Uno de los agentes de EU fallecidos tras el operativo en Chihuahua viajó en un avión del Ejército mexicano, revela investigación de FGR  LatinUS

La nueva visión de política criminal implica hacer un análisis diferenciado de los conflictos y los delitos de acuerdo con la afectación que causa a las personas y a la sociedad. Hace varias décadas que la política criminal dejó de dar una respuesta “estándar” a una realidad tan diversa como es la conflictiva social y penal.

Hay muchos conflictos sociales que afortunadamente no derivan en delitos, en denuncias o en demandas. Esos conflictos incipientes se pueden atender por la propia sociedad a través del diálogo y del consenso. Hablando entre vecinos, acudiendo a referentes comunitarios como lo son los maestros, los sacerdotes, los policías o referentes vecinales o comunitarios, acudiendo a un centro de mediación. Estos acuerdos abonan a la cohesión social y a fortalecer las relaciones entre las familias y las comunidades (escolares, vecinales, cívicas).

Cuando los conflictos no logran resolverse por estas vías se acude a esquemas más formalizados, pero aún cercanos como la justicia cívica. Ya hemos dado la cifra desarrollada por la investigación de Bernardo León: el 84% de las víctimas de homicidio intencional, durante el año previo a su asesinato, tuvieron un caso abierto ante la justicia cívica, por eso es tan importante dar atención efectiva a estos casos a través de la cercanía, así como la justicia terapéutica que vea por la salud mental y física de las personas, a través de tratamientos gratuitos de deshabituación a adicciones, control de impulsos, terapias cognitivos conductuales. Así mismo la mediación y la justicia restaurativa pueden atajar a tiempo estos conflictos y salvar muchas vidas.

Cuando ya se registran daños se puede acudir a la justicia penal o a la civil (esta para abordar la responsabilidad civil y el pago de daños). Como sabemos solo el siete por ciento de los delitos que se cometen se denuncian. Hay que trabajar en las razones de la desconfianza y las dificultades asociadas con la presentación de denuncias.

En las denuncias hay desde conflictos incipientes “penalizados” como consignación de hechos, extravío de documentos, amenazas simples; así como delitos imprudenciales como daño en propiedad ajena, lesiones en accidentes de tránsito o de trabajo; ya de mayor impacto, amenazas graves, golpes simples. También delitos patrimoniales no violentos (robos sin violencia, fraudes); temas relacionados con narcóticos. De igual forma se dan los delitos de naturaleza sexual, violentos como lesiones, violaciones, homicidios, así como los delitos violentos relacionados con el crimen organizado.

Una política criminal focalizada requiere medir cada fase de esta conflictividad social y la tipología delictiva. Cada segmento de los señalados, requiere políticas públicas específicas de prevención, aplicación de métodos alternativos (en su caso), procuración de justicia e investigación criminal, políticas de enjuiciamiento, de ejecución de sanciones y de reinserción, así como evaluación de la política criminal. Cada ámbito de la conflictiva debe tener un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación. Solo así se puede consolidar y revertir la espiral de inseguridad y violencia en la sociedad.

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