Casi tres millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibieron atención médica fuera del organismo, mientras que los mexicanos gastaron alrededor de 9 mil 316 millones de pesos en consultas particulares durante un trimestre de 2024, de los cuales 5 mil 599 millones correspondieron a hogares con al menos un afiliado.

La dificultad para conseguir una cita, los largos tiempos de espera y la distancia hasta las unidades médicas figuran entre los problemas que enfrentan los derechohabientes del IMSS, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2025 (Ensanut).

La encuesta revela que 34.6% de los derechohabientes que recibieron atención médica acudió a establecimientos ajenos al Seguro Social. De los 8 millones 540 mil 278 pacientes atendidos, 2 millones 953 mil 669 recurrieron a servicios externos y 5 millones 586 mil 609 fueron atendidos en unidades del instituto.

Éctor Jaime Ramírez Barba, médico y diputado federal del PAN, considera grave que millones de trabajadores busquen atención fuera del organismo al que cotizan: “Los trabajadores están pagando dos veces por su salud: primero con sus cuotas al IMSS y después cuando tienen que acudir a un consultorio privado porque no consiguen una cita, no encuentran medicamentos o necesitan estudios que la institución no les proporciona oportunamente”.

Menciona el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que señala que los hogares mexicanos gastaron, en promedio, 6 mil 421 pesos anuales de su bolsillo en servicios de salud durante 2024, un incremento real de 7.9% respecto de 2022. Entre las familias de menores ingresos, el alza alcanzó hasta 23%.

Ese estudio precisa que 38.3% de esos desembolsos se destinó a medicamentos y 34.7% a atención ambulatoria, mientras que 27% restante correspondió a servicios hospitalarios.

La Ensanut destaca que entre los derechohabientes atendidos fuera del Instituto Mexicano del Seguro Social que explicaron por qué no acudieron a su institución, 46.3% mencionó citas para fechas demasiado lejanas; 36.8%, largos tiempos de espera para pasar a consulta, y 33.3%, la distancia hasta su unidad médica.

Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, atribuye estos problemas a la saturación de instalaciones, la insuficiencia de personal y las deficiencias en la organización de las consultas.

Afirma que cada médico familiar atiende, en promedio, 24 pacientes durante una jornada de seis horas, equivalentes a 15 minutos por consulta. “¿Cómo podemos pretender que un médico explore, diagnostique, explique un tratamiento y dé seguimiento a un paciente con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica en esas condiciones?”, cuestiona.

Los médicos particulares fueron la principal alternativa para los derechohabientes atendidos fuera del Seguro Social: 41.8% acudió a consultorios ubicados en el domicilio de profesionales privados; 19.7%, a establecimientos anexos a farmacias, y 17%, a consultorios dentro de hospitales particulares.

Estas tres opciones concentraron 78.5% de los casos. El resto recurrió a otros servicios, incluidos establecimientos públicos de salud. La cercanía influyó en la elección del lugar: 34.3% mencionó su proximidad; 21.2%, la rapidez del servicio; 11.8%, que no necesitaba cita, y 7.7%, que tardaban poco en otorgársela.

La encuesta, elaborada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), muestra que quienes pagaron consultas en establecimientos anexos a farmacias desembolsaron, en promedio, 117.79 pesos, aunque la mitad pagó hasta 65 pesos.

Entre los pacientes atendidos en consultorios ubicados en el domicilio de médicos particulares, la mitad gastó aproximadamente 380 pesos.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (ENIGH) del Inegi estima un gasto nacional trimestral de 9 mil 315.6 millones de pesos en consultas particulares generales, de especialidad y en el embarazo.

De ese monto, 5 mil 599.2 millones correspondieron a hogares con al menos un derechohabiente del IMSS. Esa cifra excluye medicamentos comprados por separado, análisis clínicos y otros estudios. Ante esta situación, Ramírez Barba propone establecer por ley tiempos máximos de atención, entre ellos un plazo de hasta 72 horas para una primera consulta de medicina familiar no urgente, así como mecanismos para que el instituto cubra servicios externos cuando no pueda atender oportunamente a sus pacientes.

“Si el IMSS no garantiza oportunamente la atención a la que está obligado, debe cubrir su costo. Los trabajadores ya pagaron por ese derecho y el gobierno tiene la obligación de respetarlo”, sostiene.

La atención privada también representa una alternativa para quienes carecen de cobertura institucional. Según la Ensanut, 65.1% de las personas sin derecho o acceso a instituciones de salud que recibieron atención acudió a establecimientos particulares o consultorios de farmacias. Entre toda la población atendida por algún problema de salud, los servicios privados y anexos a farmacias concentraron 44.6% de las consultas identificadas, frente a 52.8% de las instituciones públicas.

Ramírez Barba adelanta que el próximo 6 de noviembre comparecerán ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Diputados el director del IMSS, Zoé Robledo; el secretario de Salud, David Kershenobich; el titular del ISSSTE, Martí Batres, y el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.

“Queremos saber cuántos derechohabientes están esperando una consulta, cuántas cirugías están pendientes, cuántos pacientes no reciben sus medicamentos y por qué tantas familias están pagando servicios privados”, dice.

Gabriela Luna Ruiz, académica del Departamento de Economía y especialista en farmacoeconomía de la Universidad Iberoamericana, explica que la utilización de servicios privados por afiliados al IMSS no es nueva, pero los tiempos de espera, los traslados y las dificultades para conseguir medicamentos elevan los costos de acudir a las instituciones públicas.

Señala que los consultorios anexos a farmacias se han convertido en un complemento de la atención pública, principalmente para enfermedades respiratorias y gastrointestinales, aunque esta alternativa representa gastos adicionales para las familias.

Explica que las personas de menor ingreso tienen mayores dificultades para sustituir una consulta pública por servicios privados, especialmente cuando necesitan tratamientos prolongados.

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