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Culiacán lucha por retomar la normalidad a 2 años de narcoguerra; “No hay paz, la gente se adaptó a la violencia”
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Culiacán, Sin.— En lo alto de un cerro cercano al mirador de Badiraguato se levanta una figura que domina el paisaje: un San Judas Tadeo de 18 metros de altura. La imagen del santo patrono de las causas difíciles observa desde la sierra un territorio marcado por la violencia y el miedo.
Algunos habitantes cuentan que la enorme escultura fue donada y otros que fue mandada a colocar por Los Chapitos, una versión que forma parte de las conversaciones de esa localidad.
Desde que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado en Sinaloa y trasladado hacia Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, el estado entró en una etapa de violencia que dejó una estela de muerte, desapariciones, pérdidas económicas y miedo.
En Culiacán se vive a pesar de la violencia, afirma un habitante de la ciudad, que ha sido el centro de los enfrentamientos entre facciones de grupos del crimen organizado. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
En Culiacán las calles que durante largos meses quedaron vacías al caer la tarde volvieron poco a poco a llenarse. Los restaurantes recuperaron clientes, los parques comenzaron a recibir visitantes y los negocios continúan intentando mantener sus puertas abiertas.
Pero la normalidad no regresó del todo. Lo que apareció fue una nueva manera de sobrevivir.
Cuentan habitantes de esta ciudad que salir a cualquier parte implica revisar mensajes en grupos de WhatsApp, preguntar a conocidos para saber cómo está determinada zona, modificar rutas y decidir si vale la pena acudir o no a un lugar. La gente volvió a las calles, pero con la violencia como acompañante permanente.
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Una escultura de San Judas Tadeo, de 18 metros de altura, vigila desde lo alto de un cerro el poblado de Badiraguato. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
Jesús, quien sigue el impacto social de la crisis, resume lo que es vivir en Culiacán ahora: “No hay más seguridad, no hay más paz… simplemente se adaptó la gente a la violencia”.
La ciudad que aprendió a vivir con miedo
La guerra entre facciones criminales transformó la manera en que los sinaloenses perciben la violencia. Al principio, los enfrentamientos visibles paralizaban sectores completos de la ciudad. Las familias se encerraban al caer la tarde y las actividades laborales y educativas se detenían ante el temor de quedar atrapadas en medio del fuego cruzado.
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Al pasar de los meses, explica Jesús, la dinámica cambió. Los enfrentamientos abiertos bajaron y dieron paso a ataques más específicos contra personas o casas.
Las familias culiacanenses revisan redes sociales antes de salir a la calle para verificar si hay las condiciones de seguridad necesarias. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
La presencia militar aumentó en Sinaloa. Miles de elementos (se habla de más de 16 mil) fueron desplegados a distintas zonas del estado y para algunos habitantes esa vigilancia representa una sensación de mayor protección. Para otros, ver espacios públicos ocupados por fuerzas armadas recuerda que la entidad continúa atravesando una crisis.
Jesús menciona que el despliegue militar no ha significado necesariamente una recuperación de la paz en el estado.
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La sociedad, dice, entendió que debía continuar: las escuelas tenían que funcionar, los comercios abrir y las familias salir. “En Culiacán vivimos a pesar de la violencia”, señala.
“Aquí hay que andar con los pies en la tierra”
Un albañil que llegó a Culiacán desde hace algunos años describe una sensación que, dice, comparten muchos habitantes: vivir con la idea de que cualquier error puede tener consecuencias.
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“Está bien difícil. Ya el hecho de amanecer vivo es ganancia”, dice.
No habla sólo de quienes participan en la violencia. Para él, el miedo alcanzó a todos. “La debas o no la debas, tienes que andar con cuidadito”, explica.
“Aquí de la nada te pueden secuestrar, te pueden levantar o te pueden quemar las cosas”.
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Su recomendación es sencilla: evitar confrontaciones, mantenerse al margen y no exponerse de manera innecesaria.
Para Reinalda Pulido Chavira, la violencia no se mide en estadísticas, tiene un nombre, un rostro y una ausencia: Ernesto, su hijo, a quien llama de cariño Neto, que desapareció con sólo 16 años.
Hace seis años creó y dirige el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, una de las 32 agrupaciones de familiares de desaparecidos que existen en la entidad.
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Reinalda, de 41 años, comenta que las familias enfrentan solas una responsabilidad que corresponde a las instituciones. Habla de retrasos en las búsquedas, falta de recursos y un trato que, afirma, las hace sentirse revictimizadas.
Menciona que las autoridades llegan sin herramientas ni recursos suficientes, mientras las familias deben conseguir gasolina, agua, alimentos y equipo para continuar. “Yo estoy sacando cuerpos a pala”, dice.
Su voz cambia cuando habla de su hijo. Hay momentos en que el llanto parece ganarle. “Jamás voy a dejar de buscar a Neto”, afirma.
La búsqueda no tiene horario. Salen por la mañana y pueden pasar todo el día bajo el sol. Hay ocasiones en que llega la tarde y apenas han probado alimento.
Reinalda sabe que cada búsqueda tiene un costo. No sólo es el cansancio físico de caminar kilómetros, cargar herramientas o permanecer horas bajo el sol. También está el desgaste emocional de enfrentarse todos los días a la posibilidad de encontrar aquello que más teme.
“Yo no tengo por qué seguir buscando, pero pienso: ¿y si lo encuentro?”, dice.
Esa pregunta la acompaña en cada jornada. El temor no es sólo no hallar a Neto, sino encontrarlo en condiciones que ninguna madre debería enfrentar.
“He encontrado a plebes hasta sin cabeza”, relata con la voz entrecortada. “Y a veces me pongo a pensar y digo: ‘yo no quiero encontrarlo así’”.
A unos metros de donde las madres clavan las palas en la tierra, un grupo de militares observa el perímetro. Su tarea consiste en brindar seguridad durante las jornadas de búsqueda. Permanecen atentos entre los matorrales, vigilando caminos y movimientos extraños mientras las familias avanzan hacia los puntos señalados por denuncias anónimas.
Uno de ellos reconoce que el miedo forma parte de la rutina.
“Sí da miedo, es normal”, admite. Dice que los elementos ya saben cómo actuar en este tipo de operativos, pero que la preocupación principal son las personas que acompañan.
“Uno ya está acostumbrado y sabe qué hacer, pero no puedes cuidarte a ti y a las otras personas que vienen contigo al mismo tiempo”, explica.
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Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) incluyen un esquema de adjudicaciones que vincula a un conglomerado de siete empresas que, además de haber sido beneficiadas por el órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, también han obtenido contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.
Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la actual consejera presidenta del INE se remonta al año 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral del estado de Sonora (2014-2021).
Fue en marzo de 2024 cuando la ASF detectó irregularidades entre la adjudicación directa que el INE le otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por un monto de 63 millones 241 mil pesos para la producción y distribución de materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.
Derivado de las fiscalizaciones de la ASF, se investigan irregularidades por 514 mdp por parte de cuatro empresas del corporativo de los hermanos Hernández Casillas. Foto: Especial
Entre los hallazgos, se detectó una triangulación de recursos hacia otras empresas, motivo por el que la UIF inició una indagatoria.
Así, se identificó una red de al menos siete empresas vinculadas operativamente a los hermanos Hernández Casillas, las cuales se postulaban como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.
Se trata de Cajas Graf, S.A. de C.V., proveedora de paquetes y cajas electorales a nivel estatal y federal; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., dedicada a la producción de documentación electoral y materiales con candados de seguridad; Corporativo Zeg, S.A. de C.V., utilizada para contratos de impresión de boletas y actas de escrutinio; Seriplast de México, dedicada a la manufactura de insumos plásticos; Diseño Reconstrucción y Comunicación, dedicada a realizar estudios de mercado; así como las personas morales Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
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Fuente: ASF y UIF
Los registros de auditoría señalan que este grupo de empresas acumula contratos consolidados por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con presencia documentada en al menos 13 estados.
Las investigaciones revelan que las empresas comenzaron a participar en licitaciones para obtener contratos electorales desde 2014, cuando Guadalupe Taddei trabajó en el Instituto Electoral de Sonora. Destaca el contrato IEEPC/LP/0- 03/2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, adjudicado a este grupo corporativo.
A partir de ese momento, el conglomerado comenzó a recibir contratos con OPLE de otras entidades. En 2018, la empresa Cajas Graf obtuvo el contrato 1/LPN/OPLEV- 401A02-001/2018 con el Instituto Electoral de Veracruz por 141 millones 775 mil 200 pesos para llevar a cabo el suministro de 12 mil paquetes electorales.
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En Jalisco (IEPC Jalisco), la UIF documentó el contrato LPN-E-04-2024 asignado a Cajas Graf por un monto de 102 millones 160 mil 915.80 pesos; en Hidalgo (IEEH), se tiene cuenta de dos registros a favor de Cajas Graf, el primero bajo el procedimiento LP-IEE-002-2021 por 68 millones 980 mil 163.28 pesos y el segundo con el folio IEEH-DA-2022-085 por 65 millones 981 mil 373.62 pesos.
En 2021, el Instituto Electoral de Oaxaca (IEEPCO) otorgó una adjudicación directa a Corporativo Zeg por 32 millones de pesos, y posteriormente dio otra licitación por 36.09 millones de pesos a la misma empresa. Cabe destacar que, en este caso, los contratos se autorizaron durante la gestión de la entonces secretaria ejecutiva del órgano local, Iliana Araceli Hernández Gómez, cercana a Guadalupe Taddei y quien desde abril de 2026 es directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.
Las autoridades federales también detectaron el contrato con folio DRM-017/21 que el Instituto Electoral de Chihuahua entregó a dicho conglomerado empresarial por un total de 33 millones 881 mil 653.52 pesos derivado de una licitación pública; en Quintana Roo (IEQROO) se avaló el contrato IEQROO/LPN/07/2022 por un importe de 29 millones 802 mil 439.28 pesos; en Sinaloa (IEES), se entregó una adjudicación directa por un monto de 27 millones 762 mil 525.50 pesos, y en Campeche (IEEC) se identificó el folio DEAPPAP/010/2021 por un valor de 24 millones 180 mil 207.54 pesos.
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Las indagatorias revelan que en Aguascalientes (IEE Aguascalientes), durante el proceso electoral de 2024, Formas Finas y Materiales aseguró un contrato cercano a los 17 millones de pesos al presentarse de manera única en la fase de propuesta económica.
El órgano electoral del Estado de México (IEEM) otorgó, en marzo de 2023, la licitación IEEM/LP- N/03/2023 a Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales, que obtuvieron contratos por 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos, respectivamente.
En Querétaro, el Instituto Electoral (IEEQ) aprobó una asignación por 8 millones 644 mil 86.84 pesos destinada expresamente a la producción de material electoral para la jornada y etapas posteriores del proceso 2020-2021; mientras que en Zacatecas (IEEZ) se registraron contratos individuales por 2 millones 4 mil 234.95 pesos.
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Dichos contratos son los más destacados, pero Cajas Graf acumula 22 contratos con 13 institutos estatales por un total de 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales registra 15 contratos en 11 entidades federativas, equivalentes a 540.1 millones de pesos.
Investigan tráfico de influencias y conflicto de intereses
Derivado de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se investigan presuntas irregularidades por 514 millones de pesos por parte de Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, y Cajas Graf.
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Las indagatorias ministeriales y administrativas analizan presuntas conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses. Entre ellas, se tiene documentado el caso de Jesús Octavio García González, quien fungió como representante jurídico de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, y posteriormente asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área central en la validación y autorización de las compras institucionales.
De igual forma, se integró a la indagatoria la relación personal entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas con Guadalupe Taddei Zavala.
Adicionalmente, la fiscalía mantiene una línea de investigación sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por la recepción de transferencias bancarias directas provenientes de las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, registradas bajo los conceptos de préstamos y viáticos.
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Dirigentes nacionales y legisladores federales de oposición del PRI y el PAN consideraron que la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei es “insuficiente” y demandaron que haya castigo, “no más impunidad” en el órgano electoral y que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación investiguen.
¿Qué dijo la oposición sobre la renuncia de Guadalupe Taddei?
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que el caso es una lección para Morena.
“Las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno de Morena”, criticó.
La senadora tricolor Claudia Anaya afirmó que el asunto no debe quedar en la renuncia, sino “que no haya impunidad”; resaltó que fue la primera mujer en presidir el organismo, y ahora será la primera en dejarla por escándalos.
Lilly Téllez, senadora panista, recordó que hace dos años pidió la comparecencia de Taddei por otro caso de corrupción, cuando dio un contrato a la empresa inmobiliaria, Altasierra, presuntamente perteneciente a la familia del gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo.
La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, consideró que “la renuncia anunciada de Taddei era impostergable; su permanencia en el INE era políticamente insostenible”, pero remarcó que “no basta con irse, exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política”.
El también vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, acusó que “Morena promovió a Taddei y llegó la corrupción rapaz al INE”, por lo que “debe pagar el costo político”. Coincidió en que “la renuncia no debe significar impunidad, la ASF debe llegar a fondo en las investigaciones y la FGR debe iniciar una averiguación previa de oficio”.
Dijo que “ambas instituciones deben arrojar conclusiones que permitan sanciones ejemplares”. Además –resaltó– “en la Cámara de Diputados tenemos el gran reto de encontrar el mejor perfil para devolver al INE su integridad”.
El diputado Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE, dijo que “hay un consenso entre las distintas figuras políticas” para exigir que Taddei aclare los hechos contrarios a la ley y que haya sanciones.
Tabasco.— Entre la falta de especialistas y graves episodios de negligencia, los derechohabientes del IMSS en Tabasco se ven obligados a desembolsar miles de pesos en clínicas, consultorios y laboratorios privados para atender sus padecimientos de salud.
Pese a que a los trabajadores se les descuenta puntualmente la cuota del Seguro Social en su nómina, las deficiencias operativas y la tardanza en los servicios médicos terminan orillando a las familias a costear estudios, intervenciones y terapias por fuera para proteger su salud.
Tal es el caso de Eduardo Jiménez, trabajador de mantenimiento en una empresa en Villahermosa, quien tras sufrir un accidente en motocicleta sólo recibió del IMSS curaciones superficiales, analgésicos básicos y una incapacidad por cinco días.
Al persistir un dolor severo en la espalda baja que le afecta la pierna, y ante la falta de especialistas en rehabilitación o quiropráctica en la institución, tuvo que acudir a la medicina privada.
“Tuve una caída, un accidente en la moto, porque ando en motocicleta, llevo pagado, quizás, como cinco mil pesos, lo que fue la curación, me hicieron radiografías, en lo que voy a terapia, en los quiroprácticos, en los fisioterapeutas”, relató a El UNIVERSAL.
Eduardo, de 40 años, quien vive en Villahermosa, contó: “En el IMSS, cuando me caí, nada más me lavan la herida y me dan paracetamol para el dolor o indometacina, porque son los medicamentos que te dan, y tu incapacidad de cinco días. Yo lo que quería era recuperarme, pues es lo que quiere uno como trabajador”.
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Dijo que el IMSS suele programar estudios clínicos hasta con un mes de postergación cuando los resultados se exigen de inmediato, obligando a los pacientes a pagar laboratorios particulares por la desesperación de sanar.
“Sí está muy crítico, porque como empleado te descuentan para el Seguro y vas y te levantan una orden médica para hacerte un estudio dentro de un mes, cuando lo necesitas entregar ya”, explicó.
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