Empresarios acusan que ha revivido la vieja práctica delictiva de las «madrinas«, en la que personas se hacen pasar por funcionarios para difundir miedo y extorsionarlos, lo que, afirman, golpea su seguridad y el ánimo de inversión.
EL UNIVERSAL tuvo acceso a seis denuncias presentadas entre julio y septiembre de 2026, en cuatro entidades, que describen un mecanismo de intimidación contra empresarios y comerciantes, ya que estos personajes les exigen millones de pesos bajo la amenaza de fabricar delitos o involucrarlos en investigaciones criminales.
Situación que, según las denuncias, implica a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Los individuos afirman tener nexos o ser funcionarios y tener la capacidad para activar o detener investigaciones.
Según el recuento documental proporcionado, en cinco de los seis expedientes aparece mencionado César Oliveros Aparicio, titular de la FEMDO, y a otros tres supuestos elementos de esa corporación que se han identificado directamente en las denuncias como Luis Alberto Ortega Nazar, Christian Durán Ponce y José Roberto López Uscanga.
El Gran Diario de México solicitó a la Fiscalía una postura sobre esta situación; si han revisado la situación en la Fiscalía General de la República (FGR); si los personajes realmente existen; si ya hay una carpeta o investigación en curso; y qué se está haciendo para evitar esos supuestos casos.
La corporación respondió a esta casa editorial que, en relación con denuncias por supuestos actos de extorsión atribuidos a tres diversas personas y al titular de la FEMDO, César Oliveros Aparicio, se determinó la inexistencia de registro laboral de las personas señaladas.
“No se cuenta con registro de que las personas referidas en las denuncias señaladas trabajen o hayan trabajado en la FEMDO ni en alguna otra área de la Fiscalía General de la República (FGR). Por tanto, no existe información institucional que acredite un vínculo laboral de dichas personas con el actual titular de la FEMDO”, apuntó.
Asimismo, la Fiscalía señaló que se tiene una presentación de denuncia ante Asuntos Internos.
“Al desconocer a dichas personas y para transparentar la situación, el titular de la FEMDO, César Oliveros Aparicio, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR, en contra de quien resulte responsable, a fin de que se investiguen los hechos señalados y se deslinden las responsabilidades correspondientes.
“La Fiscalía General de la República reitera su disposición para que cualquier señalamiento, queja o denuncia pública sea investigada conforme a derecho, con objetividad, imparcialidad y pleno respeto al debido proceso, a fin de esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades que correspondan”, apuntó en una tarjeta informativa.
Los denunciantes refieren que los sujetos invocan el nombre del jefe de la FEMDO o aseguran actuar por instrucciones de Oliveros Aparicio.
El 8 de julio, en Guadalupe, Nuevo León, un denunciante afirmó que cuatro individuos acudieron a su negocio y exigieron 2.5 millones de pesos, amenazándolo con fabricarle delitos relacionados con delincuencia organizada, huachicol y otros ilícitos.
En Torreón, Coahuila, la denuncia del 15 de julio, con folio 011026140516HHMCSSSS, señala que tres sujetos dijeron ser empleados de Oliveros y solicitaron cinco millones de pesos en efectivo para evitar una investigación por huachicol. En ese expediente aparecen Ortega Nazar, Durán Ponce y López Uscanga.
En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la denuncia 15845-2026-4848, del 22 de julio, refiere una exigencia de seis millones de pesos por hombres que se presentaron a nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México.
El denunciante asegura haber entregado el dinero para evitar investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y huachicol. Las exigencias, sostuvo, continuaron.
En Ciudad de Méxco, otra denuncia en Cuajimalpa, el 28 de agosto, con folio 261001-96654, describe amenazas de “fabricar” una investigación contra un empresario en Santa Fe.
La de Miguel Hidalgo, del 18 de septiembre, folio 261001-96660, menciona nuevamente a Oliveros y a un sujeto presuntamente armado.
En Benito Juárez, el 29 de septiembre, el folio 261001-96672 recoge que los visitantes supuestamente eran enviados por “El Profe” y portaban tres armas que el denunciante consideró oficiales.
La situación fue denunciada entre julio y septiembre de este año, pero la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ya había registrado en sus estadísticas la magnitud de la problemática.
En agosto pasado, durante la presentación de Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, destacó que México requiere condiciones que permitan a las empresas concentrarse en producir, contratar, innovar y crecer.
“Para ello, necesitamos un entorno de confianza, con seguridad, certeza jurídica, instituciones confiables, reglas claras y una regulación eficiente. #DataCoparmex existe para poner estos hechos sobre la mesa. Nuestra responsabilidad es escuchar, medir, señalar aquello que debe corregirse y proponer soluciones. Queremos que esta información sirva para construir mejores condiciones para quienes apuestan por México», señaló entonces.
Resulta que en sus hallazgos, se destacó que 45.6% de los socios de la Confederación fueron víctimas de algún delito, lo que significa que una de cada dos empresas enfrentó una situación de inseguridad.
Entre los delitos reportados, la extorsión ocupó el primer lugar, con 18%, seguida del robo de mercancía en tránsito con 17.9%.
“Dentro de esos casos de extorsión, 19.6% de los cobros fueron efectuados por autoridades o personas que aparentaban serlo. Ante este escenario, 58.7% de las empresas incrementó su gasto en seguridad, recursos que dejan de destinarse a inversión, nómina y expansión”, apuntó la cúpula empresarial.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación indican que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el delito de extorsión entre enero y septiembre de 2026 se ubicaron en 8 mil 80 casos, un crecimiento de 95% respecto a una década atrás.
Esa situación quiere decir que todos los días los Ministerios Públicos del país reportan 29.6 denuncias por este delito en el fuero común, indica la incidencia delictiva reportada por el Secretariado.
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ss/mcc
