Luego de que autoridades de Texas designaron como de su propiedad nueve islas a lo largo del Río Bravo en disputa con México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó y enfatizó «la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal».

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, mencionó que los límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional.

Aclaró que el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos establece que, en el Río Bravo, «el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río».

«Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras.

«La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla.

«Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución», abundó.

Expuso que conforme al Tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.

«México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reitera su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos», señaló SRE.

Las autoridades de Texas designaron nueve islas en disputa con México a lo largo del Río Bravo como propiedad estatal, anunció la comisionada de Tierras, Dawn Buckingham, al citar una decisión de la Oficina General de Tierras (GLO).

Según la comisionada, la iniciativa del estado para tomar el control de estas islas tiene como objetivo impedir que los cárteles las utilicen para el tráfico de personas y drogas.

La designación se produjo después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) solicitó a la GLO que estudiara 28 islas del Río Grande (Bravo en México) que se suponía que no tenían dueño. Tras un análisis, Texas identificó las nueve islas que pertenecen al estado.

“Ahora que la GLO ha confirmado que estas nueve islas pertenecen al estado de Texas, estamos notificando a nuestros socios de las fuerzas de seguridad para que puedan acceder a estas propiedades estatales con el fin de patrullarlas, inspeccionarlas y eliminarlas de cualquier actividad ilegal que puedan encontrar, de conformidad con la ley”, dijo la comisionada Buckingham en un comunicado de prensa.

“El territorio de Texas nunca se convertirá en un refugio seguro para los cárteles, los traficantes de personas, los contrabandistas u otras organizaciones criminales”, añadió.

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dmt/bmc

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, señaló que Guadalupe Taddei, quien renunció como consejera presidenta del INE, debe ser investigada tras señalamientos de corrupción en su contra.

“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel. Deben de fincársele responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. La Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas, de los grupos y de las empresa que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”, comentó Ramírez Cuéllar durante

Ramírez Cuéllar consideró que es necesaria información más clara sobre “el cártel” o “sistema de coyotaje electoral” que se fraguó desde hace algunos años. Y recordó que el próximo año habrá elecciones intermedias en México.

Los comentarios de Ramírez Cuellar se dieron durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente.

El pasado 26 de octubre, Guadalupe Taddei presentó su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que fuera acusada por irregularidades en adjudicaciones a un contratista, que llevaron a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tomara el caso.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

La Auditoria Superior anunció una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras que Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales. Luego de eso, presentó su renuncia.

Blanca Cruz García fue nombrada como la nueva presidenta provisional del INE y tomó protesta del cargo este 28 de octubre.

Mientras tanto, el consejero electoral Arturo Castillo advirtió que los señalamientos de presuntas irregularidades atribuidas a Guadalupe Taddei podrían tener consecuencias, entre ellas la prisión preventiva oficiosa.

La conductora Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, después de permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana. Su captura abre la posibilidad de que sea trasladada a México para enfrentar las acusaciones en su contra, aunque todavía debe resolverse el procedimiento de extradición.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de Gómez Mont y señaló que existe una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, son investigados por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma relacionado con el desvío de recursos públicos, la evasión de impuestos y el lavado de dinero por alrededor de 3 mil millones de pesos.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y a su esposo?

La FGR señala a Inés Gómez Mont y a su esposo por su presunta participación en una red que habría desviado recursos públicos mediante contratos federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La investigación se centra en contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales. Según las indagatorias, empresas relacionadas con la pareja habrían obtenido esos contratos y simulado operaciones para justificar la salida de dinero público.

La FGR sostiene que parte de los recursos fue transferida a cuentas de particulares mediante distintas operaciones financieras, con las que presuntamente se buscó ocultar su origen y destino.

De acuerdo con documentos judiciales, Gómez Mont habría recibido depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, provenientes de dos empresas relacionadas con la investigación: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

Por estos hechos, la conductora enfrenta acusaciones por tres delitos:

• Delincuencia organizada.
• Peculado.
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Además, la FGR confirmó que Gómez Mont tiene una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, relacionado con presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

¿Qué falta para que Inés Gómez Mont sea extraditada a México?

La detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos no implica su traslado inmediato a México. Para ello, la FGR debe completar la solicitud formal de extradición y obtener la autorización de las autoridades estadounidenses.

En julio de este año, la Fiscalía informó que mantenía una solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero que todavía integraba la petición formal con los documentos y fundamentos legales necesarios.

Una vez presentada, Estados Unidos deberá revisar la solicitud y llevar a cabo el procedimiento judicial correspondiente, en el que Gómez Mont podrá ejercer su derecho a la defensa.

Hasta ahora, no se ha confirmado una fecha para su extradición ni si México ya entregó la documentación requerida.

¿Qué pasó con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga?

Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami en septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces permanece bajo custodia en el centro de procesamiento Krome North, en Miami, Florida.

De acuerdo con documentos judiciales, el empresario ingresó a Estados Unidos en enero de 2021 con una visa que venció en julio de ese año. En 2022 solicitó asilo, pero su petición continúa sin resolverse.

Tanto Álvarez Puga como Gómez Mont figuraban tenían fichas rojas de Interpol desde 2021, a petición de México. Sin embargo, en septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el organismo había retirado ambas alertas y que el Gobierno mexicano solicitaría su reactivación.

Con información de EFE.