En la negociación del aumento al salario mínimo para 2027, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), pidió que el Gobierno reduzca cargas fiscales y administrativas a negocios familiares.

Estimados del organismo indican que, con el mismo salario semanal, pasar de 48 a 46 horas eleva 4.35 por ciento el costo por hora en 2027, y el ajuste acumulado para llegar a la jornada de 40 horas llegará a 20 por ciento en 2030.

“Queremos que las personas ganen mejor, tengan tiempo para sus familias y cuenten con seguridad social. Cuando aumenta el salario también pueden aumentar las contribuciones sobre esa remuneración; por eso debemos discutir cómo reducir las cargas que dificultan contratar y permanecer en la formalidad”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo.

La Confederación propone revisar impuestos, cuotas, derechos y costos de cumplimiento con una agenda conjunta con las secretarías del Trabajo, de Hacienda e IMSS en la que se incluyan:

seguridad social.

Un aumento hipotético de 10 a 12 por ciento sobre el salario mínimo de 315.04 pesos diarios equivaldría a entre 958 y 1 mil 150 pesos adicionales al mes en salario directo, además de los ajustes en prestaciones y contribuciones.

En un ejercicio de la Confederación, un salario de 20 mil pesos mensuales implica un costo patronal cercano a 26 mil pesos, alrededor de 30 por ciento adicional, que puede acercarse a 40 por ciento con otras obligaciones.

Además del salario, un empleo formal incluye prestaciones laborales como el pago de aguinaldo; vacaciones pagadas y prima vacacional, y contratar una sustitución puede generar un gasto adicional.

En materia de seguridad social, se pagan cuotas patronales por riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; guarderías y prestaciones sociales; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y para la vivienda se hace aportación patronal al Infonavit de 5 por ciento sobre la base aplicable.

En el segundo trimestre de este año, alrededor de 33.1 millones de personas (55.1 por ciento de la población ocupada) trabajaban en la informalidad. De las 599 mil 334 ocupaciones nuevas en 2026, 494 mil 607 fueron informales.

“Los problemas compartidos exigen responsabilidades compartidas. Queremos mejores salarios, más descanso y más personas con seguridad social. Para conseguirlo, necesitamos que los negocios familiares tengan condiciones para crecer y sostener esos derechos todos los días”, afirmó De la Torre.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) pidió al Senado mexicano no aprobar en sus términos actuales la reforma fiscal incluida en el Paquete Económico 2027, al advertir que las modificaciones al Impuesto sobre la Renta (ISR) podrían elevar los costos fiscales de las empresas estadounidenses que operan en México y restar competitividad al país como destino de inversión.

En una carta dirigida al senador Miguel Ángel Yunes y firmada por Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas del organismo, la representación empresarial sostuvo que la propuesta, aunque busca combatir la evasión y las prácticas fiscales abusivas, también podría penalizar a compañías que cumplen con sus obligaciones y mantienen operaciones productivas, trabajadores, activos e inversiones de largo plazo en territorio mexicano.

“Por estas razones, la Cámara insta respetuosamente al Senado a no aprobar el Paquete Económico 2027 tal como está redactado”, señaló.

El principal señalamiento se concentra en las restricciones a las deducciones de gastos empresariales, que, de acuerdo con el organismo, podrían generar una base gravable mayor a las utilidades reales de las compañías, incluso cuando estas acrediten costos indispensables para operar, como nómina, inventarios, logística, arrendamientos, depreciación e insumos de manufactura.

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Asimismo, cuestionó la intención de limitar al 50 por ciento del ingreso gravable la utilización de pérdidas fiscales, incluso aquellas generadas antes de la entrada en vigor de la reforma, al considerar que modificaría las condiciones bajo las cuales se estructuraron inversiones de largo plazo.

La propuesta también podría generar presiones de liquidez por los ajustes al cálculo de pagos provisionales del ISR y complicaciones en operaciones transfronterizas, particularmente por las nuevas condiciones para deducir pagos a residentes en el extranjero.

En este último punto, la Cámara alertó sobre posibles riesgos de doble tributación y conflictos con los principios del convenio fiscal entre México y Estados Unidos.

Otro foco de preocupación son los acuerdos anticipados de precios de transferencia (APA, por sus siglas en inglés), utilizados por empresas multinacionales para obtener certidumbre sobre el tratamiento fiscal de sus operaciones entre partes relacionadas.

Según el organismo, las nuevas restricciones podrían alterar los resultados económicos de operaciones que ya fueron negociadas y aceptadas por las autoridades fiscales de ambos países, debilitando los mecanismos bilaterales diseñados para evitar controversias y doble tributación.

Ante este escenario, la Cámara pidió al Senado modificar la iniciativa para proteger los gastos operativos legítimos, mantener el límite actual de 30 por ciento para la deducción de intereses y permitir el aprovechamiento íntegro de las pérdidas fiscales generadas antes de la reforma.

También propuso establecer mecanismos de protección para empresas con operaciones reales, documentación comprobable y cumplimiento fiscal, así como reglas de transición para inversiones, financiamientos y atributos fiscales previamente establecidos.

“Fortalecer las finanzas públicas y preservar la competitividad de México son objetivos complementarios”, sostuvo.

Binance reveló que uno de sus empleados, engañado por los piratas informáticos con una entrevista falsa de trabajo, descargó un malware que propició el robo de más de 6 mil millones de dólares en criptomonedas de su plataforma, considerado el golpe más grande en la historia de este sector.

La plataforma dijo que ya reintegró el 98% de los activos robados con fondos propios. El 2% restante estaba en criptomonedas que por su escasez son más difíciles de adquirir.

Según la compañía, el primer paso de los hackers lo realizaron en junio, cuatro meses antes del robo.

Los piratas consiguieron que un ingeniero de la plataforma descargara una versión de un programa de programación muy conocido en el sector (Homebrew) que contenía un virus.

A pesar de que los equipos de ciberseguridad de la compañía detectaron el virus y lo eliminaron, los piratas se hicieron con los datos del ingeniero que descargó el virus y de otros colegas de la plataforma.

En septiembre, se acercaron a otro ingeniero de Binance a través de una plataforma de empleo ofreciéndole una entrevista logrando que este descargara un malware con «técnicas sofisticadas«, dijo la plataforma.

Dicho malware fue clave en el éxito del hackeo y permitió a los ciberpiratas establecer conexión con los sistemas internos de la plataforma.

El 20 de octubre, los atacantes usaron el acceso que habían obtenido y una herramienta interna de inteligencia artificial (IA) para tomar el control del software utilizado por otros dos ingenieros.

Nueve días después, activaron el código malicioso que puso en marcha el ataque, que según el FBI está vinculado a las autoridades de Corea del Norte.

Pyongyang, a través de la hermana del líder Kim Jong Un, calificó esta acusación de «retórica absurda».

De los fondos robados, unos 2.850 millones de dólares fueron congelados, según Binance, lo que significa que los atacantes no podrían utilizar esa suma para intercambiarla por otras monedas.

Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones diarias. Las noticias sobre el ciberataque hicieron que los precios de la mayoría de estas monedas cayera de forma abrupta.

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