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Donald Trump y la guerra contra las drogas que nadie audita
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Miami.— Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su propia guerra contra el narcotráfico en Latinoamérica y el Caribe, nadie puede verificar de forma independiente y completa el supuesto éxito de los enfrentamientos. La versión que domina el debate político sigue siendo la del propio gobierno estadounidense, que ordena y ejecuta los ataques.
El pasado 7 de marzo, Trump anunció el Escudo de las Américas contra los cárteles, conformado por 17 países que, según la administración estadounidense, están listos para “operar el poder duro” contra los cárteles de las drogas, y aseguró que estas organizaciones “narcoterroristas” deben ser “demolidas” hasta donde lo permita la ley. Sin embargo, no presentó un sistema externo de control sobre resultados, errores o víctimas.
Panamá aparece en este esquema como socio activo. La presidencia panameña, encabezada por José Raúl Mulino, dijo que la prioridad sería la “erradicación de los cárteles”, con una política de “tolerancia cero” frente a pandillas y criminalidad.
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Ecuador ocupa un lugar todavía más central. Con EU, han lanzado operaciones contra “organizaciones terroristas designadas” en Ecuador. Entre ellas, una en la frontera, en Sucumbíos, en la que, según ambos gobiernos, bombardearon un campamento de presuntos paramilitares y un área de entrenamiento para narcotraficantes.
Sin embargo, el diario The New York Times informó que el lugar bombardeado no tenía conexión con el narcotráfico y parecía ser “una pequeña granja lechera y ganadera”. El dueño del predio dijo que “es mentira que aquí entrenaban 50 personas”. El gobierno ecuatoriano alegó que encontró armas y “evidencia de actividad ilícita”, pero no la hizo pública.
El Ministerio ecuatoriano ha reportado “nuevos golpes” conjuntos en el mar, la intercepción de tres narcolanchas y otro operativo valorado en 19 millones de dólares, pero no hay alguna organización no gubernamental que pueda corroborar la estela de aparentes colaboraciones exitosas.
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En Panamá, en Ecuador y en Washington, los resultados los comunican los mismos gobiernos que diseñan la estrategia, aportan inteligencia, ejecutan las operaciones o capitalizan políticamente su impacto. No hay en los documentos revisados una comisión internacional, una auditoría regional o un mecanismo independiente y permanente que certifique blancos, víctimas o daños.
Un alto funcionario del Pentágono dijo al Congreso que, hasta marzo de 2026, EU había ejecutado 45 ataques cinéticos, en los que mató a 157 supuestos miembros o afiliados de organizaciones narcoterroristas y destruyó 47 embarcaciones. En ese mismo documento sostuvo que los movimientos de lanchas de droga cayeron 20% en el Caribe y 25% en el Pacífico oriental, que el flujo de fentanilo se desplomó 56% y que el de cocaína cayó más de 20%.
“El problema es que esas cifras no están certificadas por una auditoría independiente. Son números producidos por la misma estructura que dirige la campaña”, dice a EL UNIVERSAL la analista Bárbara Gutiérrez.
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El presidente de EU, Donald Trump, durante un evento en la Casa Blanca. Foto: AFP
La afirmación más ambiciosa de Trump fue que la droga que entra a Estados Unidos por mar cayó 97%, pero PolitiFact revisó esa frase y la calificó como falsa; aseguró que los datos usados por la Casa Blanca no permiten medir cuánta droga entra realmente al país y nadie puede afirmar con precisión un porcentaje así. “Esa cifra es imposible de conocer”, resumió la organización enfocada en verificar la información que difunden gobiernos y funcionarios.
La verificación falla también porque el gobierno mezcla indicadores que no dicen lo mismo. PolitiFact mostró, por ejemplo, que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) registró caídas en algunas incautaciones aéreas y marítimas, mientras la Guardia Costera reportó un aumento de 200% en cocaína decomisada en el año fiscal 2025. “La Casa Blanca presenta una baja de incautaciones como prueba de éxito, mientras otra agencia presenta un alza de incautaciones como prueba de éxito. Las dos cosas no pueden demostrar al mismo tiempo que el flujo real de droga cayó”, subraya Gutiérrez.
PolitiFact subrayó que EU “no ha aportado ninguna evidencia” de que las embarcaciones atacadas en los casos citados por Trump realmente llevaran droga. Esa es una objeción central. “Si el gobierno no exhibe pruebas de que las lanchas transportaban droga, tampoco puede usar esos ataques como evidencia seria de una reducción del tráfico de drogas al interior del país”, señala Gutiérrez.
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Los recuentos de muertos también están en disputa. En noviembre de 2025, expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hablaban de al menos 15 ataques y 64 muertos. En enero, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dijo que ya iban 36 ataques y al menos 125 muertos. El 31 de marzo, Human Rights Watch elevó el balance a 47 ataques y 163 muertos. Frente a eso, el Pentágono hablaba de 45 ataques y 157 muertos en marzo. No hay una cifra única, verificada por un órgano independiente.
Los datos sobre heridos y sobrevivientes son todavía más opacos. Las notas oficiales resaltan muertos y embarcaciones destruidas. En algunos casos, el Comando Sur ha señalado la existencia de sobrevivientes, pero nunca informa qué pasó con ellos. “El registro público está hecho para mostrar un golpe militar, no para rendir cuentas completas sobre las consecuencias humanas”, afirma Gutiérrez.
La forma en que el gobierno identifica a los muertos agrava el problema, ya que el Comando Sur suele describir a las víctimas como “narcoterroristas” y cerrar el caso en la misma línea del comunicado. Human Rights Watch dijo en diciembre de 2025 que, hasta entonces, 26 ataques habían matado al menos a 95 personas, “ninguna de las cuales ha sido identificada” por el gobierno de Estados Unidos. Si el Estado mata y no identifica públicamente a los muertos, la verificación queda rota desde el inicio.
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AP reconstruyó quiénes eran varios de los hombres muertos y encontró una realidad más compleja que la versión oficial. Entre ellos había un pescador, un excadete, un chofer y también personas vinculadas al contrabando. En muchos casos, señaló la agencia informativa, las personas que viajaban en las embarcaciones trabajaban para redes criminales, pero no aparecían grandes jefes de cárteles.
Expertos de la ONU han condenado lo que llaman “ejecuciones extrajudiciales” y advierten que “el derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes”. “Cuando un organismo internacional como la ONU pide una investigación imparcial de toda esta campaña, está diciendo que la versión del gobierno estadounidense no basta”, concluye Gutiérrez.
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cdm
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Caso $LIBRA: Justicia argentina cierra investigación contra Milei; era señalado por presunta estafa con la criptomoneda
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Buenos Aires. La justicia argentina dictó el viernes el sobreseimiento de la causa contra el presidente Javier Milei por presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA a través de sus redes sociales en 2025 que derivó en millonarias pérdidas para inversores.
La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi “en razón de que los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal” de estafa, según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press.
Milei había difundido en su cuenta de X una criptomoneda con el nombre de su signo del zodíaco que iba a “incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando emprendimientos”. El valor de $LIBRA se disparó rápidamente, casi quintuplicándose.
Pero horas después los primeros poseedores de la divisa digital que aparentemente accedieron a información privilegiada sobre el lanzamiento comenzaron a retirar sus inversiones y el precio se desplomó. Se retiraron aproximadamente 100 millones de dólares por parte de unas pocas billeteras, que son una suerte de cuentas bancarias en ese ecosistema digital.
La difusión de $LIBRA con un tuit que estuvo varias horas fijado en la cuenta de Milei —con 3.8 millones de seguidores—, terminó derivando en una investigación judicial por presunta estafa en perjuicio de más de 40 mil inversionistas y puso al mandatario bajo la lupa de la justicia argentina y de las autoridades de Estados Unidos.
Cuando el caso estalló, Milei se apresuró a afirmar que había actuado de buena fe y sostuvo que quienes invirtieron su dinero sabían que era una operación con riesgo.
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La resolución judicial del viernes también favoreció a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia; a Hayden Mark Davis, un emprendedor estadounidense que proveyó la infraestructura tecnológica para la creación de $LIBRA, y a dos empresarios argentinos que habrían participado en la creación de la moneda e intermediado entre Milei y el estadounidense.
En relación con la presunta estafa, el fallo sostiene que no se identificó un engaño penalmente relevante que hubiera inducido a los compradores a adquirir el criptoactivo ni se estableció una relación causal entre una eventual maniobra engañosa y las pérdidas económicas sufridas tras la caída de su cotización.
La resolución considera que el desplome del precio del token no basta, por sí solo, para acreditar una estafa si no se demuestra qué información falsa habría inducido a los inversores a realizar sus operaciones.
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Respecto de Milei, la resolución sostiene que no se verificaron actos funcionales ni resoluciones contrarias a la ley relacionados con la difusión del criptoactivo.
En el caso de Karina Milei, señala que no se probó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el presidente y empresarios vinculados con el proyecto.
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dmm/mcc
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Elecciones en Brasil: último cara a cara entre Lula y Bolsonaro previo a segunda; encuestas dan empate entre ambos
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival conservador, Flávio Bolsonaro, se enfrentan este viernes en un último debate televisado, cuando las encuestas dan un empate entre ambos candidatos antes de la segunda vuelta (balotaje) del domingo.
El senador, de 45 años, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47% de los votos, frente a 45% del izquierdista Lula.
Esa victoria inesperada encendió una campaña hasta entonces apagada.
La izquierda salió a las calles y buscó contrarrestar el dominio de la derecha en las redes sociales, especialmente con la movilización de seguidores del «Ejército de Lula«, un canal de WhatsApp.
Este ganó en pocas horas este viernes más de un millón, hasta alcanzar casi 10 millones de seguidores.
El mandatario, de casi 81 años, busca la «virada», como llaman los brasileños a una remontada en el fútbol.
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Flávio Bolsonaro, en tanto, teje alianzas y se muestra confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora en América Latina.
Un sondeo del instituto Datafolha publicado el jueves mostró un empate, con 50% de intención de voto para cada uno. Dos semanas atrás, el senador aventajaba a Lula por cuatro puntos.
«La tendencia favorece a Lula, pero probablemente no tenga suficiente tiempo para dar vuelta a la contienda», dijo en una nota el grupo de análisis de riesgo Eurasia. «El debate será crucial», agregó.
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El cara a cara en TV Globo, la mayor cadena del país, será el segundo entre ambos, tras el realizado el domingo en TV Band, marcado por los insultos.
Fue como si los dos «volvieran a la escuela primaria, absurdo», dijo a la AFP Lizie Moreira, una dentista de 60 años de Rio de Janeiro.
Globo anunció que limitará los desplazamientos de los candidatos en el estudio. En el primer debate, Bolsonaro se paró a menudo detrás de Lula y negaba con la cabeza mientras el presidente hablaba.
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Una solicitud en línea con más de un millón de firmas pidió además a la cadena corregir en directo cualquier afirmación falsa.
En un mitin el miércoles en Fortaleza (noreste), Bolsonaro denunció «un montón de «fake news«, en particular las que le atribuyen la intención de eliminar programas sociales para cumplir su promesa de recortar el gasto público.
Flávio Bolsonaro señala que se le acusa de eliminar programas sociales(04/10/26) Foto: AP
Para «jubilar a Lula», promete mano dura contra la inseguridad y alivio en el costo de vida.
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«El presidente Lula quiere hablar de propuestas, diferente de Bolsonaro que viene con agresiones y provocaciones», dijo este viernes Sidonio Palmeira, ministro de Comunicación y estratega de Lula.
El izquierdista «representa todo lo que soy. Soy pobre, soy estudiante y dependo de una beca para ir a la universidad», dijo Gabriela Ferreira, de 22 años, durante una manifestación en Belo Horizonte (sureste).
El exlíder sindical, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, se presenta como defensor de la democracia y apuesta en buena medida al rechazo que genera un regreso de los Bolsonaro al poder.
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Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder la reelección en 2022.
Esta semana, ambos candidatos pidieron al Tribunal Superior Electoral (TSE) inhabilitar al adversario por supuestas maniobras ilegítimas en las redes.
La campaña de Lula acusa a Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, de «injerencia» en favor de Bolsonaro mediante una supuesta «manipulación algorítmica».
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La empresa lo niega, aunque admitió «problemas técnicos» que no afectan solo a Brasil.
Lula llamó a «derrotar al imperio digital» de Meta, que «ya engañó mucho» a los usuarios.
La campaña de Bolsonaro denunció este viernes una supuesta «utilización de recursos públicos y estructuras digitales para interferir» en los comicios.
Un juez del TSE dio el jueves 24 horas a Meta y a X para explicar con qué criterios distribuyen contenidos y anuncios políticos y cómo usan la inteligencia artificial.
Lula también acusó antes de la primera vuelta a Estados Unidos de intentar interferir en favor del hijo de Jair Bolsonaro, un aliado de Donald Trump.
Pero el republicano no expresó hasta ahora su apoyo explícito a Flávio.
La victoria de Bolsonaro en primera vuelta convenció a Washington de que no se necesitaba ningún «gesto adicional» en su favor, según una fuente del gobierno brasileño.
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dmm/mcc
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Maru Campos ‘echó la culpa’ a exfiscal de Chihuahua de operativo de la CIA y lo acusó de corrupción: FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que su titular, Ernestina Godoy, sostuvo una reunión con María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, quien “responsabilizó” a César ‘N’ por la participación de agentes de la CIA en un operativo en la entidad.
Además, la gobernadora de Chihuahua habría brindado información a la FGR sobre presuntos actos de corrupción cometidos por César ‘N’ a través de casinos y prestanombres.
“Campos Galván responsabilizó al ex fiscal general del Estado, sobre los hechos acontecidos en Chihuahua, en los que intervinieron personas de nacionalidad extranjera”, se lee en una breve tarjeta informativa publicada el 23 de octubre.
En la reunión, donde también estuvo David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, se mencionó cuál sería el delito que se le imputaría a César ‘N’: traición a la patria, y otros de fuero común.
agentes de la CIA en un operativo estatal.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue la primera en señalar a Maru Campos como la responsable de detener al exfuncionario durante una reunión que sostuvieron el 19 de septiembre y por ello le ofreció concretar una reunión con Ernestina Godoy para entregar toda la información.
“Ella me dijo: ‘No fui yo, fue mi exfiscal’, pero no solo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal, me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso ya lo encontraron ellos cuando movió al fiscal”, recordó durante la mañanera del 23 de octubre.
Maru Campos ofrece la gira de medios luego de la suposición de que pactó con la presidenta Sheinbaum, ello por la casualidad de los hechos de la reunión que sostuvieron en Chihuahua, la detención de César ‘N’ y el alto a las críticas que se hacían la una a la otra.
Supuestamente, fue el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, quien se reunió con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, para llegar a un acuerdo para “tal día judicializar” a César ‘N’, según una versión compartida a Azucena Uresti.
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