En la acusación más relevante hecha por Estados Unidos en contra de funcionarios mexicanos en activo por colaborar con el Cártel de Sinaloa, hay dos mandos militares, ambos en retiro, un alcalde, un fiscal y varios ex funcionarios que recibían sobornos por hasta 100 mil dólares al mes por parte de la organización criminal de Los Chapitos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este miércoles la acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y usar sus cargos para beneficiar a esa organización del crimen organizado encabezada por los hijos de El Chapo «Guzmán”.

Todos enfrentan cargos por los delitos de conspiración para importar estupefacientes; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Por estos delitos podrían alcanzar de 40 años en prisión hasta una pena máxima de cadena perpetua.

En el caso de Juan Valenzuela Millán, quien fue comandante de la policía municipal de Culiacán, enfrenta los cargos de conspiración para importar estupefacientes; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos; secuestro con resultado de muerte; y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, por los que alcanzaría una pena obligatoria de cadena perpetua

Gerardo Mérida Sánchez

General en retiro, y segundo secretario de Seguridad del gobierno de Rocha Moya, es acusado de recibir sobornos de 100 mil dólares mensuales a cambio de no interferir con las operaciones de la facción de Los Chapitos, no detener a sus integrantes y avisarles de operativos en su contra.
 
El Departamento de Justicia asegura que Mérida Sánchez advirtió a Los Chapitos de 10 redadas contra laboratorios en 2023, por lo que los narcotraficantes pudieron evacuar a su personal y las drogas para evitar detenciones e incautaciones.
 
Con una extensa carrera en la Secretaría de la Defensa Nacional, incluido puestos de mando en las secciones de inteligencia, operaciones y logística del Estado Mayor del Ejército, Mérida Sánchez estuvo al frente de la seguridad pública de Sinaloa de septiembre de 2023 hasta que renunció en diciembre de 2024.

 José Antonio Dionisio Hipólito

Elemento del Ejército jubilado, es acusado de colocar dentro de la estructura de la policía estatal a agentes registrados en la nómina del grupo criminal y brindar información de operativos con el fin de evadir una detención, según el documento difundido por el Departamento de Justicia.
 
Dionisio Hipólito fue subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa de 2017 a 2022, y en la lista de nómina del cártel aparece bajo el nombre de “Tornado”, a quien se pagaban 100 mil pesos cada mes a cambio de ayudar a las operaciones de Los Chapitos en el estado de Sinaloa. Actualmente, es director de seguridad pública en el municipio de Cosalá, donde actualmente gobierna la morenista Carla Úrsula Corrales.

Juan de Dios Gámez Mendivil

La acusación de Estados Unidos incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y cuatro ex jefes policiales, a quienes las autoridades de Estados Unidos acusan de poner las instituciones municipales al servicio de Los Chapitos a cambio de sobornos de miles de dólares.
 
Como alcalde de la capital de Sinaloa desde 2022, Gámez Mendívil recibió más de 10 mil dólares mensuales en sobornos para facilitar que la facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de “El Chapo” Guzmán operara en Culiacán sin interferencias del gobierno. Lo señalan por haber protegido las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos en Culiacán y de proteger a los miembros de la organización criminal de ser detenidos.
 
El político de 41 años de edad ha sido un colaborador cercano de Rocha Moya, con quien trabajó como asesor en el Senado de 2018 a 2021, además de ocupar el cargo de delegado de los programas para el desarrollo en Sinaloa antes de asumir como alcalde.
 
Justamente, la Policía Municipal bajo cargo de Gámez Mendivil, quien según la prensa local es ahijado de Rocha Moya, operó para Los Chapitos al grado de que agentes de dicha corporación usaron patrullas para secuestrar personas por órdenes de los narcotraficantes.

Juan Valenzuela Millán

Fungió como comandante de alto rango de la Policía de la Culiacán de 2018 a 2024 y es señalado de recibir sobornos de 41 mil dólares mensuales para él, sus mandos y 40 policías municipales.
 
Los líderes de Los Chapitos tenían “pleno acceso” a la información de inteligencia y hasta a las patrullas y radios de la Policía Municipal de Culiacán, con agentes de esa corporación, los cuales utilizaban para transportar fentanilo de los laboratorios.
 
Otro ejemplo de la cooptación de la corporación municipal es que, por órdenes de Valenzuela Millán, sus policías secuestraron en una patrulla a un informante de la DEA en 2023 y lo entregaron a sicarios del cártel, que lo torturaron y asesinaron junto con ocho familiares.

Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos comisarios generales de la Policía de Investigación de Sinaloa, son señalados de recibir cada uno 16 mil dólares mensuales como soborno durante el tiempo que estuvieron al frente de la corporación que forma parte de la fiscalía estatal.
 
Almanza Avilés, quien ocupó el cargo de 2017 a noviembre de 2022, facilitaba que Los Chapitos transportaran los productos para la producción de fentanilo sin ser molestados, liberó miembros del clan detenidos y ordenó la detención de rivales.

El pacto con el jefe de los policías ministeriales sinaloenses ocurrió luego de que los propios Iván y Ovidio se reunieron con Almanza Avilés en un rancho en 2017 o 2018, según la acusación.

De acuerdo con los señalamientos, Rocha Moya designó a Contreras Núñez en el mismo puesto como sucesor de Almanza Avilés, en 2022, con la “aprobación explícita” de los líderes de Los Chapitos.

Contreras Núñez, quien recién renunció al puesto a inicios de este 2026, también liberó a integrantes de la facción que habían sido detenidos y ayudó a Los Chapitos a “localizar y matar a sus enemigos”, según el Departamento de Justicia.

Damaso Castro Saavedra

Entre los 10 funcionarios acusados, figura Damaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa desde 2021.

El gobierno de Estados Unidos señala que Castro Saavedra recibía sobornos mensuales de parte de Los Chapitos, por 200 mil pesos al mes.

A cambio, el vicefiscal entregaba información a esa facción del cártel de Sinaloa sobre operativos planeados con el respaldo de Estados Unidos en su contra y, así, poder destruir pruebas y evitar posibles detenciones contra sus miembros. Rubén Rocha Moya incluyó a Castro Saavedra en la terna para encabezar la fiscalía estatal en 2024.

Enrique Díaz Vega

Se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya, entre 2021 y 2024.

La acusación señala que Díaz Vega entregó a Los Chapitos información sobre los oponentes de Rocha Moya en la elección de 2021 para que el grupo criminal pudiera amenazarlos y obligarlos a retirarse de la contienda por la gubernatura de Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio y registros del gobierno, Díaz Vega tiene empresas con sede en Culiacán y favoreció a sus socios con contratos públicos mientras estuvo a cargo de las finanzas de ese estado.