Por segunda ocasión, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) salieron a las calles para rechazar la contrapropuesta de incremento salarial anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo Aburto, la cual propone un aumento total de 8% (4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta), que comparado con el incremento original de 6.8% (2.9% a salario tabular y 3.9% a renta) representa un 1.2% de diferencia, por lo que anunciaron una megamarcha nacional a llevarse a cabo el próximo 30 de octubre.

En punto de las 15:00 horas, los trabajadores comenzaron a concentrarse a las afueras del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde también exigieron la destitución definitiva del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, un aumento salarial del 10%, un plan de acción para atender el desabasto de medicamentos y la falta de personal médico, así como la realización de un Congreso Nacional Extraordinario.

Entre consignas como “La base unida jamás será vencida”, “Fuera Olivos”, “No que no, sí que sí ya volvimos a salir”, “Olivos, entiende, la base no se vende”, los inconformes denunciaron un intento para desestabilizar al movimiento con la contrapropuesta de incremento salarial anunciada por Robledo Aburto y acusaron represión por parte de los directivos de las unidades médicas para con el personal médico que ha salido a manifestarse.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jazmin Piñon, auxiliar de enfermería general en el IMSS, consideró que “como ya sabían de la marcha, la propuesta fue un anuncio para calmarla y desestabilizarla, porque finalmente hay intereses del instituto, el sindicato y el gobierno”.

“Fue para desestabilizarnos y decir ‘ya les dimos su aumento y con eso los vamos a calmar’, pero no nada más es el salario, es la falta de insumos, de personal médico y que el secretario que tenemos no nos respalda. Es para que estuviera con nosotros, lo cual es todo lo contrario, porque se ha escondido y no se ha visto el apoyo”, dijo.

Relató que ella y otros compañeros que forman parte del movimiento han padecido represión por parte de jefes y supervisores de las unidades médicas, “porque nos presionan, porque dicen ‘tú eres la que está saliendo a marchar, la que está convocando a los compañeros’. Ellos dicen que no, pero la realidad es otra y sí estamos viviendo represión por parte de las autoridades de la unidades”.

Por segunda ocasión, personal del IMSS se manifiesta para rechazar la contrapropuesta de incremento salarial (21/10/2026). Foto: Yaretzy Osnaya / EL UNIVERSAL

“Nosotros a lo que vamos es a trabajar y el que va a trabajar no tiene miedo a nada. Tenemos derecho a manifestarnos, a decir nuestras inconformidades y si trabajamos no tenemos porque tener miedo a que haya represalias por parte de las autoridades”, expresó.

Piñon descartó una tregua inmediata y advirtió que continuarán las movilizaciones hasta que se cumplan a cabalidad sus exigencias, “pues aún no hay una fecha en la que digamos ‘ya hasta aquí llegamos’, todavía no sabemos, pero vamos a continuar hasta que hagan caso a las peticiones que estamos solicitando”.

Por su parte, Rafael Soto Cruz, enfermero de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero del movimiento, afirmó que, ante la contrapropuesta salarial, los trabajadores del instituto rechazaron irse a una huelga nacional o un paro indefinido.

Por segunda ocasión, personal del IMSS se manifiesta para rechazar la contrapropuesta de incremento salarial (21/10/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Jamás vamos a llamar a faltas. Vamos a seguir en el movimiento hasta que Olivos presente su renuncia. No cerramos las puertas a la negociación”, indicó.

Cuestionado sobre el acuerdo alcanzado entre Robledo Aburto y Olivos Hernández, sostuvo que “lo que él haya acordado no nos interesa, porque lo desconocemos como líder y este sindicato tiene que estar al servicio de los trabajadores. No vamos a detenernos hasta que Rafael Olivos sea destituido”.

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Efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Quintana Roo a Robert Skojo “Rob”, identificado como líder del grupo criminal “Los Hells Angels”, relacionado con actividades de crimen organizado, extorsión y narcotráfico, y con zona de operación en dicha entidad.

Los elementos le aseguraron tres armas de fuego, dos vehículos de lujo, un kilo de marihuana y un teléfono celular.

Por medio de un comunicado el Gabinete de Seguridad del gobierno de México indicó que derivado del cumplimiento de órdenes de cateo en tres domicilios en Cancún Skojo fue arrestado.

Posteriormente se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Robert Skoja «Rob», líder de la agrupación criminal «Los Hells Angels», arrestado en Cancún, Quintana Roo. Foto: X @GabSeguridadMX

En este operativo participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC QROO).

El Gabinete de Seguridad resaltó que estas acciones de colaboración interinstitucional se realizan con el objeto de contribuir a la desarticulación de estructuras criminales y combatir la impunidad en la entidad.

Las dependencias refrendaron su compromiso de mantener una coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad y el bienestar de las familias.

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El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, exigió al gobierno mexicano aclarar quiénes son las 16 mil personas desaparecidas que asegura haber localizado a lo largo del último año, si fueron reunidas con sus familiares o si éstos recibieron información acerca de su paradero, y advirtió que aún quedan más de 120 mil personas por encontrar.

Después de que su reconocimiento a los avances reportados por México fuera difundido como una felicitación al gobierno federal, Albán precisó que estas cifras deben verificarse y que aún cuando las localizaciones sean ciertas, no pueden emplearse con el objetivo de dejar de lado la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

“Para que no se tergiversen mis palabras ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar”, escribió mediante su cuenta de X.

Pero estableció tres precisiones sobre el alcance de sus declaraciones y la obligación de las autoridades mexicanas de continuar con las labores de búsqueda:

La primera consiste en conocer la identidad de las personas reportadas como localizadas y determinar si regresaron con sus familias o si, cuando menos, sus familiares fueron debidamente informados.

La segunda es que las cifras oficiales no modifican la magnitud de la crisis, porque de confirmarse las 16 mil localizaciones, todavía permanecerían más de 120 mil personas pendientes de encontrar.

La tercera se refiere al papel de las familias buscadoras y a la intervención del propio Comité de Naciones Unidas.

Juan Pablo Albán sostuvo que si los resultados anunciados por el gobierno mexicano son correctos, deben reconocerse también los esfuerzos de las familias y la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Afirmó que dichos avances no eximen a la Asamblea General de examinar la situación de México y, de ser necesario, adoptar medidas en respuesta a la decisión de su Comité de remitirle el caso.

El pronunciamiento se dio un día después de que Albán presentara su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos, donde reconoció los esfuerzos de México para localizar a personas desaparecidas, pero insistió en la necesidad de mantener la cooperación internacional.

Durante esa sesión, el presidente de este Comité recordó que el organismo identificó indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, así como de la persistencia de su práctica en el país.

Precisó que esa determinación no significa que se haya establecido la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni que el Comité contra la Desaparición Forzada haya encontrado una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas.

El artículo 34 de la Convención permite al Comité llevar de manera urgente una situación a la atención de la Asamblea General cuando recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican generalizada o sistemáticamente en un Estado parte.

El propósito de este procedimiento es que Naciones Unidas examine la situación y valore posibles medidas de cooperación y asistencia internacional para atender las desapariciones, fortalecer las investigaciones y apoyar a las víctimas.

El gobierno mexicano, sin embargo, reiteró su rechazo a la interpretación del Comité acerca del alcance y la aplicación de ese artículo.

Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, sostuvo que México no tolera ni consiente la desaparición de personas y defendió las acciones emprendidas para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

La revisión ha generado inquietud entre colectivos de familiares de desaparecidos, que han cuestionado la falta de información sobre los criterios de selección de los especialistas y han exigido garantías de que ninguna persona sea excluida injustificadamente del registro.

En su aclaración de este miércoles, Albán insistió en que los resultados anunciados por México no eliminan la responsabilidad de la Asamblea General de analizar la situación que el Comité puso en su conocimiento.

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