Nacionales
Tenía el clan Taddei red de prestanombres; hermanos Hernández Casillas recibían derechos de empresas
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Las siete empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, señalados por obtener contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos de organismos locales electorales desde la época de los 90, a través de fraudes en contratación de materiales, operaban con prestanombres.
Una revisión hecha por EL UNIVERSAL a las operaciones que en el Registro Público de Comercio reportan estas empresas permitió identificar que todas ellas operan con prestanombres o socios que, incluso, han sido revelados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se trata de las compañías Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y Formas Finas Fernando Fernández.
Fuente: Secretaría Anticorrupción
Aunque en el registro digital de comercio de la Ciudad de México no es posible ver el acta constitutiva de Cajas Graf, de acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue constituida por Salvador Luis Morett y Alejandra Ortiz González en julio de 1993.
En diciembre de 2021 se dio un poder total y se cedieron acciones a favor de Raymundo Francisco Hernández Casillas, hermano de José Alfredo Hernández Casillas, ligado a Guadalupe Taddei a través de videos dados a conocer por Latinus, donde se les observa repartirse porcentajes de moches que otorgan otros contratistas al ganar licitaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Ese poder y esas acciones que Víctor Hugo Aguilar Macalpin, entonces representante legal de Cajas Graf, cedió a Raymundo Francisco Hernández Casillas, se firmaron en la Notaría 185 del Estado de México, cuyo titular es Marcelo Rosseto Armida. La notaría está ubicada en Lomas de Tecamachalco, municipio de Naucalpan.
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Otra empresa que utilizó prestanombres para después ceder acciones y poderes, incluso a funcionarios del INE ligados a la trama del clan Taddei, fue el Corporativo Zeg, constituida en diciembre de 2015 en la Notaría 181 de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Soberón Mainero, con domicilio en Santa Fe.
Corporativo Zeg fue constituida por Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez, pero en 2017 otorgó un poder total a Raymundo Francisco Hernández para todas sus operaciones financieras y representaciones legales, por ejemplo, para representarlo al frente de contratos y licitaciones firmados con organismos públicos locales.
Ese poder se firmó también en la Notaría 181, de Miguel Soberón Mainero. Fue hasta 2024, siete años después de haber otorgado los derechos de su representación, que Raymundo Francisco Hernández Casillas solicitó, ante otro notario, darse de baja como representante legal de Corporativo Zeg.
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De acuerdo con la fe registrada por el notario 105 del Estado de México, Conrado Zuckermann Ponce, también ubicado en Naucalpan, Raymundo Hernández Casillas “nunca tuvo conocimiento del poder otorgado a su favor por la sociedad denominada Corporativo Zeg”.
En 2023, Corporativo Zeg registró operaciones poco comunes, como el alta de más de cinco representantes legales el mismo día y el mismo mes: 1 de junio. Hubo otro factor irregular, al menos dos de esos cinco estaban relacionados directamente con el INE.
Se trata de Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director ejecutivo de Administración del instituto con Guadalupe Taddei; y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien fuera director de Coordinación y Análisis durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
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Ambos están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los actos de corrupción que llevaron a cabo con el material electoral del INE y los OPLE. Esas altas, que se dieron todas juntas el 1 de junio de 2023, se registraron en la Notaría 224 de la Ciudad de México, a cargo de Jesús Torres Gómez, con domicilio en Tlalpan.
En la Notaría 181 de la Ciudad de México, de Miguel Soberón Mainero, también se constituyó la empresa Comercializadora JVLY en noviembre de 2015, teniendo de socios fundadores a Jorge Viana Pimentel y Luz María Yáñez Pimentel.
En 2018 y 2021 se cedieron los poderes para que Tatiana Patricia Hernández Velázquez —presuntamente hija de José Alfredo Hernández Casillas y Patricia Velázquez Sánchez, de acuerdo con los datos de la Secretaría Anticorrupción— y Fernando Fernández Parra fueran representantes legales de la empresa.
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Tatiana Hernández Velázquez también aparece como una de las apoderadas legales que se dieron de alta tanto en Cajas Graf como en Corporativo Zeg, al igual que Raymundo Hernández Velázquez, quien sería su hermano.
Ambos también son parte de los representantes legales de Seriplast de México.
Seriplast de México fue constituida en septiembre de 2008 en la Notaría 14 de Tonalá, Chiapas, a cargo entonces de Noé Díaz González. Sus socios fundadores fueron Cristian Josué Hermosilla Contreras, Israel Sánchez Aguirre y Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo Hernández Casillas.
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Posteriormente, en 2013, en la Notaría 11 de la Ciudad de México, a cargo de Carlos Alejandro Durán Loera, se dieron de alta a más socios y representantes legales de Seriplast de México, como Raymundo Francisco Hernández Casillas y los hijos de José Alfredo con Patricia, Raymundo y Tatiana.
Las empresas Formas Finas y Materiales, así como Formas Finas Fernando Fernández fungieron también dentro del entramado inicial de corrupción que generaron los hermanos Hernández Casillas; sin embargo, pertenecen desde su constitución a la familia Carranza Sordo y Fernández Parra, respectivamente.
Sólo Formas Finas y Materiales otorgó en su momento un poder de representación a Raymundo Hernández Casillas y tanto Cajas Graf como Comercializadora JVLY otorgó un poder a Fernando Fernández Parra, hermano de Gerardo Fernández Parra, uno de los constituyentes de la empresa Formas Finas Fernando Fernández.
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Trabajadores del INE aceptan aumento salarial de 6%; buscarán negociar un incremento mayor
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Tras reunirse por casi tres horas a puerta cerrada con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, informó que fue aceptada la propuesta de las autoridades de incremento salarial del 6 por ciento, con el compromiso de que esa es la base para revisar las posibilidades presupuestales de un mayor aumento.
En conferencia de prensa, detalló que se explicó ampliamente al personal cómo funcionan los procedimientos de presupuestación, aprobación y redistribución del presupuesto asignado al Instituto.
Indicó que primero el INE esperará a conocer en qué términos se aplicará el recorte presupuestal anunciado por la Cámara de Diputados para realizar las redistribuciones correspondientes.
«Tenemos el acuerdo con ellos de que vamos a revisar con la base mínima del seis por ciento y hasta donde podamos crecerlo con base en la disponibilidad que nosotros tengamos», afirmó.
La consejera señaló que no se descarta solicitar una ampliación presupuestal ante las instancias correspondientes si fuera necesario, y adelantó que si en 2027, una vez avanzadas las actividades prioritarias del proceso electoral, se generan economías en la segunda mitad del año, esos recursos podrían redirigirse a las áreas detectadas como prioritarias, tanto en juntas ejecutivas locales y distritales como en los módulos.
Aseguró que el compromiso asumido con los trabajadores es continuar con la revisión para generar mejores condiciones salariales y que este análisis también se incorporará en el anteproyecto de presupuesto 2027 que presentará el INE.
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Los representantes de los trabajadores que participaron en la reunión no han fijado su postura.
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aov/rmlgv
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Diputados inician la discusión del PEF 2027 en medio de dispositivo de seguridad; prevén mantener el blindaje hasta el miércoles
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En punto de las 3:40 horas, el pleno de la Cámara de Diputados inició formalmente la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. Lo anterior en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo, que desde este lunes amaneció completamente blindado y con los accesos principales cerrados al paso peatonal y vehicular no acreditado.
Al inicio del debate, las vallas metálicas no se han retirado y se prevé que continúen hasta el próximo miércoles.
El objetivo, es evitar bloqueos de manifestantes como el STUNAM, o jubilados de la propia Cámara, quienes amagaron con realizar mítines afuera del recinto legislativo.
Además de las vallas metálicas, las autoridades colocaron rejas antimotines y camiones oficiales que restringen la circulación en calles aledañas, como la calle de Zapata.
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Tribunal de Disciplina destituye e inhabilita a juez en Colima; Jufed alerta por riesgo a la independencia judicial
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó la destitución e inhabilitación del juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, quien se desempeñaba como titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, luego de la resolución emitida por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 158/2025-OJ-V (antes 76/2025-V).
A través de un desplegado, explicó que el fallo, aprobado por mayoría del TDJ el pasado 29 de septiembre, impuso al juez, con casi 25 años de trayectoria judicial, una sanción consistente en inhabilitación temporal por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual lleva implícita la destitución inmediata del cargo que ocupaba.
En ese sentido, la Jufed acusó que el procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones públicas emitidas desde las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “lo que genera la sospecha de que el Tribunal de Disciplina Judicial esté actuando por consigna política, atendiendo a intereses de esa índole y no bajo parámetros de imparcialidad e independencia”.
“Criminalizar o sancionar administrativamente con la máxima severidad la labor interpretativa, la sana crítica y el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional envía un mensaje intimidatorio a todas las personas juzgadoras federales del país y socava los cimientos de la independencia judicial”, dijo.
Ante ello, expresó su preocupación por la posibilidad de que a partir de esta resolución se refuerce un ánimo represor que, con sanciones definitivas hacia personas juzgadoras de carrera judicial, genere un clima de incertidumbre y zozobra que de alguna manera socave la independencia judicial.
Por ello, la Asociación refrendó su acompañamiento a Sigales Obrador Garrido en la defensa de sus derechos humanos, laborales y profesionales frente a esta determinación, y reiteró que defender la autonomía y la estabilidad de quienes imparten justicia es defender el Estado de derecho y las garantías de toda la sociedad mexicana.
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em/apr
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