Ereván, Armenia. Se sirvió vino y bocadillos y hubo abrazos y felicitaciones en el Ocean Pavillion de la COP17. Mientras en los pasillos del foro de biodiversidad se siguen discutiendo los presupuestos, en este espacio dedicado exclusivamente a los océanos, ministros, científicos y delegados se dieron el tiempo para celebrar el Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ), que alcanzó el umbral crítico de 60 ratificaciones y entró en vigor el 17 de enero de 2026, y para confirmar las fechas de la primera Conferencia de las Partes (COP1 del BBNJ): del 11 al 22 de enero de 2027, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. “Parece que la entrada en vigor está generando ese impulso de multilateralismo que nos faltaba un poco en este momento. Ha sido una nota positiva en las discusiones y los países están deseosos de trabajar juntos, especialmente por el vínculo con la meta 30×30”, destacó Ana Lafforgue, representante de la plataforma Ocean & Climate, aludiendo al objetivo fijado de proteger al menos 30% de la superficie terrestre y de los océanos del planeta para el año 2030.

Detrás del brindis había una ruta de alianzas en construcción: países de distintos continentes redactan los primeros borradores de santuarios marinos en aguas internacionales. En la BBNJ First Movers Coalition, coordinada por Chile, naciones de diversos bloques se unieron para llevar propuestas sólidas a Nueva York. El país sudamericano presentó planes para resguardar las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y la Dorsal de Nazca, donde más del 50% de las especies son endémicas.

Por su parte, Panamá conectó sus reservas costeras del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) con las rutas migratorias de la alta mar. En el Atlántico africano, Senegal y las naciones de la CEDEAO avanzaron en una propuesta conjunta para la Zona de Convergencia de las Corrientes de Guinea y Canarias, que se suma al liderazgo europeo del Reino Unido y Bermudas con la Declaración de Hamilton para proteger el Mar de los Sargazos. Tanto el expediente chileno como el de África Occidental son los proyectos piloto que la coalición planea someter formalmente en la COP1 de Nueva York, como la primera generación de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar. Para las naciones insulares, recordó la embajadora de Cabo Verde ante la ONU, Tania Romualdo, el territorio es 99.6% océano: “La alta mar empieza en la puerta de nuestra casa; lo que ocurre allí llega hasta nuestros arrecifes, nuestras pesquerías y nuestras costas”.

Apagadas las luces del cóctel, los datos imponen realismo. Las aguas internacionales abarcan el 61% de la superficie del océano y cerca del 95% de su volumen planetario, pero menos del 1.5% cuenta con alguna figura de protección legal, y la fracción con protección estricta es prácticamente insignificante. La cuenta para la Meta 30×30 del Marco Global Kunming-Montreal es contundente: resulta biológica y geográficamente imposible proteger el 30% del planeta azul si se ignora el área que cubre casi dos tercios de los mares. Sin vigilancia y reglas exigibles sobre el agua, el compromiso internacional corre el riesgo de naufragar antes de la fecha límite de 2030.

Frente a ese déficit, el Tratado BBNJ ofrece, por primera vez, el andamiaje legal necesario para cerrar la brecha. Como enfatiza Brian O’Donnell, portavoz de Campaign for Nature: “Finalmente contamos con un nuevo vehículo para proteger áreas marinas más allá de la jurisdicción nacional. Es una oportunidad crítica e indispensable para alcanzar la meta 30×30, porque antes sencillamente no existía forma legal de crear reservas en alta mar”.

Sin embargo, su implementación enfrenta dos obstáculos mayores. Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), señala el primero: el “mosaico” fragmentado de agencias sectoriales —la pesca regulada por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), el transporte marítimo por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la minería submarina por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA)—, que habría que superar para someter la actividad humana a una evaluación ambiental integrada.

El segundo es financiero. El exministro de Medio Ambiente de Canadá y asesor de Campaign for Nature, Steven Guilbeault, recuerda que el Marco Kunming-Montreal exige movilizar 20 mil millones de dólares anuales para 2025 como escalón hacia los 30 mil millones anuales en 2030 para el Sur Global. Subraya que más de 50 países en desarrollo ya cumplieron la Meta 3 en sus aguas territoriales, mientras los países del Norte siguen en deuda con la transferencia de recursos, una brecha aún más crítica en el mar, donde la inversión pública internacional apenas representa una fracción del déficit estimado. “Es hora de que el Norte Global cumpla su palabra y reoriente el financiamiento hacia la protección del mar”, sentenció.

La postura oficial de México muestra apertura al diálogo multilateral con cautela en materia de soberanía. Como explica la Subsecretaria de Medio Ambiente de México, la Dra. Marina Robles, la gobernanza en aguas internacionales exige reglas claras y un análisis minucioso antes de adoptar compromisos en la COP1: “Tenemos que mantener la soberanía de nuestros territorios todos y no abrir a que las decisiones de en dónde se definen áreas especiales de conservación sean definidas sin que los países estén claros”.

Esta cautela gubernamental responde a un recelo técnico habitual entre las naciones costeras: aunque el Artículo 5 del Tratado BBNJ establece expresamente que ninguna medida adoptada en alta mar “menoscabará los derechos, la jurisdicción o la soberanía de los Estados sobre las zonas bajo su jurisdicción nacional, incluida la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental”, en la práctica a los gobiernos les preocupa la colindancia y la gestión de recursos compartidos.

Edith Martínez, vocera de Oceana México, señala que hay una oportunidad de que el país lidere esta iniciativa, pero primero debe dar el ejemplo: “México tiene la oportunidad de consolidarse como líder regional rumbo a la primera COP del Tratado de Altamar, pero ese liderazgo debe demostrarse con hechos. México no puede aspirar a liderar la agenda oceánica internacional mientras expone sus propios mares a nuevas amenazas como la explotación de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México”.

De acuerdo con la información oficial, Pemex invertirá 1 billón 463 mil 759 millones de pesos en la exploración y extracción de hidrocarburos a nivel nacional hacia el 2030 (lo que incluye tanto proyectos terrestres y aguas someras como en aguas profundas del Golfo de México).

La encrucijada, sin embargo, dista de ser exclusiva de México. En los paneles de la COP17, especialistas y gestores marinos señalaron la contradicción en el flujo de capitales: los gobiernos destinan 22 mil millones de dólares anuales a subsidios a la pesca destructiva, mientras la inversión global en protección marina apenas alcanza los mil 800 millones de dólares al año. Esa desproporción tiene su correlato en el mar: proyectos de perforación petrolera frente a las costas de África Occidental —como en Mauritania—, concesiones extractivas en expansión en la Patagonia argentina y las amenazas de la minería submarina (deep-sea mining) junto a reservas protegidas.

La fricción entre el modelo extractivo y la restauración hace de la implementación del Tratado BBNJ el terreno donde las naciones deberán demostrar si sus agendas ambientales tienen la fuerza política para prevalecer sobre las presiones de las industrias energética, pesquera y minera. Pese a esas contradicciones, las grietas en el financiamiento y las cautelas de soberanía, el impulso hacia la COP1 continúa. Para la coalición de países pioneros (BBNJ First Movers Coalition), la urgencia del colapso de la biodiversidad exige que la cumbre de Nueva York adopte las primeras reservas y sus órganos científicos.

Como advirtió el Ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro: “Para el BBNJ pido por favor no más de lo mismo, no más discursos hermosos; convirtamos este tratado en una herramienta inmediata y efectiva de conservación para salvar nuestras propias vidas”. La primera Conferencia de las Partes, a realizarse del 11 al 22 de enero de 2027 en Nueva York, definirá si la humanidad puede gobernar ese patrimonio común. El éxito no se medirá en discursos ni en brindis, sino en vigilancia satelital, fondos garantizados y protección efectiva.

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Roma/París.— Francia, Italia y Países Bajos enfrentan un nuevo fin de semana de protestas multitudinarias que obligaron a las autoridades a tomar medidas.

En Italia, cientos de miles de estudiantes y trabajadores salieron a las calles para reclamar mayores fondos para los colegios y medidas contra el vertiginoso aumento del costo de la vida, durante manifestaciones que fueron en su mayoría pacíficas.

Una huelga general convocada por el sindicato USB fue secundada por miles de trabajadores que participaron en las marchas del viernes, entre ellos camioneros, taxistas y agricultores, que en las últimas semanas se movilizaron para denunciar el aumento desmedido de los precios del combustible y oponerse al incremento del gasto en defensa. Las manifestaciones recorrieron decenas de ciudades italianas. En Roma hubo momentos de tensión cuando manifestantes se acercaron a las sedes institucionales. La policía los repelió con cañones de agua.

También hubo protestas en Bolonia, Génova, Nápoles y Turín, donde se registraron algunos enfrentamientos menores. Según USB, la participación en las protestas fue de entre 1 y 1.5 millones de personas.

En Francia, el gobierno del presidente Emmanuel Macron advirtió del alto riesgo que rodea a las protestas convocadas para este sábado, tras detectar en las redes sociales llamamientos a cometer actos violentos, algunos de ellos aprovechando las fiestas de Halloween.

La Prefectura de Policía (PP) de París prohibió la marcha propuesta por los sindicatos y los chalecos amarillos que tenía previsto atravesar parte del centro de la capital, y decretó un toque de queda parcial en dos arterias comerciales de la ciudad entre el sábado y el lunes.

El nuevo veto de las autoridades se justifica por “el contexto especialmente tenso” en un momento en el que convergen las demandas de diferentes sectores en Francia y tras los actos vandálicos que conmocionaron al país el 17 de octubre.

El trazado originalmente propuesto por el sindicato CGT, el segundo mayor en Francia en número de afiliados, y los chalecos amarillos partía de la plaza de la Bastilla y terminaba en Concorde, a los pies de los Campos Elíseos y cerca del Elíseo y de la Asamblea Nacional francesa, dos simbólicas sedes del poder en el país. El propuesto por la PP va desde la Porte de Charenton (sur) hasta la de Bagnolet (este), una ruta que rodea parte de París y evita los ejes comerciales y los centros de poder.

Asimismo, se volvió a decretar un toque de queda circunscrito a la Plaza de la República y al nudo comercial de Châtelet-Les Halles, donde se produjeron numerosos saqueos el fin de semana del 17 y el 18 de octubre.

“La democracia está siendo acallada, sobre todo desde que Macron [presidente francés] dijese que sólo los sindicatos tienen derecho a manifestarte. Esto es muy grave y es anticonstitucional”, señaló en declaraciones a EFE una de las portavoces nacionales de los chalecos amarillos, Azelma Sigaux.

En Países Bajos, las autoridades reforzaron la vigilancia y varios comercios protegieron sus escaparates y accesos ante el temor de que una serie de protestas juveniles convocadas para este fin de semana por redes sociales desemboquen en disturbios y saqueos. Las convocatorias, difundidas en plataformas como Telegram y Snapchat bajo el nombre de “protestas de la generación Z”, llaman a los jóvenes a protestar este sábado en ciudades como La Haya, Maastricht y Eindhoven, aunque también circulan mensajes que incitan a cometer actos vandálicos y saquear tiendas.

La policía confirmó que conoce los mensajes que circulan en internet, aunque no precisó si desplegaría un dispositivo especial de seguridad. En Maastricht, todos los centros de enseñanza secundaria han enviado cartas a las familias después de recibir información sobre posibles convocatorias violentas, según el diario neerlandés AD.

El ministro neerlandés del Interior, Pieter Heerma, reconoció que el gobierno ha recibido “mensajes preocupantes” y aseguró que los responsables municipales, policiales y judiciales de varias ciudades están evaluando la situación.

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De acuerdo con Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Inés Gómez Mont fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que confirmó que la mexicana se encuentra bajo su custodia.

Aunque se desconoce en qué centro está, en Miami existen dos instalaciones federales que han recibido personas detenidas por el ICE: el Krome North Service Processing Center, que es el principal centro de detención migratoria de ICE en la ciudad, y el Federal Detention Center (FDC Miami), administrado por la Oficina Federal de Prisiones y que también ha alojado detenidos migratorios. Sin embargo, solamente el Krome es un centro de detención propio de ICE; FDC Miami es una instalación penitenciaria federal.

Captura de pantalla del ditio web de ICE. Foto: Captura de pantalla U.S. Immigration and Customs Enforcement

En el Krome estuvo detenido el esposo de Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien sigue su proceso en libertad bajo fianza y se le había fijado audiencia para noviembre.

La conductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida por el ICE en Estados Unidos. (30/10/2026). Foto: Fuentes de seguridad

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