierno de Joe Biden. Kambli solicitó a la Suprema Corte de Estados Unidos que revise el caso de Navarro, luego de que este perdiera en tribunales inferiores. El abogado dijo que esperan conseguir un nuevo precedente que eleve el umbral para este tipo de procesos.

Buscarán mantener una buena relación

Rod Rosenstein, quien fue subsecretario de Justicia durante el primer mandato de Trump y terminó enfrentándose a las críticas del propio presidente, explicó que la práctica de investigaciones legislativas de su despacho tiene deliberadamente un enfoque bipartidista. Rosenstein la codirige con Allison Murphy, una socia con vínculos demócratas.

El abogado señaló que tienen clientes que durante el último año recibieron cartas de legisladores demócratas solicitando información y que ya trabajan con ellos para prepararse ante la posibilidad de que esas solicitudes se conviertan en citatorios.

Ante la perspectiva de “audiencias conflictivas”, Rosenstein consideró que “es importante elegir a un abogado que sepa llevarse bien con todo el mundo”.

Diana Shaw, exinspectora general interina del Departamento de Estado, cuya práctica ahora incluye asuntos de supervisión legislativa, prevé que los demócratas orientarán sus investigaciones hacia temas relacionados con los problemas que impulsaron el éxito electoral del partido, como el costo de vida. También consideró que tendrán cuidado de no exponerse a críticas por dedicar demasiado tiempo exclusivamente a Trump.

“Si, por ejemplo, Garcia tiene la oportunidad de investigar un caso de perjuicio a los consumidores y, al mismo tiempo, abordar posibles conflictos de interés o acuerdos a cambio de favores, eso se convertiría en un objetivo muy atractivo para una investigación de supervisión”, explicó.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que sus funcionarios han actuado conforme a la ley y que “no temen las amenazas de los demócratas en el Congreso”. Además, acusó a los legisladores de intentar utilizar las instituciones con fines políticos.

Las estrategias de defensa legal de los republicanos podrían adoptar distintas formas. Una posibilidad sería negociar con los comités demócratas condiciones más favorables para los testimonios, como evitar que las entrevistas sean grabadas, limitar su duración o conseguir que los interrogatorios se realicen fuera del Capitolio.

La Casa Blanca también podría invocar el privilegio ejecutivo para proteger las conversaciones entre Trump y sus asesores, incluidos individuos ajenos a la administración, de acuerdo con una reciente y controvertida opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia.

La autoridad para investigar del Congreso

Las disputas por citatorios han llegado en distintas ocasiones a los tribunales federales de Washington, pero el umbral para conseguir que un juez invalide el ejercicio de las facultades de investigación de los legisladores es elevado.

Los jueces rechazaron varios casos presentados para impugnar los citatorios emitidos como parte de una investigación especial de la Cámara de Representantes sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y los intentos de Trump por revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

Los demócratas no esperan contar con un aliado en el fiscal general Todd Blanche si las personas investigadas se niegan a cooperar. Aun así, Peter Rechter, quien estuvo a cargo de asuntos de supervisión legislativa para los demócratas del Congreso y durante la administración de Biden, advirtió que los republicanos no deberían ignorar las solicitudes ni los citatorios, pues el plazo de prescripción de delitos como el desacato al Congreso puede extenderse más allá de los últimos dos años del mandato de Trump.

Shaw, quien ahora es socia del despacho Wiley junto con Rechter, pronosticó que los demócratas tendrán poca paciencia con los procedimientos prolongados y buscarán hacer cumplir sus solicitudes de investigación con “mucho más rigor”.

“No creo que vayamos a ver el mismo ritmo de negociación que ha existido en el pasado”, concluyó.