El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, culpó a otras administraciones de la corrupción interna al interior del máximo órgano electoral del país.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, el funcionario aseguró que la entrega de contratos a modo a empresas ligadas a Alfredo Hernández Casillas en el INE, inició desde el año 2014, y detalló que derivado de las investigaciones actuales existen 18 expedientes, de los cuales 13 están en proceso de investigación y 5 en procedimiento de responsabilidades, pero aclaró que aún no hay resultados definitivos.

Al inicio de la rendición de cuentas, Carvente Contreras aclaró que hablaría de “casos hipotéticos” y no casos definitivos, toda vez que los hallazgos de las investigaciones recientes sobre entrega de contratos a empresarios cercanos a Guadalupe Taddei, “son actos de fiscalización de carácter preliminar” y los hallazgos “deben de madurar para llegar a resultados definitivos”.

El contralor advirtió que, por respeto al debido proceso, no revelaría la identidad de las personas involucradas, tampoco el número ni el contenido de los expedientes; “tampoco puedo revelar cuáles son las pruebas, los datos personales, y por supuesto que tampoco resultados que no son definitivos”.

Así, explicó que desde el año 2014 al 2025, han detectado a cinco empresas con vínculos representantes legales o socios cercanos a funcionarios electorales, siendo estas Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales, y Seriplast de México, que recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos, derivados de venta de materiales electorales en el INE y en organismos autónomos electorales (OPLE) de al menos 20 estados de la república.

“Estas cinco empresas han obtenido contratos por 2 mil 461 millones de pesos… vemos que no es solo un tema del INE sino de todos los órganos electorales, y no es un tema de esta gestión sino de anteriores”, expresó.

Titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras (30/10/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Los contratos de Cajas Graft ascienden a 1072 millones de pesos; Corporativo Xeg a 278 millones 717 mil pesos; Comerciadora JVLY, 208 millones 396 mil pesos; Formas Finas y Materiales por 815 millones 961 mil pesos; y Seriplast de México por 85 millones 123 mil pesos.

Carvente Contreras explicó que respecto de “los casos mediáticos”, relacionados con contratos en la administración de Guadalupe Taddei, el OIC tiene abiertos 18 expedientes, de los cuales 13 se encuentran en proceso de investigación y cinco en procedimiento de responsabilidades: “Significa que estos cinco ya se dejó el citatorio para su audiencia inicial, es decir, que formalmente ya se realizó la imputación al servidor público”.

En esos cinco expedientes, detalló, se identificó actuación bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés.

Señaló que debido a que el Órgano Interno de Control investiga y sustancia las faltas no graves, los cinco casos fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero en toda su exposición no se refirió a ninguna denuncia penal presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC): “Las faltas graves corresponden al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nosotros tenemos un límite de competencia”.

Como parte de las irregularidades, puntualizó entrega de contratos a sobreprecio; empresas que no cumplieron con sus contratos; empresas que se hicieron pasar por otras ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); e información falsa en el número de empleados, entre otras.

“Esta fiscalización concluye en noviembre de 2026 y las observaciones que se encuentren firmes las estaremos cargando en el portal de transparencia a principios de enero”, señaló.

El contralor aseguró que los proveedores que “históricamente” han dominado el mercado del material electoral son Cajas Graft, Tol Producciones, Plásticos y Metales MYC SA de CV, Sadem SA de CV, Comercializadora JVLY SA de CV, Corporativo ZEG, Cartón Plastic, y Talleres gráficos de México.

“Se identificaron vínculos entre las empresas participantes para repartirse los contratos”, indicó.

Fachada del Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Yaretzy Osnaya / EL UNIVERSAL

Puso como ejemplo del actuar de los empresarios y funcionarios coludidos, la entrega del contrato INE/007/2025 de materiales electorales (urnas y mamparas), en el que la empresa beneficiaria cambió su objeto social tres días antes de la licitación, tuvo retraso en la entrega de las urnas, y al final la multa impuesta por 5 millones se le redujo a 26 mil pesos.

También detalló la existencia de adjudicaciones directa hasta por 3.5 millones de pesos por servicios de “asesoría e investigación” que podía realizar el personal del propio INE, y que nunca se comprobó la entrega de dicho servicio.

Asimismo, contratos adjudicados a sociedades constituidas meses antes del procedimiento, en el que además un servidor público del INE era socio: “Ese mismo funcionario intervino en el proceso de contratación, ese mismo funcionario fue quien recibió los documentos, los firmó y reportó que no había inconveniente alguno”

Víctor Hugo Carvente Contreras aseguró que en los últimos 15 años, 77% del monto total de los contratos en órganos electorales locales (OPLES), han sido otorgados a las empresas mencionadas: “Solo en estas empresas se han concentrado 2 mil 461 millones de pesos”.

Reiteró que las empresas son Cajas Graft, orporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas finas y materiales, y Seriplast de México: “Esta última empresa, Seriplast de México, fue una de las principales proveedoras de la anterior administración del INE. Seriplast comenzó a formalizar contratos con el INE desde el año 2015, y entre 2011 y 2016 en el IFE formalizaron contrataciones con Formas Finas y Materiales SA de CV”.

“Hay otra empresa, Plásticos y Metales MYC SA de CV. Desde 2003 esa empresa ha obtenido contratos con el entonces IFE y el ahora INE por un monto acumulado de 150 millones de pesos. Casualmente participa con la empresa que nosotros ya fiscalizamos con JVLY, es decir, hay una relación de muchos años atrás”, reiteró.

El contralor reveló que son 20 los OPLES que han tenido contratos con estas empresas, siendo estos los órganos electorales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“Este no es un asunto estricto del INE es un asunto de todos los órganos electorales”, insistió.

Los accionistas y apoderados o representantes legales de las empresas involucradas en actos de corrupción, son José Alfredo Hernández casillas, Raymundo Francisco Hernández casillas, Patricia Velázquez Sánchez, Tatiana Patricia Hernández Velázquez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, José Antonio Carranza Fernández, José Antonio Carranza Sordo, Alejandro Olaya Ortiz, Guillermo Marc Arciniega Kunts, Raquel Alejandra Fernández Ibargüengoitía, César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez, y Laura Velázquez Sánchez.

“Todos estos apoderados y accionistas se repetían en tres o cuatro de las cinco empresas”, informó.

Al término de su comparecencia, Carvente Contreras aseguró que en 18 meses “hemos hecho más recomendaciones que en seis años en la anterior gestión”.

“Se hicieron 2776 recomendaciones en 194 auditorías en la gestión anterior. En la gestión actual nosotros hemos hecho 3 mil 307 recomendaciones en solo 27 auditoría, el promedio de recomendación por auditorías es de 112.5, mientras que en la pasadera en 14.3 recomendaciones”, concluyó.

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