En “cambios de última hora”, como los llamó el coordinador de la mayoría de Morena, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dio otro tijerazo al INE con un nuevo recorte de mil millones de pesos a su gasto destinado para el 2027, año de elecciones locales y federales intermedias para renovar la propia Cámara de Diputados.

Con este nuevo ajuste y apretón, van ya 6 mil millones que ‘le mochan’ al máximo órgano electoral del país, que pasa de los 42.274 millones que solicitó para las elecciones de 2027 en septiembre pasado a sólo 36.912 millones de pesos.

Durante la discusión en lo particular del dictamen que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, el PT y Morena presentaron cuatro reservas, que fueron admitidas de inmediato por la mayoría parlamentaria de la llamada 4T.

La primera reserva fue presentada por el diputado del PT, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, en a que planteó un nuevo ajuste al gasto del Instituto Nacional Electoral de 618 millones 17 mil 896 pesos, para destinarlos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al rubro de la Expansión de Educación Inicial.

propuso otro recorte al INE, por 361 millones 982 mil 104 pesos, para reasignarlos al Ramo 54 de Mujeres, cuyo monto se incrementa de 2,269 millones 408 mil 223 pesos a 2,631 millones 390 mil 327 pesos.

En una tercera reserva que presentó la misma legisladora, planteó otro ajuste al gasto del INE para transferirlos al ramo de Turismo, con lo que su gasto pasa de 1,851 millones 348 mil 379 pesos a 1,871 millones 348 mil 379 pesos.

Y en una cuarta y última reserva, la diputada atendió una petición del Poder Judicial, de desagregar su presupuesto y dejar preciso por separado que, de los 72,264,702,999 pesos que le corresponden en el PEF 2027, 61,636,459,575 van al Órgano de Administración Judicial; 5,628,928,595 a la Suprema Corte; 3,778,728,352 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 1,220,585,466 al Tribunal de Disciplina Judicial.

Al final el dictamen, con un gasto ya de solo 36.912 millones 559 mil 568 pesos para el INE, quedó aprobado con 30 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 13 en contra del PAN, PRI y MC, y se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara, para iniciar su discusión y votación en el pleno de los 500 diputados el próximo lunes.

Santiago Peña, el economista que llegó al poder como apuesta de renovación del Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace casi ocho décadas, intentó renunciar en medio del escándalo de Ueno Bank, pero el Congreso siguió adelante con el juicio político, lo destituyó y le cerró el paso a los fueros como expresidente.

Peña, de 47 años, había presentado su dimisión el jueves para evitar, según dijo, más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad, después de perder el respaldo de su propia formación política y ante la apertura del juicio político por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera.

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», declaró en un video difundido en la red social X.

Sin embargo, el Congreso no se pronunció sobre su dimisión por falta de quórum y el Senado decidió continuar con el procedimiento para determinar su responsabilidad política.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.

La oposición buscaba avanzar en el juicio político para evitar que Peña conserve su fuero en caso de que se le acepte su renuncia, y eluda así un eventual proceso penal.

Sus abogados alegaron que el juicio era nulo porque Peña ya había presentado su renuncia, pero la Cámara Alta rechazó sus argumentos y lo declaró culpable. El ahora expresidente no compareció ante el Legislativo y estuvo representado por sus defensores, después de que se rechazara su solicitud de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

Su salida pone fin anticipado a un mandato que debía concluir en 2028 y supone un revés para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, con la única interrupción de 2008 a 2013.

Después de su paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien este jueves retiró públicamente su apoyo al ahora exmandatario y respaldó el proceso de juicio político.

Entonces ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.

En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.

La juventud fue una de las características con las que Peña construyó su imagen política. Nacido el 16 de noviembre de 1978 en Asunción, fue padre a los 17 años y se casó a los 19 con Leticia Ocampos, con quien tiene dos hijos.

Estudió Economía en la Universidad Católica de Asunción y comenzó su carrera profesional en el Banco Central de Paraguay (BCP), donde ingresó en el año 2000. Posteriormente cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia (EU) y en 2009 se incorporó al departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde trabajó durante tres años.

A su regreso a Paraguay se reincorporó al BCP, institución de la que salió después de que Cartes lo designara ministro de Hacienda en enero de 2015, cuando tenía 36 años.

El mandatario fue accionista de Ueno Holding, un conglomerado propiedad del Grupo Vázquez, que abarca a empresas como Ueno bank. Esta participación, que vendió en marzo de 2025, se convirtió en uno de los principales argumentos de los legisladores que promovieron el juicio político.

En política exterior, Peña estrechó sus vínculos con el presidente estadounidense, Donald Trump, y alineó a Paraguay con algunas de las principales iniciativas de su Gobierno para la región.

Peña también recibió críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales, que la prensa paraguaya bautizó como «Santi Tour». Durante su mandato realizó más de 70 desplazamientos al exterior, con los que defendía su objetivo de convertir al país en el más desarrollado de Latinoamérica.

El Banco Central de Paraguay ordenó el martes la resolución de Ueno bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido. La entidad, con cerca de tres millones de clientes, administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos previsionales y sanitarios y depósitos de empresas estatales.

Peña es el segundo presidente paraguayo destituido mediante un juicio político en la historia reciente del país, después de Fernando Lugo, quien fue apartado del poder en junio de 2012, tras un proceso que duró apenas dos días.

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