Bogotá.— En México la libertad de expresión se encuentra bajo acecho ante la persistente violencia contra periodistas, así como por procesos judiciales y medidas regulatorias. Además, durante este año también se registraron desapariciones, amenazas de muerte, agresiones físicas y presiones para retirar o limitar información, señala el reporte anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que será presentado durante su 82 Asamblea General, que se celebra en la capital de Colombia.

De acuerdo con el informe, todas estas circunstancias afectan las condiciones para que en México se ejerza la libertad de expresión.

En este contexto, la SIP da cuenta de algunos de los casos en los que periodistas han sido víctimas de asesinato, agresiones o amenazas.

“Entre los casos más graves se encuentran los de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, cuyo homicidio ocurrió también en Oaxaca, y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto en Puebla. En algunos de estos casos existían amenazas previas o publicaciones relacionadas con asuntos sensibles. La SIP, el CPJ y RSF reclamaron investigaciones exhaustivas y que no se descartara la actividad periodística como posible móvil. Se registraron otros tres asesinatos que, según informes de prensa disponibles al momento de este informe, no presentan indicios ni evidencias de vínculos con el trabajo periodístico de las víctimas”, señala.

Agrega: “La violencia no se limitó a los homicidios. También se documentaron amenazas contra periodistas y sus familiares en Sinaloa y Tlaxcala, campañas de señalamiento en redes sociales, agresiones durante coberturas y presiones para retirar materiales periodísticos. Destacó el caso de dos periodistas que, según la denuncia recopilada, fueron obligados por efectivos de la Secretaría de Marina a borrar imágenes y videos mientras documentaban un presunto derrame de petróleo en Tamaulipas.

“En Chiapas y Oaxaca, periodistas incorporados al mecanismo de protección señalaron que las medidas existentes no eliminaban los riesgos derivados de sus coberturas. En septiembre se sumaron amenazas contra el periodista poblano Jaime López y la agresión física contra la fotodocumentalista Abril Ángel durante una protesta en Ciudad de México”, apunta el informe.

“Frente a este escenario, se produjeron acciones institucionales para fortalecer la protección y la investigación de los delitos contra periodistas. La SIP y el Comité para la Protección de Periodistas sostuvieron reuniones con la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República, y plantearon la necesidad de mejorar la capacitación judicial, la coordinación institucional y la respuesta frente a los crímenes contra periodistas. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales continuaron señalando la impunidad como uno de los principales factores de riesgo. Reporteros sin Fronteras ubicó a México en el lugar 122 de 180 países en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 y en el 160 en el indicador de seguridad”, apunta el informe preparado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

La SIP expresó que otro foco de preocupación durante el periodo del reporte fue el uso de disposiciones legales y procedimientos judiciales con posibles efectos inhibitorios sobre la actividad periodística y destacó el caso de la llamada Ley Serrano, en San Luis Potosí, así como la alerta que se disparó con la presentación del gobierno federal de lineamientos sobre derechos de las audiencias y sus posibles efectos nocivos sobre la libertad de expresión.

“El caso más relevante fue en San Luis Potosí, donde una ley relacionada con el uso de inteligencia artificial derivó en procesos contra periodistas. Organizaciones de libertad de expresión cuestionaron conceptos considerados amplios y advirtieron sobre su posible utilización contra voces críticas. La CIDH manifestó preocupación por los procedimientos derivados de esta legislación. A ello se sumó la discusión sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Organizaciones periodísticas, académicos y otros actores expresaron preocupación por la posibilidad de que algunas disposiciones afectaran la libertad editorial o generaran autocensura, particularmente si autoridades administrativas pudieran intervenir en contenidos periodísticos. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se tratara de censura y defendió la regulación como una vía para garantizar los derechos de las audiencias. Los lineamientos fueron aprobados el 26 de agosto, aunque permanecieron cuestionamientos sobre la distinción entre información y opinión y sobre los mecanismos de supervisión”, señala el reporte.

El informe también da cuenta de que la relación entre el gobierno federal y algunos medios de comunicación estuvo marcada por “confrontaciones públicas y nuevas formas de seguimiento de la conversación digital”.

La SIP es una organización integrada por más de mil 300 medios impresos, televisoras, radios y medios digitales, asociaciones de prensa, empresas proveedoras de servicios e individuos, cuya misión es promover las libertades de expresión y de prensa.

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Exmagistradas, exjueces y especialistas alertaron que existe el riesgo de que eventuales amparos promovidos contra el cambio en el reglamento de la Modalidad 40 puedan ser desechados por el nuevo Poder Judicial.

Entrevistados por EL UNIVERSAL, indicaron que las personas afectadas por la decisión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se toparán con los llamados “jueces del acordeón” afines a la llamada Cuarta Transformación, pero también a juzgadores de carrera que están siendo presionados y perseguidos cuando dictan sentencias en contra del gobierno federal.

Asimismo, descartaron que las reformas a la Ley de Amparo puedan ser el pretexto para que los jueces no resuelvan a favor de los afectados, pero advirtieron que en caso de el tema de la Modalidad 40 llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será imposible que los ministros del “acordeón” emitan una resolución contra el gobierno de la 4T.

La exmagistrada de Circuito, María Emilia Molina, dijo a EL UNIVERSAL que las personas afectadas por el cambio en el reglamento del IMSS en el tema de la Modalidad 40 tienen la posibilidad de presentar amparos por la vía indirecta a pesar de las reformas a la Ley de Amparo que promovió el gobierno de la 4T.

“Hay posibilidades de presentar amparos en este tema y otros a pesar de las reformas a la Ley de Amparo, por medio del control de convencionalidad, es decir la obligación de los jueces y autoridades de un Estado de verificar que las leyes y actos internos no contradigan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”.

Sin embargo, consideró que el problema principal es el tipo de jueces que se tienen, los electos por voto popular y aún los de carrera, porque “los está presionando por medio del Tribunal de Disciplina, abriéndose procedimientos, recurriendo a la Fiscalía General de la República, abriéndose carpetas de investigación, es decir por medio de la persecución”.

Consideró que el punto real es qué tipo de jueces serán los que conozcan estos amparos sobre la Modalidad 40 y qué tanta libertad sentirán en sus actuaciones para decirle al gobierno que está mal, que se puedan paralizar los efectos y conceder un amparo.

“Porque es evidente que hay violación a diversas garantías constitucionales porque la propia Constitución garantiza los derechos humanos respecto a la no retroactividad de las normas o la jerarquía de la ley. Más aún en un tema como las pensiones”.

La exmagistrada de Circuito con casi tres décadas de trayectoria, dijo que en principio tendría que haber una suspensión a la aplicación de los cambios en la Modalidad 40 y también una concesión de amparo. “Pero habrá que ver la actuación de los jueces electos en este sentido”.

Descartó la posibilidad de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la oposición en el Congreso de la Unión porque no tienen mayoría, pero además porque algunos de los ministros electos han dicho que siempre estarán a favor de la hacienda pública.

“Hay una cooptación de todas las instituciones que hay, que controlaban al poder, con lo que el actual régimen puede hacer lo que quiera violando derechos de los ciudadanos. Ya no hay contrapesos”. señaló.

Cuestionada que en caso de que el tema de la Modalidad 40 llegue a la SCJN y sea resuelto por los llamados “ministros del acordeón”, dijo que primero tendría que pasar por un juzgado de distrito y ver si lo admiten, porque los jueces electos por la vía popular están desechando este tipo de demandas contra el gobierno.

“Y en caso de que las llegaran a admitir, si concedieran las suspensiones, y en todo caso que un tribunal colegiado le pide a la Suprema Corte o las partes que ejerzan facultad de atracción. Pero al llegar a Corte me parece que hay un gran riesgo por el tipo de resoluciones que han estado dictando progobierno”.

Por su parte, la exjueza en el Décimo Primer Tribunal Federal en Materia Laboral, Juana Fuentes, expuso que además de las presiones y persecución del gobierno contra juzgadores que emitan resoluciones contrarias a este tema, pesará el desconocimiento que existe por parte de los jueces electos vía el voto popular.

Aseguró que es viable que los afectados por violación a sus derechos constitucionales con la eliminación, pausa o modificación de acceder a una pensión digna, recurran a un amparo indirecto para impugnar la resolución del Consejo Técnico del IMSS.

“El IMSS está aplicando una restricción al tramitar una inscripción de reingreso o elección salarial. Entonces es viable la impugnación contra la sola emisión del acuerdo”.

“Tenemos un Poder Judicial cooptado, porque todas las resoluciones que ha estado emitiendo la Corte en materia fiscal, tributaria, presupuestal, han resuelto para proteger al Estado. Ya no hay límites, ni contrapesos para el Poder Ejecutivo y sus resoluciones, aunque sean ilegales e inconstitucionales”, apuntó la exjueza.

Recordó que si un juez o un magistrado emite un fallo, sentencia o resolución en contra de alguna reforma o decisión del gobierno federal, ahí está el Tribunal de Disciplina Judicial o directamente las fiscalías para presionar y perseguir a los juzgadores. Por eso el temor, de que en este caso, se aplique la misma fórmula”, apuntó.

El catedrático experto en materia laboral y ley de amparo de la Universidad Iberoamericana, Jorge Antonio Loyo, coincidió en que la falta de preparación de los “jueces del bienestar o del acordeón”, así como las presiones y persecución del gobierno pueden influir en retrasar o ser un dique que busque no prosperen los amparos de los afectados por esta modificación.

Sin embargo, expuso que a pesar de todo ello sí es viable promover amparos y ganar al IMSS ante este acuerdo ilegal que viola derechos laborales de miles de trabajadores que quieren ser considerados como que cometen un fraude, cuando la Modalidad 40 se encuentra en la ley.

Argumentó que los cambios a la Ley de Amparo que promovió el actual gobierno de la 4T no podrán frenar que en lo personal se presenten los recursos para reclamar el derecho a una pensión digna, “no son pensiones doradas como dicen los funcionarios del IMSS y de la Presidencia, porque se trata de pensiones en promedio de 20 mil o 25 mil pesos mensuales”.

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El cambio climático golpea a la educación en México: alrededor de 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes sufrieron alteraciones en sus actividades escolares por la suspensión de clases presenciales, la reducción de jornadas y los cambios al calendario escolar debido a las altas temperaturas registradas en 18 estados durante 2023 y 2024, mientras que los fenómenos meteorológicos extremos están asociados con una caída de hasta 2.6% en la inscripción de niñas de primer grado de primaria, revela un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La investigación, titulada La infancia y adolescencia frente al cambio climático en México, publicada en 2026, advierte que 22.2% de las escuelas de educación básica y 25.5% de los planteles de educación media superior carecen de agua potable, una situación que agrava las consecuencias de las olas de calor y dificulta la continuidad de las actividades académicas.

El documento señala que durante el ciclo escolar 2023-2024, al menos una cuarta parte de las entidades federativas adelantó la conclusión de clases debido a las altas temperaturas, mientras que en otros planteles fue necesario reducir horarios, suspender actividades presenciales o restringir la práctica de educación física.

De acuerdo con UNICEF, las afectaciones registradas en 18 estados estuvieron relacionadas con el fenómeno climático de El Niño, que provocó temperaturas elevadas durante 2023 y 2024, mientras que las cifras de escuelas sin agua potable proceden de información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente a 2023.

Advierte que el cambio climático amenaza el derecho a la educación, principalmente entre estudiantes de comunidades rurales, indígenas y familias en condiciones de pobreza, quienes enfrentan mayores dificultades para continuar sus estudios después de huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor.

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