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Trump administra petróleo venezolano bajo opacidad
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Miami.— Donald Trump ha presentado el petróleo venezolano como una victoria económica que permite a Estados Unidos ganar enormes cantidades de dinero después de capturar a Nicolás Maduro, pero más de nueve meses después de esa operación se ve opacidad: los ciudadanos carecen de una contabilidad pública completa para saber cuánto se ha vendido, quién ha recibido los pagos y qué parte ha regresado a Venezuela.
Al 20 de octubre, la cifra mejor sustentada entre las fuentes consultadas sigue siendo de alrededor de 13 mil millones de dólares, estimados por el Financial Times.
El cálculo corresponde a ventas de petróleo venezolano desde la captura de Maduro, el 3 de enero, pero no constituye un balance actualizado ni permite establecer cuánto dinero permanece disponible después de los desembolsos.
El Financial Times calculó los ingresos mediante registros de cargamentos de Kpler, empresa que sigue el movimiento internacional de materias primas y precios de variedades de crudo venezolano proporcionados por Argus Media, especializada en información de mercados; ese procedimiento permite estimar el valor de las ventas. “La realidad es que para conocer lo que efectivamente ha cobrado y gastado hacen falta documentos adicionales, como registros bancarios, contratos, comisiones y comprobantes de transferencias”, señala la analista y economista María Díaz a EL UNIVERSAL.
Sobre los 13 mil millones de dólares, el mandatario respondió: “Creo que incluso es más que eso”. Luego sostuvo que los ingresos habían cubierto varias veces el costo de la intervención militar; y ante las preguntas reiteradas sobre el uso del dinero, Trump contestó que “se destina a administrar el país”. También mencionó posibles gastos militares y la aprobación del Congreso, sin presentar cifras desglosadas ni identificar las transferencias que respaldaban sus afirmaciones.
Acuerdo entre Estados Unidos y PDVSA. Foto: CORTESÍA EMBAJADA DE EU EN VENEZUELA
De acuerdo con analistas, comparar el valor del petróleo vendido con un gasto militar no demuestra que los ingresos hayan sido utilizados para cubrirlo.
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El 4 de agosto, durante una entrevista con Fox News, Trump dijo: “Estamos ganando cientos de miles de millones de dólares, y ellos también”. La organización de verificación PolitiFact calificó de falsa esa afirmación.
El Departamento de Energía estadounidense anunció el 7 de enero que trabajaría con autoridades venezolanas, comercializadoras y bancos para colocar el crudo en los mercados internacionales. El programa comenzaría con una venta prevista de entre 30 y 50 millones de barriles; un comunicado establecía que los ingresos pasarían primero por cuentas controladas por EU y que las operaciones continuarían indefinidamente. El secretario de Energía, Chris Wright, quedó encargado de ejecutar el acuerdo junto con las autoridades provisionales venezolanas y empresas privadas. El plan de la misma secretaría contemplaba suministrar petróleo ligero para mezclarlo con el crudo pesado venezolano y facilitar su transporte, además de autorizar equipos y servicios para recuperar las instalaciones. Estas actividades podían generar contratos para proveedores y oportunidades para refinerías.
Días después, Trump firmó la orden ejecutiva 14373, donde el texto exige identificar los fondos como “propiedad soberana del gobierno de Venezuela bajo custodia de EU y no como propiedad de EU”. La disposición asigna al Departamento del Tesoro la custodia y al secretario de Estado la determinación de los desembolsos; también establece protección frente a embargos y reclamaciones privadas. “El mensaje es que el mecanismo diseñado por Washington le concede una capacidad decisiva para administrar los recursos de Venezuela sin convertirlos jurídicamente en patrimonio estadounidense”, explica Díaz. El 9 de enero, la Casa Blanca sostuvo que preservar los fondos permitiría apoyar la estabilidad venezolana y evitar que reclamaciones judiciales frustraran esos propósitos; esa defensa atribuye al gobierno estadounidense una responsabilidad concreta sobre bienes ajenos. De ahí la observación de que “cuanto mayor es su intervención en las decisiones de gasto, mayor es la necesidad de documentar quién recibe los recursos y por qué”, subraya la economista.
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Los primeros movimientos conocidos incluyeron una cuenta en Qatar, país del golfo Pérsico.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que 300 millones de dólares pasaron por esa cuenta y fueron desembolsados a Venezuela, mientras otros 200 millones seguían depositados. En febrero, Wright afirmó que los 500 millones completos ya habían sido transferidos y que las siguientes operaciones utilizarían cuentas del Tesoro de EU.
Los representantes demócratas Sean Casten, de Illinois, y Joaquín Castro, de Texas, propusieron en marzo una ley para exigir una auditoría independiente sobre el manejo de los ingresos petroleros venezolanos. La revisión quedaría a cargo de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EU, organismo fiscalizador que trabaja para el Congreso. Su propuesta buscaba examinar a las dependencias, funcionarios y contratistas involucrados, además de identificar riesgos de fraude, abuso y conflictos de interés. Casten explicó que funcionarios de la administración no habían aclarado dónde, cómo y con qué autoridad controlaban el dinero; señaló que “los estadounidenses merecen una respuesta clara”.
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El comunicado que acompañó la propuesta señaló que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había dicho desconocer cuáles cuentas utilizaba su departamento para administrar los fondos. Las preguntas buscaban determinar quién tenía información y responsabilidad sobre decisiones que comprometían cientos de millones de dólares desde las primeras ventas del crudo venezolano.
En abril, un funcionario del Departamento de Estado informó que 3 mil millones de dólares habían circulado por cuentas controladas por Washington y una firma contable efectuaría auditorías trimestrales. El Servicio de Investigación del Congreso, organismo que prepara análisis para los legisladores, registró después un cambio significativo en las explicaciones oficiales; en una comparecencia del 14 de julio se habló de supervisar los desembolsos a Venezuela, sin volver a describir esa actividad como una auditoría formal. Rubio había prometido compartir resultados con el Congreso en junio.
“Una supervisión de pagos puede comprobar determinadas operaciones conforme ocurren, pero una auditoría permite examinar registros, contrastar saldos y establecer si el conjunto de las cuentas refleja lo sucedido”, subraya Díaz. Para evaluar el control anunciado se necesita conocer qué trabajo fue contratado, qué periodo abarcó y cuáles fueron sus conclusiones. La documentación consultada no permite reconstruir ese examen completo hasta octubre, y tampoco permite afirmar que todos los fondos se hayan perdido o desviado. Lo acreditado es la falta de información pública suficiente para determinar su distribución total.
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El 17 de septiembre, los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse exigieron respuestas a Bessent y Rubio; advirtieron sobre la posibilidad de que la administración utilizara su control para orientar pagos o compras venezolanas sin autorización del Congreso estadounidense. “También existen riesgos significativos de corrupción y lavado de dinero en el sistema financiero venezolano”, señalaron.
Para la empresa proveedora, conseguir la aprobación de un pago puede significar obtener un contrato; para Venezuela, esa misma decisión determina qué necesidades reciben recursos y cuáles deben esperar. Por eso, los nombres de los beneficiarios, los precios pactados y las razones para seleccionar a cada contratista son necesarios; sin esos datos, resulta imposible evaluar si el sistema favorece compras necesarias y competitivas o relaciones de conveniencia.
La administración Trump amplió sus anuncios el 31 de agosto mediante un acuerdo con North American Blue Energy Partners, compañía petrolera privada a la que las autoridades venezolanas habían concedido derechos por 100 años sobre 17 yacimientos.
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La Casa Blanca atribuyó a esos campos aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas; según su comunicado, EU recibiría una participación de 35% en la empresa matriz y el derecho de comprar a costo de producción 20% del petróleo, además de derechos preferentes sobre el resto.
El documento proyectaba inversiones de hasta 100 mil millones de dólares y alrededor de 200 mil millones en impuestos y regalías para Venezuela durante los primeros 25 años. Son previsiones que dependen de producir, vender e invertir durante décadas.
En septiembre, la Casa Blanca aseguró que había establecido supervisores financieros, auditorías y reglas de administración para garantizar que los ingresos beneficiaran al pueblo venezolano; también anticipó aumento posterior del suministro hacia EU. “Todo lo que la administración Trump ha dado a conocer, exige documentos, informes de supervisión, estados financieros y registros de entregas”, dice Díaz, asegurando que las garantías anunciadas por la Casa Blanca “deben poder contrastarse con resultados”.
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Mientras, en marzo, el secretario del Interior, Doug Burgum, anunció que había llegado al país oro venezolano valorado en 100 millones de dólares. La empresa Trafigura lo compró a la minera estatal venezolana Minerven para refinarlo y revenderlo en EU. Meses después, Trafigura confirmó a Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción que el oro seguía almacenado, sin haber sido revendido.
Una investigación de The New York Times vinculó parte del suministro con mineros que pagaban protección al Tren de Aragua, pero Trafigura sostuvo que una revisión de los sitios examinados no había identificado extorsión ni participación de actores ilegales. Las dificultades para acreditar la procedencia frenaban la refinación y reventa; mientras tanto, se negociaba trasladar otras 31 toneladas, pertenecientes a las reservas del Banco Central de Venezuela, desde el Banco de Inglaterra, en Londres, hacia Nueva York.
Estas reservas de oro venezolano estaban valoradas en unos 4 mil millones de dólares en septiembre. El proyecto permitiría utilizarlas como garantía de préstamos bajo supervisión estadounidense; su liberación, sin embargo, requería resolver la autoridad legal sobre la cuenta en los tribunales británicos.
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Corte Suprema de EU da luz verde para reanudar construcción de muro fronterizo en Texas; oposición ve desperdicio de recursos
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Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino este lunes para que la administración de Donald Trump reanude la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas, lo que supone un revés para los opositores de ambos partidos que habían argumentado que el proyecto es un desperdicio de dinero que amenaza el paisaje único de la zona.
El muro fronterizo es un proyecto emblemático del presidente Trump, quien desde hace tiempo se ha comprometido a construir un muro desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.
El verano pasado, los republicanos en el Congreso asignaron 46 mil millones de dólares al proyecto, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha estado erigiendo rápidamente 12 millas de barreras fronterizas por semana a lo largo de toda la frontera.
El gobierno ha seguido adelante otorgando exenciones generales para eludir las regulaciones. Esas normas tienen como objetivo proteger el medio ambiente, pero históricamente han retrasado los grandes proyectos de construcción.
En la región de Big Bend, en Texas, la oposición bipartidista se ha movilizado para luchar contra el proyecto, que incluiría muros de acero de 30 pies de altura en algunas zonas, así como barreras para vehículos y nuevas carreteras.
Han argumentado que las barreras son un desperdicio de dinero que amenazan la economía local y el estilo de vida en una zona donde la inmigración ilegal ha sido históricamente baja. Afirman que esta tarea se podría llevar a cabo de mejor manera utilizando únicamente tecnología de vigilancia, como drones.
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Una jueza de Texas se puso del lado de los opositores, al considerar que era probable que el Congreso no hubiera autorizado claramente exenciones tan amplias para una zona que presenta la tasa más baja de detenciones de migrantes en la frontera sur. Ordenó la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con la construcción en la zona, que incluye el Parque Nacional Big Bend, así como terrenos a lo largo del río, tanto de propiedad estatal como privada.
La administración de Trump presentó un recurso de emergencia, alegando que en Big Bend se producen cruces ilegales de la frontera y decomisos de drogas. Los fiscales federales argumentaron que, si hubiera una brecha en el muro, también podría canalizarse más tráfico hacia allí.
La Corte Suprema coincidió en que la ley limita drásticamente las facultades de los jueces para intervenir cuando el gobierno federal decide que es necesario construir rápidamente una barrera fronteriza. La mayoría suspendió la decisión del tribunal inferior, con el voto disidente de la magistrada Ketanji Brown Jackson.
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Trump admite que política de deportación masiva fue «demasiado dura»; quiere colaborar con demócratas
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EU descarta amnistía para migrantes indocumentados; Trump abre la puerta al diálogo migratorio con demócratas
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Forest Heights, Maryland. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó cualquier amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, aunque manifestó que aún no ha hablado con el presidente Donald Trump de cambios concretos en la política migratoria tras las elecciones de mitad de mandato.
Al hablar con periodistas al margen de una conferencia cerca de Washington, D.C., Mullin señaló que se opone firmemente a cualquier amnistía, una línea roja para los republicanos que ha complicado el debate en torno al tema migratorio.
Las elecciones de mitad de mandato pusieron de relieve el descontento de los votantes con la política de deportaciones masivas y desde entonces Trump ha dicho que podría trabajar con los demócratas en inmigración. Durante una entrevista con “60 Minutes” el domingo, dijo que su política de deportaciones quizás fue demasiado agresiva para los votantes.
Mullin reiteró el lunes la disposición de Trump a trabajar con los demócratas en el asunto.
Mullin, quien fue senador y representante antes de convertirse en secretario de Seguridad Nacional de Trump a principios de este año, comentó que después de las elecciones ha estado recibiendo llamadas de demócratas con los que trabajó en el Congreso en asuntos bipartidistas.
«Le he hecho saber al presidente que esas llamadas están llegando. Y el presidente ha dicho que empecemos a trabajar con ellos y luego reunámonos en algún momento. Así que ese es el alcance de la conversación», dijo Mullin a periodistas: “No hemos tenido ninguna conversación solo sobre política”.
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Desde las elecciones, Trump ha ascendido a Stephen Miller, el principal arquitecto de su ofensiva migratoria, como jefe de gabinete, lo que ha suscitado dudas sobre cómo será la cooperación con los demócratas. Mullin, en redes sociales, calificó el ascenso de Miller como una “excelente decisión”.
Mullin, quien afirmó que trabajó con demócratas cuando estaba en el Congreso, incluso en la reforma migratoria, sostuvo que un enfoque bipartidista es la única manera de lograr algo. Pero también rechazó de forma tajante cualquier tipo de acuerdo que incluyera amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
“Yo trabajé en la reforma migratoria cuando estaba en la Cámara y cuando estaba en el Senado. Creo que la única manera de conseguirla realmente es con un enfoque bipartidista. Pero la amnistía nunca va a ser una solución. Nunca vamos a permitir que ocurra una amnistía. Así que ahí se acaba el tema”, declaró Mullin.
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Mencionó el tema de DACA, una forma de protección contra la deportación para niños llevados al país ilegalmente por sus padres. Indicó que encontrar una manera de legalizar su estatus dependería del Congreso.
“Ahora, si queremos una reforma migratoria en la que podamos analizar DACA y encontrar una manera de que estas personas puedan convertirse quizá en residentes permanentes legales o algo así, eso le corresponderá al Congreso”, indicó.
Mullin habló al margen de una conferencia sobre drones y tecnologías antidrones en los suburbios de Washington, D.C.
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Republicano presenta moción de destitución contra Hegseth; lo acusan por la guerra con Irán
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Washington. Un representante republicano presentó el lunes una moción para destituir al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, apenas unos días después de la estrepitosa derrota del partido del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato.
El congresista de Kentucky Thomas Massie, un legislador enemistado con Trump, present cargos de destitución contra Hegseth, acusado de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso y de abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.
Massie señaló que la gente defiende a Hegseth bajo el argumento de que es bueno en su trabajo. «La realidad es que no lo estamos acusando de ser malo en su trabajo. De hecho, fue muy eficaz matando a niños en escuelas de Irán. Fue muy eficaz en las ejecuciones extrajudiciales. En estos artículos de acusación no se argumenta en absoluto que sea ineficaz», indicó.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar este mismo miércoles. Algunos legisladores del partido de Trump han señalado que podrían unirse a los demócratas para apoyar los cargos.
La destitución es muy poco probable, porque aunque pudiera ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde aún hay una mayoría republicana, faltaría lograr la aprobación del Senado, donde son necesarios dos tercios de la cámara, también bajo control republicano hasta enero.
Además, el presidente debería estar de acuerdo y sancionarla.
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Los demócratas arrasaron en las elecciones, en ambas cámaras del Congreso, y los expertos lo ven como un voto de castigo por la guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible.
Los republicanos conservarán el control del Congreso hasta que los legisladores recién elegidos asuman sus cargos el 3 de enero, pero su derrota abrumadora ha alimentado las recriminaciones y debilitado la disciplina del partido.
Algunos legisladores republicanos que perdieron sus escaños también podrían ausentarse de las votaciones, lo que potencialmente facilitaría la aprobación de la medida de destitución.
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Massie es un crítico declarado de Trump, y en esta maniobra legislativa se intuyen motivos de venganza política personal.
Trump pidió el voto contra su rival en unas primarias del partido republicano, y Massie perdió la posibilidad de volver a presentarse para ser reelegido.
Los republicanos aún podrían intentar bloquear la propuesta de Massie mediante una votación de procedimiento.
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Massie acusa a Hegseth de violar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que limita la capacidad del presidente para involucrar a las fuerzas estadounidenses en hostilidades sin la aprobación del Congreso.
También alegan mala conducta relacionada con víctimas civiles y operaciones militares en Yemen y Venezuela.
La Casa Blanca alega que Trump tiene la misma prerrogativa que anteriores presidentes.
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El presidente demócrata Bill Clinton ordenó bombardeos contra fuerzas serbias en marzo de 1999, en el marco del conflicto en la exYuglosavia, sin pedir autorización al Congreso.
El también demócrata Barack Obama también lanzó una intervención militar en Libia en 2011, de nuevo sin pasar por el Poder Legislativo.
El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que se espera que se convierta en presidente de la Cámara en enero, respaldó el juicio político el domingo.
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«Para mí es un sí rotundo a la resolución contra Hegseth», dijo Jeffries a ABC News.
Varios republicanos han expresado su descontento con Hegseth sin comprometerse a destituirlo.
El congresista de Arkansas French Hill dijo el domingo que quería escuchar el debate antes de decidir si las acusaciones justificaban la destitución.
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Solo dos secretarios han sido sometidos a juicio político en la historia de Estados Unidos, y ninguno fue destituido por el Senado.
Hegseth ha descalificado el esfuerzo de destitución de Massie como una «farsa», calificando al congresista de «resentido» y acusando a sus oponentes de buscar la destrucción política.
El Pentágono anunció una rueda de prensa de Hegseth el martes.
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