Miami.— La independencia de Estados Unidos, más allá de una ruptura política con Gran Bretaña y de acuerdo con varios analistas, significó también el nacimiento y la conformación de una república de colonos con ambición de crecimiento territorial, capacidad militar, intereses comerciales propios y una idea restringida de libertad.

Su documento fundador de independencia declara que cada una de las 13 colonias originales debía ocupar una “posición separada e igual” entre las “potencias de la tierra”, y no que fueran a abandonar la lógica de las potencias. “Entender esta parte del documento es fundamental porque deja claro que el proyecto de independencia, desde el inicio, se situó en el terreno de la soberanía y la diplomacia, pero también en el de la guerra y la expansión”, dice a EL UNIVERSAL la historiadora Lorena López.

La Declaración de Independencia que el Congreso aprobó el 4 de julio de 1776 en la ciudad de Filadelfia proclamó que “todos los hombres son creados iguales”, pero también reclamó poder para “hacer la guerra”, “contraer alianzas” y “establecer comercio”. En el mismo texto, los revolucionarios acusaron al rey británico de frenar nuevas “apropiaciones de tierras” y de usar contra ellos a “salvajes indios despiadados”.

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El Tratado de París de 1783, que puso fin oficialmente a la Guerra de Independencia de Estados Unidos y por el que quedaron reconocidas las 13 colonias como una nación independiente, aceptó una frontera occidental que llegaba hasta el río Mississippi. Para el recién nacido Estados Unidos de América, ese acuerdo significó, además de su independencia, un reconocimiento diplomático y una enorme pretensión territorial sobre espacios territoriales que estaban habitados por indígenas.

Además, en su artículo séptimo, el texto prohibía a los británicos retirar “negros u otra propiedad”. En otras palabras, dice López, “en el acuerdo que consagró la libertad política de la nueva república, las personas esclavizadas podían aparecer jurídicamente junto a bienes materiales”.

La Ordenanza del Noroeste de 1787 estableció un gobierno para el territorio al noroeste del río Ohio, definió un procedimiento para crear nuevos estados y ofreció un modelo que después sería usado en la expansión hasta el Pacífico. El texto prometía que se observaría “la máxima buena fe” hacia los indígenas y que sus tierras no serían tomadas sin consentimiento, pero al mismo tiempo colocaba el territorio bajo administración y disposición de Estados Unidos.

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Thomas Jefferson entendió esa expansión como parte del proyecto republicano; en 1809 escribió a James Madison que Estados Unidos podía formar “un imperio para la libertad” y que ninguna Constitución estaba mejor calculada para un “imperio extenso y autogobierno”.

El historiador Peter S. Onuf explica que el igualitarismo de Jefferson fue “elaborado en un contexto imperial donde la libertad republicana no se pensó al margen de la expansión, sino dentro de ella”. El llamado “imperio para la libertad” no significaba libertad para todos los habitantes del continente. Significaba autogobierno para los colonos y subordinación para quienes eran definidos como obstáculos a esa expansión.

Desde la perspectiva de los pueblos originarios, la Revolución de Independencia no fue una liberación. Ned Blackhawk advierte que la “ausencia indígena” ha sido una larga tradición del análisis histórico estadounidense y sostiene que la violencia y la desposesión no son asuntos secundarios, sino elementos centrales de la formación de EU. En la guerra de la independencia estadounidense se decidió también “el futuro del este de Norteamérica”, porque el resultado definió quién tendría capacidad de imponer tratados, ocupar tierras y desplazar comunidades.

La compra de Louisiana, en 1803, fue el salto decisivo hacia el centro del continente. EU le compró a Francia 828 mil millas cuadradas al oeste del Mississippi por 15 millones de dólares. Los Archivos Nacionales de EU muestran cómo esta operación comercial “duplicó el tamaño territorial” del país. Esta compra convirtió a Mississippi en el eje del control interno del gobierno federal estadounidense, aseguró Nueva Orleans como punto comercial estratégico y abrió una expansión masiva hacia las Grandes Llanuras y las Montañas Rocosas. También intensificó la disputa sobre la esclavitud, porque cada nueva incorporación territorial reabría la pregunta sobre si esos espacios serían libres o esclavistas. “Qué gran contradicción: la república que decía defender las libertades avanzaba al mismo tiempo sobre tierras indígenas y debatían sobre cómo ampliar o limitar un sistema basado en la propiedad de seres humanos”, subraya López.

Florida llegó después a la Unión Americana recién expandida; fue mediante una presión militar y una negociación diplomática. El Tratado Adams-Onís fue firmado en 1819 y ratificado en 1821. España cedió Florida oriental, renunció a Florida occidental y EU asumió hasta 5 millones de dólares en reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra España.

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La expulsión de los pueblos originarios fue una política de Estado. Con la Ley de Traslado de Indios de 1830, el gobierno de Andrew Jackson impulsó el desplazamiento forzoso de naciones indígenas del sureste hacia el oeste del Mississippi; el objetivo fue abrir tierras ocupadas por indígenas a colonos blancos.

La esclavitud fue la otra gran base de esa expansión; Aziz Rana describe a Estados Unidos como una “sociedad de colonos” en la que libertad y exclusión fueron “dos caras de la misma moneda”.

La anexión de Texas, en 1845, llevó esa lógica a un conflicto directo con su vecino del sur; México no aceptó la anexión como legítima y además existía una disputa sobre la frontera. Estados Unidos reclamaba el río Bravo, conocido como río Grande en la Unión Americana, mientras que México señalaba la frontera común más al norte, en el río Nueces. El presidente James K. Polk usó esa disputa para justificar una guerra “por el imperio”, en palabras de la historiadora Amy S. Greenberg.

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La guerra contra México fue denunciada incluso por figuras militares estadounidenses, como el General Ulysses S. Grant, quien combatió en ella y después fue presidente de EU; en su momento escribió que se había opuesto “amargamente” a la anexión de Texas y que la guerra fue “una de las más injustas jamás libradas por una nación más fuerte contra una más débil”.

El Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, puso fin a la guerra entre EU y México, pero significó una amputación territorial para este último país. Los Archivos Nacionales de EU señalan que México cedió 55% de su territorio: California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming. México también renunció a sus reclamos sobre Texas y reconoció el río Bravo como frontera. Para EU fue la consolidación territorial hasta el Pacífico que tanto anhelaba; para México, fue una derrota histórica de consecuencias permanentes.

El historiador Alan Taylor ha insistido en que la guerra de independencia de EU debe entenderse como un proceso con “visiones múltiples y enfrentadas”, no como una historia simple de patriotas contra tiranos. La historiadora Kathleen DuVal señala que “la guerra fue parte de una competencia amplia entre Gran Bretaña, España, Francia, pueblos indígenas, esclavizados y colonos”. No fue, afirma, “sólo el nacimiento de una república libre; fue una reorganización del poder sobre Norteamérica”. EU rompió con Gran Bretaña, pero no rompió con la dominación. Sólo que esta vez pasó a ser el dominador.

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