El papel en México de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) fue duramente criticado durante el sexenio pasado, debido principalmente a que este fondo financió a diversas ONGs como hace alrededor del mundo, y algunas de ellas desarrollaron investigaciones sobre corrupción, mismas que alcanzaron al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su entorno.

“Cuando se financian instituciones o la capacitación de personas que se dedican a investigar la corrupción, a veces esas organizaciones van a descubrir casos, denuncias o acusaciones”, sostiene Samantha Power, ex administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pero ante estos hallazgos, “es responsabilidad del sistema judicial soberano de cualquier país determinar qué hacer”.

En 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó de injerencismo extranjero a la agencia del gobierno federal estadounidense que fue desmantelada en 2025 por la administración de Donald Trump tras el arranque de su segundo mandato.

Samantha Power en conferencia en la Facultad de Derecho de la UNAM, 22 de octubre de 2026. Fotografía de Gabriel Pano EL UNIVERSAL

“Me decepcionó mucho ver y escuchar esos ataques”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL, sobre los dichos por el entonces mandatario mexicano. Power explica que concentrar la discusión “en una sola frase llamativa o una sola línea de ataque, como la que escuchamos, realmente desvía la atención de la historia de colaboración entre las comunidades mexicanas y el pueblo estadounidense”.

Samantha Power encabezó USAID de mayo de 2021 a enero de 2025, durante la presidencia de Joe Biden, y fue representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas entre 2013 y 2017, actualmente es profesora en la Escuela Kennedy de Harvard.

Durante su conferencia en la UNAM sobre “Soft Power Suicide: America First, America Alone”, abordó el debilitamiento del poder de influencia que ahora tiene Estados Unidos en su política exterior con la administración de Donald Trump. Según explicó, ese “suicidio del poder blando” consiste en erosionar la confianza y las alianzas que Washington necesita para impulsar la cooperación internacional. En ese contexto, sostuvo que el desmantelamiento del USAID perjudicó tanto a las comunidades que recibían apoyo directo como a los propios intereses estadounidenses, pues sus programas contribuían a atender problemas compartidos, como evitar la propagación de enfermedades.

Los reclamos de López Obrador se centraron en el financiamiento estadounidense a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El 14 de agosto de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la organización recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la embajada de Estados Unidos en México entre el 29 de agosto de 2018 y el 23 de enero de 2024.

Pablo Gómez, entonces titular de la UIF, señaló que los recursos estaban facturados a nombre de USAID. Por su parte, MCCI sostuvo en un posicionamiento que el financiamiento de la agencia se había destinado a tareas de investigación y divulgación previstas en su acta constitutiva.

El 19 de agosto del mismo año, López Obrador hizo pública una carta dirigida a Biden en la que calificó de injerencista ese financiamiento y atribuyó a la asociación el propósito de atacar a su gobierno.

“Habría sido realmente incompatible con el enfoque de USAID decir: ‘Está bien investigar la corrupción aquí, si involucra a políticos de la oposición; pero, si una investigación llega a tocar algo cercano al gobierno, entonces nos retiramos’”, afirma Power a este diario, y defiende que “se trataba realmente del Estado de derecho, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones” en los países que se ayudaba.

Samantha Power en conferencia en la Facultad de Derecho de la UNAM, 22 de octubre de 2026. Fotografía de Gabriel Pano EL UNIVERSAL

Al explicar dónde sitúa la frontera entre la ayuda exterior y la intervención política, sostiene que buscaban asegurarse de que “no hubiera nada político ni nada que, en cierto sentido, implicara que USAID estuviera tratando de involucrarse en la democracia mexicana”.

“Estados Unidos no puede dedicarse a inclinar la balanza para que uno u otro político gane una elección, o para que se investigue a uno u otro político”, señala.

La también ganadora del Pulitzer 2003, pide considerar el conjunto de actividades de USAID en el país, como el respaldo a las madres buscadoras, programas de salud, agricultura y desarrollo rural. Por ejemplo, trabajó en conjunto con la Segob para elaborar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas, sistematizar registros de las entidades federativas y equipar el Centro Nacional de Identificación Humana, mediante la actividad RED-DH, de acuerdo con el Informe de Labores de Gobernación 2022-2023.

Al hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum, Samantha Power considera acertada la fórmula de “colaboración sin subordinación” para conducir la relación de México con Estados Unidos, y sostiene que la mandataria mexicana ha sabido mantener un equilibrio delicado frente a Donald Trump.

“Es muy difícil ser presidenta de México cuando el gobierno de Estados Unidos te ataca y toma decisiones económicas que pueden socavar el bienestar de tu pueblo”, dice sobre Sheinbaum.

Power considera que la “filosofía” de la mandataria sobre colaboración sin subordinación “es una fórmula acertada”. Además, señala que Sheinbaum “le ha plantado cara al presidente Trump de una manera que a él, cuando son las mujeres quienes lo hacen, le resulta muy, muy difícil de aceptar”.

“Realmente tiene algo en contra de las mujeres fuertes. Creo que realmente le sacan de quicio”, expresa.

Los comentarios públicos de Trump sobre la presidenta mexicana han incluido referencias a su apariencia y a su voz. El 21 de octubre, durante un mitin en Carolina del Sur, la describió como una mujer hermosa y cuestionó cómo había pasado de practicar ballet a convertirse en presidenta de México.

Para Power, el equilibrio que ha mantenido la mandataria también implica hacer valer la soberanía mexicana y los valores que busca defender en la relación bilateral.

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El periodista Carlos Loret de Mola, reveló que el hijo de la presidenta del INE fue captado en video junto a José Alfredo Hernández Casillas, uno de los contratistas millonarios del instituto; ambos se encontraban en uno de los hoteles más caros de París.

Según reportó Latinus, el contratista grabó y publicó los videos en los que se muestra al hijo de Taddei disfrutando de su estadía en el hotel Le Maurice.

Hernández Casillas es investigado por supuestas irregularidades financieras.

«París a tus pies chamaquito», se puede escuchar en los videos difundidos por Latinus, en donde se aprecia a ambos compartiendo copas de champagne en Le Meurice, un hotel que, según el periodista, la noche ronda los 200 mil pesos.

Por otro lado, en el reportaje de Latinus se exponen algunas fotografías que comprueban la relación entre Taddei y Hernández Casillas.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Paulina Rubio, afirmó que una auditoría al Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser ineludible, ante las acusaciones en contra de la consejera presidenta Guadalupe Taddei por presunta corrupción.

«Es evidente que existen elementos para investigar qué es lo que se ha hecho con el dinero público dentro de la institución», comentó.

La legisladora panista dijo que se reveló la presunta relación de la presidenta de dicho Instituto con diferentes proveedores, en donde se ha señalado que ella tiene cercanía y convivencia directa con estos proveedores «que sorpresivamente, han sido beneficiados con contratos multimillonarios».

Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto indicó que es preocupante el estado de vulnerabilidad en el que los señalamientos dejan al INE.

«Un Instituto que debería ser absolutamente confiable, que debería de gozar de absoluta transparencia, de absoluta honradez y de total fortaleza para la confianza de los mexicanos», lamentó.

Ambas panistas precisaron que no hay ninguna otra salida que no sea la de que se revise peso a peso, qué se ha hecho en el Instituto Nacional Electoral, quién lo ha gastado, quién lo ha determinado, a quién se le ha otorgado, y sobretodo que se tomen acciones cuando termine la auditoría acerca de quien resulte responsable.

Antes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que abrió una investigación de oficio acerca del posible uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral.

A través de un comunicado, detalló que esta abarca al INE, a los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y proveedores relacionados.

«A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos», adelantó.

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