En “cambios de última hora”, como los llamó el coordinador de la mayoría de Morena, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dio otro tijerazo al INE con un nuevo recorte de mil millones de pesos a su gasto destinado para el 2027, año de elecciones locales y federales intermedias para renovar la propia Cámara de Diputados.

Con este nuevo ajuste y apretón, van ya 6 mil millones que ‘le mochan’ al máximo órgano electoral del país, que pasa de los 42.274 millones que solicitó para las elecciones de 2027 en septiembre pasado a sólo 36.912 millones de pesos.

Durante la discusión en lo particular del dictamen que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, el PT y Morena presentaron cuatro reservas, que fueron admitidas de inmediato por la mayoría parlamentaria de la llamada 4T.

La primera reserva fue presentada por el diputado del PT, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, en a que planteó un nuevo ajuste al gasto del Instituto Nacional Electoral de 618 millones 17 mil 896 pesos, para destinarlos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al rubro de la Expansión de Educación Inicial.

propuso otro recorte al INE, por 361 millones 982 mil 104 pesos, para reasignarlos al Ramo 54 de Mujeres, cuyo monto se incrementa de 2,269 millones 408 mil 223 pesos a 2,631 millones 390 mil 327 pesos.

En una tercera reserva que presentó la misma legisladora, planteó otro ajuste al gasto del INE para transferirlos al ramo de Turismo, con lo que su gasto pasa de 1,851 millones 348 mil 379 pesos a 1,871 millones 348 mil 379 pesos.

Y en una cuarta y última reserva, la diputada atendió una petición del Poder Judicial, de desagregar su presupuesto y dejar preciso por separado que, de los 72,264,702,999 pesos que le corresponden en el PEF 2027, 61,636,459,575 van al Órgano de Administración Judicial; 5,628,928,595 a la Suprema Corte; 3,778,728,352 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 1,220,585,466 al Tribunal de Disciplina Judicial.

Al final el dictamen, con un gasto ya de solo 36.912 millones 559 mil 568 pesos para el INE, quedó aprobado con 30 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 13 en contra del PAN, PRI y MC, y se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara, para iniciar su discusión y votación en el pleno de los 500 diputados el próximo lunes.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, presumió que obtuvo el título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, institución privada que defendió ante los cuestionamientos sobre su reconocimiento académico.

A través de un video, Batres mostró su título y aseguró que cursó más de dos años de estudios para obtener el grado, luego de aclarar que lo que recibió fue una acreditación de sus estudios en dicha universidad y no un doctorado honoris causa, como lo habrían difundido algunos periodistas.

“Estoy bien contenta, fíjense que acabo de recibir, acabo de recoger mi título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Se los presumo”, contó al inicio del video.

La ministra también criticó a los periodistas que denostaron a la institución, la cual, aseguró, tiene más de 30 años de existencia formando a jueces y magistrados.

Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también cursó una maestría y un doctorado en esa universidad.

De igual forma, señaló al ministro en retiro de la Suprema Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien realizó estudios de maestría y doctorado en la misma institución. Además, afirmó que dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son egresados de Tepantlato.

“Sí, no es Oxford, no es Harvard, no es Yale, es una universidad mexicana, privada”, dijo Batres, quien consideró que los señalamientos en su contra terminaron por desacreditar a una institución que cuenta con una trayectoria propia.

¿Qué otros estudios tiene la ministra Lenia Batres?

En el video, la ministra también habló de su formación académica y de otros estudios de posgrado que ha realizado a lo largo de su carrera profesional.

Explicó que cursó una maestría y un doctorado en Estudios de la Ciudad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Sobre la maestría, destacó que obtuvo una mención honorífica, mientras que precisó que todavía tiene pendiente titularse del doctorado.

Asimismo, mencionó que estudió una maestría en Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, para la cual elaboró una tesis sobre políticas de vivienda urbana. En ese trabajo, dijo, desarrolló una propuesta de programa de vivienda para la capital.

A esta formación agregó una maestría en Derecho Penal en la Universidad Humanitas, que concluyó en 2011. Sin embargo, explicó que tuvo que realizar posteriormente un proceso de actualización sobre el sistema penal acusatorio y el juicio oral antes de obtener el título.

“Me gusta estudiar”: Batres responde a críticas por su título

Batres agregó que hace aproximadamente 10 años recibió un doctorado honoris causa, aunque dijo que no suele mencionarlo porque, a diferencia del grado obtenido en Tepantlato, este no tiene valor curricular.

Respecto a su doctorado en Derecho Constitucional, la ministra defendió su validez y aseguró que está dispuesta a mostrar el título a quienes deseen conocerlo.

“Me gusta estudiar, no ostento nada que no tengo”, afirmó la ministra, quien sostuvo que los títulos académicos no hacen a las personas diferentes ni deben utilizarse para establecer distinciones entre ellas.

Finalmente, Batres señaló que tiene interés en continuar su formación en distintas instituciones, entre ellas la Universidad Tepantlato, la UNAM y la UACM, siempre que tenga oportunidad de hacerlo. Añadió que su trabajo en la Suprema Corte también la obliga a estudiar diariamente, particularmente en materia de Derecho Constitucional.

En al menos 17 entidades de México, este viernes empleados del Poder Judicial comenzaron una huelga. En el Edificio Sán Lázaro, localizado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), entre otros lugares, hubo bloqueos.

Pero, ¿cuáles son las exigencias de las y los trabajadores? A continuación, EL UNIVERSAL lo explica:

El origen es la publicación del acuerdo del pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) acerca de la regulación a la evaluación de desempeño del personal de carrera judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 5 de noviembre de 2025.

Su fin es regular dicho proceso con referencia a la toma de decisiones en los ámbitos de desarrollo profesional, excelencia, permanencia y reconocimiento, los cuales acrediten el cumplimiento de las características de desempeño contenidas en la Ley de Carrera Judicial.

En entrevista con «El Gran Diario de México», la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Julia García, afirmó que la preocupación de empleados como actuarios, oficiales, secretarios, entre otros es que se evalúen aspectos «arbitrarios y subjetivos».

«El Órgano de Administración Judicial ha insistido en que es meramente diagnóstico. Pero cuando uno lee el acuerdo completo hay muchas cosas que generan preocupación en el personal y por eso están protestando. Una es que dentro de los factores a evaluar sean arbitrarios y subjetivos al alcance de los titulares», explicó.

Cabe decir que la evaluación de desempeñó se aplicará a actuarios, asistentes, oficiales y secretarios, a excepción de quienes laboran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fedaración (TEPJF). De acuerdo con el artículo 30, los factores a evaluar son:

• Productividad: 10%
• Análisis de acuerdo con el perfil: 5%
• Desempeño colectivo y trabajo en equipo: 2.5% y 2.5%
• Ética y valores: 2.5% y 2.5%
• Calidad del servicio: 5%
• Comportamiento y ejercicio profesional: 10%
• Examen de conocimientos: 60%

«Lejos de preocupar la parte del conocimiento, habilidades y experiencia, lo que preocupa es cómo le caigo a mi jefe, a los compañeros con los que trabajo, bien o mal. Son cuestiones subjetivas que no reflejan una capacidad real para la labor jurisdiccional. Por eso los compañeros están protestando, por el temor de que haya consecuencias», aclaró.

La magistrada en retiro recordó que antes de la reforma judicial, impulsada por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un empleado del Poder Judicial podía avanzar «escalón por escalón», gracias al compromiso y a la dedicación.

«Con la carrera judicial uno podía comenzar como oficial, después convertirse en actuario y secretario, hasta ser juez. Acá la gente está acostumbrada a hacer exámenes de todo tipo, no es que les teman. A lo que le temen es al uso arbitrario y discrecional de la evaluación del Órgano de Administración Judicial», reafirmó.

Aseguró que el gobierno, emanado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), truncó la carrera judicial con esta última reforma y luego con la elección judicial, celebrada el 1° de junio de 2025.

«A quienes debería evaluarse es a los jueces, magistrados y ministros elegidos en la elección judicial. Lo que menos le interesa al oficialismo es la capacitación, les interesa la lealtad. Hemos visto cómo en todas partes mete gente afín a su causa», acusó.

Agregó que de parte del Órgano de Administración Judicial, encabezado por Néstor Vargas Solano, no ha habido apertura al diálogo y maneja un doble discurso. «Por un lado dice que está abierto al diálogo, que está en la mejor disposición, que todo está perfecto, pero últimamente no nos quiere recibir ni atender», dijo.

Denunció que en las oficinas, el personal no cuenta con aire acondicionado, agua, papel, toner, entre otros insumos para el trabajo. «El Órgano de Administración Judicial está para generar condiciones propicias para que la justicia se preste en las mejores condiciones posibles», concluyó.

A través de un comunicado, el Órgano de Administración Judicial aseguró que dicha evaluación no pone en peligro ningún cargo ocupado por personal de carrera judicial.

«Es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 pueden provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas. (…) Esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación, y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial», se lee.

Detalló que la finalidad es identificar áreas de oportunidad, consistentes en capacitación y reforzamiento de conocimientos para mejorar la impartición de justicia. Adelantó que la primera evaluación ordinaria se hará cuando acaben las acciones de capacitación correspondientes.

Expresó su respeto a la libertad de las trabajadores y los trabajadores sindicalizados de manifestar su inconformidad. «Sin embargo, la evaluación del desempeño es una obligación legal a cumplir para identificar necesidades de capacitación y fortalecer la carrera judicial y no para justificar el despido de ningún trabajador», reafirmó.

Finalmente, citó el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

Con información de Manuel Espino

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