Miami. Migrantes en Estados Unidos que viven de manera irregular en el país ya no solo tienen que cuidarse del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE); también deben hacerlo de la inteligencia artificial (IA), que está siendo utilizada para engañarlos, clonar la identidad de abogados, su voz y hacerles creer que van a arreglar su situación migratoria. Al final, los migrantes no sólo pierden miles de dólares, sino que muchos terminan deportados del país.

Ángel Leal Jr., abogado migratorio en Doral Florida, explicó a EL UNIVERSAL que los criminales clonaron “mi imagen, mi nombre y hasta mi voz con inteligencia artificial para engañar a migrantes que buscan regularizar su situación” en EU.

Los estafadores, explicó, tomaron videos reales de Leal, los manipularon con IA y publicaron anuncios y perfiles falsos, fingiendo ser él. “Te enganchan con el video falso. Ves el video, pides más información, te dirigen a un número de WhatsApp y a través de ese número dialogan con la persona”. El o los delincuentes les piden depositar dinero a través de sistemas bancarios como Zelle, Venmo o alguna de esas plataformas.

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Delincuentes se hacen pasar por abogados, organizan videoaudiencias
migratorias y conceden asilo o legalización. Todo es falso. Fotos: Cortesía USCIS y tomada de video

En el video, la versión falsa del abogado promete “ciudadanía americana sin examen, permiso de trabajo inmediato, residencia en no sé qué tiempo”, contó Leal. “Promesas que no pueden ser posibles”, detalla. Pero eso, los migrantes no lo saben. Los criminales, lamentó, “se aprovechan de la necesidad ajena”. Los migrantes, dijo, “están muy asustados y eso muchas veces no les permite darse cuenta de lo que está sucediendo.

Los delincuentes también usaron contratos con el logo del bufete de Leal, firmas apócrifas, páginas web casi idénticas a la real y falsas audiencias migratorias donde la víctima creía que le estaban concediendo residencia o ciudadanía. “Todo es mentira, hasta esos extremos han llegado”, dijo Leal.

Hilda Guzmán, originaria de Jalisco y quien llegó a Chicago con una solicitud de asilo, cayó en una de esas estafas. En enero, desesperada por regularizar su situación migratoria, encontró en redes sociales una página que prometía ayuda para personas como ella.

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Primero, le pidieron 70 dólares (equivalentes a mil 204 pesos mexicanos), supuestamente para apoyar a una iglesia y a otros migrantes; después vinieron más cobros, hasta llegar a unos 7 mil dólares (120 mil 492 pesos) por trámites de permiso de trabajo y seguro social. Nunca conoció en persona al supuesto abogado; cuando le pidió pruebas de identidad, recibió una fotografía y un documento que cumplía aparentemente con la ley.

Cuando finalmente descubrió que los documentos fueron creados con IA, sintió pánico. Buscó el número migratorio que le habían dado en la base del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y no encontró el registro. Habló a la organización que el supuesto abogado con el que trató decía representar y ésta no lo conocía.

Ahora, Guzmán tiene miedo. No sabe si lo que hizo afectó su proceso real de regularización en Estados Unidos. “No se me hace justo que se burlen y se aprovechen de uno; no sé qué va a pasar conmigo”, declaró a medios locales.

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En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos dio cuenta de más de un millón de denuncias de estafas de suplantación de identidad. Pero ahora, los delincuentes encontraron en los migrantes indocumentados a las víctimas perfectas, porque incluso si su estafa se descubre, el miedo a ser deportados del país detiene a los migrantes de denunciar.

El pasado 20 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en el Distrito Este de Nueva York a cinco personas de operar una falsa firma llamada “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria”. Según la acusación, captaban víctimas principalmente en Facebook, cobraban cientos o miles de dólares por servicios legales inexistentes, enviaban documentos ficticios y organizaban supuestas audiencias por videoconferencia. Los acusados se hacían pasar por jueces migratorios, agentes de seguridad y abogados. En las audiencias falsas usaban togas, uniformes, banderas, fondos de corte y sellos oficiales. La investigación identificó más de 100 mil dólares (un millón 721 mil 311 pesos) en transacciones fraudulentas. Al menos una de las víctimas recibió una orden de deportación después de faltar a una audiencia real porque creyó que su caso ya avanzaba por la vía falsa.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. dijo que los acusados “socavaron la integridad de nuestro sistema migratorio al hacerse pasar por jueces, agentes del orden y abogados” y que atacaron a “miembros vulnerables de nuestra comunidad” que buscaban ayuda para asuntos legales sensibles. La parte más grave fue que “los acusados robaron descaradamente el dinero de sus víctimas y las engañaron enviando documentos ficticios y celebrando procedimientos judiciales falsos”. Joseph V. Cuffari, inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, dijo, por su parte, “condenamos a quienes se aprovechan de personas que intentan transitar el sistema migratorio”.

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A la abogada Andrea Jacoski, directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami, le pasó lo mismo que a Leal.

Estafadores usaron su licencia, su número del Colegio de Abogados de Florida y una credencial falsa de la Universidad de Miami para engañar a migrantes.

Uno de esos migrantes, en Colorado, contactó a la falsa Jacoski y le explicó que había faltado a una audiencia migratoria por miedo y no sabía qué hacer. Le prometieron que, por 500 dólares (8 mil 607 pesos), podía obtener una nueva audiencia. “Eso, definitivamente, es imposible; pero la persona, obviamente, no lo sabía”, dijo la verdadera Jacoski, quien lamentó que “este estafador está usando mi licencia contra el mismo grupo de personas a las que intento ayudar en mi vida profesional; eso es angustiante”.

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Brayan López, migrante mexicano de 26 años que trabaja en Detroit en el área de mantenimiento, fue otra víctima de estos delincuentes. Incluso, participó vía WhatsApp en una falsa audiencia de video.

“La videollamada me pareció falsa porque el bato traía hasta peluca. Era como una audiencia y tenían la bandera de Estados Unidos atrás”, dijo. Al final perdió mil 300 dólares (22 mil 377 pesos). “Uno no denuncia por miedo a ser deportado”, señala.

Rogelio Martín Morales, guatemalteco de 43 años y residente en Iowa, desea obtener asilo en Estados Unidos. Ese deseo lo llevó a caer en una estafa similar. A lo largo de más de un año, perdió alrededor de 11 mil dólares (189 mil 344 pesos) en pagos por Zelle, transferencias y remesas a falsos abogados. “A veces me da tristeza, un día me puse a llorar por eso. Porque, a veces, a mi familia no les compro regalos, ni nada. Ha sido muy duro”, dijo. Tampoco denunció. “Ahorita tengo miedo, más que todo de que me agarren o me saquen de este país”, señaló.

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Jasmir Urbina huyó de Nicaragua en 2022 y llegó a Nueva Orleans, buscando obtener asilo en Estados Unidos. Su caso fue difundido por el medio ProPublica.

En noviembre de 2025, antes de una audiencia real, encontró en Facebook una publicación que aparentaba ofrecer servicios de Caridades Católicas. Después de unos clics llegó a WhatsApp y habló con una mujer que decía llamarse Susan Millan y tener estudios de Derecho. Urbina y su esposo pagaron casi 10 mil dólares por Zelle, dinero que habían guardado para comprar su primera casa.

Luego participó en una supuesta audiencia virtual de “miedo creíble” con un hombre vestido de verde, con aparentes insignias oficiales, sentado frente a una bandera de Estados Unidos.

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Un día después de esa falsa audiencia, la supuesta abogada le dijo por WhatsApp que había ganado la residencia. Cuando Urbina preguntó si debía ir a su audiencia real del 24 de noviembre, le dijeron: “No, no te preocupes, no hay necesidad”. Según ProPublica, la conversación se cortó después. Urbina denunció haber sido engañada y el ICE cambió una cita virtual por una presencial. Cuando acudió, en enero, fue arrestada y enviada en un avión a Nicaragua.

Las cifras disponibles muestran un problema en expansión, aunque todavía no existe una base pública nacional que clasifique por separado el fraude migratorio cometido con inteligencia artificial. ProPublica analizó más de 6 mil 200 quejas presentadas ante la FTC y encontró que entre 2021 y 2024 la agencia recibía alrededor de 960 quejas migratorias por año. En 2025 recibió casi 2 mil. En cinco años, las pérdidas reportadas sumaron al menos 94 millones 400 mil dólares. La cifra real probablemente es mayor porque muchas víctimas no denuncian por miedo a la deportación y porque no todos los reportes incluyen el monto perdido, han declarado las autoridades.

La Asociación Americana de Abogados también fue usada como pantalla del fraude. Adonia Simpson, subdirectora de políticas y servicios probono de la Comisión de Inmigración de esa organización, dijo a diversos medios, incluido este diario, que los fraudes migratorios no son nuevos, pero que la combinación de inteligencia artificial, miedo comunitario y redes sociales ha llevado los delitos a otro nivel. “Hemos visto muchos usos de tecnología con inteligencia artificial: videos, fotos, contratos que pueden verse reales. Y muchas personas están en una situación difícil con mucho temor porque tienen un familiar en detención”, explicó. Los delincuentes, dijo, rompen una regla básica en la Asociación: “Nosotros no cobramos por los servicios que ofrecemos y nunca vamos a pedir pagos por Zelle o WhatsApp o transferencia bancaria”.

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Edith, una joven guatemalteca de 20 años y ciudadana estadounidense, buscó ayuda para su esposo Dimas, detenido por ICE en marzo; vendió su carro y gastó sus ahorros para pagarle a una mujer que, creyó, era abogada. “Tenía programada una videollamada y la mujer que dijo ser abogada me dijo que para sacar a alguien de detención migratoria había que presentar un habeas corpus”, contó a ABC News. “Me empezó a pedir dinero: 500 dólares (8 mil 607 pesos), 600 dólares (10 mil 328 pesos), mil 750 dólares (30 mil 123 pesos), 4 mil dólares (68 mil 852 pesos) por la fianza, la petición, copias de formularios”, relató. Perdió 10 mil dólares (172 mil 131 pesos) y su esposo recibió una orden de deportación. Edith describió su sentir: “Estoy atrapada en casa, encerrada, es muy, muy difícil para nosotros”.

Evelyn Molina, periodista peruana y solicitante de asilo, cayó en una trampa parecida después de buscar asesoría migratoria en Facebook. Una página que se presentaba como firma legal la envió a WhatsApp. Del otro lado apareció un hombre que usaba el nombre y el número profesional de un abogado real de California Rural Legal Assistance, una organización que brinda servicios legales gratuitos a personas de bajos ingresos, desde el condado de San Diego, California. “Me respondió rápidamente un supuesto abogado, me dio su número de Bar, me dio todos sus datos, José Rosario Tapia y, bueno, entré a buscar y sí figuraba que era un abogado, entonces pues yo creí”, dijo Molina. Los estafadores le prometieron una visa para víctimas de trata y después la residencia permanente.

La falsa audiencia de Molina fue por Google Meet. En el video que compartió a medios se veía a un hombre con uniforme negro, un letrero de ICE, una bandera de Estados Unidos y un símbolo parecido al del Departamento de Seguridad Nacional. El supuesto oficial le dijo en la audiencia que era “admisible y califica, así que si se aprueba la solicitud de su ajuste de estatus en línea recibirá su tarjeta de residencia permanente dentro de los 30 a 60 días fecha calendario. Muchas felicidades por este paso”. Después descubrió que no había petición, no había ajuste de estatus y no había visa. Todo era falso.

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