Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que en 4 mil 796 unidades y centros médicos del IMSS-Bienestar hace falta implementar el Expediente Clínico Digital, por lo que espera que en febrero de 2027, la cobertura de este sistema esté al 100%.

“Ya llevamos prácticamente 3 mil, así como 147 hospitales donde ya se implementó expediente médico electrónico y receta electrónica, así como manejo hospitalario. ¿Qué nos falta? Todavía nos faltan 4 mil 796 puntos que esperamos concluir en los siguientes cuatro meses para que a inicios del año, en febrero, poder decir que tenemos una digitalización completa de receta médica electrónica, de expediente digital en el IMSS y en el IMSS-Bienestar”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, el funcionario mencionó que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mil 270 unidades ya cuentan con expedientes y recetas electrónicas, así como 277 hospitales: “prácticamente la totalidad del IMSS”.

“¿Qué le falta al IMSS? Y es donde estamos con una meta para terminar en los siguientes cuatro a cinco meses, que es las mil 198 unidades de primer nivel y 81 hospitales de lo que antes se conocía como el IMSS Coplamar, después IMSS-Oportunidades y ahora IMSS-Bienestar hace algunos años”, explicó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Clark García refirió que en unidades de salud todavía se prescribía en recetarios y no había expedientes médicos, por lo que este proyecto optimizará el abasto de medicamentos al conocer las necesidades los pacientes.

“El IMSS y el IMSS-Bienestar es una institución gigantesca en términos de la infraestructura que tiene, casi 700 hospitales y casi más de 8 mil centros de salud. ¿Hasta dónde vamos? Ya prácticamente 3 mil puntos, 2 mil 914 hoy ya cuentan del primer nivel de atención con expediente médico electrónico, receta electrónica e inventarios también de medicamentos. Así como Laboratorio en tu Clínica”, señaló.

Por otro lado, en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el funcionario mencionó que 660 unidades de primer nivel y 144 ya cuentan con digitalización, sin embargo, faltan 34 unidades de primer nivel, las cuales estarán listas en diciembre.

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Cuatro presuntos integrantes de una red dedicada a la fabricación y venta ilegal de armas en Puebla y Ciudad de México, fueron detenidos por fuerzas federales al ejecutar cinco órdenes de cateo, informó el Gabinete de Seguridad federal.

Entre los detenidos se encuentra Silvio Hernández Sianos, alias “Gato”, investigado por su participación en actividades relacionadas con la fabricación y comercialización ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, efectivos de la Marina Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desplegaron un operativo en dichas entidades, tras recabar datos de prueba en domicilios utilizados para el acopio y la fabricación de armas de fuego, que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

En Puebla, los elementos detuvieron a «El Gato«, una persona de 51 años, quien, de acuerdo con las investigaciones, se dedicaba a la venta de armas y cartuchos, así como a la fabricación de armas artesanales que comercializaba con grupos delictivos de la Ciudad de México y el Estado de México.

Se le aseguraron 10 armas cortas, ocho armas largas, cuatro armas de fabricación artesanal y 11 rifles, un torno para la elaboración de armas y cartuchos, señaló el Gabinete de Seguridad.

Detienen a 4 integrantes de red dedicada al tráfico y venta de armas en Puebla y CDMX (23/10/2026). Foto: Gabinete de Seguridad

Mientras tanto, en la Ciudad de México, los elementos federales capturaron a Javier Zadid Velázquez García, de 27 años de edad, presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta de droga, extorsión y sicariato, le aseguraron un arma de fuego corta y un arma de fuego corta artesanal, además de 30 dosis de narcóticos.

Asimismo, se detuvo a Omar Arat Ortiz Mora, alias «Bola», quien se dedica al sicariato y venta de droga, se le aseguró un arma corta artesanal, cartuchos útiles y dosis de narcótico.

Además, se detuvo a Leonardo López Rasgado, de 36 años de edad, a quien le aseguraron dosis de narcótico.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, reportó este viernes el Gabinete de Seguridad.

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Las nuevas restricciones impuestas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la Modalidad 40 podrían impedir que miles de trabajadores aumenten el monto de su futura pensión, además de ser inconstitucionales por vulnerar derechos establecidos en la legislación mexicana, advirtió Jorge Antonio Loyo Pérez, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

El especialista señaló en un comunicado que el acuerdo publicado el 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entró en vigor al día siguiente, limita el salario con el que podrán cotizar quienes se incorporen o reingresen a ese esquema y elimina la posibilidad de realizar pagos retroactivos, lo que podría afectar a quienes buscan mejorar sus ingresos durante la jubilación.

La Modalidad 40, denominada oficialmente Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que las personas que dejaron de trabajar para un patrón continúen cotizando por cuenta propia ante el IMSS para acumular semanas y mejorar las condiciones de su pensión.

Este mecanismo resulta especialmente importante para los trabajadores que pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, pues el cálculo de su pensión considera el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas.

Trabajadores del IMSS acusan no haber sido convocados a la mesa de renegociación salarial y piden la destitución de Rafael Olivos (15/10/2026). Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Hasta antes de las modificaciones, quienes cumplían los requisitos podían elegir un salario de cotización superior al último registrado ante el IMSS, dentro de los límites legales, con la finalidad de incrementar el monto que recibirían al retirarse.

Sin embargo, las nuevas disposiciones establecen que quienes ingresen o reingresen a la Modalidad 40 únicamente podrán cotizar con el último salario base registrado antes de causar baja del régimen obligatorio o incrementarlo hasta por el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El acuerdo también dispone que las nuevas incorporaciones tendrán efecto exclusivamente a partir de la fecha en que se presente la solicitud, por lo que ya no se permitirán altas o pagos retroactivos.

Además, los trámites de inscripción deberán realizarse mediante mecanismos digitales y se impedirá la contratación simultánea de la Modalidad 40 con el esquema de aseguramiento voluntario para personas trabajadoras independientes, en los términos establecidos por el Consejo Técnico del IMSS.

Para Loyo Pérez, estas medidas podrían vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo primero de la Constitución, que obliga a las autoridades a garantizar una protección cada vez más amplia de los derechos de las personas.

Explicó que las modificaciones pueden representar un retroceso en las condiciones que permitían a determinados trabajadores continuar cotizando con salarios superiores para obtener una mejor pensión.

El IMSS tiene prevista la entrega de un monto para reconocer a médicos,
personal de enfermería, entre otros trabajadores. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

El académico cuestionó, además, que las restricciones hayan sido establecidas mediante un acuerdo administrativo y no a través de una reforma a la Ley del Seguro Social aprobada por el Congreso de la Unión.

Sostuvo que debe determinarse si el Consejo Técnico del IMSS actuó dentro de sus atribuciones para regular el funcionamiento del sistema o si modificó condiciones que únicamente pueden cambiarse mediante una disposición legislativa.

Precisó que la posible inconstitucionalidad no puede darse por acreditada automáticamente, pues requiere examinar el contenido del acuerdo, las facultades legales del Consejo Técnico y los criterios judiciales aplicables.

Las nuevas disposiciones no eliminan la Modalidad 40 ni modifican de manera inmediata las condiciones de quienes ya estaban inscritos antes de su entrada en vigor.

El acuerdo establece que esos trabajadores conservarán las condiciones contratadas hasta que concluya el periodo correspondiente. También reconoce las semanas y los salarios efectivamente cotizados y pagados, que deberán considerarse para calcular sus futuros derechos pensionarios.

La situación es distinta para quienes todavía no ingresan al esquema o desean reincorporarse, porque deberán sujetarse a las nuevas restricciones salariales.

Loyo Pérez explicó que también será necesario determinar si esas personas cuentan con derechos adquiridos bajo las condiciones anteriores o solamente tenían la expectativa de incorporarse al programa, distinción que dependerá de las circunstancias particulares y del cumplimiento de los requisitos legales.

El especialista señaló que uno de los objetivos de las modificaciones es contener el costo financiero de las pensiones, debido a que la Modalidad 40 permitió que trabajadores que durante buena parte de su vida laboral cotizaron con salarios bajos elevaran considerablemente su base de cotización durante los últimos cinco años.

“Cuando ese incremento se realizaba hasta los límites permitidos, podía traducirse en pensiones considerablemente superiores a las que resultarían de mantener un salario bajo durante todo el periodo considerado”, explicó.

Indicó que el problema para el sistema de seguridad social consiste en determinar si las aportaciones realizadas por los trabajadores son suficientes para sostener las obligaciones pensionarias que adquiere el Instituto.

No obstante, aclaró que aprovechar las condiciones legales para incrementar el monto de una pensión no constituye, por sí mismo, un fraude.

El acuerdo instruye a las áreas financieras y actuariales del IMSS a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un diagnóstico sobre los efectos de la Modalidad 40 en las finanzas institucionales.

IMSS cambia Modalidad 40. Foto: Creada con IA

Posteriormente, la Dirección Jurídica tendrá hasta seis meses, contados a partir de la recepción de los resultados, para coordinar una propuesta de modificaciones normativas que permita garantizar la viabilidad financiera del esquema en el mediano y largo plazos.

Para el académico de la Ibero, las dificultades financieras del Instituto no justifican que se impongan restricciones contrarias a la Constitución o a la Ley del Seguro Social.

También consideró que los trabajadores afectados podrían buscar asesoría jurídica para determinar si tienen posibilidades de impugnar las disposiciones mediante un juicio de amparo u otro recurso legal.

Sin embargo, aclaró que la procedencia de esos mecanismos dependerá de cada caso, del acto que afecte al trabajador, de los plazos legales y del cumplimiento de los requisitos procesales, por lo que no puede garantizarse una resolución favorable.

Loyo Pérez advirtió que el carácter temporal de las restricciones tampoco determina su constitucionalidad, pues debe revisarse si están justificadas y si respetan los derechos de las personas aseguradas.

Expresó que el reto consiste en garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones sin que las autoridades administrativas excedan sus atribuciones ni restrinjan derechos reconocidos por la legislación mexicana.

Senadores de Movimiento Ciudadano (MC) solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum aclarar los presuntos fraudes que se habrían cometido en el esquema de ahorro voluntario de los trabajadores a través de la Modalidad 40.

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que “combatir los fraudes en las pensiones es indispensable, pero no puede convertirse en un pretexto para poner en riesgo los derechos de las y los trabajadores.”

“Más aún cuando la medida deriva de un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, por lo que es indispensable transparentar sus alcances y sus posibles consecuencias”, indicó en entrevista.

Consideró que el Gobierno Federal debe explicar con claridad qué irregularidades detectó, como lo afirmó la Presidenta y garantizar que quienes han cotizado durante años tengan certeza sobre su retiro.

“La responsabilidad de corregir los abusos es del Gobierno, no de quienes han trabajado toda su vida”, concluyó.

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