Antonio Oseguera Cervantes, «Tony Montana», hermano del difunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», acepta una condena de 20 años de prisión, de acuerdo con un memorándum judicial, en el que se destaca que su más grande temor es morir lejos de su familia.

En el documento presentado en el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito de Columbia, se menciona que «la Oficina de Libertad Vigilada (Probation Office) ha recomendado una pena acumulada de 20 años (240 meses), compuesta por 180 meses por el primer cargo, seguidos de 60 meses por el segundo».

Los cargos son por conspiración y narcotráfico (tráfico ilícito de drogas), el cual establece una pena mínima obligatoria por estatuto de 10 años de prisión.

Y un cargo vinculante que conlleva una pena mínima obligatoria y consecutiva de 5 años (60 meses) de prisión.

Se detalla que «en el acuerdo de declaración de culpabilidad (*Plea Agreement*)», se indicó «no solicitar una pena de prisión total superior a los 360 meses (300 meses por el cargo 1 y 60 meses por el cargo 2)».

En el documento, Oseguera, «por conducto de su abogado, considera que el análisis (…) está bien fundamentado y es justo».

Se añade que «el acusado no minimiza la gravedad de sus delitos; ha reconocido su prolongada participación en la venta ilegal de drogas. Asimismo, asume plena responsabilidad por sus actos y no culpa a nadie más que a sí mismo».

También en el documento se menciona que «un factor relevante a considerar es el estado de salud gravemente deteriorado del acusado y su reducida esperanza de vida. Es prácticamente imposible que sobreviva a una pena de 30 años de prisión. Resulta, de hecho, altamente cuestionable si llegaría a completar incluso la pena de 20 años recomendada por la Oficina de Libertad Condicional».

«Tony Montana» ya se había declarado culpable de los cargos federales en su contra en una corte del Distrito de Columbia, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La jueza Beryl A. Howell fijó la fecha de sentencia para el 13 de noviembre.

En los documentos se menciona que a sus 68 años, Antonio Oseguera sufre severas afecciones médicas crónicas que reducen considerablemente su expectativa de vida, las cuales no se detallan.

Sus defensores explicaron que el acusado ha permanecido más de un año bajo aislamiento solitario estricto en la cárcel de Alexandria debido a las Medidas Administrativas Especiales (SAMs), lo que ha exacerbado su deterioro físico y emocional. En una carta escrita dirigida al juez, el imputado expresó su arrepentimiento y confesó que su mayor temor es «morir lejos de su familia»

Se destaca que «Antonio Oseguera Cervantes nació en 1958 en un caserío rural aislado cerca de Aguililla, Michoacán, México».

Su padre era un trabajador agrícola migrante en EU que dejó de regresar y de enviar dinero cuando Antonio tenía unos 10 años. Para ayudar a su madre, Antonio dejó la escuela tras cursar el sexto de primaria para trabajar a tiempo completo en el campo.

A los 16 años (aproximadamente en 1974) viajó a Estados Unidos para buscar a su padre e ingresar al mercado laboral.

«Durante los siguientes 20, Antonio trabajó en restaurantes italianos en el barrio de North Beach, en San Francisco. Comenzó como lavaplatos, aprendió tareas de preparación en la cocina y a cocinar, y más tarde trabajó como camarero y bartender».

Según el documento, «durante su etapa trabajando en restaurantes y como camarero, Antonio cuenta que cayó en una dinámica de consumo excesivo de alcohol. También probó la cocaína, desarrolló una adicción y luchó durante muchos años contra esta dependencia».

El documento dice que «Tony Montana» era «en gran medida subordinado a su hermano, El Mencho, así como a todo el liderazgo de primer nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)».

Dice que era visto como poco confiable debido a sus adicciones a las drogas y al alcohol.

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El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

Un ministro de Transportes «no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año» reconoció Puente, en referencia también al accidente ferroviario de enero pasado que causó 48 víctimas mortales.

Puente informó de esta renuncia en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente ocurrido en Urda (Toledo, al sur de Madrid), en el que dos trenes de alta velocidad chocaron y causaron la muerte de 69 personas y un centenar de heridos.

Incidió en que su dimisión es una cuestión «de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas» y que su decisión «pretende estar a la altura» de su partido (PSOE, socialista) y de los que le precedieron, «de los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria».

Asimismo, Puente afirmó que «no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos».

El ministro aseguró que había informado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia. De hecho, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado por la mañana, Puente mantuvo que no pensaba en dimitir.

También agradeció a Sánchez por su «confianza sin límite» y animó a «todos los progresistas de este país a ayudarle» en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque «se lo merece».

El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de la compañía Iryo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén. Ambos trenes llevaban en total a 544 pasajeros.

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En el Instituto Nacional Electoral (INE) suman 30 renuncias de funcionarios cercanos a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, señalada por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés.

De las renuncias, 17 corresponden a integrantes de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. También renunciaron tres funcionarios con cargos directivos: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

Otras bajas corresponden al director de Recursos Materiales, Alfonso Burciaga Esparza; al jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, Juan Manuel Vázquez Barajas; y a Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Por último, el INE recibió dos renuncias en la Dirección Ejecutiva de Administración: la del subdirector de Transporte y Administración de Riesgos y la del líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular.

Subdirección de Administración y Recursos Humanos. A estas se suma la renuncia del subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Investigación para deslinde de responsabilidades

El INE informó que continúa el análisis y la revisión de la situación de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel. Según el organismo, el proceso se realiza de manera colegiada por las diez consejerías electorales.

La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados.

Hasta el momento, de forma oficial, autoridades no han confirmado que los otros funcionarios que renunciaron después de la expresidenta consejera estuvieran involucrados en el esquema. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio y será después cuando dé parte a la autoridad correspondiente, dependiendo de la situación.