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Sheinbaum presenta ley contra el feminicidio para que haya cero impunidad; plantea hasta 70 años de prisión y agravantes
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, para que haya cero impunidad en este delito y para que en todos los estados se investigue de la misma manera.
En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en las Fiscalías estatales debe haber un trabajo igual.
Al señalar que asumió la responsabilidad como la primera mujer Presidenta de México y los cambios en la Constitución para proteger a las mexicanas, la Mandataria federal destacó el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con distintas leyes aprobadas.
“El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer, pues es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio asociado a ser mujer en nuestro país, aún y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se comete en feminicidios y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción.
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“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es, por un lado, la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación, como también la cero impunidad frente al delito”, expuso.
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Admitió que en algunas Fiscalías se sigue catalogando a este delito como suicidio, cuando todos los indicios tienen que ver con un familiar directo, además que se tardan mucho.
“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las Fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio (…). Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, recalcó.
Apuntó que esta ley está sustentada en el trabajo que hizo la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando fue fiscala de la Ciudad de México y que permitió disminuir la impunidad.
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Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, explicó que esta iniciativa de Ley será enviada al Congreso para su discusión y aprobación, y se homologa el tipo penal: “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género”.
Mencionó que se establecen 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual; delito motivado por estereotipos o prejuicios; antecedentes de violencia contra la víctima; y contextos de asimetría de poder.
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Detalló que se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión, y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando la víctima sea niña adolescente o adulta mayor; que esté embarazada o viva con discapacidad; que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; se cometa por una servidora pública; o se usen ácidos.
Contempla también la pérdida de derechos sucesorios; pérdida de tutela, guarda y custodia; pérdida de patria potestad; y también destitución e inhabilitación en el caso de tratarse de servidores públicos.
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Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que esta iniciativa parte de que existe una obligación de investigar con debida diligencia, y se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia en el país.
Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis en contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y sobre todo la atención a víctimas.
También se establece que la unidad o fiscalía especializada que hubieren iniciado la investigación, así como el ministerio público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio hasta la ejecución de las sanciones.
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Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que la ley también incluye todo lo relacionado con los derechos de las víctimas, como el acceso a la verdad y la justicia; la atención médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas que en este caso son niñas, niñas y adolescentes.
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“La reparación integral del daño está contemplada en el proyecto de ley y deberá ser esta reparación transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional, y las entidades federativas responsables deben de atender el bienestar integral de las víctimas indirectas, con énfasis en las hijas e hijos de las víctimas”, destacó.
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Recalcó que tendrá que promoverse la armonización del tipo penal, la actualización de los protocolos especializados implementar campañas de concientización e información para prevenir delito de feminicidio y la creación de grupos técnicos de apoyo, entre otras acciones.
apr
Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) incluyen un esquema de adjudicaciones que vincula a un conglomerado de siete empresas que, además de haber sido beneficiadas por el órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, también han obtenido contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.
Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la actual consejera presidenta del INE se remonta al año 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral del estado de Sonora (2014-2021).
Fue en marzo de 2024 cuando la ASF detectó irregularidades entre la adjudicación directa que el INE le otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por un monto de 63 millones 241 mil pesos para la producción y distribución de materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.
Derivado de las fiscalizaciones de la ASF, se investigan irregularidades por 514 mdp por parte de cuatro empresas del corporativo de los hermanos Hernández Casillas. Foto: Especial
Entre los hallazgos, se detectó una triangulación de recursos hacia otras empresas, motivo por el que la UIF inició una indagatoria.
Así, se identificó una red de al menos siete empresas vinculadas operativamente a los hermanos Hernández Casillas, las cuales se postulaban como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.
Se trata de Cajas Graf, S.A. de C.V., proveedora de paquetes y cajas electorales a nivel estatal y federal; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., dedicada a la producción de documentación electoral y materiales con candados de seguridad; Corporativo Zeg, S.A. de C.V., utilizada para contratos de impresión de boletas y actas de escrutinio; Seriplast de México, dedicada a la manufactura de insumos plásticos; Diseño Reconstrucción y Comunicación, dedicada a realizar estudios de mercado; así como las personas morales Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
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Fuente: ASF y UIF
Los registros de auditoría señalan que este grupo de empresas acumula contratos consolidados por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con presencia documentada en al menos 13 estados.
Las investigaciones revelan que las empresas comenzaron a participar en licitaciones para obtener contratos electorales desde 2014, cuando Guadalupe Taddei trabajó en el Instituto Electoral de Sonora. Destaca el contrato IEEPC/LP/0- 03/2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, adjudicado a este grupo corporativo.
A partir de ese momento, el conglomerado comenzó a recibir contratos con OPLE de otras entidades. En 2018, la empresa Cajas Graf obtuvo el contrato 1/LPN/OPLEV- 401A02-001/2018 con el Instituto Electoral de Veracruz por 141 millones 775 mil 200 pesos para llevar a cabo el suministro de 12 mil paquetes electorales.
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En Jalisco (IEPC Jalisco), la UIF documentó el contrato LPN-E-04-2024 asignado a Cajas Graf por un monto de 102 millones 160 mil 915.80 pesos; en Hidalgo (IEEH), se tiene cuenta de dos registros a favor de Cajas Graf, el primero bajo el procedimiento LP-IEE-002-2021 por 68 millones 980 mil 163.28 pesos y el segundo con el folio IEEH-DA-2022-085 por 65 millones 981 mil 373.62 pesos.
En 2021, el Instituto Electoral de Oaxaca (IEEPCO) otorgó una adjudicación directa a Corporativo Zeg por 32 millones de pesos, y posteriormente dio otra licitación por 36.09 millones de pesos a la misma empresa. Cabe destacar que, en este caso, los contratos se autorizaron durante la gestión de la entonces secretaria ejecutiva del órgano local, Iliana Araceli Hernández Gómez, cercana a Guadalupe Taddei y quien desde abril de 2026 es directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
Las autoridades federales también detectaron el contrato con folio DRM-017/21 que el Instituto Electoral de Chihuahua entregó a dicho conglomerado empresarial por un total de 33 millones 881 mil 653.52 pesos derivado de una licitación pública; en Quintana Roo (IEQROO) se avaló el contrato IEQROO/LPN/07/2022 por un importe de 29 millones 802 mil 439.28 pesos; en Sinaloa (IEES), se entregó una adjudicación directa por un monto de 27 millones 762 mil 525.50 pesos, y en Campeche (IEEC) se identificó el folio DEAPPAP/010/2021 por un valor de 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
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Las indagatorias revelan que en Aguascalientes (IEE Aguascalientes), durante el proceso electoral de 2024, Formas Finas y Materiales aseguró un contrato cercano a los 17 millones de pesos al presentarse de manera única en la fase de propuesta económica.
El órgano electoral del Estado de México (IEEM) otorgó, en marzo de 2023, la licitación IEEM/LP- N/03/2023 a Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales, que obtuvieron contratos por 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos, respectivamente.
En Querétaro, el Instituto Electoral (IEEQ) aprobó una asignación por 8 millones 644 mil 86.84 pesos destinada expresamente a la producción de material electoral para la jornada y etapas posteriores del proceso 2020-2021; mientras que en Zacatecas (IEEZ) se registraron contratos individuales por 2 millones 4 mil 234.95 pesos.
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Dichos contratos son los más destacados, pero Cajas Graf acumula 22 contratos con 13 institutos estatales por un total de 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales registra 15 contratos en 11 entidades federativas, equivalentes a 540.1 millones de pesos.
Investigan tráfico de influencias y conflicto de intereses
Derivado de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se investigan presuntas irregularidades por 514 millones de pesos por parte de Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, y Cajas Graf.
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Las indagatorias ministeriales y administrativas analizan presuntas conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses. Entre ellas, se tiene documentado el caso de Jesús Octavio García González, quien fungió como representante jurídico de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, y posteriormente asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área central en la validación y autorización de las compras institucionales.
De igual forma, se integró a la indagatoria la relación personal entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas con Guadalupe Taddei Zavala.
Adicionalmente, la fiscalía mantiene una línea de investigación sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por la recepción de transferencias bancarias directas provenientes de las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, registradas bajo los conceptos de préstamos y viáticos.
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Oposición exige ‘cero impunidad’ a Guadalupe Taddei: ‘No basta con irse, exigimos investigar’
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Dirigentes nacionales y legisladores federales de oposición del PRI y el PAN consideraron que la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei es “insuficiente” y demandaron que haya castigo, “no más impunidad” en el órgano electoral y que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación investiguen.
¿Qué dijo la oposición sobre la renuncia de Guadalupe Taddei?
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que el caso es una lección para Morena.
“Las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno de Morena”, criticó.
La senadora tricolor Claudia Anaya afirmó que el asunto no debe quedar en la renuncia, sino “que no haya impunidad”; resaltó que fue la primera mujer en presidir el organismo, y ahora será la primera en dejarla por escándalos.
Lilly Téllez, senadora panista, recordó que hace dos años pidió la comparecencia de Taddei por otro caso de corrupción, cuando dio un contrato a la empresa inmobiliaria, Altasierra, presuntamente perteneciente a la familia del gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo.
La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, consideró que “la renuncia anunciada de Taddei era impostergable; su permanencia en el INE era políticamente insostenible”, pero remarcó que “no basta con irse, exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política”.
El también vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, acusó que “Morena promovió a Taddei y llegó la corrupción rapaz al INE”, por lo que “debe pagar el costo político”. Coincidió en que “la renuncia no debe significar impunidad, la ASF debe llegar a fondo en las investigaciones y la FGR debe iniciar una averiguación previa de oficio”.
Dijo que “ambas instituciones deben arrojar conclusiones que permitan sanciones ejemplares”. Además –resaltó– “en la Cámara de Diputados tenemos el gran reto de encontrar el mejor perfil para devolver al INE su integridad”.
El diputado Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE, dijo que “hay un consenso entre las distintas figuras políticas” para exigir que Taddei aclare los hechos contrarios a la ley y que haya sanciones.
Tabasco.— Entre la falta de especialistas y graves episodios de negligencia, los derechohabientes del IMSS en Tabasco se ven obligados a desembolsar miles de pesos en clínicas, consultorios y laboratorios privados para atender sus padecimientos de salud.
Pese a que a los trabajadores se les descuenta puntualmente la cuota del Seguro Social en su nómina, las deficiencias operativas y la tardanza en los servicios médicos terminan orillando a las familias a costear estudios, intervenciones y terapias por fuera para proteger su salud.
Tal es el caso de Eduardo Jiménez, trabajador de mantenimiento en una empresa en Villahermosa, quien tras sufrir un accidente en motocicleta sólo recibió del IMSS curaciones superficiales, analgésicos básicos y una incapacidad por cinco días.
Al persistir un dolor severo en la espalda baja que le afecta la pierna, y ante la falta de especialistas en rehabilitación o quiropráctica en la institución, tuvo que acudir a la medicina privada.
“Tuve una caída, un accidente en la moto, porque ando en motocicleta, llevo pagado, quizás, como cinco mil pesos, lo que fue la curación, me hicieron radiografías, en lo que voy a terapia, en los quiroprácticos, en los fisioterapeutas”, relató a El UNIVERSAL.
Eduardo, de 40 años, quien vive en Villahermosa, contó: “En el IMSS, cuando me caí, nada más me lavan la herida y me dan paracetamol para el dolor o indometacina, porque son los medicamentos que te dan, y tu incapacidad de cinco días. Yo lo que quería era recuperarme, pues es lo que quiere uno como trabajador”.
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Dijo que el IMSS suele programar estudios clínicos hasta con un mes de postergación cuando los resultados se exigen de inmediato, obligando a los pacientes a pagar laboratorios particulares por la desesperación de sanar.
“Sí está muy crítico, porque como empleado te descuentan para el Seguro y vas y te levantan una orden médica para hacerte un estudio dentro de un mes, cuando lo necesitas entregar ya”, explicó.
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