El principal asesor económico del presidente Donald Trump afirmó que la administración no reformará sus políticas económicas tras la aplastante derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

“No creo que tengamos que planificar ningún cambio de política”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en una entrevista con Bloomberg TV el viernes. “Las políticas están funcionando”.

Hassett argumentó que la victoria demócrata en las elecciones no supuso un rechazo a las políticas de oferta del presidente, y reiteró la amenaza de Trump de usar el veto para mantener su agenda.

Entre otros beneficios, esas medidas han propiciado la participación de 120 mil personas en la construcción de nuevas fábricas, afirmó Hassett, tras un informe de empleo de octubre que mostraba que el país había añadido 165 mil puestos de trabajo el mes anterior.

persistencia de la inflación a la guerra con Irán y sus efectos en los precios de la gasolina, en lugar de a las políticas económicas del gobierno, que, según él, están teniendo un efecto negativo sobre la inflación.

Contrastó esto con lo que denominó el impacto inflacionario de la agenda del expresidente Joe Biden, «donde básicamente lanzaron dinero a la gente como si fuera un helicóptero después de que terminara la crisis de la COVID-19».

En tono de broma, Hassett dijo que había recibido un “sombrero de veto” del presidente y que la administración también cuenta con una “enorme cantidad” de autoridad ejecutiva para seguir adelante con su programa, incluyendo la lucha contra la excesiva regulación.

La crisis de Ueno Bank, una de las entidades financieras más importantes de Paraguay, colocó al entonces presidente Santiago Peña en el centro de un escándalo que terminó con su salida del gobierno.

Aunque el exmandatario no era propietario ni accionista directo del banco, mantuvo vínculos con una de las empresas de su principal accionista, Miguel Vázquez, y respaldó públicamente las operaciones de la institución.

Peña invirtió entre 2019 y 2025 en una de las compañías de Vázquez, empresario de 36 años y propietario mayoritario de Grupo Vázquez, un conglomerado que incluye a Ueno Bank y negocios de distintos sectores.

Dicha relación comenzó antes de que Peña llegara a la Presidencia de Paraguay, cargo que asumió en 2023. Sin embargo, cobró mayor relevancia durante su gobierno, cuando Ueno Bank empezó a recibir una mayor cantidad de recursos públicos.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitaron las instalaciones del banco en Asunción, pues analizaban la posibilidad de adquirir una participación accionaria.

Entre las irregularidades que llamaron la atención de los funcionarios estaban los préstamos entre empresas vinculadas al Grupo Vázquez, la clasificación de esos créditos y con una tasa de morosidad reportada de apenas 2 por ciento, inferior a la de otros bancos paraguayos.

BID Invest ya había concedido a Ueno un préstamo cercano a los 20 millones de dólares en 2024. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas por Bloomberg, el organismo no había recibido el reembolso completo.

En septiembre de 2026, el escrutinio sobre la institución aumentó después de que el periódico paraguayo ABC publicara documentos internos del banco central y correos sobre posibles irregularidades en sus prácticas crediticias.

Ese mismo mes, el Banco Central de Paraguay abrió una investigación formal y obligó a Ueno a revisar sus cuentas. Después de las correcciones, el índice de solvencia de la institución cayó por debajo del mínimo requerido. El martes 3 de noviembre, los reguladores intervinieron el banco y lo declararon insolvente y con capital insuficiente.

La renuncia de Santiago Peña tras el escándalo

La crisis también alcanzó a las autoridades financieras del país. Carlos Carvallo, presidente del Banco Central de Paraguay, había trabajado anteriormente para Vázquez como director de la entidad que después se convirtió en Ueno. Carvallo renunció días después de ordenar el cierre del banco.

La Cámara de Diputados votó por unanimidad a favor de la destitución de Peña el jueves 5 de noviembre. El mandatario presentó su renuncia antes de que se concretara la votación definitiva sobre su salida, mientras el Senado discutía si aceptaba su dimisión o continuaba con el procedimiento de destitución. La sesión terminó sin una resolución después de que varios senadores abandonaran el recinto en protesta.

En un video difundido en redes sociales, Peña aseguró que su prioridad era garantizar la devolución del dinero a los paraguayos que confiaron sus ahorros a Ueno. El cierre de la institución dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, mientras las autoridades enfrentaban el desafío de determinar qué ocurriría con los recursos públicos depositados en el banco.

Tras el colapso de Ueno, Miguel Vázquez y otros directivos del banco fueron detenidos. Las autoridades allanaron la residencia del empresario en Asunción, donde encontraron autos de lujo y obras de arte. Vázquez permanece en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

Con información de Bloomberg.

Los diputados que actúan como acusadores en el juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunciaron este viernes la pérdida de unos 1mil 200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.

En su intervención en la segunda sesión del juicio político, la diputada Rocío Vallejo aseguró que Peña «creó un agujero de 1 mil 200 millones de dólares al pueblo paraguayo» y «tres millones de perjudicados en un solo día», en alusión al procedimiento de resolución ordenado el martes contra Ueno por el Banco Central.

Paraguay atraviesa una crisis política después de la decisión del banco emisor, que, según la diputada, «mató» a Ueno, en vez de ordenar una intervención, ya que «no tenía remedio».

El 5 de noviembre de 2026, el presidente paraguayo, Santiago Peña, renunció en medio de una crisis bancaria. Foto: AFP

Vallejo consideró como «tema central» del proceso el «robo del dinero público y el gravísimo daño a las arcas de los fondos previsionales», al subrayar que Peña «deja sin recursos a 5 cajas jubilatorias», entre ellas la del Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja los depósitos de la mayoría de los trabajadores del país.

Por ello, aseguró que hoy están pidiendo que «Santiago Peña se vaya a su casa», al calificar a la Administración del mandatario como «negligente», «criminal» y «con un resultado desastroso para las arcas públicas».

«Santiago Peña debe salir de este Congreso con la sanción política de ser el desfalcador más grande de la historia del Paraguay, y eso en un país serio es mal desempeño de funciones», respondió Vallejos a la defensa del gobernante, que tachó de nula la acusación.

El diputado de Paraguay, Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia, este jueves, en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Juan Pablo Pino

Peña permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.

Este viernes, el mandatario pidió una prórroga de 72 horas para alistar su defensa, lo que el Senado rechazó más temprano.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».

Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad.

El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».

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