Santiago Peña, el economista que llegó al poder como apuesta de renovación del Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace casi ocho décadas, intentó renunciar en medio del escándalo de Ueno Bank, pero el Congreso siguió adelante con el juicio político, lo destituyó y le cerró el paso a los fueros como expresidente.

Peña, de 47 años, había presentado su dimisión el jueves para evitar, según dijo, más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad, después de perder el respaldo de su propia formación política y ante la apertura del juicio político por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera.

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», declaró en un video difundido en la red social X.

Sin embargo, el Congreso no se pronunció sobre su dimisión por falta de quórum y el Senado decidió continuar con el procedimiento para determinar su responsabilidad política.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.

La oposición buscaba avanzar en el juicio político para evitar que Peña conserve su fuero en caso de que se le acepte su renuncia, y eluda así un eventual proceso penal.

Sus abogados alegaron que el juicio era nulo porque Peña ya había presentado su renuncia, pero la Cámara Alta rechazó sus argumentos y lo declaró culpable. El ahora expresidente no compareció ante el Legislativo y estuvo representado por sus defensores, después de que se rechazara su solicitud de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

Su salida pone fin anticipado a un mandato que debía concluir en 2028 y supone un revés para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, con la única interrupción de 2008 a 2013.

Después de su paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien este jueves retiró públicamente su apoyo al ahora exmandatario y respaldó el proceso de juicio político.

Entonces ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.

En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.

La juventud fue una de las características con las que Peña construyó su imagen política. Nacido el 16 de noviembre de 1978 en Asunción, fue padre a los 17 años y se casó a los 19 con Leticia Ocampos, con quien tiene dos hijos.

Estudió Economía en la Universidad Católica de Asunción y comenzó su carrera profesional en el Banco Central de Paraguay (BCP), donde ingresó en el año 2000. Posteriormente cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia (EU) y en 2009 se incorporó al departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde trabajó durante tres años.

A su regreso a Paraguay se reincorporó al BCP, institución de la que salió después de que Cartes lo designara ministro de Hacienda en enero de 2015, cuando tenía 36 años.

El mandatario fue accionista de Ueno Holding, un conglomerado propiedad del Grupo Vázquez, que abarca a empresas como Ueno bank. Esta participación, que vendió en marzo de 2025, se convirtió en uno de los principales argumentos de los legisladores que promovieron el juicio político.

En política exterior, Peña estrechó sus vínculos con el presidente estadounidense, Donald Trump, y alineó a Paraguay con algunas de las principales iniciativas de su Gobierno para la región.

Peña también recibió críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales, que la prensa paraguaya bautizó como «Santi Tour». Durante su mandato realizó más de 70 desplazamientos al exterior, con los que defendía su objetivo de convertir al país en el más desarrollado de Latinoamérica.

El Banco Central de Paraguay ordenó el martes la resolución de Ueno bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido. La entidad, con cerca de tres millones de clientes, administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos previsionales y sanitarios y depósitos de empresas estatales.

Peña es el segundo presidente paraguayo destituido mediante un juicio político en la historia reciente del país, después de Fernando Lugo, quien fue apartado del poder en junio de 2012, tras un proceso que duró apenas dos días.

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La Policía Nacional de Filipinas (PNP) ha confirmado la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, en Cebú (centro del país), que su hijo entregó a las autoridades a finales de octubre. Foto: EFE

Los diputados que actúan como acusadores en el juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunciaron este viernes la pérdida de unos 1mil 200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.

En su intervención en la segunda sesión del juicio político, la diputada Rocío Vallejo aseguró que Peña «creó un agujero de 1 mil 200 millones de dólares al pueblo paraguayo» y «tres millones de perjudicados en un solo día», en alusión al procedimiento de resolución ordenado el martes contra Ueno por el Banco Central.

Paraguay atraviesa una crisis política después de la decisión del banco emisor, que, según la diputada, «mató» a Ueno, en vez de ordenar una intervención, ya que «no tenía remedio».

El 5 de noviembre de 2026, el presidente paraguayo, Santiago Peña, renunció en medio de una crisis bancaria. Foto: AFP

Vallejo consideró como «tema central» del proceso el «robo del dinero público y el gravísimo daño a las arcas de los fondos previsionales», al subrayar que Peña «deja sin recursos a 5 cajas jubilatorias», entre ellas la del Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja los depósitos de la mayoría de los trabajadores del país.

Por ello, aseguró que hoy están pidiendo que «Santiago Peña se vaya a su casa», al calificar a la Administración del mandatario como «negligente», «criminal» y «con un resultado desastroso para las arcas públicas».

«Santiago Peña debe salir de este Congreso con la sanción política de ser el desfalcador más grande de la historia del Paraguay, y eso en un país serio es mal desempeño de funciones», respondió Vallejos a la defensa del gobernante, que tachó de nula la acusación.

El diputado de Paraguay, Walter García, sostiene un cartel durante sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, por presuntas irregularidades y conflictos de intereses relacionados con Ueno bank, intervenido esta semana por el Banco Central tras detectar problemas de solvencia, este jueves, en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/ Juan Pablo Pino

Peña permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.

Este viernes, el mandatario pidió una prórroga de 72 horas para alistar su defensa, lo que el Senado rechazó más temprano.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».

Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad.

El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».

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