Nacionales
Cayó Taddei; su clan dio contratos por mil mdp a empresas favoritas
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Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) incluyen un esquema de adjudicaciones que vincula a un conglomerado de siete empresas que, además de haber sido beneficiadas por el órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, también han obtenido contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.
Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la actual consejera presidenta del INE se remonta al año 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral del estado de Sonora (2014-2021).
Fue en marzo de 2024 cuando la ASF detectó irregularidades entre la adjudicación directa que el INE le otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por un monto de 63 millones 241 mil pesos para la producción y distribución de materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.
Derivado de las fiscalizaciones de la ASF, se investigan irregularidades por 514 mdp por parte de cuatro empresas del corporativo de los hermanos Hernández Casillas. Foto: Especial
Entre los hallazgos, se detectó una triangulación de recursos hacia otras empresas, motivo por el que la UIF inició una indagatoria.
Así, se identificó una red de al menos siete empresas vinculadas operativamente a los hermanos Hernández Casillas, las cuales se postulaban como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.
Se trata de Cajas Graf, S.A. de C.V., proveedora de paquetes y cajas electorales a nivel estatal y federal; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., dedicada a la producción de documentación electoral y materiales con candados de seguridad; Corporativo Zeg, S.A. de C.V., utilizada para contratos de impresión de boletas y actas de escrutinio; Seriplast de México, dedicada a la manufactura de insumos plásticos; Diseño Reconstrucción y Comunicación, dedicada a realizar estudios de mercado; así como las personas morales Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
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Fuente: ASF y UIF
Los registros de auditoría señalan que este grupo de empresas acumula contratos consolidados por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con presencia documentada en al menos 13 estados.
Las investigaciones revelan que las empresas comenzaron a participar en licitaciones para obtener contratos electorales desde 2014, cuando Guadalupe Taddei trabajó en el Instituto Electoral de Sonora. Destaca el contrato IEEPC/LP/0- 03/2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, adjudicado a este grupo corporativo.
A partir de ese momento, el conglomerado comenzó a recibir contratos con OPLE de otras entidades. En 2018, la empresa Cajas Graf obtuvo el contrato 1/LPN/OPLEV- 401A02-001/2018 con el Instituto Electoral de Veracruz por 141 millones 775 mil 200 pesos para llevar a cabo el suministro de 12 mil paquetes electorales.
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En Jalisco (IEPC Jalisco), la UIF documentó el contrato LPN-E-04-2024 asignado a Cajas Graf por un monto de 102 millones 160 mil 915.80 pesos; en Hidalgo (IEEH), se tiene cuenta de dos registros a favor de Cajas Graf, el primero bajo el procedimiento LP-IEE-002-2021 por 68 millones 980 mil 163.28 pesos y el segundo con el folio IEEH-DA-2022-085 por 65 millones 981 mil 373.62 pesos.
En 2021, el Instituto Electoral de Oaxaca (IEEPCO) otorgó una adjudicación directa a Corporativo Zeg por 32 millones de pesos, y posteriormente dio otra licitación por 36.09 millones de pesos a la misma empresa. Cabe destacar que, en este caso, los contratos se autorizaron durante la gestión de la entonces secretaria ejecutiva del órgano local, Iliana Araceli Hernández Gómez, cercana a Guadalupe Taddei y quien desde abril de 2026 es directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
Las autoridades federales también detectaron el contrato con folio DRM-017/21 que el Instituto Electoral de Chihuahua entregó a dicho conglomerado empresarial por un total de 33 millones 881 mil 653.52 pesos derivado de una licitación pública; en Quintana Roo (IEQROO) se avaló el contrato IEQROO/LPN/07/2022 por un importe de 29 millones 802 mil 439.28 pesos; en Sinaloa (IEES), se entregó una adjudicación directa por un monto de 27 millones 762 mil 525.50 pesos, y en Campeche (IEEC) se identificó el folio DEAPPAP/010/2021 por un valor de 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
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Las indagatorias revelan que en Aguascalientes (IEE Aguascalientes), durante el proceso electoral de 2024, Formas Finas y Materiales aseguró un contrato cercano a los 17 millones de pesos al presentarse de manera única en la fase de propuesta económica.
El órgano electoral del Estado de México (IEEM) otorgó, en marzo de 2023, la licitación IEEM/LP- N/03/2023 a Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales, que obtuvieron contratos por 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos, respectivamente.
En Querétaro, el Instituto Electoral (IEEQ) aprobó una asignación por 8 millones 644 mil 86.84 pesos destinada expresamente a la producción de material electoral para la jornada y etapas posteriores del proceso 2020-2021; mientras que en Zacatecas (IEEZ) se registraron contratos individuales por 2 millones 4 mil 234.95 pesos.
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Dichos contratos son los más destacados, pero Cajas Graf acumula 22 contratos con 13 institutos estatales por un total de 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales registra 15 contratos en 11 entidades federativas, equivalentes a 540.1 millones de pesos.
Investigan tráfico de influencias y conflicto de intereses
Derivado de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se investigan presuntas irregularidades por 514 millones de pesos por parte de Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, y Cajas Graf.
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Las indagatorias ministeriales y administrativas analizan presuntas conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses. Entre ellas, se tiene documentado el caso de Jesús Octavio García González, quien fungió como representante jurídico de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, y posteriormente asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área central en la validación y autorización de las compras institucionales.
De igual forma, se integró a la indagatoria la relación personal entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas con Guadalupe Taddei Zavala.
Adicionalmente, la fiscalía mantiene una línea de investigación sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por la recepción de transferencias bancarias directas provenientes de las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, registradas bajo los conceptos de préstamos y viáticos.
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‘Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío’: Pareja podrá reclamar propiedades compradas antes del matrimonio
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció ayer, con carácter de jurisprudencia, que, tras el divorcio, los integrantes de un matrimonio tienen derecho sobre propiedades adquiridas a crédito previo al enlace nupcial por bienes separados.
A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel y por unanimidad de votos, ministros y ministras dijeron que con esta decisión se reconoce la labor de cuidado y trabajo doméstico que desempeña uno integrante del matrimonio.
Explicaron que el trabajo doméstico es generador de riqueza al facilitar al otro que se desarrolle profesionalmente, que tenga un ingreso económico fijo para mantener el hogar y generar un patrimonio.
¿Cómo se calcula la compensación económica tras un divorcio?
Agregaron que esta compensación económica busca resarcir el desequilibrio patrimonial asociado a la distribución de las tareas de cuidado, pues quien dedicó mayor tiempo al hogar puede enfrentar menores oportunidades de desarrollo profesional, obtención de ingresos y formación de un patrimonio propio.
¿Qué determinó la SCJN sobre los bienes adquiridos a crédito antes del matrimonio?
Ministros y ministras precisaron que su resolutivo no modifica la titularidad del bien ni las obligaciones del financiamiento, ni convierte la propiedad individual en un patrimonio común, pues la autoridad judicial deberá verificar si se cumple con todos los requisitos. “Es un reconocimiento al valor económico de las labores de cuidado y crianza”, dijo el ministro Giovanni Figueroa.
La decisión se tomó al resolver una contradicción de criterios de dos tribunales, uno de Veracruz y otro de Aguascalientes. Dos mujeres reclamaron una parte proporcional de un inmueble adquirido por la persona con la que contrajeron matrimonio, de la cual se separaron posteriormente.
Un tribunal le negó el derecho de compensación en relación con el inmueble; otro tribunal dijo que la persona querellante sí tenía derecho sobre la propiedad en forma proporcional al monto cubierto durante el tiempo que duró el matrimonio. La contradicción llegó a la SCJN donde se resolvió el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es decir, es obligatorio para todos los jueces del país.
En otros temas, ministros y ministras reafirmaron la protección de niñas víctimas de violencia sexual al negar el amparo a una mujer indígena que, junto con su pareja, vejaron a sus hijos y para evadir la responsabilidad penal alegó que el juicio no cumplió con la perspectiva de género e interculturalidad.
Y en otro caso la SCJN determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí puede actuar legalmente en representación de la Secretaría de Hacienda para impugnar resoluciones por la no vinculación a proceso de personas acusadas por contrabando.
Nacionales
Chavira sustituye a Inzunza en la Comisión de Estudios Legislativos del Senado; Presidencia estaba vacante desde septiembre
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El grupo parlamentario de Morena designó a la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa como nueva presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, cargo que estaba vacante desde septiembre pasado cuando el senador Enrique Inzunza notificó oficialmente su decisión de dejar de pertenecer a esta bancada del Senado de la República.
Esta designación se hizo pública este martes, a seis meses de que se diera a conocer que el Departamemto de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa de posibles nexos con el crimen organizado, entre ellos el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
El nombramiento de Chavira de la Rosa se hizo hasta ahora debido a que el coordinador del grupo parlamentario mayoritario, Ignacio Mier Velazco, determinó esperar hasta que retornaran a su escaño los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional que pidieron licencia con la finalidad de buscar alguna coordinación de la autollamada Cuarta Transformación (4T) y que no la obtuvieron.
Por otra parte, se designó a la senadora Elizabeth Fiesco como nueva presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, cargo que quedó libre pues quien lo ostentaba, el senador Oscar Cantón Zetina, fue nombrado vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena.
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Comité de Ética de Diputados revisa denuncia contra Gutiérrez Mancilla; increpó a Máynez
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El Comité de Ética de la Cámara de Diputados comenzó con la revisión de la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) en contra del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, después del altercado que tuvo la semana pasada con el dirigente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez.
Así lo informó el presidente de dicho órgano legislativo, Jaime Humberto Pérez Bernabe, en entrevista con medios de comunicación al término de una sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Detalló que todos los integrantes del Comité ya tienen en sus manos la determinación técnica del área respectiva, sin embargo, explicó que se decretó un receso para cuidar los plazos legales.
«No se ha iniciado de manera formal, por eso decreté un receso. Pronto nos volveremos a reunir para llegar a los puntos adecuados e iniciar lo que determinen, sin inculpar a nadie, sino lo que determinen lo que ambas partes nos empiecen a presentar», explicó.
Con referencia a la carta enviada por el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Pérez Bernabe dijo que el documento no influye en las decisiones del órgano de control interno.
«No, en lo absoluto, porque aquí hay que diferenciar algo… Nos fue remitida nada más para conocimiento, pero no influye en lo absoluto en la determinación de no proseguir o no continuar esta reunión».
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Finalmente, informó que prevé convocar a una nueva sesión la próxima semana con la intención de reanudar formalmente los procedimientos.
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