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CNDH respalda derechos de las audiencias; «libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras», dice

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CNDH respalda derechos de las audiencias; "libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras", dice

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó a quienes califican de “censura” los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al afirmar que algunos de sus críticos se han beneficiado de formas económica y política de difundir “mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo” como verdades absolutas.

“La libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”, dijo dicho organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra a través de un pronunciamiento al recordar su postura en la Acción de Inconstitucionalidad 76/2025 contra distintas disposiciones del Código Penal del Estado de Puebla.

Indicó que el bulo, la mentira y los discursos de odio y discriminación no pueden considerarse información ni quedar cobijados por las libertades de expresión.

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Agregó que la discusión pública fortalece el debate acerca del papel de los medios de comunicación en el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y a la democracia.

Además, que la discusión no significa que se esté ante un intento de censura o represión y sostuvo que los lineamientos pueden contribuir a subsanar una deuda histórica con las audiencias, al reconocerlas como titulares del derecho a recibir información veraz, plural, claramente identificada y respetuosa de la dignidad humana.

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Dijo que las disposiciones propuestas no facultan a la autoridad para imponer una verdad única, opiniones determinadas o castigar el periodismo crítico o de investigación.

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Indicó que tampoco implican que el gobierno se convierta en juez con el fin de determinar qué es verdad y qué es mentira en los medios, que intervenga en las decisiones editoriales o contenidos informativos, ni que se sancione a los concesionarios por lo que difunden.

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Expresó que la finalidad es garantizar los derechos establecidos desde 2014 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y cumplir con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna.

Recordó que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y un recurso limitado, por lo que debe administrarse privilegiando el máximo beneficio social y bajo los principios de eficiencia, equidad e interés público, con un enfoque de derechos humanos.

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Esta Comisión explicó que la radiodifusión es un servicio público de interés general fundamental para la construcción de ciudadanía y la consolidación de una identidad cultural. En ese contexto, sostuvo que los medios públicos de comunicación no deben actuar como meros voceros del poder y que los particulares y empresas concesionarias de radio y televisión mantienen una responsabilidad social que debe trascender la lógica mercantil y los intereses particulares.

Añadió que informar implica contribuir a la formación de una opinión pública crítica, participativa y consciente, capaz de deliberar libremente, exigir rendición de cuentas y ejercer y defender los derechos humanos.

Entre los mecanismos que la CNDH consideró necesario fortalecer están la Defensoría de las Audiencias, el derecho de réplica y canales institucionales independientes para que las personas puedan expresar inconformidades relacionadas con violaciones a sus derechos en transmisiones públicas y privadas.

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Mencionó que dichos instrumentos ya existen, pero necesitan claridad y especificidad para su ejercicio, y advirtió que actualmente no se cuenta con un procedimiento claro que asegure su funcionamiento y garantice una atención oportuna de la desinformación.

Asimismo, planteó la necesidad de diferenciar entre información noticiosa y opiniones personales, contar con contenidos que reflejen la diversidad social, cultural, étnica y lingüística del país y evitar que las preferencias políticas de los emisores determinen los contenidos.

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Consideró necesario evitar la publicidad engañosa presentada como información periodística o noticiosa.

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Argumentó que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión son complementarios y se fortalecen mutuamente. Y destacó que una sociedad democrática requiere que las personas puedan distinguir entre hechos y opiniones, identificar contenidos con fines comerciales o políticos, conocer el origen de los mensajes y contar con mecanismos eficaces para corregir información falsa o inexacta mediante instancias independientes.

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Afirmó que las principales afectaciones a la libertad de expresión en la historia reciente de México no han derivado del reconocimiento de los derechos de las audiencias, más bien de prácticas como la censura y la manipulación de la información, las presiones políticas y económicas contra periodistas y medios de comunicación y la concentración de la propiedad de los medios.

Recordó que diversos sectores han cuestionado el empleo de medios públicos con la intención de imponer una sola verdad y la influencia desproporcionada de grandes concesionarios en la formación de la opinión pública y en el sostenimiento de estructuras de poder político y económico.

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Resaltó que la concentración mediática, la mercantilización de la información y la subordinación del interés público a intereses políticos o comerciales representan riesgos para el derecho a la verdad y para la calidad de la democracia.

También hizo referencia a diversos episodios de la historia de México, desde la censura durante el Porfiriato y la promulgación de la Constitución de 1917, hasta el uso de medios de comunicación para privilegiar determinadas narrativas o minimizar otras voces.

Al citar su «Pronunciamiento sobre el deber de prevenir y erradicar las múltiples manifestaciones de violencia política en el contexto del ejercicio de los derechos político-electorales», la Comisión señaló que durante largos periodos se recurrió a mecanismos de invisibilización, estigmatización y descrédito contra movimientos sociales y actores políticos que representaban alternativas al orden establecido.

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Agregó que durante la Guerra Fría actores y organizaciones identificados con la izquierda fueron presentados como una “amenaza para el orden social”, mientras que después adquirieron mayor importancia mecanismos de manipulación mediática.

Dijo que el objetivo era limitar el ejercicio de libertades y derechos de determinados actores y evitar la competencia por el poder en condiciones de igualdad para mantener el orden establecido.

Por ello, consideró que la defensa de la libertad de expresión implica garantizar el pluralismo informativo, la variedad de voces y el derecho de las audiencias a acceder a información veraz, verificable y oportuna.

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Aseguró que la democracia requiere acceso universal a la información y a la verdad, así como dejar atrás cualquier tentación de dogmatismo o de imponer “verdades únicas”. Añadió que los medios deben contribuir a formar una opinión pública consciente, crítica y libre y fortalecer la deliberación pública.

En este contexto, la Comisión Nacional afirmó que la libertad de expresión protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas, sino también frente a la desinformación, las ideas prejuiciadas o deliberadamente falseadas con un fin distinto al ejercicio de esa libertad.

Resaltó que el derecho a la verdad está intrínsecamente vinculado con el derecho a la democracia: “Sin verdad no existe deliberación democrática; sin información confiable, no puede formarse una ciudadanía consciente y participativa”.

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Reconoció que la consulta pública convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones representa una oportunidad para enriquecer y perfeccionar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, así como para fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión y la democracia.

Expuso que una democracia auténtica requiere un periodismo libre e independiente, medios comprometidos con su responsabilidad social y audiencias bien informadas, para que la comunicación cumpla su función social al servicio de la verdad, la justicia, la dignidad humana y los derechos del pueblo de México.

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dft/bmc

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Daniel Sibaja pidió salón del aeropuerto a la SRE, dice Higinio Martínez

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Daniel Sibaja pidió salón del aeropuerto a la SRE, dice Higinio Martínez

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, responsabilizó al secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González, de haber solicitado al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, “por cuenta propia y sin acuerdo de este órgano de gobierno”, el Salón de Protocolos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para los 128 senadores cuando tengan que realizar “traslados aéreos”.

Martínez Miranda aseguró que sólo había una propuesta de dos senadores, ninguno de ellos de Morena, pero que el secretario técnico decidió enviar la solicitud formal por iniciativa propia, lo que calificó como un “error garrafal”.

El senador mexiquense se des- lindó del oficio enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y advirtió que fue un error de Sibaja González dirigirse a un secretario de Estado sin contar con atribuciones para hacerlo, por lo que adelantó que el asunto será revisado en la próxima reunión de la Mesa Directiva, donde se determinará qué medidas tomar.

Explicó que el tema se mencionó semanas atrás durante una reunión de trabajo de la Mesa Directiva, a partir de planteamientos de integrantes de ese órgano, pero únicamente como un asunto general que debía revisarse.

Higinio Martínez precisó que en aquella reunión no se aprobó enviar una solicitud formal a la Cancillería ni se instruyó al secretario técnico para que realizara esa gestión.

“Fue una decisión personal”, sostuvo al explicar que desconocía la existencia del documento hasta que se hizo público la noche del pasado miércoles. Incluso, afirmó que no recibió copia del oficio y que tampoco se le informó previamente sobre su envío.

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Puntualizó que el escrito presenta deficiencias adicionales, entre ellas errores ortográficos y nombres incorrectos de senadores, aspectos que, a su juicio, refuerzan la necesidad de revisar la actuación del secretario técnico.

Subrayó que si hubiera existido una determinación formal de la Mesa Directiva para solicitar la intervención de la SRE habría correspondido al presidente del Senado suscribir y dirigir el documento, con base en un acuerdo expreso del órgano legislativo o del pleno.

Por ello, recalcó que no puede atribuirse la gestión al conjunto de los 128 integrantes de la Cámara Alta ni presentarse como una solicitud oficial de Morena.

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Reiteró que el asunto se trató sólo entre los 12 integrantes de la Mesa Directiva, por lo que el resto de la cámara nada tiene que ver con el tema.

Además, reconoció que el secretario técnico se asignó una atribución que no le corresponde al dirigir un oficio a la SRE.

“Ni se acordó en la Mesa Directiva que se pidiera eso al secretario de Relaciones Exteriores, fue una decisión personal. Es un error garrafal”, insistió.

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Sobre la continuidad de Sibaja González en el cargo, el senador evitó adelantar una decisión.

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Alerta financiera en modalidad 40 de pensiones, desde 2023

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Alerta financiera en modalidad 40 de pensiones, desde 2023

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del gobierno federal advirtieron, desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los riesgos financieros, el crecimiento de los pasivos laborales y las distorsiones operativas asociadas al esquema de la Modalidad 40.

Antecedentes documentales en poder de EL UNIVERSAL dan cuenta de diversas alertas que se formularon desde el año 2023, a través de recomendaciones de la alta dirección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que en ese entonces estaba a cargo de Luisa María Alcalde, además de informes de riesgos entregados al Congreso de la Unión y diversos boletines informativos emitidos por el IMSS en años posteriores.

Durante una sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico del IMSS celebrada en junio de 2023, la entonces titular de la STPS y recién nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, intervino para fijar la postura de la política laboral del Estado.

En la sesión, Alcalde Luján dio cuenta de cuatro retos urgentes para el futuro institucional del IMSS: “Trabajar en el nuevo modelo de justicia laboral para fortalecer las áreas jurídicas del IMSS, contar con un andamiaje administrativo robusto para la entrega de las pensiones, regresar a los principios básicos de la Ley Federal del Trabajo respecto a las relaciones laborales y evaluar rigurosamente la Modalidad 40, con la finalidad de generar equilibrios”.

En el mismo evento, la Dirección de Finanzas, que estaba a cargo de Marco Aurelio Ramírez Corzo, informó que a causa de diversos factores como la Modalidad 40 y la vejez poblacional la suficiencia financiera del IMSS se proyectaba hasta el año 2037.

En los últimos años, el IMSS detectó la existencia de despachos apócrifos y coyotes que cobraban elevadas cantidades de dinero a derechohabientes para aumentar hasta el “tope” el promedio salarial de trabajadores que dejaron de cotizar, por lo que el IMSS terminaba pagando pensiones de hasta 86 mil pesos mensuales, mucho más altas de lo que originalmente se calculaba. Lo anterior ha venido acelerando el déficit del pasivo laboral del instituto.

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Pese a ello, en sus comunicados de alerta no advirtieron sobre riesgos de “fraude”. En los años 2023, 2024 y 2025 el instituto emitió diversos boletines informativos. En el más reciente, Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social de la Dirección de Incorporación y Recaudación (DIR) del IMSS, advirtió sobre la proliferación de esquemas engañosos en plataformas digitales.

Reportó la detección de campañas que aseguraban falsamente que el ingreso a la Modalidad 40 garantizaba pensiones automáticas superiores a los 60 mil pesos mensuales. Alcaraz Prous precisó técnicamente que para alcanzar una cuantía de retiro superior a los 30 mil o 40 mil pesos no basta con pertenecer al Régimen de la Ley de 1973, sino que se requiere cumplir estrictamente con una densidad de cotización superior a las 2 mil semanas y registrar un ingreso promedio alto, cercano a las 25 UMAs, en los últimos cinco años previos al trámite. Como medida de control y transparencia, el IMSS habilitó mecanismos de pago bancario centralizado a través de HSBC para rastrear los recursos de los asegurados.

Hasta 2026, boletines aislados de unidades del IMSS en diversos estados comenzaron a alertar sobre riesgos de fraude: “Ten cuidado, fraudes en el IMSS”, señalan las imágenes, donde se explica el modus operandi de los gestores.

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Las advertencias operativas coinciden con las proyecciones presupuestales entregadas por el IMSS al Poder Legislativo. En el Informe sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, entregado en julio de 2025 a la Cámara de Diputados, se advirtió que “los cambios en el mercado laboral formal, el envejecimiento poblacional y la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas impactan de forma directa el ingreso por cuotas obrero-patronales”.

El documento financiero detalla que en la última década las obligaciones contraídas por el instituto a través del Régimen de Jubilaciones y Pensiones registraron un aumento de 6% en términos reales.

“A pesar de las reformas previas destinadas a acotar este derecho para mitigar el pasivo, este rubro representó 25.5% del total del gasto institucional, consolidándose como una de las erogaciones más significativas para la planeación financiera a mediano y largo plazos del Seguro Social”, señala el documento.

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Debido a que las advertencias no detuvieron estas prácticas y el costo financiero creció desproporcionadamente, este miércoles el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS que puso fin al esquema abierto de la Modalidad 40.

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Hija de asesora de Taddei es proveedora del INE

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Hija de asesora de Taddei es proveedora del INE

Lourdes Piña Soria del Valle se presenta como asesora y “mano derecha” de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Su hija, la presentadora de televisión Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que, a partir de este año, aparece como proveedora del máximo órgano electoral.

Piña Soria no aparece en la nómina del INE ni como trabajadora externa o por honorarios; sin embargo, “tiene derecho de picaporte en todas las instalaciones del instituto”, relatan a EL UNIVERSAL diversos trabajadores.

En este entramado hay un tercer personaje que se llama Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo —a finales de 2025, como persona física— un contrato de más de un millón de pesos con el INE para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial, pero también funge como “comisario” de la empresa Promotora de Noticias Exactas, de acuerdo con el acta constitutiva, cuya copia posee este diario.

Además, de acuerdo con trabajadores del máximo órgano electoral del país, Solís Mendívil tampoco está en nómina ni es empleado por honorarios; sin embargo, opera físicamente dentro del INE.

Solís Mendívil fue sancionado por participar en una mecánica de desvío de recursos en el gobierno de Hidalgo, en un esquema parecido al de la Estafa Maestra.

Entre 2012 y 2016 fue adjudicado con contratos para la elaboración de campañas en medios que nunca se realizaron, las cuales consistían en promocionales y producciones para el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo y otras dependencias.

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A su vez, Solís Mendívil aparece en otra empresa fundada por Itzel Sandino y Jaime Sandino, ambos hijos de Lourdes Piña Soria: Tequio Exporta S. De R.L. De C.V., en donde también se desempeña como “comisario”.

En esas dos firmas se documenta el nexo empresarial que sostiene la familia de Lourdes Piña Soria del Valle y Gilberto Solís Mendívil.

Sin embargo, fuentes dentro del instituto también refieren algún intento por incluir a Solís Mendívil como parte del equipo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

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Promotora de Noticias Exactas fue contratada por el Senado de la República y por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2022 y 2023 con el fin de promover las campañas institucionales de ambas dependencias.

En todos los contratos el representante de la empresa es Gilberto Solís Mendívil.

Parte de la estrategia de promoción, de acuerdo con los contratos revisados, era la inserción de banners de publicidad en el medio digital A Barlovento.

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En su canal de YouTube, A Barlovento muestra algunas mesas de debate —realizadas en 2020— en donde la moderadora es precisamente Lourdes Piña Soria, quien se identifica de manera pública como promotora turística y gastronómica.

Itzel Sandino Piña Soria es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V Foto: Especial

Itzel Sandino Piña Soria es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V Foto: Especial

En diversos eventos públicos donde se organizaron mesas de análisis y debate sobre la elección del Poder Judicial, Piña Soria se presentaba como integrante o representante de la Agencia Veritas Vox, que a su vez otorgaba servicios de asesoría a quienes buscaban ser candidatos a un cargo en ese proceso.

Aunque las redes sociales de Veritas Vox dejaron de tener actualización, en las mismas todavía se muestra que la imagen de dicha agencia eran Itzel Sandino Piña Soria y Sergio Uzeta Murcio, quien actualmente es el coordinador nacional de Comunicación Social del INE.

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Cabe destacar que, en 2012, Uzeta Murcio fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, pues fue encontrado culpable de haber autorizado la compra de equipo de televisión a sobreprecio cuando era director de la extinta agencia de noticias Notimex.

En las redes sociales de Veritas Vox incluso hay entrevistas realizadas por el propio Sergio Uzeta a funcionarios del INE, como José Alberto Pérez de Acha, el actual coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE.

Sergio Uzeta Murcio, actual coordinador nacional de Comunicación Social
del INE, y Lourdes Piña Soria del Valle, asesora de Guadalupe Taddei. Foto: Especial

Sergio Uzeta Murcio, actual coordinador nacional de Comunicación Social
del INE, y Lourdes Piña Soria del Valle, asesora de Guadalupe Taddei. Foto: Especial

Además, entre los promocionales de talleres y cursos para quienes eran candidatos en la elección judicial se encuentra uno en donde aparece Amparo Brindiz Amador, actual directora de Comunicación y Análisis Informativo del INE.

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“Hola, soy Amparo Brindiz, tengo un doctorado en administración pública (…); como bien sabes, la Agencia Veritas Vox está organizando un curso especializado para aspirantes a cargos de la elección del Poder Judicial y muy amablemente me invitaron a conducir el módulo seis. Te invitamos a que te inscribas al curso”, dice en el video la hoy funcionaria.

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