Tras reunirse por casi tres horas a puerta cerrada con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, informó que fue aceptada la propuesta de las autoridades de incremento salarial del 6 por ciento, con el compromiso de que esa es la base para revisar las posibilidades presupuestales de un mayor aumento.

En conferencia de prensa, detalló que se explicó ampliamente al personal cómo funcionan los procedimientos de presupuestación, aprobación y redistribución del presupuesto asignado al Instituto.

Indicó que primero el INE esperará a conocer en qué términos se aplicará el recorte presupuestal anunciado por la Cámara de Diputados para realizar las redistribuciones correspondientes.

«Tenemos el acuerdo con ellos de que vamos a revisar con la base mínima del seis por ciento y hasta donde podamos crecerlo con base en la disponibilidad que nosotros tengamos», afirmó.

La consejera señaló que no se descarta solicitar una ampliación presupuestal ante las instancias correspondientes si fuera necesario, y adelantó que si en 2027, una vez avanzadas las actividades prioritarias del proceso electoral, se generan economías en la segunda mitad del año, esos recursos podrían redirigirse a las áreas detectadas como prioritarias, tanto en juntas ejecutivas locales y distritales como en los módulos.

Aseguró que el compromiso asumido con los trabajadores es continuar con la revisión para generar mejores condiciones salariales y que este análisis también se incorporará en el anteproyecto de presupuesto 2027 que presentará el INE.

Los representantes de los trabajadores que participaron en la reunión no han fijado su postura.

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En punto de las 3:40 horas, el pleno de la Cámara de Diputados inició formalmente la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. Lo anterior en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo, que desde este lunes amaneció completamente blindado y con los accesos principales cerrados al paso peatonal y vehicular no acreditado.

Al inicio del debate, las vallas metálicas no se han retirado y se prevé que continúen hasta el próximo miércoles.

El objetivo, es evitar bloqueos de manifestantes como el STUNAM, o jubilados de la propia Cámara, quienes amagaron con realizar mítines afuera del recinto legislativo.

Además de las vallas metálicas, las autoridades colocaron rejas antimotines y camiones oficiales que restringen la circulación en calles aledañas, como la calle de Zapata.

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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó la destitución e inhabilitación del juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, quien se desempeñaba como titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, luego de la resolución emitida por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 158/2025-OJ-V (antes 76/2025-V).

A través de un desplegado, explicó que el fallo, aprobado por mayoría del TDJ el pasado 29 de septiembre, impuso al juez, con casi 25 años de trayectoria judicial, una sanción consistente en inhabilitación temporal por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, la cual lleva implícita la destitución inmediata del cargo que ocupaba.

En ese sentido, la Jufed acusó que el procedimiento estuvo precedido por señalamientos y descalificaciones públicas emitidas desde las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “lo que genera la sospecha de que el Tribunal de Disciplina Judicial esté actuando por consigna política, atendiendo a intereses de esa índole y no bajo parámetros de imparcialidad e independencia”.

“Criminalizar o sancionar administrativamente con la máxima severidad la labor interpretativa, la sana crítica y el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional envía un mensaje intimidatorio a todas las personas juzgadoras federales del país y socava los cimientos de la independencia judicial”, dijo.

Ante ello, expresó su preocupación por la posibilidad de que a partir de esta resolución se refuerce un ánimo represor que, con sanciones definitivas hacia personas juzgadoras de carrera judicial, genere un clima de incertidumbre y zozobra que de alguna manera socave la independencia judicial.

Por ello, la Asociación refrendó su acompañamiento a Sigales Obrador Garrido en la defensa de sus derechos humanos, laborales y profesionales frente a esta determinación, y reiteró que defender la autonomía y la estabilidad de quienes imparten justicia es defender el Estado de derecho y las garantías de toda la sociedad mexicana.

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